21 junio 2013

Una comisión investigará las acciones pasadas de Doria Medina

A la conclusión de la interpelación al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el vicepresidente Álvaro García Linera instruyó a los asambleístas conformar una comisión de investigación contra el jefe de UN y empresario, Samuel Doria Medina.

“Yo les pido investiguemos esta privatización y el enriquecimiento ilícito e informemos con detalle al pueblo y si es posible establezcamos las vías de sanción contra estos vendepatrias”, manifestó el Vicepresidente, quien propuso que esa comisión esté conformada hasta una próxima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Para concretar el objetivo, la autoridad se amparó en la Constitución Política del Estado, que establece la imprescriptibilidad de los delitos que atenten contra el patrimonio estatal, cometidos por servidores públicos.

Mientras que el titular de la Presidencia emplazó al opositor a transparentar su patrimonio: “que levante el secreto bancario”, emplazó en medio de aplausos de parlamentarios oficialistas en la Asamblea Legislativa.

Quintana realizó un detallado repaso de los antecedentes del empresario y político cuando entre 1989 y 1993 ocupó cargos públicos durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR), y a quien sindicó de ser uno de los responsables del proceso de privatización y enajenación de las empresas del Estado boliviano.

Asimismo, explicó que Doria Medina realizó una serie de convenios con los gobiernos de Estados Unidos, para recibir donaciones condicionadas a una serie de políticas entreguistas del patrimonio estatal.

“Doria Medina fue el ministro de la enajenación, de la privatización, es quien pide transparencia, aquel que buscó privatizar una empresa por semana”, sindicó la autoridad.

Señaló que esos gobiernos utilizaron gastos reservados para silenciar la injerencia internacional.

El ministro de la Presidencia también denunció con pruebas escritas que Doria Medina firmó contratos de donación condicionada con los gobiernos de Estados Unidos, es decir, el Estado recibía recursos a cambio de la erradicación forzosa, la masacre blanca de funcionarios públicos y la privatización de las empresas del Estado.

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