En Cochabamba hay 157 jueces para un millón de habitantes

En Cochabamba hay 157 jueces para más de un millón de habitantes, lo que ha derivado en una falta de acceso a la justicia.

A eso se suma que sólo el 0,18 por ciento del presupuesto general es para el Órgano Judicial, ni siquiera el 1 por ciento en comparación con otras instituciones públicas del país.

Asimismo, el rezago judicial es del 71 por ciento en materia penal y cerca de 77 mil causas están pendientes desde el año 2012.

Según el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Javier Céliz Ortuño, si el número de causas hubiera crecido en la misma proporción que el número de juzgados, deberían haber 74 nuevos en todo el departamento pero sólo hay 4 que fueron creados hace algunas semanas atrás.

La información fue dada a conocer durante la primera Cumbre Departamental "La opinión del pueblo para construir una justicia plural" que empezó ayer con la exposición de diferentes profesionales y hoy viernes continúa con las mesas de trabajo para concluir con propuestas de solución a la crisis judicial.

Los documentos serán dados a conocer en la Cumbre Nacional que se llevará a cabo dentro de dos semanas en Sucre.

LOS RETOS Para la autoridad departamental los problemas son estructurales y deben encontrarse soluciones urgentes.

El reto, dice, es que en esta Cumbre se realice un análisis crítico y constructivo y adoptar compromisos institucionales para lograr que se consolide un modelo de justicia plural en Bolivia.

La vocal de la Sala Penal Primera Nuria Gonzáles reconoce que es necesario innovar para llegar con la justicia a todos.

Sugiere, por ejemplo, que se creen los juzgados móviles en distintas jurisdicciones para que la cobertura sea mayor en busca de que no haya impunidad y tampoco ineficiencia. Advierte que la situación actual ha derivado en la afectación de los derechos de las personas privadas de libertad y en condiciones de detención como también el incremento de linchamientos y problemas por la falta de carrera judicial.

Recuerda las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para el incremento de la cobertura de los servicios de justicia incluyendo la implementación de los servicios de conciliación y la definición de una política institucional para reducir el rezago.