Esto según una proyección realizada por Página Siete sobre la base de los resultados parciales del censo 2012 y a partir de esquemas que se utilizaron en la última redistribución de curules.
El sistema que se empleó en 2005 partió de designar a cada departamento un mínimo de cuatro escaños; luego, “a través de una operación aritmética y usando los datos del censo 2001, se determinó el número extra de espacios según la población”, explica Jorge Lazarte, quien fue delegado para asuntos políticos del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
Aplicando esos dos criterios hoy, Santa Cruz ganaría cuatro escaños y Cochabamba sumaría tres. No obstante, Potosí perdería tres espacios, Chuquisaca dos y Oruro y Beni resignarían una diputación cada uno.
Ante los previsibles conflictos que estos cambios desatarían, el senador de oposición Marcelo Antezana estima necesaria una “decisión política”.
La propuesta concreta de Antezana es que se reforme la Constitución con el fin de aumentar 18 escaños a los 130 establecidos actualmente.
Los adicionales, según su propuesta, deberán destinarse a Santa Cruz (10), La Paz (4) y Cochabamba (4), para que así ningún departamento pierda y ganen los que según estimaciones -arguye- experimentaron mayor crecimiento demográfico.
A su vez, el sociólogo Ricardo Paz propone modificar la Constitución pero para eliminar el número fijo de curules (130) y así entrar de lleno a una solución estructural que ayude a traspasar las soluciones coyunturales que siempre se han tomado en esta materia.
Diferentes criterios
Precisamente para evitar esos problemas, aparte de conceder escaños mínimos y asignar espacios en función de la población, en 2005 se introdujo el “principio de justicia” que, según explica Lazarte, se aplicó bajo el criterio de que “quienes pierdan no pierdan demasiado, y quienes ganen no ganen demasiado”. Esta noción de equilibrio ayudó a consolidar la distribución de sitiales en Diputados.
La Constitución establece que el Órgano Electoral definirá la redistribución sobre la base de cantidad de habitantes registrados en el último censo, además que asignará escaños mínimos a los departamentos con “menor población y menor grado de desarrollo económico”.
Marco Ayala, vocal del Tribunal Electoral, informó que esta instancia se dedicará de lleno a este trabajo, una vez que el Instituto Nacional de Estadística le proporcione los resultados desagregados del censo, que se prevé será a inicios del segundo semestre de este año.
“Ése es el paso fundamental e inicial para poder realizar cualquier tipo de determinación. Una vez que nos lleguen los datos veremos los criterios procedimentales y técnicos para ver cómo vamos a abordar la redistribución de escaños”, sostuvo.
De forma anticipada, el vicepresidente Álvaro García Linera llamó el jueves a las regiones y actores a no perder de vista lo nacional y mantener el equilibrio cuando se aborde el asunto.
El complejo panorama de 2005
La necesidad de redistribuir escaños en 2005 fue “dramática” porque generó un conflicto entre los departamentos, que se movilizaron a través de partidos, comités cívicos y juntas vecinales porque “nadie quería perder nada”, explica Jorge Lazarte, exdelegado presidencial del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
A ese panorama, prosigue, se sumó una sentencia del Tribunal Constitucional que condicionaba el proceso electoral de diciembre de ese año a la distribución de curules. “Por tanto estaba en riesgo el mismo proceso electoral”.
Al final nadie se puso de acuerdo, fracasaron el Parlamento, los comités cívicos y las juntas vecinales, y el Ejecutivo tuvo que emitir el Decreto 28429, que norma una distribución que aún rige. “En 2005 sabíamos que el problema era político y teníamos que resolver ese problema porque de otra manera no había elecciones”, afirma.
Punto de vista
Ricardo paz Sociólogo constitucionalista Curules fijos, una “camisa de fuerza”La última vez que discutimos el tema fue en noviembre de 2005, oportunidad en la que se reasignaron los escaños mediante el Decreto 28429. Ahora, tal como mandan la Constitución y la Ley del Régimen Electoral, el Órgano Electoral Plurinacional deberá proceder a una nueva reasignación basada en los resultados del censo.
La Asamblea Constituyente desperdició una oportunidad de oro para eliminar el número fijo de diputados, 130. El tener esa “camisa de fuerza” es lo que nos genera el problema porque obliga, cada vez que es necesaria una reasignación, a que unos departamentos “ganen” y otros “pierdan” escaños.
Para resolver de forma estructural el tema hay que hacer una reforma constitucional para eliminar el número fijo de diputados y generar un criterio absolutamente técnico.
Se puede emplear la base de cinco escaños y uno cada 100 mil, en el que todos ganan, nadie pierde o se puede encontrar cualquier fórmula. Pero una solución estructural pasa por reforma constitucional.
En la solución circunstancial, que siempre se ha aplicado en los años 94, 97 y 2005, alguien gana y alguien pierde, y quedan resentimientos y frustraciones; es decir, no es una solución en consenso.
Por tanto, la solución circunstancial con 130 diputados fijos, de “camisa de fuerza”, es necesariamente una solución de confrontación y división.
La única solución estructural, de consenso y ya para siempre es la reforma constitucional, eliminando de la Constitución el número fijo de diputados.
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