29 julio 2015

Once exfuncionarios de la gestión de Chaly deben más de $us 54 mil

Un total de 11 exfuncionarios y exconcejales de la gestión de Gonzalo Terceros deben 54.638 dólares (386.296 bolivianos) por haber recibido en ese entonces remuneraciones mayores a las del presidente Evo Morales.

El director jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre una auditoría por pago de sueldos superiores a los 15 mil bolivianos en los años 2009 y 2010 y por el uso de fondos en avance que incluyen los gastos del Bicentenario de Cochabamba de la gestión 2010.

Conforme a los resultados de la evaluación entre los involucrados están el exalcalde Gonzalo “Chaly” Terceros, la expresidenta del Concejo Municipal y exalcaldesa Tatiana Rojas, los exconcejales Edwin Mallón, Víctor Calderón y el exoficial de Desarrollo Económico Samuel Soria.

También mencionaron al exadministrador del Concejo Edgar Gandarillas, el exoficial mayor del Concejo Jorge Pinto, el exoficial financiero Carlos Orgaz, el exdirector de finanzas Ángel Camacho, el exoficial financiero José Aramayo y el exoficial financiero Walter Cortez.

Coca informó que la recomendación es iniciar acciones coactivas fiscales a todos los mencionados.

Explicó que dentro el plazo establecido de 10 días notificaron a estas personas y que ninguno hizo el pago ni presentó descargos, ahora hay 20 días hábiles para el inicio de acciones coactivas fiscales. La autoridad dijo que iniciaron las demandas.

Para esto, informó el director jurídico, asumen medidas precautorias como la retención o congelamiento de cuentas, embargo de bienes y una nueva que pretenden aplicar que es la averiguación de si tienen acciones o cuotas de capital en empresas.

“Esto ya está iniciado y vamos a proceder a la citación respectiva a los involucrados”, afirmó.

La exconcejal Tatiana Rojas, adelantó que no existió esta remuneración diferenciada. "Hay la figura, que es muy diferente, de los gastos de representación y otro tipo de partidas que se manejaban y que obedecen a otros criterios", afirmó y acotó que hará las representaciones legales respectivas.

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina dijo que, por ejemplo, en el caso de Chaly se establece, que adeuda 14.884 bolivianos porque además de Alcalde cobró como docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Es decir recibió recursos del Estado de dos instituciones.

“Se establece daño económico al Estado y también significa una advertencia para los servidores públicos de que la Contraloría tiene presente su labor de fiscalización”, afirmó.

COCA SE ALEJA Sin embargo, el director jurídico explicó que se excusó de seguir el caso porque él fue abogado del exalcalde Terceros. Instruyó al subdirector jurídico continuar con el proceso.

DENUNCIA PENAL En otro caso, la Alcaldía informó que realizan una denuncia penal por un caso de febrero de 2015 en el que una empresa unipersonal se presentó a una adjudicación, por 415.725 bolivianos, para un proyecto de procesos de registro vehicular.

La empresa está representada por una persona de apellido Guzmán que presentó un certificado emitido por Pro Bolivia. La empresa ganó el proceso de contratación, pero advirtieron errores e identificaron que el documento no existe y les recomendaron el inicio de acciones por presunta falsificación.

Corrupción se consolida por la concentración del poder

Henry Pinto Dávalos

Analista político

La gestión del alcalde José María Leyes ha mostrado, hasta ahora, señales positivas en pos de una administración transparente, disponiendo la intervención de algunas dependencias, así como el inicio de procesos penales contra involucrados en hechos irregulares.

Además de transparentar algunos procesos de contratación, siendo una muestra saludable de la lucha contra la corrupción prevista como eje central en la Constitución Política del Estado.

La iniciativa asumida por Leyes, no solo devela, al igual que el Fondo Indígena, que el partido oficialista (MAS) repite y consolida los mismos vicios de los viejos partidos, mostrando que la concentración del poder constituye el entorno ideal para desarrollar actos reñidos con la ética y la transparencia, debido a la ausencia de mecanismos de control, frenos y contrapesos propios de una democracia, siendo el municipio de Cochabamba el mejor ejemplo.

Queda pendiente esclarecer si estos hechos de corrupción en el municipio eran parte de una dinámica aislada de algunos funcionarios o formaban parte de una red mucho más estructurada con la participación y venia de funcionarios de alta jerarquía, extremo que en caso de comprobarse, debe ameritar una reflexión.

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