Pese a que crecen las protestas de los candidatos en todo el país por las amenazas del Gobierno de no financiar obras si ganan los opositores, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando y Ramiro Paredes, por separado, afirmaron ayer que no pueden pronunciarse al respecto porque no existe una denuncia sobre el caso específico.
Mientras tanto, los candidatos opositores en Cochabamba denunciaron las advertencias como delitos electorales que deben ser sancionados.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, por tercera vez, dijo que no trabajará con la oposición.
Paredes aseguró que la denuncia puede ser realizada por un candidato o por un ciudadano que se haya visto afectado por las declaraciones de los mandatarios.
“Yo no voy a trabajar, hermanos. Si quieren más obras, ahí está Édgar Patana; si quieren más obras, ahí está Felipa Huanca. Hagan una reflexión, depende de ustedes”, dijo Evo Morales en días pasados en una concentración en El Alto.
Según la ley, la coacción electoral se da cuando un funcionario público atemoriza o ejerce violencia contra cualquier ciudadano para que vote por algún candidato.
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