El capítulo tercero de la Constitución Política del Estado (CPE) (Derechos civiles y políticos) señala que los bolivianos y bolivianas tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, por lo tanto, al presentarse los videos que se habrían grabado y que fueron difundidos en el último tiempo sin el consentimiento de las personas afectadas se estaría vulnerando la Carta Magna.
Asimismo, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cita sobre este particular: “Nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques”.
Al respecto, la analista política Jimena Costa recordó que en más de una oportunidad los representantes del Gobierno volcaron argumentos de la oposición en su contra y con el caso de la senadora Carmen Eva Gonzales se demostró de manera explícita.
“Probablemente no sean sólo estos los videos que veamos en contra de la senadora Carmen Eva Gonzales sino muchas más porque frente a la situación hay que descalificar a la emisora de la denuncia, entonces no hay que sorprenderse si vemos multiplicarse esa estrategia en las próximas semanas”, puntualizó.
Dijo que estos procedimientos no son legales, sin embargo, recordó que hubo intentos legislativos puesto que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, propuso de manera oficial que se apruebe una ley autorizando a ese despacho y en determinadas circunstancias, intervenir en los teléfonos privados.
“Hay que tomar en cuenta que las denuncias que se están planteando están afectando al núcleo de quienes han sido en estos años los estrategas políticos, los que han liderado la estrategia política, desde la Vicepresidencia con los hermanos García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, esto por supuesto que iba a traer consecuencias para el denunciante”, enfatizó.
Costa manifestó que quien entregó las pruebas a la senadora estaba consciente de que tenía que hacerlo a un representante nacional porque de otra manera, cualquier otra persona iba a ser directamente acosada y procesada.
Este caso está a punto de dejar a Gonzales sin su curul, al menos en un estado de suspensión tras el debate iniciado en la Comisión de Ética. El oficialismo asegura que acudirá a esta instancia, porque advierten un caso de extorsión dentro del Legislativo.
Sin embargo, el afectado José Luis Suárez, exfuncionario del Senado, quien grabó a Gonzales presuntamente acordando un pago para el “fondo de los presos políticos”, descartó iniciar alguna acción penal, pues su alegato ya data de 2010.
“Por el momento no pienso hacer nada más porque se está volviendo un tema político y me ponen al medio. Si querían investigar esto debían hacerlo en su momento, no ahora”, declaró a la red Gigavisión.
Suárez dijo también que teme por su integridad física, ya que habría recibido llamadas amenazantes y aunque no quiso sindicar a nadie, dejó entrever quien es la “afectada” en este caso.
Respecto a los audios presentados por la senadora y que fueron contrarrestados por la defensa de Marcelo Soza, los políticos coinciden en que se debe investigar cada caso, pero en el marco de la CPE.
“Cualquier denuncia que se presente sobre un hecho irregular se debe investigar, y éste debe ser en el marco de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE) y lo más importante respetando la presunción de inocencia consagrada en nuestra CPE”, enfatizó el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Juan Carlos Cejas.
Por su parte, la diputada Norma Piérola lamentó que el Ministerio Público dé como válido el video presentado en contra de Gonzales, mientras que los audios presentados por la senadora y que implican a autoridades con el caso de supuesto terrorismo I, sean venidos abajo.
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