28 enero 2015

Humala pide a Evo expulsar a Belaunde de Bolivia

El presidente de Perú, Ollanta Humala, le pidió a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, que "expulse prontamente" al empresario Martín Belaunde Lossio de su país, para que pueda ser juzgado por los tribunales peruanos, informó hoy el canciller peruano Gonzalo Gutiérrez.

El canciller declaró, desde Costa Rica, a la emisora RPP Noticias que Humala ha sostenido varias conversaciones telefónicas con Morales sobre la situación de Belaunde Lossio, quien fue su asesor en la campaña para las elecciones del 2006.

"Sé que el presidente Humala ha tenido conversaciones telefónicas con el presidente de Bolivia para señalarle la necesidad de que se expulse prontamente a esta persona para que haga frente a la justicia en Perú", dijo Gutiérrez.

El lunes, Morales confirmó, en declaraciones ofrecidas en su país, que había conversado con Humala sobre el tema y declaró que Bolivia "no va a ser basurero de corruptos, no va a protegerlos", pero cumplirá con los procedimientos internacionales para que Belaunde Lossio vuelva a Perú.

"Conversamos varias veces (con Humala), compartimos. Siento que alguna gente se aprovecha de usar con fines netamente políticos-electores a Belaunde", manifestó.

Gutiérrez, quien representa a Humala en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebra en Costa Rica, agregó hoy que en las conversaciones "se ha enfatizado la necesidad de evitar cualquier amparo que pueda dar una imagen de que se está protegiendo a una persona acusada de corrupción".

Las autoridades judiciales bolivianas ordenaron la semana pasada el arresto domiciliario de Belaunde Lossio, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenara su detención preventiva "con fines de extradición".

El pasado 23 de enero, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó la petición de refugio solicitada por el empresario en Bolivia, quien aún puede apelar a una segunda instancia.

Belaunde Lossio está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.

El procurador anticorrupción peruano, Joel Segura, confirmó el martes que aún no se ha enviado el pedido de extradición a Bolivia porque está en preparación y dijo que confía en que antes sea expulsado de ese país.

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