¿Cómo está el trabajo de coodinación con la Fiscalía?
F.Z.: No quiero generar más distanciamiento con la Fiscalía. Pero, en definitiva hay una mala lectura de los antecedentes. Ambas instituciones están dedicadas a la seguridad ciudadana, no necesariamente a partir de un delito. Nuestra función es precautelar los derechos. Debemos sentarnos con el Ministerio Público, dejando egoísmos, para animarnos a hacer la labor preventiva. Es lo que pido a la Fiscal del Distrito, con quien ya coordinamos, pero hay tergiversación de funciones. Necesariamente debemos coodinar y pensar en el pueblo cruceño.
¿Cuál considera que es la raíz del problema con la Fiscalía?
f.z.: Por ejemplo, el tema de los colombianos que hacen microcréditos está en el campo penal, porque ellos utilizan medios coercitivos para cobrar, prestan a intereses superiores a los legalmente establecidos y no declaran el origen del dinero que prestan. Si bien prestan pequeñas cantidades, haciendo una suma de todos, es un monto importante. La Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) está encargada de vigilar a toda empresa que está relacionada con microcréditos y el primer requisito es que declare el origen del dinero. Estos ciudadanos operan rompiendo estas normas legales y deben ser investigados.
En la práctica, ¿cómo afecta a su trabajo?
f.z.: Hicimos un operativo conjunto con la Fiscalía, retuvimos tarjetas, dinero y pese a esto los dejaron en libertad. Además, le informamos al Ministerio Público sobre los domicilios donde se reúnen extranjeros, que están cometiendo hechos que deben ser investigados. Es posible que hubiera delito, cuando hay armas de fuego y drogas, en el interior de una vivienda, según la información que tenemos. Por ello, solicitamos un allanamiento, pero la Fiscalía no nos da la orden, dicen que tiene que haber un caso abierto, un denunciante. Entonces, ¿Estamos esperando que se cometan delitos para actuar?.
Ya hemos identificado colombianos que se dedican al microcrédito, a otros que eran parte de una red de extorsión en Puerto Suárez, recuperamos a un joven colombiano de manos de unos secuestradores también colombianos. Identificamos a extranjeros que se dedicaban al robo de teléfonos, pero falta apoyo de la Fiscalía para seguirles proceso.
En los operativos con los brasileros hubo quejas de ir contra los derechos humanos ¿Cree que hubo excesos?
f.z.: Santa Cruz se ve beneficiada con los estudiantes extranjeros, por toda la actividad económica que generan, pero todo ciudadano, boliviano o extranjero, tiene la obligación de portar su cédula de identidad. Un oficial lo puede solicitar en cualquier momento. Pero los extranjeros dicen que no lo portan porque tienen miedo de perderlos y el trámite de renovación les lleva mucho tiempo. Un extranjero no puede decir libremente que no tiene sus documento, cuando ocurre esto son conducidos a Interpol, no arrestados, ni aprendidos, son llevados para que se pueda verificar su identidad. Cuando se comprueba, se los deja en libertad, sin trámites, sin multas, sin nada. Entonces, no vulneramos los derechos de nadie. Son acciones preventivas para evitar hechos delictivos. En los operativos que realizamos cerca de las universidades, no hemos identificado a extranjeros en hechos delictivos.
¿Qué se hace para mejorar la imagen de la institución?
f.z.: El registro biométrico es un avance porque se verifica la identidad del extranjero. Estimamos que hay entre 40 a 50 mil extranjeros y nuestra capacidad para controlar llega a los 100 mil. El trabajo tomará mucho tiempo, pero debemos de hacerlo. Además, comenzaremos a informar a los ciudadanos extranjeros sobre sus derechos y obligaciones en las universidades. Primero en la Udabol y Ucebol, donde hay más brasileros.
Hicimos operativos con la Fiscalía, hubo aprendidos, pero los dejaron libres.
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