El Frente Amplio asumió respaldo para el líder opositor Samuel Doria Medina ante las publicaciones que sacó la denominada Comisión Mixta del oficialismo que investiga el tema de las capitalizaciones. La oposición asegura que se trata de inhabilitar al empresario y político para las Elecciones Generales, mientras el vicepresidente Álvaro García “felicita” el trabajo de sus asambleístas.
El fin de semana los medios afines al Gobierno publicaron una separata financiada por la Asamblea Legislativa y la Comisión Especial Mixta de Investigación del a Privatización y Capitalización entre 1989 y el año 2000.
En su contenido se trata de responsabilizar a personajes políticos específicos, tanto de los gobiernos de turno como de empresas y representantes regionales que tuvieron alguna relación con el proceso de capitalización que se fundamentó en el modelo neoliberal sobre todo de la décadas de los años noventa.
Así se tituló “Privatización: fórmula neoliberal del saqueo de Bolivia” y recurre a recortes de prensa e interpretaciones del o los autores anónimos dividiendo en dos “olas de privatizaciones”.
Casos como la Fábrica de Hilandería de Santa Cruz (Hilancruz) o la Línea Aérea Imperial de Potosí son explicadas como ventas a precios mínimos y su posterior quiebra en manos de los accionistas extranjeros.
En ese contexto, ayer el vicepresidente Alvaro García pidió ampliar la información y elaborar un texto de consulta, incluso de difusión estudiantil, sobre esa etapa histórica del país.
“Entiendo que la comisión no ha acabado su trabajo, veo un conjunto de información detallada (…) sería muy importante a la nueva Comisión que se vaya a constituir que recoja este material y rápidamente nos dé un primer libro, el primer gran libro para su difusión en todo Bolivia”.
El caso particular de líder de la oposición Samuel Doria Medina, es citado con las empresas cementeras El Puente y la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
Según la publicación del Gobierno, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) de propiedad de Doria Medina habría comprado acciones de Fancesa “sin estar habilitado para el efecto” y señala un cuadro donde se observa el crecimiento de la primera y la mantención de cupo en el mercado de la segunda, situación que es considerada por esta Comisión del Movimiento Al Socialismo (MAS) como “arrebato de mercado”.
Situación similar se plantea sobre la compra de acciones de El Puente donde el costo de instalación llegaría a los 28 millones de dólares, mientras el valor de venta fue de 14 millones con un “déficit” de 13 millones.
OPOSICIÓN RESPONDE
Doria Medina se adelantó a esta publicación el viernes en su cuenta de red social, asegurando que se estaba redactando un folleto difamador en su contra como parte de la guerra política que intenta acallarlo, pues es el único opositor que hace permanente fiscalización al régimen del MAS, especialmente en el “manejo discrecional” de recurso en el programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”.
El Frente Amplio sacó un comunicado paralelo a la publicación oficialista, respaldando al político y posible candidato a la Presidencia en las Elecciones Generales, añadiendo que se trata de una acción que sólo busca anular y acallar al líder opositor.
“A la jerarquía del MAS le provoca pesadillas la posibilidad de perder el 2014 sus privilegios, viajes en jets de lujo y ventajas para sus amigos. Saben quiénes pueden hacerles frente”, cita la nota.
En relación a El Puente, el comunicado aclara: “Al bien remunerado consultor que escribió el panfleto se le olvidó (decir) que Soboce, hace más de 17 años, pagó 15.700.000 dólares por la fábrica de El Puente en una licitación pública, cuando sus competidores extranjeros Yura y Duralit ofrecieron sólo 9.500.000 dólares. Y que Soboce compró con dinero propio, como debe ser, las acciones que el Estado le otorgó a cada trabajador por un monto similar a sus beneficios sociales”, añade el comunicado del Frente Amplio.
El caso podría derivar en juicios en los que el Gobierno ya ha sentenciado como “responsables” a Doria Medina y otros opositores; en tanto la defensa asumiría el contraataque en base al constante irrespeto a la propiedad privada, pues hace 1.239 días que el Ejecutivo decidió expropiar las acciones compradas a Fancesa sin el resarcimiento que las leyes mandan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario