Gobierno denuncia que Chile juzga como civiles a soldados bolivianos

El Gobierno denunció ayer que los tres soldados del Ejército boliviano, detenidos preventivamente en Iquique, son procesados en la vía ordinaria en Chile, que antepone una resolución de su Corte Suprema a convenciones y resoluciones que rigen el derecho internacional.

Los tres soldados —Claudio Álex Choque Quispe (20), Augusto Cárdenas García (19) y José Luis Fernández Choque (18)— fueron capturados por carabineros chilenos en la línea fronteriza el 25 de enero cuando custodiaban un vehículo indocumentado que pretendía ser introducido por contrabandistas al país.

“El derecho internacional señala que cuando un Estado realiza una acción, la encomienda a determinadas personas y cualquier controversia que surja al respecto deber ser dilucidada en el ámbito del derecho internacional”, explicó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, al programa El pueblo es noticia, que difunden radios y la televisión estatales.

Sin embargo, dijo, en 2012, la Suprema de Chile emitió un Auto Supremo que dispone que cuando efectivos de un ejército extranjero hubieren ingresado a territorio chileno por un paso no autorizado, serán sometidos a la justicia chilena como civiles.

La Fiscalía de ese país presentó cargos de portación ilegal de armamento de guerra e ingreso por un paso no habilitado contra los tres soldados, delitos que tienen una pena de cinco a 20 años de prisión.

“Una regla básica es que una norma nacional no se superpone a un convenio, a una convención, a un tratado internacional”, dijo a su vez el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, entrevistado en el mismo programa.

Derecho. El que Chile haga prevalecer el citado Auto de su Corte Suprema vulnera el artículo 14 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Resolución 25 de ese organismo de 1970, añadió.

El primero privilegia el “arreglo pacífico de cualesquiera situación sea cual fuere su origen (…) que pueda perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones”.

Mientras que la Resolución 25 —“Declaración de los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados”— establece que éstos “arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. (…)”.

También dice que “los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales (…).

Lo ocurrido el 25 de enero para la Cancillería boliviana es un conflicto diplomático. “Ha habido un involuntario traspaso de frontera en la lucha contra el contrabando y esto debe aclarase y resolverse por la vía diplomática, pero remitir a uniformados de las FFAA bolivianas a la justicia civil es una violación flagrante de la norma internacional”, precisó Alurralde.

Saavedra, a su vez, alegó que no puede juzgarse a los tres soldados como civiles y acusarlos de portación ilegal de armas de guerra —tenían un solo fusil FAL cuando fueron aprehendidos—, cuando los efectivos de las Fuerzas Armadas de cualquier Estado del mundo están autorizados a portar armas de guerra.

Incumplimiento. “Acá debió ocurrir que Chile haga hacer conocer por la vía diplomática el Estado boliviano esa circunstancia (detención) y si el Estado boliviano no hubiera respondido, hubiera tenido el derecho de acudir a las instancias de arreglo de controversias”, manifestó.

“Pero lo que ocurrió —añadió—es que el Estado chileno atribuye competencia a un tribunal ordinario para el juzgamiento de nuestros tres soldados. Aparentemente en ese proceso ordinario se estaría buscando juzgar las acciones del Estado boliviano, porque nuestros soldados no estaban actuando a título personal, estaban cumpliendo una misión que les encomendó el Estado boliviano”.

La autoridad también destacó que el país trasandino, en este caso, incumplió tres acuerdos específicos de lucha contra el contrabando.

Un acuerdo bilateral de 1937, en el que ambos países toman la decisión de luchar contra el contrabando, al que definen como un delito internacional, y se comprometen a cooperarse. El Acuerdo de Asunción, suscrito en el marco del Mercosur, en que el que sus miembros se comprometen a cooperarse en la lucha contra el tráfico de vehículos indocumentados (1999) y un acuerdo de 2008, suscrito entre la Policía boliviana y Carabineros de chile con el mismo fin.

Temen en Bolivia uso político del caso

El Gobierno de Bolivia teme que Chile esté haciendo un uso político de la captura y el proceso penal contra tres soldados del Ejército. La sospecha fue formulada por el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, y el vicecanciller Juan Carlos Alurralde en el programa El pueblo es noticia, que emiten la red Patria Nueva y la televisora estatal.

“De la lectura preliminar que hacemos es que se está pretendiendo hacer un uso político del caso, político interno en Chile. No sabemos si para distraer a la opinión pública o por otro motivo”, dijo el primero.

Alurralde, a su vez, mostró la ayuda memoria entregada por la Cancillería chilena al cónsul de Bolivia en Santiago, Ramiro de La Fuente, que en su último párrafo dice “El Ministerio de Relaciones Exteriores junto con poner en conocimiento estos hechos manifiesta su disposición para darle una pronta y expedita solución, solicitando se evite la repetición de situaciones inamistosas que alteran la normalidad que debe imperar en una relación bilateral”.

Esta disposición inicial, de resolver el incidente fronterizo por la vía diplomática—dijo el vicecanciller— se contradice con la evolución del caso. Los soldados bolivianos están detenidos y el tribunal que ordenó su aprehensión rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de los tres uniformados.

“Estos temas nos preocupan y nos hacen imaginar una especie de represalia. Pareciere que esto resultase una especie de represalia porque Bolivia está por primera vez en una seria, férrea y calculada estrategia de reivindicación marítima”, señaló.