El Órgano Judicial debe emitir muestras de cambios hasta fin de año o el Gobierno tomará medidas ‘duras’. Así lo explicó ayer en Santa Cruz la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, que, a pesar de la advertencia, negó injerencia del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial, así como también rechazó haber sido ella quien pidió la renuncia del magistrado Ruddy Flores a la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Un día después de la dimisión de Flores, la justicia boliviana todavía ‘tiembla’.
La advertencia se produce cuando una media docena de jueces han sido suspendidos en el país por denuncias en su contra y en la coyuntura de dimisión de los titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, y del TCP. Para la oposición, la ministra confirma con sus declaraciones la injerencia que tiene sobre el Poder Judicial, aunque ella lo niegue.
“Como Órgano Ejecutivo estamos prestos a coordinar para que la justicia mejore y, en ese sentido, se estableció un plazo (a los magistrados del Órgano Judicial) hasta fin de año para que se dé una muestra de que la justicia tiene que cambiar”, sostuvo la ministra, en su primera visita al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz desde que asumió el cargo, el 23 de enero. “Realmente serán temas muy duros”, agregó sin especificar, para responder qué medidas tomará si no hay señas de cambio.
Gutiérrez aseguró que la justicia está en crisis, que hay corrupción y retardación en el sistema y ofreció ‘mano dura’ en los casos de irregularidades.
El TCP y la ‘rerelección’
Para el Movimiento Demócrata Social (MDS), la advertencia de la ministra Gutiérrez comprueba que hay intromisión del Poder Ejecutivo. Así lo sostiene Óscar Ortiz, secretario de Coordinación de la Gobernación cruceña y miembro del comité político del MDS, que asegura que la crisis del Órgano Judicial se dio por su subordinación al poder político. “El señor (Ruddy) Flores y este tribunal (TCP) son los mismos que el Gobierno usó para hacerse aprobar una ‘rerelección’, en una muestra escandalosa de la subordinación judicial”, cuestionó Ortiz.
Para los demócratas se debe llamar a la selección de magistrados a cargo de los colegios de abogados del país y académicos de universidades. El problema comenzó, dice Ortiz, cuando los magistrados que ahora critica el Gobierno fueron seleccionados por la mayoría del MAS en la Asamblea Plurinacional.
Unidad Nacional (UN) comparte la crítica. El vocero de UN, Arturo Murillo, cree que la ministra de Justicia no puede hablar de plazos para la justicia porque se supone que es un poder independiente del Ejecutivo. “No hay plazo que dar, todos deben irse ya a su casa”
Habrá cárcel para jueces en nueva ley
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, informó que el Legislativo prevé incluir en el proyecto de ley del Código Penal cárcel para los jueces corruptos y retardadores de justicia.
“La tendencia es que se tenga cárcel para los jueces corruptos, prevaricadores y retardadores, en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que va a congregar tanto el Código sustantivo como adjetivo en un solo cuerpo”, indicó.
En medio de un debate público sobre la situación de la justicia en Bolivia, que establece que no ha tenido cambios, Elío explicó que incluir la cárcel entre las sanciones para los jueces es la única forma para coaccionar a que la justicia cambie. Elío finalmente adelantó que el nuevo Código de Procedimiento Penal será de ‘última generación’. /ABI
EN EL DÍA
EXFISCAL VA PRESO
La Felcc y el Ministerio Público aprehendieron al exfiscal de Distrito de Oruro, Francisco Terán Pérez, acusado por delitos de corrupción y tráfico de influencias, y lo trasladaron al penal de San Pedro, de Oruro.
El Mas no encuentra la fórmula
“Hemos presentado una denuncia al fiscal general del Estado para que investigue. Estamos presentando como prueba todo lo que los medios han dicho”, dijo la diputada MAS, Rebeca Delgado, al formalizar una causa para averiguar sobre los ‘pinchazos’ al TCP.
Proponen ley
El Consejo de la Magistratura propuso una ley para descongestionar la mora procesal, sobre todo en las cárceles donde hay más del 80% de reos sin sentencia.
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