Un tercio de los bolivianos recibe dinero a través de bonos sociales

Casi un tercio de la población boliviana que vive en el país (3,2 millones de personas) recibe un bono de asistencia social como parte de la política gubernamental de redistribución de la riqueza, que a su vez contribuye a la reducción de la pobreza.

Así lo señalan los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Instituto Nacional de Estadística, que destacan que al menos 3,2 millones de personas de un total de 10 millones (32%) obtiene ayuda económica directa del Estado, ya sea a través del bono Juancito Pinto, para los escolares; de la Renta Dignidad, para los adultos mayores; o del bono Juana Azurduy de Padilla, destinado a las mujeres embarazadas y niños menores de dos años.

El ministro de Economía, Luis Arce, dijo a la agencia Xinhua que los bonos sociales estarán vigentes hasta cumplir los objetivos previstos por el Gobierno.

“Pienso que” con el bono Juancito Pinto “la deserción escolar tiene que reducirse aún más o erradicarse en su totalidad, el bono Juana Azurduy tendrá que continuar” para reducir la “mortalidad infantil y la Renta Dignidad —como está planteada en la ley (en la Constitución)— será hasta que se acabe nuestro gas”, explicó la autoridad en referencia al financiamiento que tiene esta asistencia social.

RECURSOS. El Presupuesto General del Estado 2014 destinó $us 458 millones para garantizar el pago de los tres bonos durante este año, monto que se incrementó en 25% respecto a lo determinado para 2013 ($us 367 millones). Los bonos son financiados por las utilidades de las empresas nacionalizadas, parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y recursos de municipios, gobernaciones, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación.

La política de redistribución del ingreso se ha constituido en uno de los principales motores de la demanda interna —con un crecimiento de 5,2% el año anterior— y del desarrollo económico del país (6,5%), permitiendo una notable disminución de la pobreza en Bolivia, sostuvo Arce, frente a cuestionamientos sobre la sostenibilidad de los bonos y su impacto real en la economía.

En el periodo 2005-2012, el nivel de pobreza extrema en el área rural del país descendió de 62,9 a 40,9%%, es decir, en 22 puntos porcentuales (pp), mientras que en el área urbana bajó de 24,3 a 12,2% (12,1 pp). Además, la pobreza moderada se redujo de 77,6 a 61,1% (16,5 pp) en el campo y de 51,1 a 43,4% (16,4 pp) en las ciudades, según datos oficiales.

Un análisis económico de la Fundación Milenio señala que, aunque la reducción de la pobreza “ha sido mayor en la etapa reciente (desde 2006)”, este tipo de políticas se ha venido aplicando en anteriores administraciones.

Con el actual Gobierno “se ha logrado un impacto mayor porque se cuenta con más recursos”, pero “no porque se haya hecho algo diferente. En realidad se ha seguido aplicando el mismo instrumento distributivo (de gobiernos anteriores), que es el de los bonos, sobre todo el destinado a los adultos mayores”.

El número de bolivianos que perciben asistencia social directa del Estado puede ser mayor, tomando en cuenta que la información del MEFP no precisa la cantidad de beneficiarios del bono Juana Azurduy —ayuda de Bs 1.820 que se entrega en cuotas en un periodo de 33 meses— y solo indica el número de nuevos beneficiarios por año y la suma total de mujeres y niños que recibieron el Juana Azurduy durante los cinco años de vigencia del bono.

Actualmente, 18 países de América Latina implementan programas de transferencias de recursos del Estado que benefician a 113 millones de personas, el 19% de la población de la región, según datos de la CEPAL.