Caso de Calvimontes pasa a la Presidencia

La infidencia que cometió el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, contra una autoridad, al revelar que ésta padece sida, pasó a manos del Ministerio de la Presidencia, informó ayer el Viceministerio de Descolonización. “Cuando se trata de acusación a ministros tomamos la Ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamental) que indica que es el Ministerio de la Presidencia el que define qué se debe hacer. Nosotros ya dirigimos la nota a ese despacho”, informó a La Razón el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.

La autoridad explicó que el Ministerio de la Presidencia tiene la potestad de actuar cuando se presentan situaciones como el caso de Calvimontes. Aunque el artículo 3 de la Ley 045 (Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación) establece que la norma se aplica en todo el territorio y no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, a través de una carta enviada a Cárdenas, solicitó la intervención inmediata por el caso de discriminación contra personas portadoras del VIH/sida.

“La persona, que en ejercicio de la función pública conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes; en caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el Artículo 178 del Código Penal”, señala una parte de la misiva.

Respecto a la sanción que se tendría que emitir contra el ministro, aplicando la Ley 045, Cárdenas indicó que su despacho realiza un seguimiento a todos los procesos anunciados en contra de Calvimontes “para que éstos se cumplan en el marco de las leyes”.

El 22 de este mes, el Ministro de Salud reveló que una autoridad padece de sida; y cuatro días después calificó al paciente de “doblemente peligroso para la sociedad” y anunció que se realiza una “investigación” al entorno de la persona afectada.

El 26 de diciembre, el presidente Evo Morales informó que en la reunión de gabinete de mañana evaluarán la situación del ministro. Un día antes, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que Calvimontes “se excedió” en sus acciones. La autoridad afectada indicó el viernes que el 30% de los asambleístas es portador del virus y los instó a que se sometan a un análisis de laboratorio.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, sostuvo que se trata de especulaciones de la persona afectada. “El señor está cometiendo una especulación con un tema muy sensible para todos. Es una irresponsabilidad el realizar afirmaciones temerarias y mediáticas como la que se realizó la anterior semana”.

Esperan notificación de la CIDH

La autoridad afectada por la infidencia de su enfermedad incurable espera una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte sus medidas cautelares ante la denuncia que hizo por violación a sus derechos constitucionales en el juicio de responsabilidades que le sigue la Asamblea.

“La CIDH ya ha admitido la demanda, está cumpliendo algunas formalidades de orden procesal y, en esa medida, esperamos simplemente que se puedan dictar las medidas cautelares (a favor del afectado)”, afirmó ayer el abogado del paciente, Eduardo León.

El jurista explicó que la demanda se presentó por la vulneración de los derechos de la autoridad y la falta de un debido proceso que se presentó en agosto. La autoridad afectada por la infidencia, junto a otros dos colegas son procesados por la Asamblea por haber admitido una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Notariado, decisión que obstaculizó la aplicación de esa normativa.

Por esa acción, las tres autoridades están acusadas de cometer los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes. “El 11 de septiembre se ha dado la comunicación y admisión (de la CIDH). Se han subsanado de inmediato algunas observaciones y ha sido admitida. No nos han notificado todavía, creemos que va a ser entre hoy (ayer) y mañana (hoy)”, dijo León.

El defensor de la autoridad no descartó de que tras la notificación de la CIDH se paralice el juicio de responsabilidades en contra no solo de su defendido, sino también de las otras dos personas. Para este proceso judicial, la Cámara de Diputados se constituyó en el Ministerio Público, por lo que acusó a las tres autoridades; y el Senado, en el Tribunal de Sentencia.