La Brigada cochabambina está conformada por 23 asambleístas nacionales, de los cuales 17 son asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), cinco de Unidad Demócrata (UD) y una del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Los senadores y los primeros diputados son los que más patrimonio tienen en comparación con quienes en listas estaban más abajo o la mayoría de los diputados uninominales, de las circunscripciones.
MÁS DE 1,2 MILLONES De los parlamentarios de Cochabamba que hicieron su declaración ocho tienen más de 1.2 millones de bolivianos.
El que más tiene es el senador de oposición Arturo Carlos Murillo Prijic, de UD, con más de 12 millones de bolivianos de patrimonio.
Le sigue el primer senador por Cochabamba del MAS-IPSP, Ciro Felipe Zabala Canedo.
Zabala registró en su declaración jurada un patrimonio de 4.331.184 bolivianos, con activos de 4.579.184, una renta anual de 261.234 y deudas de 248 mil que se convierte en la segunda cifra más elevada de pasivos entre estas autoridades.
La información fue proporcionada por el senador a la regional de la Contraloría General del Estado el 15 de enero de este 2015.
Otra de las autoridades que destaca por su patrimonio es la primera diputada del el MAS-IPSP, Romina Guadalupe Pérez Ramos, que presentó su declaración jurada el 19 de enero.
Informó que cuenta con un patrimonio de 3.132.128 bolivianos y que sus bienes corresponden a la misma cantidad. No declaró rentas anuales.
También está entre estas autoridades el único diputado de la oposición en circunscripciones en Cochabamba, Víctor Alonzo Gutiérrez Flores de UD. Es la autoridad parlamentaria de la circunscripción 20. Presentó su declaración jurada el 14 de enero.
Manifestó que tiene un patrimonio de 2.214.174 bolivianos, que tiene deudas de 13.499 y sus bienes suman 2.227.673. No informó sobre sus rentas.
El diputado por la circunscripción 23, Julio Sabas Jiménez Llanque del MAS-IPSP presentó su declaración jurada el 13 de enero.
Expresó que su patrimonio es de 1.760.171 bolivianos, sus bienes alcanzan 1.760.171 y tiene deudas de 216.550. No informó sobre rentas anuales.
Su deuda también es una de las más altas.
El segundo diputado del MAS-IPSP, Lucio Gómez Lojo, también está entre los de mayor patrimonio.
Tiene 1.300.000 bolivianos y no mencionó deudas ni su renta anual.
El diputado de la circunscripción 22, Leoncio Jancko Quispe del MAS-IPSP, informó a la Contraloría General del Estado, el 15 de enero, que su patrimonio llega a 1.234.541 bolivianos.
Sus bienes ascienden a 1.274.000 y que contrajo deudas de 39.459 bolivianos. Sus rentas totales son de 10 mil bolivianos.
Finalmente, entre los ocho, la segunda senadora del MAS-IPSP, Ester Torrico Peña, declaró a la Contraloría General del Estado, el 13 de enero pasado, un patrimonio de 1.218.440 bolivianos, con bienes de 1.297.080, deudas de 78.640 y una renta anual de 138 mil bolivianos.
LOS DEMÁS El tercer senador del MAS-IPSP, Efraín Chambi Copa, informó que tiene un patrimonio de 463.500 bolivianos.
La diputada Ayda Luz Villarroel Quinteros del MAS-IPSP, declaró que posee un patrimonio de 244 mil bolivianos.
La diputada Norma Alicia Piérola de Gutiérrez de Poder Demócrata Cristiano (PDC) presentó en su declaración un patrimonio de 136.580 bolivianos.
El segundo diputado de Unidad Demócrata (UD), Bernard Osvaldo Gutiérrez Sanz, declaró que tiene un patrimonio de 549 mil bolivianos, sus activos alcanzan los 654 mil y sus deudas los 105 mil, una de las deudas más altas.
La diputada del MAS-IPSP por la circunscripción 21, Sandra Cartagena López, sostuvo contar con un patrimonio de 668.651 bolivianos, sus bienes alcanzan los 885.097 y tiene deudas de 216.446 bolivianos, también uno de los más altos pasivos.
La diputada de la circunscripción 24, Juana Quispe Ari del MAS-IPSP, declaró un patrimonio que asciende a 692.560.
El diputado uninominal por la circunscripción 26, Freddy Vargas Terceros del MAS-IPSP, dijo que tiene patrimonio de 610.050 bolivianos.
Apuntes.
Activos
Hacen referencia a los bienes con los que, en este caso los funcionarios públicos, cuentan.
Pasivos
Están referidos a las deudas que contrajeron las personas.
Patrimonio neto
Es el resultado de la resta de los bienes y las deudas que declaran en este caso las autoridades.
Rentas totales
Esta cifra expresa el monto total de dinero que percibe una persona anualmente.
Sin registro
Dos de los 23 parlamentarios no registran declaración jurada en la Contraloría.
No se encontraron los datos del cuarto diputado plurinominal del MAS-IPSP, Juan Vásquez. La autoridad fue representante de la Central Obrera Departamental (COD).
Tampoco se encontró el documento de la quinta diputada del MAS-IPSP, Virginia Terceros. Esta diputada plurinominal le da representación al sector de los comerciantes, donde ella trabajó más de ocho años.
Murillo es el que más tiene
El único senador de oposición de Cochabamba es Arturo Carlos Murillo Prijic, de Unidad Demócrata (UD). Presentó su declaración jurada ante la Contraloría el 16 de enero. Su registro expone que se trata del parlamentario cochabambino con mayor patrimonio.
Murillo declaró que cuenta con un patrimonio de 11.652.043 bolivianos, tiene bienes valuados en 12.459.922, sus deudas alcanzan los 807.879 y sus rentas son de 168 mil bolivianos al año. su deuda también es la más elevada entre los asambleístas nacionales de Cochabamba.
El Senador detalló que entre sus bienes están un hotel, un departamento, una oficina y un lote en el municipio de Tiquipaya, entre otros.
“Tengo lo que siempre he tenido, o un poquito menos creo. Creo que he gastado mucha plata en hacer política”, comentó.
El empresario de turismo ya llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional en las elecciones de 2005. En la actualidad acompaña las candida- turas de la alianza Unidos por Cochabamba (UNICO) que lidera Rebeca Delgado.
Hay cinco parlamentarios de un total de 21 que no registran deudas en sus declaraciones juradas
De las 21 autoridades, de 23 que son en total, solo cinco no registran ninguna deuda, según las declaraciones juradas que presentaron durante el mes de enero de este 2015.
De estas autoridades, tres son del Movimiento Al Socialismo (MAS) Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y dos de Unidad Demócrata (UD).
Romina Pérez del MAS-IPSP, que además es una de las parlamentarias que más tiene, registró “cero” en sus deudas y solo detalló su patrimonio, cantidad equivalente a sus bienes.
Otro de los que más expuso tener, el sexto entre los senadores y diputados cochabambinos, es Lucio Gómez del MAS-IPSP y tampoco registró deudas en su documento ante la Contraloría.
La ahora primera diputada por UD, Shirley Franco, realizó la declaración jurada respectiva el 14 de enero pasado.
La parlamentaria informó que su patrimonio, al igual que sus bienes, alcanza los 70.958 bolivianos y que no tiene deudas.
La tercera diputada de UD por Cochabamba, Claudia Mallón Vargas, tampoco tiene deudas registradas.
Ella hizo su declaración jurada el 13 de enero ante la Contraloría General del Estado e informó que cuenta con un patrimonio de 254.040 bolivianos, correspondientes a sus bienes porque no tiene deudas. No informó sobre rentas totales.
MENOS PATRIMONIO Por último está la diputada especial de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Patricia Chávez Noe del MAS-IPSP. La autoridad hizo su declaración jurada el 14 de enero y expresó “cero” en patrimonio, bienes y deudas. Tampoco escribió montos de rentas.
La diputada de la circunscripción 28, Rosmery Arias Quiroga del MAS-IPSP es la segunda con menor patrimonio. Informó que tiene 5.394 bolivianos, bienes valuados en 13.669 y que sus deudas son de 8.275.
No expresó rentas y presentó su declaración el 14 de enero.
La diputada por la circunscripción 25, Elvira Silvana Rojas Orellana, informó el 7 de enero que su patrimonio es de 60 mil bolivianos, sus bienes o activos suman 140 mil y sus deudas 80 mil. No expuso información de sus rentas.
La cuarta autoridad con menor patrimonio es la diputada Franco.
El diputado uninominal por la circunscripción 27, Manuel Mamani Quispe (MAS-IPSP) le informó a la Contraloría General del Estado, el 13 de enero, que cuenta con un patrimonio de 77.400 bolivianos, que sus activos son de 132.400 y que tiene deudas que alcanzan los 55 mil bolivianos. Tampoco informó sus rentas.
Existe normativa vigente para la declaración jurada
La Contraloría General del Estado considera la normativa vigente:
- El artículo 235 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”.
- El artículo 53 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público menciona: “Todos los servidores públicos (...) están obligados a prestar declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral con la administración. Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Los servidores públicos, prestarán declaraciones periódicas conforme a reglamentación expresa”.
- El artículo 54 de la Ley 2027 dice que “las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos electos, designados, de libre nombramiento y aquellos de carrera especialmente determinados conforme a Reglamento, estarán además sometidos al principio de publicidad, pudiendo incluso el Órgano Rector Gubernamental, a efectos de verificación, solicitarles nuevas declaraciones juradas sobre sus bienes y rentas hasta un año después de haber determinado su vinculación con la Administración”.
- El artículo 33 de la Ley 004 expresa que “el que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de 50 a 200 días”
- El artículo 149 del Código Penal (Modificado por la Ley 004) determina que “la servidora o el servidor público que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de 30 días”.
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