El presidente de la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas (MAS), adelantó ayer que crearán oficinas en los nueve departamentos del país, con el objetivo de recibir denuncias de retardación de justicia y de corrupción de autoridades judiciales.
Propuesta. Nace ante los cuestionamientos del Ejecutivo hacia el Órgano Judicial, al cual se pretende solicitar un informe desde la comisión de Justicia Plural sobre el gasto de recursos económicos otorgados por el Gobierno para la contratación de nuevos jueces y otros. "Nosotros vamos a tener que cumplir el rol tal vez del Concejo de la Magistratura, hay muchas denuncias de retardación de justicia, hay muchas denuncias de corrupción, no se hace nada. Vamos abrir en los nueve departamentos oficinas donde vamos a recibir las denuncias. ¿Qué vamos hacer después?, Procesarlas y si el caso amerita nosotros nos vamos a constituir en denunciantes en estos temas", manifestó Cejas.
Por su parte, el diputado Luis Felipe Dorado (CN) consideró que se debería elaborar una ley para prohibir que los administradores de justicia reciban llamadas de autoridades de Gobierno y así, de alguna forma, evitar la injerencia del poder político."Hagamos un cambio rotundo, prohibido llamadas de diputados, senadores, ministros, presidente o vicepresidente a jueces, a vocales, a miembros del tribunal, hagamos una ley donde se les controle sus llamadas, que no puedan recibir ni siquiera de las partes interesadas", señaló Dorado.
Respecto a la elección de magistrados por el voto popular, el diputado Cejas señaló que la justicia no está respondiendo a la confianza de la población que los eligió, por lo que espera un cambio de conducta de las autoridades judiciales, puesto que la injerencia y la intromisión sólo es un pretexto de los opositores.
Opinión. El senador René Martínez del Movimiento al Socialismo (MAS) indicó que "estamos en la urgente necesidad de generarnos un mecanismo de control que no sea de la propia instancia jurisdiccional sino una tercera instancia para exigir y hacer seguimiento del cumplimiento de autoridades públicas, que en muchos de los casos no obedecen sus atribuciones en apego de la ley". Para el senador del MAS, el Órgano Judicial se encuentra en descenso, junto a la credibilidad y la capacidad que tiene para encarar los problemas de la justicia en Bolivia. Además, Martínez hace referencia a la organización y distribución de la nueva justicia que no concuerda con las necesidades actuales.
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