31 enero 2014

Procesarán a responsables si el Estado pierde arbitrajes

La Procuraduría General del Estado (PGE) espera la resolución del laudo arbitral en la demanda interpuesta por Rurelec por la nacionalización de la generadora de electricidad Guaracachi. Anticipa responsabilidades si hay daño al país.


El Estado nacionalizó las acciones de la empresa Guaracachi America Inc. (GAI) en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA) el 1 de mayo de 2010, mediante el Decreto Supremo 493.
El laudo arbitral está a cargo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El informe de 2013 de la PGE señala que en marzo de ese año se realizó una audiencia con el objetivo de exponer al Tribunal Arbitral los fundamentos y alegatos de cada una de las partes, incluidos los testigos para que expongan oralmente los hechos y argumentos plasmados en los memoriales.
"A la fecha, el Estado está a la espera de la resolución del Tribunal Arbitral (laudo)”, señala el informe.
Además, para este año, en la Procuraduría se prevén alternativas para demandar la interpretación del laudo, si éste fuera perjudicial para el Estado.
Paralelamente iniciará procesos civiles, penales y otros contra los responsables que con "sus acciones comprometieron los intereses patrimoniales del Estado y que deben ser recuperados”. Agrega que el diálogo entre partes aún no está concluido.
Otros procesos
Para el caso de Pan American Energy (PAE), la exaccionista de la petrolera Chaco, la Procuraduría proyecta una respuesta a la demanda y prevé el uso de recursos arbitrales.
Sin embargo, aclara que la conversación no está agotada, con el fin de apelar al método de la conciliación para solucionar la controversia.
El Gobierno nacionalizó el 100% de las acciones de Amoco Bolivia Oil & Gas en la petrolera Chaco, en enero de 2009. PAE demanda una indemnización de 1.493 millones de dólares.
Sobre las inversiones de la empresa canadiense South American Silver en la mina Mallku Khota, la Procuraduría asumirá las estrategias definidas en la conformación del Tribunal Arbitral.
En la situación de Quibórax planifica la presentación de alternativas para demandar la nulidad del laudo, si éste fuera perjudicial para el Estado. Además, iniciará procesos civiles y penales contra los responsables.
En los procesos con Abertis Infraestructuras, Air BP, Iberdrola de Inversiones SA y Red Eléctrica Internacional (REI), la Procuraduría ratifica la defensa.
Sin embargo, aclara que no está descartado el diálogo, con el fin de llegar a conciliación con los que iniciaron controversias.

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