Las peticiones de informe planteadas por los asambleístas nacionales son denegadas o son respondidas en forma incompleta y con demora, lo que impide la fiscalización en la administración del Estado, afirman legisladores de la oposición.
El oficialismo reconoce que pueden existir problemas, pero que en general las autoridades del Órgano Ejecutivo responden a las peticiones de informe escrito. Sin embargo, el oficialismo también admite que a veces son un "saludo a la bandera”.
Sin embargo, según el informe de la Cámara Baja, en la legislatura 2013-2014, de 1.979 peticiones de informe escrito, fueron respondidas 1.480 y no tuvieron respuesta 499. La mayoría de las solicitudes fue ante el Ejecutivo, Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia.
Los asambleístas creen que en los últimos dos años la situación de acceso a la información empeoró. Los legisladores Jeanine Áñez, Osnei Martínez y Marcela Revollo aseguran que su atribución constitucional de fiscalización se ve impedida.
La senadora Jeanine Áñez (CN) sostiene que hay mucho por fiscalizar en el país, porque son millonarias las inversiones en proyectos. Pero ve obstáculos en el acceso a la información. No se trata de problemas burocráticos, que en todos los gobiernos existen, aquí "hay una negación a la información”, sostiene.
Las autoridades, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, tienen 10 días hábiles para responder una petición de informe, y en el Senado, 15 días.
Y si la petición de informe escrito no es respondida, se puede recurrir a la "conminatoria” para que el informe sea presentado en el plazo de 48 horas.
Pero, "a pesar de las conminatorias, en muchos casos no responden”, completa su colega diputada Revollo, quien insiste que "la demora” es otro de los problemas para que los asambleístas cumplan su labor fiscalizadora.
De acuerdo con el reglamento de Diputados, hay tres acciones de fiscalización: las peticiones de informe escrito, oral y las interpelaciones. Áñez cuenta que para la bancada minoritaria incluso es "muy difícil” que en las comisiones se dé vía libre a sus peticiones de informe oral y que en el caso de los informes escritos, "enviamos en una fecha y pasan meses hasta que la presidencia remite al Ejecutivo”.
El diputado Osnei Martínez cree que para otros grupos sociales el requerimiento de información puede ser más complejo. "Tampoco a nosotros nos dan información. Imagino que menos a los medios de comunicación o a cualquier otro ciudadano”.
Los asambleístas también cuestionaron la calidad de información que les remiten las autoridades del Ejecutivo. En algunos casos es "una burla”, porque responden con dos (hojas) de fotocopias y, en otros, envían documentación en cajas, coinciden Martínez y Revollo.
La asambleísta Revollo cree que al enviar esa cantidad de documentos, la autoridad no pretende esclarecer las dudas, sino dificultar el trabajo de los legisladores, porque éstos no tienen los equipos técnicos para procesar la cantidad de documentos.
"Una forma de subestimar a las autoridades políticas del Ejecutivo es fotocopiar papeles y mandarte incluso papeles que no corresponden al tema”, dijo.
Mirada del oficialismo
Los oficialistas reconocen que pueden existir dificultades, pero valoran que hay una actitud de respuesta desde el Ejecutivo.
El diputado Antonio Molina (MAS) contó que el año pasado, de 42 peticiones de informe oral y escrito, fueron respondidas en 30% y sugirió mayor agilidad en el despacho de los requerimientos. "Yo creo que debe ser más moroso y más burocrático para la ciudadanía, en eso puede existir una deficiencia”, admitió.
Mientras que la senadora Nélida Sifuentes (MAS) cuestionó las excesivas peticiones de informes que plantean las bancadas de oposición, porque, en su criterio, existe una intención de perjudicar el trabajo de los ministerios o de las empresas del Estado. "Cuando era presidenta interina, he remitido más de 30 peticiones de informe escrito en una sesión. Yo he quedado muy sorprendida”, sostuvo.
La senadora Áñez afirmó que en muchos casos "son respuestas sin respuesta”.
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