Un día después de aprobar el reglamento de faltas y sanciones a la propaganda electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció ayer que prepara un reglamento "especial” para regular la difusión de propaganda política en medios de comunicación durante el proceso electoral previsto para octubre de este año.
"Habrá un reglamento especial, específico de campaña y propaganda electoral, en el que habrá sanciones para los medios de comunicación”, informó la presidenta del TSE, Wilma Velasco, quien explicó que las sanciones serán pecuniarias, es decir el pago de una multa.
El vocal del TSE Ramiro Paredes explicó a la agencia ANF que las empresas y medios que realicen y difundan encuestas preelectorales sin la autorización de esta entidad serán pasibles a sanciones económicas, de acuerdo a lo que establece la resolución aprobada el jueves que define las faltas y sanciones a la propaganda y campaña electoral.
En esa línea, las empresas que realizan encuestas, como los medios de comunicación que deseen publicar estos datos, deben estar registrados ante el TSE, de lo contrario, "se aplica una sanción, una multa”, dijo Paredes.
La sanción para estos medios de comunicación es de 50 salarios mínimos, que actualmente equivalen a 60.000 bolivianos.
La resolución del TSE, en su artículo 5 inciso C establece que "las personas jurídicas o privadas (empresas de opinión pública, medios de comunicación) que difundan encuestas para fines electorales, sin estar habilitados en el Tribunal Supremo Electoral competente o la realicen fuera del plazo o se incumplan otras deposiciones establecidas por la Ley 026, serán sancionados con una multa equivalente a 50 salarios mínimos”.
La ANP cuestiona
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) consideró que lo informado por el TSE el viernes se constituye en un acto de "censura de prensa”.
"Es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral se tome atribuciones que no le competen y atente contra el derecho constitucional de libertad de información y expresión al penalizar la difusión de estudios de opinión y encuestas preelectorales”, expresó el director ejecutivo de la ANP, Juan León Cornejo, al conocer la resolución del TSE.
El ejecutivo de la ANP explicó que un estudio de opinión se diferencia de mecanismos de propaganda política, por lo que la norma estaría afectando a la libertad de información y también al derecho ciudadano de emitir su opinión sobre un tema.
"Amenazar ahora con multas pecuniarias es penalizar los derechos de expresión y de opinión, colocando ese tipo de mecanismos en la misma bolsa que la propaganda electoral”, afirmó León Cornejo.
Tira y afloja
Norma El artículo 112 de la Ley de Régimen Electoral señala que propaganda electoral es "todo mensaje difundido con el propósito de promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de Gobierno y/o solicitar el voto. La difusión puede hacerse en actos públicos o a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivo o interactivos”.
Reacción El vicepresidente del MSM, Edwin Herrera, dijo que seguirán con su campaña. "El MSM hace campaña desde que nació, tenemos actividades como partido y las realizaremos”, aseveró.
La oposición ve que el TSE busca ponerle restricciones
La resolución de faltas y sanciones a la propaganda electoral para antes, durante y después de la difusión oficial de la convocatoria a los comicios generales que aprobó el jueves por la noche el Tribunal Supremo Electoral (TSE) causó polémica y rechazo de agrupaciones políticas de oposición.
El Movimiento Sin Miedo (MSM) anunció que presentará ante juzgados de materia civil un recurso de reposición para que el Tribunal Supremo Electoral corrija la resolución, porque considera que viola el derecho a la información que ejercen las organizaciones políticas.
Unidad Nacional (UN) espera que la norma no sea utilizada para perseguir a los partidos de oposición, mientras Convergencia Nacional pidió al TSE ser coherente y sancionar primero al presidente Evo Morales.
De acuerdo con el reglamento, las organizaciones políticas que realicen campaña y/o propaganda electoral con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria o dentro de los tres días antes del día de la votación serán sancionadas con una multa equivalente a 60 salarios mínimos.
La presidenta del TSE, Wilma Velasco, aclaró que ante esta situación no actuarán de oficio, sino a denuncia de representantes de partidos políticos o de cualquier ciudadano.
El vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, explicó que las obras que entreguen el Presidente, los alcaldes y gobernadores no son consideradas faltas o delitos debido a que están cumpliendo una función administrativa. "No es una actividad política. En campaña se pide el voto”.
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