30 abril 2013

Corte Internacional de Justicia calificó demanda marítima boliviana de 'impecable'

El canciller boliviano, David Choquehuanca, informó el martes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, luego de revisar la demanda boliviana contra Chile, calificó el documento como 'impecable'.

'Una vez entregada la demanda de manera formal las autoridades de la Corte Internacional de Justicia se han tomado un tiempo para revisar si la demanda cumplía los requisitos y los procedimientos establecidos, después de revisar nuestra demanda, ellos han calificado que la demanda era impecable', indicó en conferencia de prensa.

Choquehuanca se refirió en esos términos en oportunidad de anunciar que oficialmente la CIJ admitió la demanda boliviana contra Chile.

El Canciller recordó que la demanda que interpuso Bolivia contra Chile 'no es un acto inamistoso', pues sólo busca encontrar una solución definitiva al centenario problema de la reivindicación marítima boliviana.

Aclaró que Bolivia acudió a la Corte Internacional de Justicia, después de agotar todos los medios de diálogo y debido a las constantes dilaciones de los gobiernos en relación al reclamo del derecho boliviano de retornar al mar de manera soberana. Asimismo, señaló que Bolivia confía en la Corte Internacional de Justicia y la reconoce como el más alto Tribunal 'para la solución pacífica de las controversias entre Estados'.

El pasado miércoles, Bolivia presentó formalmente la demanda contra Chile ante La Haya, en reclamo de su derecho a una salida soberana al mar.

Oposición enviará 50 mil cartas a la OEA en contra de la reelección de Evo

El jefe Nacional de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amílcar Barral, afirmó que se iniciará una campaña a nivel nacional para recolectar 50 mil firmas que serán enviadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que este organismo internacional interceda en Bolivia y haga respetar las leyes tras avalarse la "tercera reelección" del presidente Evo Morales.

Señaló que se asume esta decisión porque en el país ya no existirían instituciones a las que se pueda acudir para el respeto de las leyes y la Constitución Política del Estado, por lo que se buscará el apoyo de la ciudadanía para pedir a la comunidad internacional que haga respetar la normativa en el país.

"Estamos organizando con varias personas distribuidas en todo el país la recolección de 50 mil firmas que serán enviadas a la OEA, en busca de evitar la tercera reelección del presidente Morales. Nuestra intención es que la población le diga al presidente Evo Morales que está equivocado al violar su palabra, en la que se comprometió a no ir a un reelección siempre y cuando se apruebe la Constitución Política del Estado", manifestó Barral.

Explicó que se entregará a la ciudadanía una carta dirigida al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la que se pide realizar las gestiones diplomáticas para "promover la normalización democrática" en el país.

Esta es la carta que será enviada a la OEA: "En Bolivia lamentablemente se APROBÓ la intención gubernamental de habilitar la candidatura para un tercer mandato del Presidente Morales por parte del Tribunal Constitucional, hecho que viola la Constitución y daña gravemente nuestra democracia", manifiesta la Carta.

"Por esta razón me dirijo a usted para que aplique y actúe conforme dispone el artículo 20 de nuestra Carta Democrática Interamericana, que faculta al Secretario General a informar y convocar al Consejo Permanente de la OEA, realizar una apreciación colectiva de la situación que atraviesa Bolivia y realizar las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización democrática", señala otra parte de la misiva.

Este preocupante cuadro, que viene acompañado de un silencio cómplice de organizaciones internacionales y países vecinos, acaba de cruzar una línea roja para los verdaderos demócratas: el proyecto de ley presentado por congresistas del partido gobernante MAS (Movimiento Al Socialismo MAS) para prorrogar inconstitucionalmente al actual Presidente, avalando este flagrante atentado contra la democracia y nuestra constitución.

Esta acción gubernamental y Judicial viola la Constitución, desconoce la voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo boliviano, aprobando la nueva Constitución Política del estado, e incumple un acuerdo y compromiso avalado por la comunidad internacional (incluyendo su representante personal) en Octubre del 2008.

Lanzamiento oficial de 'Santa Cruz cómo vamos'

La agrupación ciudadana "Santa Cruz cómo vamos" se presenta de manera formal a la ciudadanía y a quienes comparten la idea de luchar por una ciudad mejor para sus habitantes, por ello, además del citado evento, realizan la primera asamblea ciudadana donde se pone al alcance de todos, los avances obtenidos en el primer periodo de este movimiento civil.

En la ocasión, además se invitará a la sociedad civil a conformar los distintos grupos de trabajo que, de manera permanente, tendrán la tarea de producir información y orientar el debate y la agenda pública, y se plantearán los retos y desafíos del movimiento ciudadano "Santa Cruz cómo vamos" para 2013.

El evento se lleva a cabo desde las 9:30 en el Colegio de Arquitectos.

Chile ofreció salida al mar unas cinco veces desde 1950

RGUMENTO Se trata de cinco momentos claves en la negociación bilateral en que Chile reconoció el derecho soberano de Bolivia al Pacífico.

Redacción central / Cambio

La Asamblea Legislativa levantó la reserva al artículo VI del Pacto de Bogotá de 1948, con lo que abrió la vía para denunciar a Chile ante la Corte de La Haya.

Una parte de la demanda, tal como lo reconoció el ex presidente y agente ante la Corte de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, está fundamentada en los derechos expectaticios, que pueden ser reclamados, tal como lo hizo Bolivia en la demanda que presentó el miércoles 24 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“El derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los Estados y regula la estabilidad y las consecuencias que tienen las actuaciones entre estos Estados. Cuando un Estado realiza ofrecimientos o gestiones conducentes a mejorar relaciones, a salvar injusticias o superar diferencias, esa serie de acontecimientos generan derechos”, dijo Rodríguez a la radio Erbol.

A su vez, el ex diplomático Gustavo Aliaga manifestó que los derechos expectaticios son “todas las obligaciones que derivan de la conducta de los Estados, generan derechos que han hecho posible que podamos exigir que se lleven a un reclamo para arreglar un problema, es parte del derecho internacional”.

CINCO COMPROMISOS

Aliaga mencionó que los derechos expectaticios son todos los compromisos que Chile asumió después de 1949, a través de declaraciones de que iban a otorgar a Bolivia un corredor, enclaves y otros.

Los cinco principales reconocimientos son: 1.- La nota boliviana del 1 de junio de 1950, invoca a entrar formalmente en una negociación directa sobre el tema marítimo, y Chile, en una nota de respuesta de 20 de junio de 1950, acepta ingresar formalmente en una negociación directa.

2.- El 8 de febrero de 1975, los presidentes de Bolivia y de Chile, Hugo Banzer y Augusto Pinochet, firmaron la Declaración Conjunta de Charaña, donde se acuerda encontrar fórmulas para resolver las cuestiones vitales que enfrentan ambos países. Una nota del 19 de diciembre de 1975 dice: “Chile estaría preparado para negociar con Bolivia la cesión de una franja de tierra al norte de Arica hasta la línea de la Concordia”.

3.- La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su noveno periodo de sesiones, en 1979, aprobó la Resolución 426 que declara de interés hemisférico permanente la solución del problema marítimo boliviano.

4.- El 22 de febrero de 2000, los cancilleres de Bolivia y Chile acuerdan, en un comunicado conjunto, elaborar una agenda de trabajo sin exclusiones. Ambos Presidentes confirmaron esa posición el 1 de septiembre de 2000.

5.- Los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet acordaron la Agenda de 13 puntos, que incluyó el tema marítimo en el sexto punto, y en la reunión del Mecanismo Bilateral de Consultas Políticas de Bolivia-Chile, en julio de 2010, ambos Estados acordaron lograr “soluciones concretas, factibles y útiles”.

Convergencia analiza acciones legales contra el TCP por avalar reelección

La bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados informó hoy que analiza la posibilidad de iniciar una acción legal en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional, por haber avalado la "tercera reelección del presidente Evo Morales", el cual fue calificado de ilegal y fraudulento, además de atentar contra la Constitución Política del Estado (CPE).

El jefe de bancada de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, indicó que se enviarán cartas a los organismos internacionales que participaron en el discurso presidencial al momento de promulgar la CPE, donde Morales se comprometió públicamente a no ir a una reelección, para que hagan respetar ese compromiso ante los bolivianos y la comunidad internacional.

"Estamos analizando con nuestro equipo jurídico iniciar acciones legales contra los miembros del Tribunal Constitucional, por haber avalado el fraude y la ilegalidad contra la Constitución Política del Estado. Esta decisión nos da cuenta que los miembros de este Órgano están pagando la factura por haber sido colocados en ese cargo, pese a que ganó el voto nulo en las pasadas elecciones judiciales", manifestó Oliva.

"Además convocaremos a los organismos internacionales para pedirles que no guarden un silencio cómplice por esta decisión arbitraria. Pedimos que finalmente digan al pueblo boliviano que sucedió en esa época y se recuerde el acuerdo que hizo el presidente para no ir a una reelección en busca de garantizar la democracia", agregó.

El legislador dijo que con la tercera reelección, el presidente Evo Morales, "paso a ser un político tradicional, que le es indiferente a la desigualdad social, la pobreza, la falta de empleo, el racismo, la falta de seguridad ciudadana, por sólo pensar en sus apetitos personales para eternizarse en el poder, atentando contra la democracia y los intereses de un pueblo que exige un cambio de gobernantes", señaló.

En ese marco afirmó que si el presidente se postula como candidato del MAS en las elecciones de diciembre de 2014, Morales estaría "traicionando sus principios y valores que siempre pregona en sus discursos. Creemos que no se puede construir un Gobierno y mucho menos un país sobre la base del fraude, sobre la base de la mentira, del engaño, Bolivia no puede tener ese tipo de gobernantes que sólo buscan enriquecerse con el dinero del pueblo, señaló.

Por su parte el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Martínez, afirmó que el apelar a organismos internacionales no tendría ninguna validez puesto que la determinación de la reelección fue asumida por el Tribunal Constitucional y su fallo debe ser respetado.

"Estamos acostumbrados ya a estos aleteos desesperados, pero no conozco en el contexto internacional quien pueda abrir un debate de esta naturaleza, porque hay una determinación de la institucionalidad guardiana, la custodia, la rectora del control de constitucionalidad institucional en el país y esta es una respuesta que nos está generando certidumbre, pero además que con sus determinaciones nos obliga a su acatamiento", manifestó Martínez.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio vía libre ayer a la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, al declarar "constitucional" el artículo cuarto del proyecto de ley de la Asamblea Plurinacional, referido los mandatos de esas altas autoridades del Estado.

En la fundamentación del fallo, que fue aprobado de forma unánime por siete magistrados, el TCP señala que tanto el presidente como el vicepresidente fueron elegidos "en vigencia del nuevo régimen constitucional y se encuentran habilitados para la reelección".

Asimismo, establece que "los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución seguirán computándose hasta la posesión de las nuevas autoridades, desprendiendo el mismo resultado si se considera la interpretación sistemática de la referida disposición transitoria".

Ministro anuncia que el Estado tomará control del sistema financiero nacional

El Estado tomará el control del sistema financiero nacional, una vez aprobada la Ley de Servicios Financieros en el Órgano Legislativo, cuyo último borrador se encuentra en consideración del sector privado.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, precisó que el Gobierno fijará las tasas de interés para los créditos bancarios y las metas del financiamiento que será otorgado por las entidades financieras del país al sector productivo.

Arce Catacora fue enfático al señalar que las tratativas virtualmente habrían concluido con el sector privado y les recordó a los banqueros que “el neoliberalismo en Bolivia fue enterrado el 22 de enero del 2006”, en una clara alusión a la intervención del Estado en los sectores estratégicos de la economía.

“Les vamos a demostrar (a los banqueros) que el Estado es más eficiente que ellos manejando la economía”, dijo.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez adelantó ayer por la tarde a EL DIARIO, que el último borrador del proyecto de Ley entregado por el Gobierno “no incorpora los cambios que el ministro de Economía se comprometió ante el presidente Evo Morales”.

Sánchez dijo que el sector privado ha solicitado una reunión con el Primer Mandatario, aunque también expresó su confianza en que la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, pueda introducir los cambios propuestos al proyecto.

EXCESIVO PODER

Sánchez precisó la semana pasada que el proyecto otorgaba “excesivos poderes” al Ministerio de Economía “porque podía intervenir los bancos solamente con decretos y no con leyes”.

Consultado sobre la preocupación expresada por el empresariado en torno al excesivo poder que se otorgaría al ministerio de Economía, Luis Arce, sostuvo: “¿Yo creo que en los bancos no debo ser muy querido, cierto no? Pero es muy claro. El poder no es para Luis Arce, el poder es para el Estado. Esta es una clara muestra que la economía lo va a manejar el Estado y no el sector privado. Entonces yo soy pasajero y no pienso eternizarme en el cargo. Ellos (los banqueros) tienen que entender que su modelo neoliberal lo hemos enterrado el 2006, porque no tenían la posibilidad de llevar adelante los cambios, no lo han hecho en 20 años que han estado manejando así”, dijo.

TASAS DE INTERÉS

En torno al curso del proyecto de Ley, Arce indicó que fue a partir del mismo que los bancos “recién han despertado” habiendo elevado las tasas de interés para los depositantes quienes percibían menos del 1 por ciento de intereses anuales por sus recursos, siendo los ahorristas los que colocaron su dinero en las entidades financieras. “Como podrán observar, todos los días existen avisos en la prensa ofertando intereses más atractivos por los depósitos. ¿Quiénes han logrado el incremento de las tasas de interés?”, cuestionó y se respondió a sí mismo: “Nosotros”.

“Por qué no lo ha hecho antes, ¿por qué no pagaron más tasas de interés antes y sí ahora, por qué recién ahora?”, exclamó.

GANANCIAS

“El Gobierno ha logrado mostrar a la opinión pública lo que estaba haciendo el sistema financiero, que estaba ganando tanto y no estaba redistribuyendo entre sus clientes; no estaba cumpliendo el rol que debería cumplir”, sentenció.

“Ahora quieren (los banqueros) demostrar que pueden hacerlo sin Ley. No, ya quedó demostrado aquí el Estado está imponiéndose ante el sistema financiero. Ha cambiado la relación. Ya saben lo que va a ocurrir. En el tema de los bancos ahora les vamos a fijar metas cuando se apruebe la Ley, vamos a aprobar reglamentos sobre cuánto van a tener que prestar a los sectores”, anticipó.

Arce advirtió que las entidades financieras han subido el financiamiento del crédito a la producción hasta el 25 por ciento, como efecto del proyecto de Ley sectorial.

Oposición apela a la OEA ante la nueva postulación de Evo

Opositores bolivianos comenzaron hoy a apelar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar un supuesto uso del Tribunal Constitucional por parte del presidente Evo Morales en el intento de buscar en las elecciones generales de 2014 su tercer mandato.
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) envió hoy una carta, la tercera este año, al secretario general de la OEA, Miguel Insulza, para pedirle que convoque al Consejo Permanente del organismo y que analice la situación de su país después de que el Tribunal Constitucional (TC) avaló la nueva postulación de Morales.
En su nota, Quiroga asegura que el fallo de los magistrados del TC, a quienes tilda de "oficialistas", viola la disposición de la Carta Magna que permite una sola reelección y que señala que los mandatos previos a su vigencia "serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones".
La sentencia difundida ayer respalda la postulación de Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, por considerar que el actual mandato que comenzaron el 22 de enero de 2010 cuenta como primero del Estado Plurinacional, tras la refundación del país en 2009 con la promulgación de una nueva Carta Magna.
Morales accedió por primera vez al poder el 22 de enero de 2006, tras ganar los comicios presidenciales con el 53,7 por ciento y fue reelegido para un segundo periodo (2010-2015) con el 64 por ciento.
Aunque la Constitución limita a dos el número de mandatos consecutivos, Morales siempre ha defendido que su primer Gobierno no es computable debido a que tuvo lugar antes de la refundación de su país en 2009 y a que no completó el período legal de cinco años.
Si Morales gana los comicios de 2014, accedería a un tercer mandato hasta 2020 y se convertiría así en el Presidente que más años ha permanecido en el poder en Bolivia.
Quiroga dijo hoy a los medios que el TC avaló con su fallo "un golpe a la democracia", un "fujimorazo", al permitir la tercera postulación de forma supuestamente ilegal.
A su juicio, esta resolución inflige además un "daño enorme" a la demanda que Bolivia presentó la semana pasada contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que le restituya la salida soberana al mar perdida en una guerra a finales del siglo XIX.
El opositor aclaró que respalda incondicionalmente la demanda marítima, pero afirmó que Morales no puede pedir a Chile que cumpla las "promesas" que hizo a Bolivia si él incumple el compromiso que hizo en 2008 de que no buscaría una segunda reelección.
El gobernador opositor de la región oriental de Santa Cruz, el conservador Rubén Costas, aspirante a candidato presidencial, afirmó a los medios que el fallo es contrario a la Carta Magna y acusó al TC de haber "renunciado a su independencia e imparcialidad" y de haberse "sometido al poder político e intereses" del oficialismo.
También anunció que, en uso de los derechos que otorga la Carta Democrática Interamericana, denunciará "este atentado a la democracia ante las instancias internacionales".
Para el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, exaliado de Morales, la decisión del tribunal tiene tal gravedad que sus magistrados deben renunciar a sus cargos.
"Los que firmaron el fallo deberían irse a su casa porque abdicaron de su rol constitucional", dijo en un comunicado Del Granado, de tendencia centroizquierdista.
Agregó que pese a los "agravios" cometidos por el TC, su partido se organiza para enfrentar al "candidato inconstitucional, ilegítimo e ilegal" que, en su criterio, será el presidente Morales.
En las últimas horas, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y el empresario opositor Samuel Doria Medina, también posible candidato a la presidencia, criticaron asimismo el fallo con dureza.
Morales no se ha pronunciado hasta ahora al respecto, pero su ministra de Comunicación, Amanda Dávila, y la presidenta del Senado, la oficialista Gabriela Montaño, salieron en su defensa.
Dávila replicó que "ir en contra de un fallo como este es ir en contra de las constitucionalidad del país" y aseguró que la sentencia es inapelable al provenir de ese tribunal. "La única acción que existe es acatar y respetar el fallo del Tribunal Constitucional nos guste o no. Esta reelección es legítima", declaró la ministra.
Para Montaño, tercera autoridad del país, la reacción de los opositores no tiene que ver con un tema jurídico, sino con "un temor, un pánico que tiene la oposición al tener como contrincante" a Morales.

Extranjeros tendrán 90 días para regular sus documentos



Una amnistía de 90 días para que los extranjeros indocumentados regularicen su situación en el país será decretada tras la promulgación de la Ley de Migración. El propósito es evitar la deportación de estas personas.

“Estos 90 días son tiempo suficiente para que (los extranjeros) regularicen su estadía en Bolivia, a muchos de ellos se les cumplió el plazo de vigencia de su documento y otros deben adquirir su radicatoria en el país. Para ellos habrá amnistía”, expresó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En las últimas semanas, la Policía realizó operativos y arrestó a varios indocumentados, dentro del plan de “barrido” de extranjeros en situación irregular, para frenar la inseguridad ciudadana. Según la oficina de Migración, son 30.000 los foráneos que radican en el país y se estima que 5.000 de ellos no cuentan con papeles.

La primera disposición transitoria de la Ley de Migración señala que a su promulgación, el Órgano Ejecutivo emitirá en un plazo no mayor a 90 días un decreto supremo de amnistía y regularización migratoria.

Norma. Romero adelantó que en su despacho elaboran los términos en que se dará esa amnistía. La autoridad dijo que esa indulgencia no incluirá a personas vinculadas al crimen o al delito y que transitoriamente ingresan al país. La Ley de Migración fue sancionada por la Asamblea Legislativa el 18 de abril y se espera su promulgación en mayo. La norma busca regular la migración extranjera y bolivianos en el exterior.

TSE debatirá censura a vocales que emitan información sobre reuniones de Sala Plena

Debido al flujo informativo de las últimas semanas, en las que surgieron versiones de prensa sobre asuntos como el proceso de revocatoria de mandato o los plazos para la presentación de informes sobre estados financieros de los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó llevar adelante, hoy martes, una sesión de Sala Plena, en la que se podría definir el régimen disciplinario que sancione a los vocales que emitan información sobre las resoluciones de este órgano del Estado.

El anuncio se da a pocos días de conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este 3 de mayo y cuando los rumores sobre el tratamiento de una Ley de Acceso a la Información retornan a la agenda pública.

Las disposiciones disciplinarias no sólo irían al TSE que centraliza al Órgano Electoral sino que también influiría en los nueve tribunales departamentales.

El vocal del TSE, Marco Ayala, fue quien lamentó esta propuesta generada precisamente en el ente electoral porque va contra los derechos civiles a “la libertad de expresión y la libertad de información” que deben ejercer los ciudadanos, pero también los funcionarios públicos.

“En este reglamento se determina (como) una falta dar a conocer decisiones y resoluciones adoptadas por Sala Plena a personas ajenas al Órgano Electoral Plurinacional previo al pronunciamiento oficial, y obviamente las primeras personas ajenas al Órgano Electoral sobre las cuales se genera dar a conocer las decisiones y resoluciones son los medios de comunicación”, dio a conocer Ayala a la ANF.

Ayala agregó que incluso podría generarse sanciones que incluyan la destitución de los vocales, situación que vulneraria los derechos de estos representantes públicos que fueron designados a partir del nuevo modelo y estructura institucional del denominado Estado plurinacional.

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ya anticipó que la identificada estructura jurídica contra la labor de los medios de comunicación no había terminado y que desde las instancias del Estado y del Gobierno central, en específico, se van generando cada vez mayores restricciones a la libertad de información y la libertad de prensa.

Incluso, el presidente de esta institución, Antonio Vargas, advirtió con antelación, que existe un anteproyecto de Acceso a la Información Pública que contradictoriamente, restringe la labor de los periodistas y también incluiría el levantamiento del secreto de fuente, situación totalmente anómala y distante con los preceptos de la Ley de Imprenta, norma reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE) como la encargada de regular a los medios informativos.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la Unesco, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”. La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo.

FRASE

“En este reglamento se determina (como) una falta dar a conocer decisiones y resoluciones adoptadas por Sala Plena a personas ajenas al Órgano Electoral Plurinacional previo al pronunciamiento oficial, y obviamente las primeras personas ajenas al Órgano Electoral sobre las cuales se genera dar a conocer las decisiones y resoluciones son los medios de comunicación”. Marco Ayala, vocal del TSE.

Seis conflictos amenazan los festejos del Día del Trabajo

Seis sectores mantienen en emergencia a sus afiliados a 24 horas de celebrar el día del trabajador y el Gobierno anuncia su predisposición a dialogar. En ese marco, el propio presidente encabezó las negociaciones con uno de los frentes, los jubilados de Bolivia.

A este sector se suman los gremiales, los policías, la COB, los transportistas interdepartamentales, los transportistas urbanos, y los indígenas del Tipnis, que ya anunciaron una marcha internacional.

Ayer por la mañana Evo Morales logró desactivar la emergencia entre los jubilados y luego de un acuerdo de incremento de las rentas de estos hasta en un 5,8% logró que los extrabajadores desmovilizaran a sus bases.

El primer grupo movilizado es el de los gremiales, que tienen planificado marchar hoy por las calles de todas las ciudades y cerrar los mercados. Según la declaración del dirigente de la confederación del sector, Francisco Figueroa, el Gobierno no quiere ceder sobre la nivelación de sus capitales y por ello iniciarán las protestas y de no ser escuchados planifican para la siguiente semana una movilización de 48 horas y luego una marcha desde la localidad de Caracollo.

El ministro de Economía, Luis Arce, y el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Roberto Ugarte, adelantaron que rige la norma para los regímenes simplificado y general y por tanto los gremiales que tengan capitales mayores a 40.000 bolivianos deben emitir factura, algo a lo que los gremiales se oponen.

El viceministro de Política Tributaria, Erick Ariñez, reiteró que el Gobierno no tiene intención de anular el Régimen Tributario Simplificado (RTS) y advirtió que cualquier versión contraria o en otro sentido es solo una especulación.

Dentro del sistema tributario, en el RTS se paga impuestos cada dos meses, en montos que oscilan los Bs 47 y 200.

El SIN regulariza el registro para aquellos negocios inscritos en el RTS y que corresponden al general, hecho que ha generado especulaciones de los dirigentes, según Ariñez.

Los policías que hace un año protagonizaron el más grande y prolongado motín del sector declararon en emergencia a este sector y el sargento Javier Quispe, que dirige la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), declaró que el Gobierno incumple los acuerdos de 2012.

Sobre este reclamo, el ministro de Gobierno dijo que todos los puntos que fueron acordados entonces lograron un avance y que los policías no tienen ninguna razón de protesta y adelantó que habrá una revisión al cumplimiento de los convenios.

En el sector de transporte existen dos conflictos, el primero con los choferes de transporte pesado interdepartamental y los choferes urbanos en la sede de Gobierno; en el primer caso, los dirigentes buscaban una reunión con el Gobierno y lograron suspender las salidas de buses hacia la ciudad de Sucre y pretenden extenderlo a otras regiones.

Las autoridades de Gobierno reiteraron su posición de respetar los acuerdos firmados con la confederación de choferes de Bolivia y ayer su principal dirigente, Franklin Durán, afirmó que la posición de las federaciones departamentales es sectorial y que puede ser atendida por el Gobierno.

Mientras los transportistas urbanos en la sede de Gobierno cercaron a la Alcaldía y reclaman la suspensión de las multas que les impusieron desde que se puso en vigencia la nueva tarifa de transporte urbano.

Anoche, el ampliado de la Central Obrera Boliviana dispuso un paro de 24 horas -el lunes 6- y el bloqueo de caminos en todo el país;. Su máximo dirigente, Juan Carlos Trujillo, informó que se rompió toda relación con el Ejecutivo. Las medidas fueron dispuestas en protesta por la falta de acuerdo para modificar la Ley de Pensiones.

Finalmente, surge otro conflicto protagonizado por los indígenas del Tipnis, quienes ya anunciaron su marcha hasta la sede de la OEA en defensa de su territorio.

Transporte, en ampliado

Los transportistas de carga pesada determinaron radicalizar los bloqueos en la ciudad de Sucre y otros distritos del país. Ayer realizaron una marcha por las principales calles de esta urbe en rechazo a la reducción del crédito fiscal por la compra de combustible, señaló el dirigente Omar Aguilar.

Los transportistas amenazan con cercar el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla y posteriormente prevén avanzar a la ciudad para que el transporte urbano se solidarice con la demanda.

La movilización de los transportistas terminó ayer en el frontis del edificio del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Los puntos de bloqueo 'más contundentes' están en la ruta hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

El bloqueo perjudica especialmente a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y comienza a generar una aguda escasez del producto en el país.

Al respecto, el dirigente de Santa Cruz, José Antonio Baldelomar, indicó que hoy en un ampliado nacional se determinarán las medidas de presión en todo el país.

Aasana suspende paro

La dirigencia de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y el Ministerio de Obras Públicas, a través de su titular, Vladimir Sánchez, arribaron ayer a un acuerdo en el que se prevé la incorporación del sector a la Ley General de Trabajo mediante un decreto supremo a ser aprobado en los próximos días. Tras el acta de compromiso se suspendió el paro previsto para hoy

Punto de vista



El Estado debe resguardar el orden
Gary Rodríguez / Economista

El derecho de una persona termina donde comienza el derecho de la otra. En una sociedad que se considere ser civilizada los derechos fundamentales de las personas tienen que ser respetados y resguardados por el Estado a través de la fuerza pública.

Bloquear las arterias de comunicación significa bloquear el desarrollo del país; impedir el trabajo de los bolivianos debe ser objeto de castigo y control de las esferas gubernamentales.

Los perjuicios económicos son cuantiosos y la mala imagen que proyectamos del país carcome la posibilidad de avanzar en el desarrollo con normalidad. Es imposible producir más y exportar más.

Quien está llamado a salvaguardar el derecho de los ciudadanos es el Estado

PUNTO DE VISTA

Son los instrumentos de uso común

Marcelo Silva / Analista político

La conflictividad ha sido una constante desde hace mucho tiempo y estará seguro en 2013 y en 2014 y es que esta conflictividad social se debe a la formación del Estado corporativo, eso significa que hay sectores sociales, hoy empoderados, que tratan de beneficiar a sus sectores a través de los mecanismos conocidos como el paro, el bloqueo o la movilización, que son instrumentos de uso común en el país.

Estos frentes son recurrentes por dos razones: La primera es el tema de la proximidad del 1 de mayo, eso implica la posibilidad de arrancar al Gobierno alguna demanda que beneficie a su sector; segunda, el proceso electoral está a la vuelta de la esquina y dentro ese proceso habrá realineamientos de alianzas políticas

ENTRE PETARDOS



MEDICIÓN DE FUERZAS
Los gremiales medirán sus fuerzas hoy con la convocatoria; el Gobierno afirma que detrás de estas movilizaciones se encuentran los grandes comerciantes que no emiten facturas.

RECAUDACIONES
Para este año la meta de recaudación del SIN es de 50.000 millones de bolivianos aproximadamente y eso se logrará ampliando la base de contribuyentes. El SIN asegura que no cederá a las presiones de los comerciantes.

Cifras



2,5
Millones de dólares
Es lo que pierde aproximadamente el sector productivo del departamento de Santa Cruz por cada día de bloqueo en la ruta a Cochabamba.

500.000
Dólares
Corresponden a la pérdida diaria por un bloqueo en la ruta fronteriza hacia Argentina. Los comerciantes cierran la vía.

1,5
Millones de comerciantes
Están en el Régimen Tributario Simplificado (RTS). El sector está en emergencia y advierte con cerrar los mercados de manera indefinida.

Del Granado afirma que Tribunal Constitucional cometió tres agravios en fallo sobre reelección



El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) y exaliado político del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan del Granado, sostuvo este lunes que la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones nacionales del próximo año, antenta contra la institucionalidad democrática y política en el país.

Del Granado calificó el fallo como agravios. "El primer agravio del Tribunal Constitucional con este fallo es contra la institucionalidad democrática del país, porque no solamente se sometió a los dictados del Ejecutivo, sino que ahora está sometido a los deseos ilegales e inconstitucionales del Presidente y eso es hacerle un grave daño al sistema democrático institucional", señaló.

El líder opositor aseveró que el segundo agravio es contra las propias funciones del TC, que éstas abdicaron al delegar la responsabilidad de la interpretación de la Constitución Política del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en referencia al proyecto de Ley de Aplicación Normativa, que entre otras consultas, solicitaba al Tribunal interpretar la Constitución sobre la reelección o no de Morales.

"Ahora resulta que quien interpreta la Constitución es el Senado y la Asamblea Legislativa y no el Tribunal", cuestionó el exaliado de Morales hasta 2010.

El tercer daño, dijo el exalcalde de La Paz, es contra el presidente Morales, porque se conocía que era "el candidato del autoritarismo, de la corrupción, del antiindigenismo y de la malversación de la riqueza nacional" y sentenció que a partir de la declaración del TC el mandatario es "el candidato inconstitucional, ilegítimo, ilegal e inmoral".

El desfile en la Villa se vio empañado por incidentes

El desfile por los 44 años de fundación de la Villa Primero de Mayo, desarrollado en la avenida General Campero frente al edificio de la Subalcaldía, se vio plagado de incidentes, como el enfrentamiento a pedradas entre los seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Santa Cruz Para Todos (SPT) que pusieron en riesgo la seguridad de los participantes y espectadores del acto.

De igual manera el burgomaestre Percy Fernández fue abucheado por un grupo de vecinos que pidió que el desfile se inicie, provocando su enojo y luego una alusión verbal a EL DEBER.

Izamiento

En el programa estaba previsto para las 8:00 el acto cívico y el inicio del desfile, pero las autoridades, como el gobernador Rubén Costas y el alcalde Percy Fernández, estuvieron pasadas las 9:30.

Cuando Fernández hizo uso de la palabra, una vez más comenzó a divagar leyendo su discurso, lo cual exasperó a un grupo de personas que gritó: “hora”. Sumado a este incidente otros vecinos llegaron con pancartas y cohetes para pedir a la Subalcaldía que el desfile, la serenata y la kermés vuelvan a la plaza principal de la UV 86.

Esto dio pie para que el munícipe aluda a los periodistas, en especial de este diario. “Nunca ríen, como si fueran un periódico serio”, dijo.

Enfrentamientos

Pasado el mediodía hicieron su aparición los grupos políticos, como Samuel Doria Medina con sus seguidores de Unidad Nacional, que fueron aplaudidos por las autoridades.

Cuando los acólitos de SPT estaban marchando ingresaron por la fuerza los masistas cantando consignas a favor del presidente Evo Morales, a los que se sumaron los concejales Saúl Ávalos y José Quiroz. Pasado el desfile, a dos cuadras del palco oficial comenzó el enfrentamiento que dejó varios golpeados, pero que fue sofocado por la presencia de la Policía. Posteriormente los seguidores de ambos bandos se echaron la culpa

VISTO Y OÍDO



1 Revestido de escándalos estuvo el desfile en el distrito 7 que debió comenzar a las 8:00, el cual se vio retrasado por la inasistencia de las autoridades locales y departamentales.

2 Frente al palco oficial fueron acomodados los seguidores de SPT con la consigna de cantar estribillos de apoyo al alcalde Percy Fernández.

3 El primer incidente se registró a las 10:30 cuando el burgomaestre leía su discurso. Fueron los vecinos de la UV 86 que pidieron que los actos oficiales vuelvan a su plaza y avenida principal.

4 Los gendarmes nuevamente fueron instruidos de hacer cerco para no permitir que los periodistas se acerquen al alcalde, llegando a darse algunos roces.

5 Al final el desfile se tornó político por la presencia de UN, SPT, MAS, ASIP y MNR. Los seguidores masistas y ‘percistas’ se pelearon a pedrada limpia porque ambos quisieron pasar al mismo tiempo por el palco oficial.



La Cumbre de Justicia comienza este jueves

La Cumbre Departamental de Justicia de La Paz se llevará a cabo entre este jueves y viernes, en el Colegio de Abogados de La Paz. Al encuentro asistirán representantes de más de 100 instituciones y organizaciones sociales.

El coordinador de la Cumbre y presidente de la Sala Civil Segunda, Juan Carlos Berríos, explicó que se crearán comisiones para que éstas lleven adelante el análisis de la situación de la justicia en el departamento de La Paz y en el país.

“Uno de los tópicos estará referido al tema de acceso a la justicia con la finalidad de identificar las condiciones de accesibilidad a los servicios que presta el Órgano Judicial en el departamento”, refirió el coordinador de la Cumbre.

Política. La comisión que trabajará sobre la independencia judicial analizará las condiciones vinculadas a la independencia del Órgano Judicial en el departamento, desarrollará políticas, lineamientos y acciones que garanticen la independencia de esta instancia, acotó.

En este evento se tendrá la participación de representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, del Consejo Supremo de Justicia, la Policía Boliviana, Fiscalía, Asamblea de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo y de varias organizaciones laborales, gremiales, campesinas y del Colegio de Abogados de La Paz.

Morales admite que no le gusta leer al firmar ley que baja impuestos al libro



El presidente de Bolivia, Evo Morales, admitió hoy con sinceridad que no le gusta leer y que sólo llega a pocas páginas en un texto, durante un acto en el que firmó una ley que elimina dos impuestos para el comercio de los libros.

"Yo tengo ese problema. No me gusta leer", dijo el mandatario al contar que del montón de libros que le regalan "a veces a lo máximo" ve los títulos, algún capítulo, o unos párrafos o páginas, pero no termina de leer las obras.

"Tengo ese problema, soy sincero", reconoció y agregó que tiene ganas de leer libros pero no sabe cómo enamorarse de la lectura.

En cambio, destacó que su vicepresidente, Álvaro García Linera, es un buen lector y escritor de libros, principalmente sociológicos.

Morales se planteó la necesidad de una política para desarrollar el hábito de la lectura aunque reconoció que no tiene idea de cómo implementarla en su país, que ahora cuenta con esta ley que elimina dos tributos para el comercio de las publicaciones.

La normativa libera la venta de libros nacionales y extranjeros del impuesto al valor agregado (IVA), que es del 13 %, y del impuesto a las transacciones, del 3 %, con el objetivo de bajar su coste en el mercado al menos en un 16%.

La ley además establece la constitución del Sistema Nacional de Bibliotecas para que sean nutridas con material actualizado, lo que en este momento sólo ocurre en las ciudades más importantes.

Las asociaciones de libreros llevaban casi dos décadas pidiendo la supresión de esos gravámenes en un intento de frenar la piratería y la fotocopia de los libros, principalmente importados.

TSE, vocal alerta sobre restricción a información



El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ayala, denunció que la Sala Plena pretende aprobar un reglamento disciplinario para sancionar a quienes den información oficial a “personas ajenas” al Órgano Electoral.

La presidenta de esa institución, Wilma Velasco, aseveró que sólo se trata de una propuesta y que aún no hay nada definido con respecto al tema. “Será una reunión extraordinaria para tratar el reglamento disciplinario. El mismo estaría determinando como falta leve dar a conocer resoluciones, adoptadas en Sala Plena, a personas ajenas a este órgano”, precisó el vocal Ayala.

Ley. Ayala agregó que con esta medida se vulnera la Constitución y las leyes, porque se estaría atentando la liberad de expresión. En primer lugar, dijo, ya no se podría dar información a los medios de prensa.

Una falta leve implica el descuento del 20% de la remuneración mensual que reciben los vocales del TSE. Al respecto, Velasco aseguró que el documento regulará la disciplina al interior del TSE, pero que aún no fue analizado

“Recién vamos a entrar en consideración de cada artículo y una vez que se apruebe, recién se los hará conocer; entretanto, es sólo una propuesta. No hay nada definido y los vocales tienen en sus manos el documento para analizar el contenido de esta norma. Son sólo propuestas”, insistió.

CIJ admite demanda boliviana contra Chile y da inicio al proceso en busca de salida soberana al mar

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya comunicó a Bolivia que aceptó y notificó a Chile sobre la demanda marítima en su contra, por lo que en los hechos se inició el proceso legal y, en consecuencia la discusión sobre los argumentos y otros aspectos de la demanda están dentro y no fuera de la Corte, explicaron en una conferencia de prensa parte de los enviados a La Haya.

El canciller David Choquehuanca, el Agente en la demanda Eduardo Rodríguez y el responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, participaron de la conferencia de prensa en la Cancillería. Rodríguez informó que la Corte comunicó a Bolivia, a través de su persona, sobre la aceptación de la demanda presentada contra Santiago.

“Se ha hecho conocer de manera inmediata (la demanda) a través de la vía diplomática, por la Corte a la República de Chile, junto a sus anexos”, informó el Agente, quien añadió que también se comunicó en torno a “la certificación de la calidad de los documentos y genuina traducción conforme a sus originales”.

El gobierno boliviano presentó el miércoles, como lo había anunciado en marzo de 2011, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una demanda con el objetivo de que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico en el marco de los compromisos hechos en ese sentido a lo largo de la historia.

Lanchipa explicó que con la última actuación “se ha iniciado formalmente (el procedimiento) de esta actuación”.

El gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera aseguró en los últimos días que la demanda boliviana no tiene sustento jurídico. El canciller Alfredo Moreno afirmó el fin de semana que “en el caso de Bolivia no hay obligaciones para negociar” en referencia al fondo de los argumentos del litigio que planteo la administración del presidente Evo Morales.

Rodríguez evitó responder a la posición del demandado. “Nosotros no vamos a referirnos a las apreciaciones o comentarios que hagan las autoridades chilenas; nosotros hemos adoptado una posición, además correspondiente a las normas procesales y al Reglamento de la Corte, (y) esos temas se debaten en la Corte y no fuera de ella”, afirmó.

El agente boliviano en la CIJ explicó que Chile, una vez notificada tiene derecho a interponer una excepción de competencia del tribunal internacional en el caso planteado.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) aclararon el jueves 25, según EFE- que es la "única" que puede decidir sobre jurisdicción en un contencioso de un Estado contra otro, en relación a la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile para buscar una salida al océano Pacífico. Fuentes jurídicas dijeron que si Chile pusiera en tela de juicio la competencia de este alto tribunal en la demanda de Bolivia, correspondería a ese tribunal decidir si el caso entra en su mandato.

Choquehuanca reiteró que la decisión boliviana no es un acto inamistoso y que las relaciones bilaterales tienen que continuar. “Las relaciones, consideramos que tienen que mantenerse igual, normales”.

29 abril 2013

NOTA OFICIAL DE PRENSA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL FALLO QUE DA LUZ VERDE A LA REELECCION DE EVO Y ALVARO

DCP 003/2013, de 25 abril

ANTECEDENTES: Consulta de Proyecto de la “Ley de Aplicación Normativa” remitida por Alvaro García Linera, en su condición de Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; en virtud de lo cual el Tribunal Constitucional emite la siguiente Declaración Constitucional Plurinacional 003/2013:

FUNDAMENTOS DEL FALLO:

1. Respecto al art. 1 (Objeto de la Ley): El TCP precisa que la parte dogmática de la Constitución, se caracteriza por su directa aplicación; es decir, que su materialización no necesita ley de desarrollo previa; por el contrario, merced al principio de legalidad, que constituye uno de los pilares esenciales para el ejercicio de la función pública, la parte orgánica de la Constitución, para su aplicación, necesita leyes expresas de desarrollo, las cuales deben emanar de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En ese orden, el texto constitucional se constituye en la Norma Suprema que -por voluntad del constituyente- recoge además los valores sociales, políticos y en el caso de Bolivia con particular incidencia los principios y valores ético morales en los que se sustenta el Estado y que buscan la armonía y el “vivir bien” de la sociedad plural, por lo que por regla general su contenido es uniforme, concordante, coherente, integrado y funcional; sin embargo, pueden presentarse situaciones excepcionales que sin resultar necesariamente antinomias dentro del texto constitucional, se evidencie normas que al momento de su aplicación puedan parecer contrarias al contenido de otros preceptos constitucionales o más que contrarias, su materialización no parecería estar contextualizada con todo el contenido y el espíritu de la Constitución Política del Estado.

Surge en consecuencia la necesidad de establecer la aplicación normativa como una herramienta legislativa que posibilite la eficaz y correcta materialización de preceptos constitucionales, dado que en un Estado Constitucional de Derecho, todas las normas tienen que ser acordes a la Norma Suprema, teniendo como finalidad esencial el posibilitar que las normas constitucionales sean eficaces, en términos de ser materialmente verificables.

Dentro de ese marco, al evidenciarse que los cinco preceptos de aplicación normativa desarrollados en el proyecto de ley, constituyen elementos que hacen a la parte orgánica de la Constitución, sus contenidos no sólo que pueden, sino que deben ser desarrollados mediante ley que emane del órgano de legitimidad popular, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional; es decir, el constituyente derivado, aspecto absolutamente armónico con el orden constitucional, no sólo porque responde a la naturaleza jurídica de las disposiciones insertas en la parte orgánica de la Norma Suprema, sino porque materializa sus contenidos cumpliendo con la voluntad del constituyente originario.

En consecuencia, el objeto del proyecto de ley en consulta, no implica un exceso, ni menos aún una contradicción con el orden constitucional imperante, sino por el contrario, el objeto del proyecto de ley, responde a la atribución conferida por la Norma Suprema a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de desarrollar disposiciones orgánicas de la Constitución.

2. Sobre el art. 2 del proyecto de Ley: El denominado control administrativo de la justicia es una potestad constitucionalmente asignada al Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese sentido, - afirma el fallo constitucional- el proyecto de norma legal se limita a desarrollar cuál es el Órgano al que se refiere el art. 159.13 de la Norma Suprema -referido a la preselección de los postulantes al Control Administrativo de Justicia y remisión al Órgano Electoral Plurinacional de la nómina de los precalificados, para la organización única y exclusiva del proceso electoral- por ende la preselección de sus miembros se acomoda al art. 158.I.5) de la misma CPE.

Ello implica que el art. 2 del proyecto de ley en consulta, no sólo que se constituye en una norma de desarrollo, sino que es necesaria su existencia y vigencia, por cuanto su contenido se ajusta al principio de separación de funciones, respetando la voluntad del constituyente.

3. En cuanto al art. 3: La Declaración Constitucional establece que la norma propuesta por en el proyecto de ley reitera lo establecido por el texto constitucional en el art. 214 de la CPE, que determina que la Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que dicha elección requiere de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.

En ese sentido al evidenciarse una aparente antinomia con el art. 172.15 de la CPE, conforme se desarrolla en los antecedentes doctrinales del fallo constitucional, ante la existencia de antinomia que pueda presentarse al interior del texto constitucional, es posible que el órgano legislativo, en su labor de materializar la Constitución, pueda dictar leyes que hagan posible la materialización de la constitución, con la finalidad de evitar que las normas antinómicas se tornen ineficaces.

Así, la Asamblea Legislativa Plurinacional es el órgano que por su concepción, naturaleza democrática y plural representa de mejor manera la voluntad del pueblo, por ello la aplicación normativa planteada en el proyecto de ley, referida a que la Contralora o Contralor del Estado sea elegida por esa instancia, responde al texto constitucional, pues la decisión del órgano político colegiado involucra un mayor grado de discusión, garantiza la participación plural de sus miembros en el proceso decisorio.

4. Con relación a la Ley de Aplicación Normativa en su art. 4: Al respecto, y en lo referente al ámbito personal de aplicación regulado por el proyecto de ley, el TCP considera que tanto el Presidente como el Vicepresidente, en el marco del Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, tal cual reza el art. 1 de la CPE, son autoridades cuya fuente de poder tiene su origen en una forma democrática de gobierno mediante el voto universal, obligatorio, directo, libre y secreto, tal como lo señala el art. 166.1 de la CPE.

En ese sentido, se advierte que la norma en análisis destaca la figura de la reelección, refiriéndose únicamente al caso del Presidente y Vicepresidente, sosteniendo además que si éstos fueron elegidos en vigencia del nuevo régimen constitucional se encuentran habilitados para la reelección, dado que de una interpretación literal de la Disposición Transitoria Primera, se extrae que los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución, seguirán computándose hasta la posesión de las nuevas autoridades, desprendiendo el mismo resultado si se considera la interpretación sistemática de la referida Disposición Transitoria.

Se precisa además, que el nuevo orden es diferente al pre-existente, el nuevo orden implica una nueva era jurídico- política basada en la refundación del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución, realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creo un nuevo orden jurídico – político.

El art. 168 de la CPE, prevé que el Presidente y Vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua. Al respecto, la precisión normativa realizada por el art. 4.I. del proyecto de ley objeto de al Declaración Constitucional, en cuanto al momento para el cómputo del plazo para la reelección de autoridades a través del voto popular, no desborda el contenido normativo del citado artículo constitucional menos lo contradice, ya que el desarrollo se encuentra inserto en la parte orgánica de la constitución.

En cuanto a la segunda parte de la norma objeto de consulta, referido al ámbito de aplicación temporal inserto en el art. 4.II del proyecto de ley contempla a las autoridades que después del 22 de enero de 2010, continuaron ejerciendo cargos públicos, autoridades distintas al Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, es así que la regulación diferenciada del ámbito personal de aplicación, en cuanto a autoridades públicas diferentes al Presidente y Vicepresidente del Estado, no implica una contradicción con el orden constitucional vigente.

En consecuencia, de acuerdo a una interpretación teleológica se tiene que la función pública ejercida por servidores públicos, que después del 22 de enero de 2010, hubieren continuado en el ejercicio de sus cargos sin nueva elección, designación o nombramiento, asegura la continuidad y consiguiente eficacia de la gestión pública destinada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, por tanto, en este marco, el contenido del art. 4.II del proyecto de Ley de Aplicación Normativa, no sólo que es razonable y coherente, sino también compatible con el orden constitucional vigente.

5. Compatibilización del art. 5 del proyecto de ley en consulta: El Tribunal Constitucional Plurinacional considera que el tenor literal del art. 158.I.11 de la CPE, establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: “Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.

Por su parte el tener literal del art. 32.1.III de la CPE, dispone que “El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público”.

En el caso analizado salta a la vista que el legislador ordinario en el art. 5 del proyecto de ley en consulta determina como una obligación facultativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional el aprobar el Presupuesto General del Estado, así el referido artículo señala “…el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá considerar,…”, cuando el texto constitucional manda de manera imperativa a la Asamblea aprobar el presupuesto general del Estado, este cambio del verbo -deberá por podrá- implica un reforma constitucional, que no es posible de ser realizada a través de una ley, en ese sentido, al no ser viable cambiar un deber constitucional por una facultad legal, la norma planteada en el proyecto resulta ser inconstitucional.

6. Respecto al art. 6 sometido a consulta: La norma propuesta tiene su origen constitucional en la Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado, y de una lectura de dicha norma, así como del art. 6 propuesto, se tienen dos elementos relevantes, el primero referido a la disquisición de Tratados internacionales que contradicen la constitucional y aquello que no lo hacen, facultando al Órgano Ejecutivo a denunciar los Tratados internacionales o alternativamente demandarlos ante Tribunales Internacionales, por lo que en esa labor corresponderá diferenciar los Tratados internacionales que contradicen la Constitución de los que no lo hacen y fundamentalmente los que forman parte de ella.

Respecto del primer supuesto referido a los Tratados internacionales que contradicen la constitucional, debe aclararse que no es potestativo del Órgano Ejecutivo denunciar o alternativamente demandarlos ante Tribunales Internacionales, sino que ejecutando el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” debe denunciar o demandar Tratados internacionales que se contrapongan al interés estatal.

Sin embargo, es preciso aclarar que la denuncia o demanda de Tratados internacionales de Derechos Humanos que integran la Constitución, por su rango normativo y su especial consideración por parte del legislador constituyente, debe enmarcarse al cumplimiento de requisitos y en los presupuestos establecidos por la misma Norma Suprema, lo que implica no sólo efectuar la denuncia en el marco del art. 260 de la CPE, sino también el determinar con precisión el objeto y alcance de la denuncia, en atención a la protección de derechos humanos y en consideración a que uno de los fines esenciales del Estado Plurinacional es su protección y la materialización de su ejercicio pleno.

PARTE RESOLUTIVA: Con los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; resuelve declarar:

1º La CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 1, 2, 3 y 4 del proyecto de “Ley de Aplicación Normativa”, por hallarse conforme al contenido de la Constitución Política del Estado.

2º La INCONSTITUCIONALIDAD del art. 5 del proyecto de “Ley de Aplicación Normativa”.

3º La CONSTITUCIONALIDAD condicionada del art. 6 del proyecto de “Ley de Aplicación Normativa”, a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.11.

TCP habilita a Morales y García Linera para los comicios del 2014


El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió hoy un fallo que habilita la postulación del presidente, Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera como candidatos en las elecciones generales de 2014.


"Se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación emerge de un poder constituyente que ha generado una nueva Constitución Política del Estado que contempla un nuevo orden que contiene la aplicación de la Constitución", señaló Rudy Flores presidente del Tribunal Consitucional, citado por Radio Fides.


El Senado envió en febrero al TCP una consulta previa para aprobar la Ley de Aplicación de Normativa, que en su artículo cuarto establece la reelección del Presidente y Vicepresidente el 2014.


La Constitución promulgada por Morales en 2009 permite sólo dos mandatos consecutivos, pero el oficialismo argumenta que la primera elección no debe ser tomada en cuenta porque no estaba vigente la nueva Carta Magna; esta postura fue aceptada por el TCP justificando que  hubo una “refundación” del país.


El actual jefe de Estado fue electo para un quinquenio por primera vez en diciembre de 2005 - tras ganar los comicios presidenciales con el 53,7 por ciento- y reelecto en el mismo mes de 2009 en unos comicios regidos por la nueva Constitución en los que ganó con el 64 por ciento.


De ganar en los comicios de diciembre de 2014, Morales gobernará hasta 2020 y se convertiría así en el presidente que más años ha permanecido en el poder en Bolivia.


Antes de Morales, el gobernante con el período presidencial más largo fue el militar Andrés Santa Cruz Calahumana, que gobernó el país durante nueve años y diez meses, entre 1829 y 1839.

Polémica tras el fallo del TCP
En su cuenta de Twitter, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) calificó de "jurídicamente inaceptable" el "sí" a la nueva postulación de Morales.
Mesa cuestionó la decisión del TC de que el primer mandato de Morales no sea computable a efectos electorales, pero que en cambio sí sigan vigentes leyes anteriores a 2009 a pesar de esa "refundación".
"Descubrimos ahora que hay partes de la Constitución Política del Estado que son parte del Estado 'Refundado' y partes del Estado 'desechado'. Es increíble", opinó.
El opositor y aspirante a candidato en los comicios de 2014 Samuel Doria Medina utilizó la misma red social para afirmar que el tribunal "desconoce la Constitución Política del Estado y se pone al margen de las leyes permitiendo la re-reelección".
Doria Medina señaló que Morales podía buscar una segunda reelección mediante una reforma de la Constitución y un referendo pero, a su juicio, no lo hizo porque "le tiene miedo al pueblo".
"El pueblo debe restablecer la Constitución y las leyes en las elecciones de 2014, por ello es fundamental la unidad para generar una alternativa", agregó el opositor.
Para el senador opositor Bernard Gutiérrez, de Convergencia Nacional, el fallo genera "muchas más dudas" de las que ya tenía la oposición "sobre la probidad e independencia" de los magistrados, a quienes acusó de beneficiar a Morales con su decisión porque "le deben el favor político de sus cargos al partido de Gobierno".
"Declarar la viabilidad constitucional de la reelección de Evo Morales es un hecho que va en contra de lo que ha planteado la propia Constitución en sus disposiciones transitorias", agregó en declaraciones a la radio Erbol.

El 53% no votaría por Evo; el 41%, sí lo haría

El 53 por ciento de las personas consultadas por una encuesta de opinión en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto no votaría por el actual presidente Evo Morales en las elecciones generales de 2014, frente a un 41 por ciento que sí lo haría.

La encuesta, elaborada por la empresa Captura Consulting para el diario El Deber de Santa Cruz, incluyó 600 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años en el área urbana de esas cuatro ciudades, y fue realizada entre el 19 y 21 de abril pasados con un margen de erro del 4 por ciento, según la publicación de ayer.

Según el sondeo, el mayor respaldo a Morales está en El Alto, donde cuenta con 50 por ciento de apoyo frente a un 42 por ciento que no le daría el voto; mientras que en Santa Cruz, el bastión de la oposición política, el rechazo llega al 61 por ciento frente a un 34 por ciento que sí apoyaría al gobernante.

Para el 49 por ciento de los encuestados, ningún otro representante del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) podría tomar el lugar de Morales si el mandatario no pudiera ser candidato en los comicios.

El 32 por ciento consideró que el vicepresidente Álvaro García Linera podría ser el sucesor y muy por debajo aparecen la actual presidenta del Senado, la oficialista Gabriela Montaño (5 por ciento), y el ministro de Gobierno, Carlos Romero (4 por ciento).

El MAS ya proclamó a Morales como su candidato a los comicios de 2014 para un tercer mandato hasta 2020, en medio de un debate sobre si la Constitución promulgada en 2009 por el mismo gobernante le permite o no una reelección.

El TSE se alista para elecciones generales 2014

Mientras el escenario político del país, con miras a las elecciones generales del 2014, empieza a configurarse de a poco y da paso a la rearticulación de partidos políticos para hacer frente al implacable poderío del Movimiento al Socialismo en función de gobierno, el Tribunal Supremo Electoral inicia su labor de organización de dichos comisión con el objetivo de ampliar el padrón electoral a ciudadanos extranjeros, conforme al mandato de la Constitución y de manera obligatoria a los ciudadanos bolivianos de las 100 legaciones diplomáticas en todo el mundo y a fin de garantizar mayor participación.

"Estamos todavía en etapa de definiciones y en reuniones internas. Pasa que la Constitución nos pide empadronar de manera obligatoria a los conciudadanos que viven donde Bolivia tiene una representación diplomática. Eso presupuestariamente y logísticamente nos dificulta llevar adelante", enfatizó Wilfredo Ovando, vicepresidente del TSE.

Sin embargo, Ovando adelantó que ante la imposibilidad logística de llevar adelante el empadronamiento de ciudadanos en el exterior, el Órgano Electoral viene elaborando un Proyecto de Ley orientado a flexibilizar la obligatoriedad por un proceso gradual que ya se inició en la anterior elección, cuando participaron cuatro países. "Esa vez tuvimos la participación unos 150 mil bolivianos, ya que era con límite de ciudadanos. Entonces, ahora estimo que va a subir mucho más el promedio del padrón, ya que será de manera abierta", señaló.

En ese contexto. El proyecto de Ley, según los miembros del TSE, será presentado durante los primeros 15 días del mes de mayo para que pueda ser considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por su parte, durante la semana fue el vocal del TSE, Ramiro Paredes, quien confirmó a los medios de La Paz el inicio de los preparativos y dejó entrever que hasta el momento no contemplaría el voto electrónico, debido a una falta de presupuesto y porque aún no estaría en la agenda del ente electoral.

"Como Tribunal Supremo electoral estamos tomando en cuenta las previsiones para la organización de las elecciones del 2014, estamos en la organización total de las elecciones incorporando el voto en el exterior, como parte componente de todo un proceso electoral", manifestó Paredes.

Pasos perentorios. El vocal indicó que la primera fase de organización de los próximos comicios, establece la difusión de información a la ciudadanía para el Registro Biométrico como parte de la fase de votación, asimismo la verificación de la capacidad de recursos humanos capacitados, características de los recintos electorales para ver si requerirán personal adicional el día de la votación.

Según datos de la misma instancia electoral, para estos comicios el padrón electoral en el exterior abarcaría de las 100 legaciones diplomáticas existentes en el mundo al menos a cinco de ellas. En las elecciones anteriores ya fueron parte los ciudadanos en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Para esta ocasión se espera incorporar a los ciudadanos bolivianos en Italia, donde se estima que residen 20 mil compatriotas.

Para que ello ocurra, según Paredes, dependerá de las decisiones en Sala Plena del TSE, dependiendo de la capacidad logística y del presupuesto que disponga el Tesoro General de la Nación para poder cubrir todo este cupo. "Estamos en la fase de análisis para el ejercicio de ese derecho político de los compatriotas que radican en el exterior, no hemos tomado una decisión pese a que establece la Ley 026, que ejercen este su derecho político de votar todas las personas que están en el exterior, bolivianos y bolivianas y donde el país tiene legación diplomática", argumentó.

Falta de credibilidad. En tanto, para algunos analistas, la labor de esta entidad tiene más sombras que luces, debido a su creciente falta de credibilidad mostrada en los últimos años. "Pese a todo lo que se dice que el Tribunal es independiente y transparente, no es cierto del todo. Hay nomás una subordinación no solamente económica sino operativa del organismo hacia el gobierno. Eso debe quedar claro. Lamentablemente, tenemos un órgano que tiene debilidades en ese sentido", apuntó Jorge Landívar, analista político.

Por su parte, el politólogo Carlos Cordero señala que el MAS, si bien tiene en este momento sobredimensionadas expectativas dándose por anticipado el triunfo electoral, ellos se encuentran preocupados en ampliar la base de votantes en el exterior, donde en las pasadas elecciones tuvieron un apoyo del 75%.

En ese contexto al ver que la votación no podría ser favorable en el plano nacional, Cordero ve que el Gobierno apostará al voto de ciudadanos extranjeros. "No creo que vaya haber fraude. Lo que sí pienso, según los datos del 2009 cuando en cuatro países votaron unos 120 mil personas, de ellos el partido de gobierno recibió unos 90 mil votos. Por esa razón el Órgano Electoral está pretendiendo ampliar a 29 países, lo dijo la presidente de este ente", apuntó Cordero.

Voto extranjero. Los analistas observan como preocupante es que el Tribunal Supremo Electoral, vuelque su mirada ampliando el padrón electoral en el exterior, donde se estima que en el mundo se encuentran viviendo cerca de dos millones de habitantes en disperso, 100 legaciones diplomáticas o países del mundo. De ellos solo cinco países albergan el 90% de los bolivianos.

"Esos compatriotas que viven en el exterior no conocen lo que sucede diariamente en nuestro país. Ellos ignoran qué sucede acá, entonces esas personas seguro que van a tener mejor participación y mayor votación a favor del MAS. Bajo esa realidad es que el gobierno muestra su desesperación y apostará al voto seguro que son los bolivianos en el exterior", enfatizó Landívar.

Apuntes: Una elección que podrían deparar nuevos datos

Inusual. Con el anuncio de la ampliación del Padrón Electoral a ciudadanos del exterior, se registraría una participación histórica sin precedentes en el escenario electoral del país.

Campaña. Según el Tribunal Supremo Electoral, en el país no será tan notorio el incremento de nuevos votantes. Pero con los ciudadanos connacionales en el exterior el padrón crecerá notablemente en un promedio superior al 100%. En la elección anterior (2009) se han registrado 150 mil inscritos de ciudadanos residentes en cuatro países: Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Si se ampliara, al menos llegaría a medio millón de compatriotas. Sin embargo, según datos extraoficiales, se estima que en todo el mundo viven al menos casi dos millones de ciudadanos bolivianos disperso en cien países.

Presupuesto. Los vocales del TSE han hecho conocer que la anterior elección demandó un presupuesto de 80 millones de bolivianos. En esta ocasión, dichos comicios demandarán cien millones. Aún así, es considerado insuficiente cuando los desafíos y las responsabilidades se multiplicaran tanto en equipamiento técnico, tecnológico y de recursos humanos.

Ley: la norma exige preparar estas elecciones del 2014 en todos los países donde hay una representación diplomática. lo cual es una dificultad.

Punto de vista:

Jorge Lazarte
Exvocal de Ex Corte Nacional Electoral

"Debe haber independencia absoluta de poder"

"El principal problema del organismo electoral no es el carencia de recursos, no es financiero, no es técnico. Es de su propia confiabilidad. Porque todo lo demás es secundario con respecto a eso. Y si se confiara, puede que no tenga tecnología y recursos, los resultados siempre serán creíbles. El problema del Tribuna Electoral es haber nacido con los auspicios del gobierno lo que provoca esa falta de confianza. En un órgano electoral que es al mismo tiempo tribunal debe haber independencia absoluta de poder. El haberse declarado que son parte del proceso de cambio, con publicaciones en esa misma dirección y el hecho de no agilizar la credibilidad del propio Padrón Biométrico son muestras de todo lo descrito.

Y no han resuelto dudas que se generaron en cada proceso electoral y su comportamiento en la elección judicial, entre otros, todo eso siembra dudas, porque hay un cordón umbilical que no han resuelto hasta ahora. Mientras no rompan ese cordón umbilical, siempre serán sujetos de duda y sospechosos a la vez. Así en esas condiciones llevarán adelante las elecciones, lamentablemente.

Entonces en todos estos años, en términos de credibilidad y confiabilidad no ha habido ningún avance. Ha habido más bien un retroceso. Técnicamente se avanzó, pero eso no es todo. Las dudas se extienden cada vez más cuando el padrón se quiere ampliar con el registro de ciudadanos en el exterior, además cuando se anuncia la introducción del voto electrónico, las dudas van a persistir. Lo que extraña en todo esto es que los partidos hagan muy poco. Están en tal situación de debilidad que no dicen nada".

Entre 2011 y 2012, 362.073 bolivianos no volvieron al país



En los precedentes dos últimos años, 1.527.187 bolivianos salieron del país, de los cuales 1.165.114 retornaron y 362.073 connacionales no regresaron, según los datos de la Dirección General de Migración (Digemig). Ahora, Brasil, Argentina y Chile son los destinos preferidos.

De acuerdo con la información de flujo migratorio, en 2011 salieron del país 680.545 compatriotas y retornaron 520.148, y en 2012 sólo volvieron al territorio 644.966 de 846.642 personas que viajaron al extranjero. Lo que hace una diferencia de 362.073 bolivianos que aún permanecen fuera del país por distintas razones.

Los bajos niveles de desarrollo humano, sumados a los importantes sistemas de contratación laboral para llevar fuerza de trabajo joven y barata a los países de destino, explican la razón principal de la salida y el no retorno de bolivianos, dice el estudio “Perfil Migratorio de Bolivia”, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos son las naciones que tienen el mayor número de migrantes. Otro destino es España, pero la cuantificación de salidas incluye en el flujo a Perú y Brasil, la población utiliza estos dos países para atravesar el continente por vía aérea. (Ver infografía).

Uno de los ejemplos es el de Lizeth Casas, de 27 años, contactada por La Razón a través de las redes sociales. Ella radica en Madrid (España) hace ocho años y en este tiempo realizó diferentes actividades para ganar dinero. “Llegué (a España) cuando tenía 19, allá (en Bolivia) no tenía posibilidad de ganar bien, soy secretaria y lo máximo que me ofrecían era Bs 900. ¿Quién puede mantener a su familia con eso? Acá gané hasta Bs 9.900 por mes, pero ahora las cosas no están bien y no sé si esperar o regresar”.

En esa coyuntura, en mayo se aprobará una norma para regular la migración en el Estado y otorgar beneficios a los connacionales.España. Hace diez años el país ibérico era uno de los destinos migratorios más requeridos, pero desde 2009 se empezaron a registrar significativas salidas de bolivianos y los padrones municipales reflejan ello. En 2009 se cuantificó a 222.497 connacionales, en la gestión siguiente, 210.624; en 2011, 206.635; en 2012 se contabilizó a 186.018, explicó el sociólogo y autor del “Perfil Migratorio de Bolivia”, René Pereira.

“En cuatro años hablamos de 50.085 bolivianos que dejaron España. Estas cifras incluyen a regularizados e indocumentados porque en el padrón todo español y migrante debe participar para gozar de servicios sociales gratuitos”, indicó Pereira.

Rodolfo Piérola, vicepresidente del Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior (CIRBE), aseguró que la situación se debe a la actual crisis económica que atraviesa el país europeo, Pereira coincidió con esta versión. La agencia AFP informó el jueves que España superó los seis millones de habitantes sin empleo, lo que representa el 27,16% de su población activa.

Similares hechos ocurren en Estados Unidos, que tuvo un auge importante entre los años 80 y 90, sin embargo, el endurecimiento de las normas de sus estados, que castigan a extranjeros indocumentados inclusive con penas privativas, ocasionó la reducción de migrantes, refirió Piérola.

Bajo estos argumentos, muchos de nuestros migrantes en Europa apuntan a Brasil, Chile y Argentina, como sus nuevas oportunidades laborales, al igual que la población que aún permanece en territorio nacional, pues en los tres países existe un alto requerimiento de mano de obra para la construcción, textilería y agricultura de verduras, frutas y floricultura, aseguró el representante en Bolivia de la OIM, Wálter Arce.

Piérola aseveró que por lo menos el 80% de los 13.606 bolivianos que dejaron España retornaron al país, un 8% optó por naciones europeas como Italia, Gran Bretaña y Alemania, y un 12% se fue a Brasil y Argentina.

Añadió que estos dos últimos Estados, además de Chile, atraen significativamente a nuestra población por la cercanía que facilita el ingreso y el mismo idioma. “Los migrantes llegan por carretera y por el convenio del Mercosur se puede ingresar con carnet de identidad, pero sólo por 30 días, aunque muchos deciden quedarse”.

No obstante, Pereira recalcó que quienes dejaron Europa no están regresando a Bolivia, porque no hay una oferta importante de empleo, ni una transformación del aparato económico productivo, por lo que no existe una imagen positiva que atraiga el retorno de este grupo poblacional.

El perfil migratorio de bolivia

TecnologíaEl estudio de la OIM indica que la existencia de redes sociales de migrantes impulsa la partida de bolivianos, porque se ofrecen oportunidades laborales y facilidades en la llegada.ExteriorLa investigación fue actualizada a noviembre de 2011 y estima que más de 700.000 connacionales viven en el extranjero. Los movimientos tuvieron como principal destino a Argentina, donde residen 345.272.

Norma prevé espacios de denuncias en consulados

La Ley de Migración será promulgada en mayo por el presidente Evo MoralesLa Ley de Migración dispone en el artículo 57 la apertura de espacios de denuncias de vulneración a los derechos de los migrantes bolivianos en el exterior, que será instalado en cada consulado.

La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el jueves 18 y establece espacios en los diferentes consulados para que los connacionales, principalmente mujeres, denuncien hechos de acoso sexual, laboral y otras forma de violencia.

Así también que las misiones consulares coadyuven con la repatriación de restos humanos bolivianos, fallecidos en el exterior, especialmente a las familias de extrema precariedad y escasos recursos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, señaló que las políticas, la institucionalidad y la regulación de la migración son los aspectos más destacados de la ley, que será aprobada en mayo por el primer mandatario, Evo Morales.

“Es una ley muy completa respecto a derechos y deberes. Se tuvo mucho cuidado en temas de clases de permanencia, admisión y/o prohibición de ingreso, los tipos de visas”, dijo Tejada.

La norma tiene 69 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una abrogatoria. La mayor parte del contenido se refiere a la migración extranjera, que a los residentes bolivianos en el exterior.

Bolivia, con mano de obra muy requerida

La mano de obra boliviana es bastante requerida por los países extranjeros con ofertas laborales debido a la eficiencia del trabajo, señaló Wálter Arce, representante en Bolivia de la Organización Internacional para las Migraciones.

“Sin duda alguna la mano de obra boliviana es una de las más requeridas por los países extranjeros, tienen la característica de realizar buen trabajo, son confiables y honestos, es así como se desenvuelven fuera de su país y esto es muy conocido por las instancias”, dijo Arce.

Rodolfo Piérola, vicepresidente del CIRBE, coincidió con ello y añadió que también se debe a las remuneraciones. “Los bolivianos son conocidos como trabajadores porque en la mayoría de los casos siempre están dispuestos a trabajar más a cambio de horas extras”.

Gobierno anuncia que El Alto será una de las ciudades más modernas

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, anunció el sábado que el Gobierno continuará trabajando en favor de la ciudad de El Alto hasta convertirla en una de las ciudades más modernas de Bolivia.

“Con ustedes estamos levantando una gran ciudad, sintámonos orgullosos de nuestro querido El Alto, la vamos a convertir en una de las ciudades más poderosas y más modernos de nuestro querido país, porque eso merecen los alteños”, manifestó en sus declaraciones transmitidas por la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI).

La segunda autoridad del Ejecutivo boliviano recomendó a los jóvenes de esa ciudad, una de las más pobladas de Bolivia, disciplina y consecuencia, y que “sean siempre los mejores”.

En esa dirección, según la agencia estatal de noticias, aseguró que El Alto será la ciudad con más carreteras de doble vía de todo el país, incluso, superando a Santa Cruz.

Asimismo, informó que ya se lanzó la licitación para la construcción del primer tramo de la carretera Río Seco-Huarina, que forma parte del proyecto doble vía Río Seco-Tiquina, obra que se estima se inicie a mediados de este año.

“Otra carretera a construirse es Río Seque-Cumbre, que unirá directamente El Alto con los Yungas, para la que existen los recursos, además de las dobles vías El Alto-Oruro y El Alto-Viacha”, sostuvo, citado en un boletín institucional reflejado por la ABI.

Por otra parte, García Linera aseguró que la ciudad de El Alto contará con todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, gas domiciliario, electrificación, salud y educación.

GAS

Por otra parte, García Linera está en la vanguardia en la instalación de redes de gas domiciliario, con una cobertura de más de la mitad de la población de al menos 850 mil habitantes.

“Queremos que toda Bolivia tenga gas domiciliario pero no cabe duda que El Alto es vanguardia en instalaciones de gas domiciliario. Hay toda una revolución energética en esta ciudad joven luchadora y heroica defensora del gas”, explicó a la ABI.

En ese marco, el segundo del Ejecutivo boliviano afirmó que al menos 114 mil casas en El Alto ya tienen gas domiciliario de gas, lo que significa que alrededor de 550 mil alteños gozan de ese servicio de los 850 habitantes que viven en esa urbe, según datos del último Censo de Población y Vivienda.

“Entonces calculamos que cerca del 70% de los alteños ya tienen su gas a domicilio y es la ciudad de toda Bolivia que más conexiones de gas tiene y se lo ha ganado por su lucha, con sus muertos y su sacrificio por defender el gas”, justificó.

Destacó que el gas domiciliario permite un gran ahorro para las familias tomando en cuenta que pagan al mes entre 8 y 10 bolivianos, contra los 22 ó 24 bolivianos que se paga por una garrafa.

García Linera afirmó que las otras ciudades también tienen planes progresivos de instalación de redes de gas domiciliario como uno de los principales logros de la nacionalización de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, medida que cambió la economía boliviana.

28 abril 2013

Cristina Mamani Aguilar: “Necesitamos 1.500 jueces y solo tenemos cerca de 850”

La acumulación de causas y la falta de jueces siguen siendo los principales problemas de la justicia en Bolivia. Así lo admitió la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, en la entrevista con EL DEBER

¿Es cierto que medio centenar de jueces fue suspendido?
Se suspendió a cerca de 50 jueces en todo el país, de los cuales 28 ya fueron restituidos. Si se trata de suspensiones disciplinarias, los procesos duran entre uno y dos meses, pero si es por procesos penales, son reincorporados casi de inmediato.
La Policía siempre se ha quejado de que los jueces liberan fácilmente a los reincidentes, ¿qué opina?
Esta situación es prácticamente responsabilidad del Ministerio Público, él es el director de las investigaciones, pero muchas veces seguramente no tiene argumentos para mantener detenidos a los supuestos delincuentes. Esta situación la tenemos que revisar ambos.

¿Se avanzó en la reducción de la retardación de justicia?
Hemos hecho un análisis desde 2005 y cada año van quedando miles de causas pendientes. Sumada a esa mora procesal, la población ha crecido vegetativamente, pero seguimos teniendo alrededor de 850 jueces. Este año organizamos un encuentro para la gestión judicial y determinamos ampliar las competencias de los jueces de provincias, que no tienen tanta carga procesal como los de la capital. Algunos atienden entre 15 y 20 casos al año.

¿En qué ámbitos deberían ampliar sus competencias?
Queremos ampliar a partido y a laboral. Hay que reorganizar esto para que la justicia llegue al pueblo. Los juzgados están concentrados en las capitales y no tanto en provincias.
Usted dice que hay unos 850 jueces, ¿cuántos se necesitan para atender la demanda?
En el encuentro de gestión judicial se estableció llegar por lo menos a 1.500 jueces a escala nacional (provincias y capitales).

¿Cree que se podrá llegar a esa cifra o es difícil?
Pasa por recursos económicos, es muy difícil porque las demandas nos llueven por todos lados, nos piden creación de juzgados, pero también se necesita ambiente, mobiliario, personal de apoyo y sabemos que el Estado no tiene recursos suficientes.

¿No les facilita el Estado?
No tenemos el presupuesto adecuado, quisiéramos tener como los otros órganos, pero el Órgano Judicial recibe un presupuesto bastante reducido en comparación con los otros. Recibimos alrededor de 0,15% (Bs 258 millones) del total del Presupuesto General de la Nación. El gran problema es el de los recursos, el Órgano judicial vive de ingresos propios que generamos de servicios de Derechos Reales, de notarías y de alguna cooperación internacional. Queremos fortalecer nuestros recursos propios.

¿Para qué alcanza el presupuesto actual?
Los recursos que tenemos hoy solo se destinan a sueldos, no hay inversión.
En octubre de 2011 se eligió a autoridades judiciales por voto directo, pero ¿quedó corto este proceso?
Sí. El cambio de autoridades no ha sido suficiente, faltan disposiciones legales que realmente permitan hacer los cambios en la justicia, códigos; entiendo que la Asamblea Legislativa está trabajando y veremos de qué manera se puede cambiar. También hemos planteando soluciones a la parte administrativa

LAS CIFRAS PREOCUPANTES

Gestión 2011
La mora procesal en el país llegó a 340.107 causas. De más de medio millón de causas, solo un 43,2% fue resuelto y un 56,8 quedó pendiente.

Por Departamento a 2011
En La Paz se tenían acumuladas 97.121 causas; en Cochabamba, 95.732; en Santa Cruz, 86.432 causas; y en otras regiones un promedio de 10.000.

Rodríguez Veltzé estima que demanda marítima tendrá fallo en cuatro años



El Embajador Plenipotenciario ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó este domingo que la demanda marítima presentada contra Chile podría demorar aproximadamente hasta cuatro años en tener un fallo, debido a los plazos procesales que establece la presentación de pruebas y alegatos, al cual tienen derecho los demandantes y los demandados.

En ese marco, explicó que Bolivia y Chile deberán tener un periodo de tiempo en el que presenten lo que se denominan las memorias de la demanda, donde las partes prepararán en un tiempo que puede extenderse posiblemente a más de un año, todos los antecedentes convenientes para sostener su posición ante la Corte de La Haya. Será en esa oportunidad en la que Bolivia presentará los antecedentes recopilados.

"En realidad no hay plazo definitivo, lo que se puede hacer es una aproximación de que una vez cumplidas estas etapas de presentación de estas memorias en un año y medio luego de la presentación de los alegatos orales en otro tanto. Se puede pensar que en unos 3 a 4 años podamos contar con una resolución, esto es aproximado indudablemente, pero, es posible que se acorte ese debate", manifestó Veltzé a Radio Erbol.

A ello se suma que Chile dispone de un plazo de tiempo para acreditar un agente que lo represente en La Haya y debe presentar lo que considere conveniente ante esta instancia internacional. En aproximadamente un mes el presidente del Tribunal convocará a los agentes de ambos países, con quienes resolverá los términos para la consecución del proceso. Luego de esta etapa vienen los alegatos orales antes de que el Tribunal entre en la etapa de deliberación y formule su resolución final.

LA DEMANDA

Rodríguez Veltzé, ex presidente de la República, explicó, también que desde el anuncio del Gobierno para iniciar el proceso internacional a Chile, 23 de marzo de 2011, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), recopiló todos los documentos radiofónicos y televisivos en los que el Gobierno Chile planteó la necesidad de resolver la centenaria demanda boliviana de retornar al mar con soberanía, lo que es la base fundamental de la demanda presentada a La Haya.

"El derecho internacional ha ido evolucionando, no solamente es un garante de la vigencia de los tratados, también tiene como fuentes del derecho, como fuentes de razonamiento otras consideraciones que hacen precisamente a garantizar que los países puedan sostener unas relaciones pacíficas, armónicas y que esta declaraciones, compromisos o gestiones que se hacen tengan un sentido de vigencia y de estabilidad", manifestó Veltzé.

"El derecho común incorpora como parte de las fuentes del derecho, de las bases para resolver problemas determinadas doctrinas que señalan que los ofrecimientos y las conductas de los Estados pueden generar también derechos. Este es el razonamiento que se ha adoptado en la demanda que presenta Bolivia, asumiendo que Chile ha mantenido una política de preocupación por resolver el enclaustramiento marítimo boliviano y en esta línea se ha recopilado estos hechos que están debidamente documentados que así lo reflejan", agregó.

Finalmente, explicó que en caso de que La Haya emita un fallo favorable hacia Bolivia, el Gobierno chileno deberá aceptar la sentencia por los reglamentos de la Corte Internacional de Justicia, pues todo país que está suscrito a este organismo internacional debe acatar el fallo. En caso de un rechazo se podría iniciar un proceso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que utilizará todos sus mecanismos para hacer respetar el fallo.

ANTECEDENTES

La demanda marítima surge luego de que el Gobierno del presidente Evo Morales forjara junto a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, una agenda de 13 puntos que, en lo que respecta a este punto, establecía la necesidad de generar propuestas útiles, factibles y concretas para resolver este problema centenario.

Pero los avances logrados con Bachelet se vieron diezmados con el nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, porque las reuniones y las propuestas que Chile debía presentar sobre este tema no fueron posibles lo que, según la Cancillería boliviana, no generó espacios para arreglar esta demanda, provocando retrasos que obligaron a Bolivia asumir otras medidas.

Fue en ese contexto que el presidente Morales, el 23 de marzo de 2011, anunció con presentar una demanda a estrados internacionales para recuperar la salida al mar, y luego de dos años la misma fue concluida.

El pasado 23 de marzo, el mandatario dio a conocer que la demanda estaba lista por lo que, antes de su presentación ante la Haya, se definió socializar la misma, en sus aspectos generales, ante ex presidentes y ex cancilleres, partidos políticos, organizaciones sociales y población en general.

Tal medida motivó al Gobierno de Chile al repudio desde diferentes esferas, pero también a perfilar acciones de respuesta, pues desde el 2011, como dijo el canciller chileno Alfredo Moreno, se cuenta con recursos para iniciar la defensa de Chile.

A ello se suman las reuniones políticas a las que el presidente Piñera convocó para unificar la postura frente a este nuevo juicio que enfrentará en la Haya, pues actualmente tiene una disputa con Perú sobre la delimitación marítima entre ambos países.

ANF

Funeraria trabaja con personal de homicidios para obligar a dolientes a contratar sus servicios

De la manera más natural y disimulada existen funerarias que trabajan en complicidad con agentes de Homicidios para persuadir a los dolientes a contratar sus servicios. Este trabajo incluye toda la documentación necesaria, inclusive el certificado de función, para proceder al entierro de los muertos.

Concepción Pinto tuvo la tragedia de vivir esta situación el 6 de diciembre pasado, cuando falleció su hijo Edwin Zeballos de 33 años de edad, quien luego de un desmayo muere inesperadamente al llegar a un hospital de Villa Dolores.

Tras el suceso, doña Concepción llamó a los oficiales de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y a personal de la enfermería del hospital, quienes de manera sutil le habrían obligado a contratar los servicios de una funeraria de El Alto.

Sin embargo, este procedimiento se habría dado sin la intervensión de médicos forenses, quienes deberían precisar las causas del deceso, lo que a simple vista le pareció extraño.

“Cuando llegó mi hijo a la clínica sólo le dieron los primeros auxilios, para hacerlo reaccionar, pero sin la ayuda de equipos y a los pocos minutos los funcionarios de la clínica llamaron a Homicidios que llegó directamente con la funeraria (..)”, indicó.

De acuerdo a la afectada este hecho se habría presentado a pesar de que los familiares solicitaron que el cadáver ingrese a la morgue, para un estudio forense, con el fin de determinar las causas de la muerte, “sin embargo el suboficial ha decidido que el cuerpo se quede y que la funeraria se lo lleve”.

La doliente no tuvo otra opción que aceptar el chantaje del funcionario policial de Homicidios, de contratar la mencionada funeraria, para poder liberar el cuerpo de su hijo que se mantenía en la clínica y que a la final nunca le dijeron de qué falleció.

“Parece que tenía catalepsia, porque se desmayaba y luego se recuperaba, pero esta vez directamente me han pedido que lo lleve a la funeraria, para que lo entierren y cuando solicite abrir el ataúd de mi hijo, verifique que él estaba con los ojos abiertos y había movido sus manos, por eso tengo la duda de que me lo enterraron vivo”, explica Pinto.

La funeraria entregó un certificado de defunción, en opinión de la familia, de manera irregular donde se determina que la muerte de su hijo fue por Cirrosis Hepática enfermedad que no fue constatada por un médico forense, sin embargo, el documento de defunción está firmado por el médico Freddy Yana Coarite (MAT-Y19) e incluye la firma del oficial de registro civil poco legible de apellido Ramos Apaza.

Por este trabajo la doliente pagó la suma de Bs 1.800, pero hasta la fecha no logró tener una respuesta médica para conocer de qué murió su hijo y sólo se quedó con el amargo pesar de que la “muerte es un negocio de tres instancias”.

EL DIARIO se apersonó a la funeraria denunciada, ubicada en la zona de Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto, para enterrar un cuerpo que supuestamente falleció por vejez. De manera inmediata, la propietaria confirmó todos los servicios de dicha entidad que incluyen certificados de defunción a un precio de Bs 200 y la formolización del cuerpo que asciende a Bs 100, para que no tenga olor el cadáver, el servicio también incluye el velatorio a Bs 300 y hasta un bus de dolientes a Bs 100.

Según se supo, la solicitud del servicio fue efectuada por intermedio del funcionario de Homicidios Egberto Tudela V, quien recomendó que la persona doliente contrate a la funeraria por el precio total de Bs 1.600, monto que llega a cancelar ataud laqueado barnizado, forrado, capilla ardiente, carroza fúnebre, trámite de nicho en el Cementerio General para tres años, trámite de certificado de defunción en Registro Civil, vigilia en el Cementerio General, sábana y santa cirios.

Finalmente el caso fue denunciado al director de la Felcc, coronel Ramiro Magne, a quien se le dio a conocer que funcionarios de Homicidios estarían trabajando con funerarias irregulares, con quienes llegan a contactarse para entregar los cuerpos, sin la intervención de un médico forense. El director de la entidad se comprometió a efectuar un proceso de investigación, no sin antes conocer el caso denunciado.