Ejecutan retención de recursos de la Alcaldía de La Paz por el caso Brun; Rocha anuncia procesos

El fallo judicial que favorece a Juan Brun y su esposa Margarita Andrade con el pago de aproximadamente Bs 20 millones por la demolición de una de sus propiedades en el año 2.000 está plenamente consumado, por lo que ese monto fue retenido de las cuentas municipales, informó hoy el alcalde de La Paz, Omar Rocha.

“Definitivamente todo está consumado, el gobierno municipal debe pagar 19.9 millones de bolivianos, casi 20 millones, por una demolición realizada de manera ilegal y abusiva el año 2.000 por el señor Juan del Granado”, afirmó esta mañana, luego de haber sostenido una reunión con la jueza que atendió el caso.

Dijo que el gobierno municipal resulta gravemente dañado con esta determinación, que atribuyó a la irresponsabilidad con que actuaron los exalcaldes Juan Del Granado y Luis Revilla, este último reelecto en los comicios subnacionales del 29 de abril y próximo retomar el cargo.

Rocha recordó que ya hace dos años llegó la sentencia que dispuso el pago de 1,7 millones de dólares a Brun, pago que las autoridades municipales de turno intentaron evitar con otros procesos legales que finalmente no prosperaron y que al final hicieron que la deuda suba hasta los $us 2,8 millones.

“El alcalde Revilla había iniciado hace cinco meses un proceso penal a la jueza por este tema tratando de hacer que esto no avanzara, cuando todos sabían, y saben, que la sentencia de Sucre, del Tribunal Supremo de Justicia, ya era definitiva hace dos años y lo que deberían hacer es buscar un acuerdo con el señor Brun para resolver este tema y que no haya ningún daño económico”, agregó.

Por ello, anunció que iniciará procesos legales contra los responsables de estas irregularidades.

El caso se remite a mayo de 2000, cuando el entonces alcalde Juan del Granado dispuso la demolición de un inmueble de tres pisos, emplazado en un terreno de 322 metros, situado en la avenida Costanera (Bajo Següencoma), al considerar que el predio pertenecía al Gobierno Municipal.

Tras un proceso, se demostró que esa familia tenía el derecho propietario y el fallo 240/2002 dispuso el pago de una indemnización, cuyo monto debía establecerse con un peritaje.