l pasado martes, Soboce informó sobre la sentencia del Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que instruye a la Gobernación de Chuquisaca a pagar por la expropiación de las acciones de factoría sucrense.
Dicha determinación emergió del proceso seguido por Soboce en contra del Gobierno Autónomo de Chuquisaca por la falta de pago tras la expropiación del 33,34 por ciento de las acciones de Fancesa, nacionalizada por el Gobierno de Evo Morales el 1 de septiembre de 2010, mediante el Decreto Supremo 0616.
"Un empresario Doria Medina que estando de ministro se ha adueñado de muchas empresas del Estado, entre ellos él se ha adueñado de Fancesa, Fábrica de Cemento que está en Sucre, Chuquisaca. Nosotros hemos nacionalizado, hemos recuperado y después ha hecho una demanda al departamento de Chuquisaca y yo estoy casi segurísimo, vamos a investigar, creo que se ha comprado un juez y que el juez falle a que el departamento de Chuquisaca devuelva plata a un empresario cementero", dijo el mandatario.
De acuerdo al Decreto Supremo, la Gobernación de Chuquisaca debía pagar a Soboce en los 180 días siguientes a la expropiación, pero ante el incumplimiento, el fallo judicial determinó que el Gobierno departamental, en un plazo de tres días desde el momento en que se lo notifique, pague la suma de 93,3 millones de dólares a Soboce, al margen de un interés del 6 por ciento como daños y perjuicios a partir de haberse constituido en mora.
Según Morales son "más de 100 millones de dólares" los que debe pagar el departamento de Chuquisaca a Doria Medina. "Un platudo quiere más plata y le quita plata del departamento de Chuquisaca, imagínense", dijo Morales, desde el XI Congreso departamental de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, llevado adelante en la población de Arani, Cochabamba.
En tanto, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, anunció en pasados días que apelaría esa sentencia judicial, porque, supuestamente, la presencia de Soboce en la sociedad de Fancesa "causó perjuicios" que alcanzarían la suma de 223 millones de bolivianos.
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