Constitucionalistas sugieren tomar acciones internacionales contra Chile

En Bolivia, la población espera el pronto retorno de los soldados manifestando con sus firmas y cartas el rechazo a la injusta detención.

El constitucionalista Carlos Alarcón pidió ayer al Gobierno boliviano declararse en estado de emergencia para rechazar el juicio a los tres soldados en Chile, acusados de cruzar líneas fronterizas portando un arma de fuego el pasado 25 de enero, argumentando que debe convocarse a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para resolver oficialmente el caso. Por su lado, el abogado William Bascopé dijo que Chile se expone a un juicio por vulneración de derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con Alarcón, el juicio penal que determinó la justicia chilena para los tres soldados bolivianos, además de un arraigo nacional en el mismo país, el lunes 25 en Iquique, es “inadmisible”, para el pueblo boliviano, ante las legislaciones internacionales que se rigen en los países del continente, considerando el hecho de una “humillación internacional” por parte del vecino país.

“El hecho de haber sometido a un juicio penal a los soldados bolivianos que estaban ejerciendo una representación y una función del Estado boliviano es una agresión internacional de parte de Chile contra Bolivia, aceptar al juego de ese juicio penal es inaceptable para Bolivia, porque en ese juicio no solamente se está juzgando a los tres soldados, sino se está pretendiendo juzgar a todo un país, al conjunto de los bolivianos a los cuales nos representan esos tres soldados”, señaló a EL DIARIO.

Para el constitucionalista no fue una respuesta coherente el que el Gobierno haya aceptado ese proceso judicial, sin embargo, dijo que el caso puede tratarse con mayor profundidad ante organismo internacionales, y “no dejar que el juicio prosiga”, sino que las autoridades chilenas liberen sin restricción a los conscriptos y restituyéndolos al territorito boliviano, “convocando de manera inmediata con carácter de emergencia a la OEA, a la Unasur y al ALBA”, recalcó.

El profesional sugirió que el primer paso para llegar a escenarios internacionales es enviar una carta oficial y escrita de manera categórica, rechazando ese juicio con el argumento de agresión al Estado boliviano y exigiendo la inmediata liberación de los conscriptos.

Bascopé, por su lado, explicó a los medios estatales que el caso debió manejarse desde un principio por la vía diplomática y el error de origen recae en las autoridades chilenas, que plantearon un juicio penal innecesario y que por las recientes evidencias podría caer en una violación a los derechos humanos.

“Chile se expone a ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar los derechos de los tres conscriptos”, dijo en referencia además a la Convención de Viena vigente sobre estos impasses bilaterales.

Finalmente, en declaraciones al diario digital Oxígeno, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores, pidió al Gobierno acudir a cada instancia legal interna y externa para precautelar los derechos de los tres soldados.

“Está claro que no corresponde el juzgamiento de estos soldados por una jurisdicción extranjera porque están bajo la soberanía del país y el proceso que se hace en Chile debe ser canalizada y vista a través de la Cancillería y corresponderá hacer las representaciones pertinentes ante los organismos internacionales”, indicó Flores al momento de pedir todos los recaudos para proteger a los bolivianos arraigados en el vecino país.

“Es importante destacar que los soldados bolivianos están bajo bandera boliviana y bajo soberanía del Estado porque estaban cumpliendo funciones en la lucha contra el crimen internacional organizado”, agregó el magistrado desde Chuquisaca.

DATOS

La Convención de Viena habría sido vulnerada en el caso de los tres soldados, cuando se les obligó a renunciar a sus derechos.

Tres abogados constitucionalistas previeron procesos contra la administración del vecino país por esta causa.

Ayer, la Fiscalía acordó con la defensa la figura de suspensión condicionada del procedimiento.