31 enero 2012

Cancillería y Segip acuerdan otorgar licencias de conducir a personal extranjero acreditado en Bolivia

La suscripción del acuerdo se registró entre el canciller David Choquehuanca y el director del Segip, Antonio Costas.

"Es el segundo convenio que se está firmando con la Cancillería y con este convenio fortalecemos el trabajo que se realiza con esta institución", señaló Costas.

Costas aseguró que las licencias de conducir se las entregará al personal extranjero en el marco de la formalidad que deben cumplir en el país.

El documento tendrá las mismas medidas de seguridad que el carné de identidad y el costo será de 50 bolivianos.

Más de cien jóvenes asisten al reclutamiento militar

En el primer día de reclutamiento, más de cien jóvenes se presentaron con la esperanza de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio.
Ayer, desde muy temprano, varios jóvenes se presentaron al Regimiento de Infantería 2 Sucre para registrarse en el centro de reclutamiento.
En el patio de Honor del centro militar la banda de música interpretaba ritmos nacionales para alentar a los jóvenes que recorrían las mesas para registrarse. Luego, pasaron por la revisión médica.
El comandante del Regimiento de Infantería 2 “Sucre”, teniente coronel Ronald Prudencio, dijo que el proceso de reclutamiento proseguirá hasta abril, como manda el nuevo Servicio Militar Obligatorio.
Durante este tiempo, los jóvenes que lleguen a ser aceptados para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio serán destinados a la Escuela de Cóndores en Sanandita; posteriormente, serán remitidos al Batallón V de Ingeniería Napoleón Ovando y al Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade.

Familia de Leopoldo Fernández continúa el proceso contra Quintana

La defensa del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana no quiso aceptar la conciliación definida por la juez de Sentencia Primero en la audiencia que se desarrolló este martes respecto a la denuncia por difamación y calumnia presentada por las hijas del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, contra la autoridad de gobierno, quien habría asegurado que "la familia Fernández es la familia más mafiosa del Estado Plurinacional".

El abogado de la familia Fernández, Jorge Valda explicó que ante el rechazo a una conciliación por parte del apoderado del ministro de la Presidencia, la juez, Nancy Flores determinó dar un plazo de diez días para que la defensa de la autoridad de Estado presente las pruebas de descargo justificando las declaraciones que realizó el año pasado.

"El abogado de Juan Ramón Quintana, propuso que para llegar a una conciliación se retire la querella obviamente nosotros no podemos retirar una acusación que ya está formulada. Un juicio que ya está instaurado, pues al no haber existido una propuesta de conciliación, una oferta de retractación o de disculpas la juez a ordenando que prosiga el juicio", expresó a la prensa el abogado.

Asimismo dijo Valda que Juan Ramón Quintana fue acusado por los delitos de difamación y calumnia, toda vez habría manifestado que "la familia Fernández, es la familia más mafiosa del Estado Plurinacional", en ese sentido la acusación ha sido admitida y ya en el desarrollo del proceso.

"Juan Ramón Quintana tendrá que demostrar que sus aseveraciones son ciertas y si tiene pruebas para ello", dijo y advirtió que de lo contrario habrá una pena por los delitos mencionados.

Las hijas de Fernández tras haber instalado una huelga de hambre, el año pasado, cuando su padre fue trasladado de la cárcel de San Pedro al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, decidieron instauraron un proceso penal contra Juan Ramón Quintana por las declaraciones públicas del ex director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).

Impulsarán casos de filiaciones sin permiso del padre

En diciembre, María Ticona dio a luz a su niño, que hasta la fecha no tiene certificado de nacimiento. El padre los abandonó y se negó reconocer al pequeño con el argumento que no es hijo suyo. Sin embargo, la ley permite a la madre inscribir al bebé con el apellido paterno.

Esto último le hizo saber a la mujer la Defensoría de la Niñez, que explicó que puede registrar a su hijo con el apellido del padre aún sin el consentimiento de éste y pedir una asistencia familiar, además de otros beneficios que le corresponden. El martes, María inició el trámite del caso.

Se trata del principio de “presunción de filiación” dictado en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado (CPE), que permite la inscripción de los menores sin necesidad de la validación del papá.

La disposición garantiza al niño su derecho a la identidad y está vigente desde 2010, pero pocos la conocen. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Servicio de Registro Cívico (Sereci), se ha puesto en campaña para incentivar en las mujeres el ejercicio de este derecho.

“La mujer debe indicar la identidad del padre al oficial de Registro Civil para inscribir al recién nacido con el apellido del progenitor; es un principio que ya se lo está aplicando, pero no es conocido por todos ”, informó a La Razón la vocal Wilma Velasco, responsable nacional del Sereci y vicepresidenta del TSE.

“Esta gestión será decisiva para iniciar un proceso de difusión masiva de la norma para que las mujeres y la población en general conozcan este derecho que asiste a los más vulnerables”, adelantó la autoridad.

Velasco prevé que desde febrero se inicie una serie de campañas publicitarias con el objetivo de que las mujeres que así lo requieran comiencen a beneficiarse de la ley.

Asimismo, recalcó que el trámite y la obtención del primer certificado son totalmente gratuitos en las oficinas del Sereci de los nueve departamentos y los registros civiles.

Ya no se requiere de un examen de ADN para comprobar la paternidad u obligar el reconocimiento. Ahora, la madre puede gestionar una pensión mensual mientras el presunto padre no demuestre lo contrario; de no ser así, el Código de Familia dispone la detención preventiva.Disposición. Paola Gutiérrez, trabajadora social del espacio Mujeres en Busca de Justicia, dependiente de Mujeres Creando, dijo que casi el 90% de madres que visitan esa oficina desconoce la disposición y no inicia una demanda debido a que uno de los requisitos es el certificado de nacimiento.

“Pocas saben de este derecho y se resignan a registrar a sus hijos con el apellido materno; algunos oficiales de registro las orientan, otros no”.Un juez de familia deberá disponer que el presunto padre pase pensiones durante el tiempo que dure el proceso y el hombre se realice un examen de ADN para probar la paternidad; de demostrar que no es el progenitor, también podrá iniciar una contrademanda por calumnias e injurias.

Al respecto, Marcelo Claros, director de la Defensoría Municipal de La Paz, explicó que esa entidad “remite a la madre a las instancias respectivas para la filiación del menor” y además el personal hace un seguimiento del caso en los tribunales judiciales.

“Tenemos alrededor de 400 casos a través de la Defensoría de la Niñez donde de ha orientado y tramitado, vía judicial, el cumplimiento de asistencias familiares y al no reconocimiento por parte del padres”, señaló. TSE realiza una base de datosLa vocal Vilma Velasco aseguró que el Sereci elabora una base de datos para tener estadísticas actuales sobre la cantidad de niños que fueron registrados desde 2010 bajo el principio de “presunción de filiación”.

“El objetivo es incentivar a los ciudadanos a que registren a sus niños en cuanto nacen”.

Diputado niega a su nieto

Paola Gutiérrez, trabajadora social de Mujeres Creando, mencionó que a esa oficina llegaron muchos casos de negación de paternidad, entre ellos el de un diputado (del que mantuvo en reserva su nombre) que quiso negar el apellido a su nieto.

“Se trataba del hijo de un diputado que embarazó a una muchacha de 18 años y negó la paternidad; el legislador, atenido a su cargo, la amenazó con un juicio si es que hacía registrar al niño con su apellido, pero la orientamos”, dijo.

Luego de ser asesorada, la joven filió a su bebé con los dos apellidos e inició un juicio por asistencia familiar. “Al final, la jueza fijó un monto; si no paga el monto que se acumuló en estos tres meses corresponderá la aprehensión”. Casos. Gutiérrez expresó que hay otros casos en los que luego de haber registrado al menor con el apellido del papá, la mujer se retracta. “Cuando ya está registrado no puede retractarse porque ello amerita un proceso judicial, y por eso las madres deben estar seguras de querer hacer la filiación”, aclaró la trabajadora social.

También explicó que si el hombre, luego del examen de ADN, demuestra que no es el padre, puede iniciar un juicio contra la mujer que usó arbitrariamente su nombre.

“Una mujer dio el apellido de un hombre que no era el padre biológico; entonces, éste inició un juicio por calumnias e injurias contra la madre. Existe ese riesgo; por tanto, es vital la orientación de los oficiales de registro civil”, indicó.

SEGIP Para abril está prevista la entrega de nuevas cédulas de identidad

El presidente del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Antonio Costas, informó este martes que en los próximos días se presentará ante el presidente Evo Morales el proyecto de la nueva cedula de identidad que se implementará a partir de abril y contará con nuevas características de seguridad.

Se tiene previsto que una vez se apruebe el proyecto por el jefe de Estado se procederá a la licitación pública de empresas internacionales que provean de los equipos necesarios para emitir el nuevo documento de identidad.

"Estamos concluyendo el proyecto de ingeniería de la nueva cedula de identidad, estamos ya en una solicitud de audiencia para hacer la presentación al directorio del Segip y a consideración del presidente del Estado para poder conseguir el presupuesto y hacer la publicación internacional, estaríamos empezando el cambio de formato a fines de abril o principios de mayo", dijo Costas.

En cuanto al costo del nuevo documento, el director del Segip dijo que aún no se definió el monto, el cual dependerá de la política del Estado, y de la cooperación que mantengan la embajada de Suecia y Dinamarca.

LICENCIAS CUERPO DIPLOMÁTICO:

Este martes el Segip y la Cancillería firmaron un convenio interinstitucional para la entrega de licencias de conducir de cortesía al cuerpo diplomático acreditado en el país.

"Consideramos que a través de esta nueva tecnología las autoridades diplomáticas que van a ser beneficiarias de esta licencia contarán con un documento que les permita realizar sus actividades. La entrega será inmediata y sencilla con la nueva tecnología que está adquiriendo el Segip", señaló Costas.

El costo del documento será de Bs 50 que cubre el costo del material PVC, para ello se realizará un pre-registro que lo hará la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ahora piden revocatorio para el diputado Garvizu

Los dirigentes afines al MAS pidieron referéndum revocatorio para el diputado de la circunscripción 69, Franklin Garvizu, en un cabildo organizado en Santa Fe, donde también demandaron la expulsión del dirigente del comité interinstitucional de Yapacaní, Cirilo Sonabi, del MAS, según ellos por difamar al presidente y generar división en la circunscripción.
En el cabildo, realizado el sábado, con alrededor de 200 personas, los participantes expresaron su repudio a las supuestas acciones de división en el MAS generadas por Garvizu.
El dirigente de la Federación de la Reservas de Choré, Moisés Aguilar, indicó que fue lamentable lo que sucedió con el exalcalde de Yapacaní, David Carvajal.
“Es una pena que algunas personas financiadas por la derecha hayan realizado actos vandálicos para sacar a un alcalde electo democráticamente”, apuntó.
“Todas las personas que están en contra del proceso de cambio deben ser expulsadas del MAS, como Ignacio Campero y Cirilo Sonabi” aseveró.
Por su parte, Sonabi dijo que el cabildo no tuvo convocatoria de las “verdaderas organizaciones sociales que representan al MAS”. Asimismo, el dirigente Mario Siguairo, expresó que en la provincia Ichilo “hay dirigentes que no representan a nadie, y que buscan su oportunidad política para ganarse un cargo”.
A su vez, el diputado Garvizu sostuvo que le llama la atención que pidan su revocatorio los dirigentes que no son de la circunscripción 69 que “apenas reunieron a no más de 150 personas”.
Afirmó que está dispuesto a someterse a un revocatorio siempre que se cumplan las normas. “De 100.000 votos de la C-69, obtuve 40.000”, dijo el parlamentario.
El problema viene desde el 11 de enero cuando en un enfrentamiento con la Policía murieron tres personas del pueblo que pedía la renuncia del alcalde de Yapacaní, David Carvajal, al que ahora dan su apoyo.

Evo limita la agenda; alcaldes quieren hablar de otros temas

La agenda a discutir en Cochabamba entre alcaldes y el presidente Evo Morales fue instruida desde Palacio Quemado con solo dos temas: los programas Mi agua y Bolivia cambia, Evo cumple.
Sin embargo, algunos alcaldes insisten en abrir el temario a otros asuntos que consideran importantes para el desarrollo de sus municipios. Ese es el caso del alcalde de Yapacaní, Senobio Meneses. Según él, necesita hablar con el presidente Morales sobre la situación crítica que soporta la municipalidad por la epidemia de dengue y, también, para tocar la crisis política que se vivió en el pueblo porque el exalcalde David Carvajal se resistía a renunciar al cargo.
El alcalde de San Juan, en la provincia Ichilo, Katsumi Bany, dijo que en la reunión de Cochabamba planteará que el dinero del programa Mi agua no lo maneje el Fondo Productivo y Social (FPS), sino que se transfiera de forma directa a los municipios. Bany plantea el cambio porque el FPS es burocrático e incluso se han producido errores en los montos de ciertos proyectos.
Wilfredo ‘Coco’ Áñez, alcalde de Cotoca, manifestó que solicitará que la fiscalización sea traspasada a los comités de Vigilancia y a los técnicos municipales.
Sin embargo, no estarán los 337 alcaldes del país en la cita convocada por Morales. Según Óscar Vargas, vicepresidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), los alcaldes de las capitales y de la ciudad de El Alto no estarán en Cochabamba porque esos programas gubernamentales no se aplican en sus jurisdicciones.
Vargas pidió una reunión técnica con el presidente para avanzar en el trabajo y la modificación de leyes, como la Marcelo Quiroga y la Marco de Autonomías, además de eliminar las trabas burocráticas del Ministerio de Economía. La que confirmó su asistencia fue la Asociación de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia).

Comuna cruceña quiere coordinar con el Gobierno
El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra busca coordinar temas de interés para la ciudad con el Gobierno nacional, anunció ayer el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña, José Negrete.
La mención surgió luego de que el Gobierno invitara al burgomaestre cruceño, Percy Fernández, a la reunión nacional de alcaldes que se producirá hoy en Cochabamba con el presidente Evo Morales.
Esta predisposición del municipio cruceño de trabajar con el Gobierno marca un viraje respecto a la posición que tuvo en septiembre de 2007, cuando Percy rechazó un cheque de $us 8 millones porque había una controversia por la ayuda de Venezuela.
Según Negrete, los médicos prohibieron al alcalde Fernández viajar a Cochabamba por cuestiones de salud.
El funcionario dejó abierta la posibilidad de que Percy se reúna con el ministro de la Presidencia.

Llega misión a Cochabamba para organizar la Asamblea de la OEA

La misión técnica que se encargará de ultimar los detalles para la realización de la 42 Asamblea Ordinaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el 3 y el 5 de junio en Cochabamba, llegará hoy, manifestó ayer el director general de Ceremonial y Protocolo de la Cancillería, Fernando Huanacuni.
"Estamos acá para poder recibir este martes a la misión técnica de avanzada de la OEA, que llega para verificar (los detalles) y trabajar conjuntamente por comisiones", añadió.
Sostuvo que las diez personas que formarán parte de la comitiva internacional harán visitas a los escenarios que serán sede del evento, el Hotel Regina y el campus de la Universidad del Valle (Univalle) en el municipio de Tiquipaya, a 20 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
Manifestó que también se efectuará un trabajo de coordinación interna con las autoridades de la Gobernación de Cochabamba y las alcaldías de Cercado y Tiquipaya, además de varias instituciones involucradas. /ABI

Alcalde del MAS será posesionado hoy en el municipio de Pazña

El alcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Peñafiel Sequeiros, que ganó las elecciones realizadas el 17 de diciembre de 2011, será posesionado hoy en el Salón de Espejos del Gobierno Municipal Autónomo de Pazña, situado a 80 kilómetros al Sur de la ciudad de Oruro.

Para este martes 31 de enero, se preparó todo un acontecimiento para posesionar a la nueva autoridad edil, que tanto estaba esperando la población de ese municipio, que comprende las localidades de Urmiri, Avicaya, Peñas y Totoral, que tenían ausencia de alcalde. El acto protocolar se programó para las 10:00 horas de hoy.

ANTECEDENTES

Las elecciones municipales se realizaron el domingo 18 de diciembre, después de tener la ausencia de un alcalde en dicho municipio, ya que el último elegido en los comicios de abril del 2010, Víctor Zenteno, sólo duró cinco días en el cargo, ya que renunció porque el sueldo le pareció muy poco, según contaron los propios habitantes de Pazña.

El resultado del acto eleccionario dejó como ganador a Efraín Peñafiel candidato del MAS, quien obtuvo 1.186 votos, reflejados en el 69.76 por ciento.

Mientras que el candidato del Movimiento Sin Miedo (MSM), Pablo Alejandro Valero, logró 514 votos, los que representaron el 30.24 por ciento.

Además se registraron 1.700 votos (88.96 por ciento), 58 votos blancos (3.04 por ciento), 153 votos nulos (8.01 por ciento). Se emitieron 1.911 votos de 2.747 personas habilitadas para los comicios. La participación electoral fue del 69.57 por ciento.

ALCALDE

El alcalde electo, Efraín Peñafiel, señaló que el trabajo por su municipio será con visión de desarrollo productivo y turístico desde las comunidades.

"Voy a trabajar por mi tierra, voy a trabajar por mi municipio y lo voy a hacer de acuerdo a la capacidad que se tiene, además de eso que vamos a transparentar la gestión y la administración pública del municipio. Vamos a rendir informes periódicos a la población, al control social, a la Contraloría", manifestó el día que ganó las elecciones.

31 de enero de 1731 Alejo Calatayud

En 1730 Cochabamba denominada por entonces la Villa de Oropesa, fue el bastión de la insurgencia altoperuana, donde cholos e indígenas se levantaron contra la autoridad española establecida en estas tierras.

Alejo Calatayud, platero de oficio, fue el protagonista de uno de los levantamientos más dramáticos que registra la historia. Por entonces el virrey del Perú, don José de Armendáriz envió a tierras cochabambinas al revisitador, o encargado de aplicar impuestos a don Manuel Venero de Balero. Su nombramiento causó inquietud entre la población valluna, porque el régimen colonial otra vez más establecía el pago de contribuciones a los indígenas y mestizos. Estas cargas económicas se llamaban “contribuciónes territoriales” y “reparto de mercaderías” y de ellas no podían evadirse porque con anticipación la población había sido empadronada.

En diferentes poblaciones se formaron cabildos para rechazar las medidas impositivas que pretendía aplicar el revisitador Balero.

Alejo Calatayud, nacido en la Villa de Ororpesa allá por el año 1700, hijo de Juan de Calatayud y Agustina Espindola y Prado. Estaba casado con Teresa Ramona Zambrana Villalobos, era dueño de un taller de orfebrería, dentro de la creciente urbe cochabambina. Fue él quien encabezó el movimiento de resistencia contra el enviado español.

El pueblo reunido en el simbólico cerro de San Sebastián a los gritos de ¡Abajo los guampos! y ¡Muera el mal gobierno! lanzó piedras contra las casas de los españoles, irrumpió en la cárcel rompiendo sus puertas para liberar a todos los reclusos, la ciudad de pronto se vio alborotada.

Alejo de Calatayud en la mañana del 30 de Noviembre, reunió a dos mil hombres armados de piedras y palos en los predios del cerro de San Sebastián para enfrentar a la caballería expedicionaria, que días antes había salido de Cochabamba para escoltar la llegada de Venero de Balero, los insurrectos logran derrotar a los españoles, con ello se acuerda la organización de un nuevo gobierno local, sin desconocer a la autoridad del Virrey y menos la del Rey de España. El 1 de diciembre de 1730 se designan nuevas autoridades y se emiten las bases de un acuerdo para evitar la aplicación de la medidas impositivas y la suspensión como revisitador a Venero de Balero. Se concede indulto a los insurgentes que procedieron en defensa justa y natural de sus derechos y libertades.

La victoria es efímera, ya que Alejo Calatayud es traicionado por los criollos y tomado preso en casa de su compadre Francisco Rodríguez Carrasco, y trasladado a la cárcel, donde le aplicaron la pena del garrote. El jueves 31 de enero de 1731, día de compadres amaneció colgado de una horca en la plaza de Armas de Cochabamba, luego fue descuartizado, la cabeza frita en aceite y enviada a Chuquisaca para exhibirla en una picota.

Así terminó al alzamiento de Calatayud encabezando a los artesanos de Cochabamba.

El MAS se mueve para mantener los 2/3

El alejamiento del MSM e indígenas puede privar al oficialismo de su mayoría.

El anuncio de un posible fraccionamiento de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la formación de una bancada indígena para evitar que se modifique la Ley 180, obligó al oficialismo a redoblar sus esfuerzos para garantizar durante la legislatura 2012 el control de la Asamblea.
La necesidad de lograr los dos tercios obligó a los operadores políticos masistas a sostener conversaciones con la oposición para garantizar el trabajo en el Legislativo, según reconocieron los mismos asambleístas del MAS.
El primer quiebre de la primera fuerza política fue originado cuando el Movimiento Sin Miedo (MSM) abandonó la estructura oficialista y, posteriormente, se anunció la formación de un bloque indígena para evitar la modificación de la Ley 180, que declara intangible al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El diputado Bienvenido Zacu dijo, a tiempo de anunciar la creación de esa bancada, que la ruptura con el MAS era “irreconciliable”, y confirmó que serían al menos unos 10 legisladores que puede sumarse a la cruzada para impedir que se construya la carretera que exigió ayer la marcha del Consejo Nacional de Indígenas del Sur (Conisur) que llegó a la sede del Gobierno.
Empero, el senador masista Fidel Surco dijo que “tenemos los dos tercios, no hay por qué temer”, y reveló que hay algunos diputados de la oposición que “siempre dan respaldo al oficialismo”.
Respecto del retraso en el inicio del trabajo legislativo, Surco consideró que es resultado de problemas internos en la oposición y no del oficialismo.
Similar criterio fue expresado por el diputado masista Galo Bonifaz, quien aseguró que los dos tercios en la Asamblea Legislativa están garantizados, porque ahora tienen el respaldo de “una parte de la oposición, que está de acuerdo con que debemos seguir construyendo este nuevo Estado”.
La OPOSICIÓN está DEBILITADA. Carlos Subirana, diputado cruceño de Convergencia Nacional (CN), reconoció que la oposición no atraviesa por su mejor momento debido principalmente a la elección de las comisiones que corresponden a las minorías, tanto en la Cámara baja como en el Senado.
Sin embargo, expresó su esperanza de que el rol de la oposición cambie en la presente legislatura para facilitar una unidad que permita una visión mixta y no una imposición totalitaria, como opina que sucede en la actualidad.
“Esperemos que no empiecen a circular algunos maletines, algunos sobres cerrados para estar consiguiendo esos dos tercios” que necesita el oficialismo, aseguró el legislador.
En el interior de la oposición surgieron criterios en sentido de que después de los errores cometidos por el Gobierno, como el pretendido incremento en el precio de los carburantes en 2010 y la represión a los marchistas del TIPNIS, en septiembre del pasado año, existen buenas condiciones para debilitar al oficialismo en el interior del Legislativo.
“Para eso debemos consolidar una alternativa programática, una alternativa política que obligue a construir los dos tercios o en su defecto debilitar al oficialismo”, según Andrés Ortega, diputado del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional.
El asambleísta opositor consideró que la pelea para quebrar al oficialismo en estos instantes es irrelevante, pero “si hacemos bien nuestra tarea, en tres o cuatro meses, de verdad, se va a notar esa necesidad de pelear por los dos tercios”.
“Mientras no tengamos una línea clara ideológica y programática diferente al oficialismo, que ayude a construir un Estado democrático, no tendremos ningún peso específico para lograr una posición importante en la Asamblea Legislativa”.
Mientras tanto, la labor legislativa está paralizada.

111 asambleístas requiere el MAS para mantener los dos tercios. Sin el MSM y cinco indígenas, tendrá sólo 107.

Las PERMANENTES DISCREPANCIAS en el interior del OFICIALISMO HICIERON TEMER EL POSIBLE SURGIMIENTO DE UN REsQUEBRAJAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE VARIAS TAREAS SIGNADAS POR LA CUMBRE MASISTA.
El Movimiento Al Socialismo obtuvo, en diciembre de 2009, 114 curules junto al Movimiento Sin Miedo, partido con el que se rompió la alianza y perdió, al menos, dos diputados: Fabián Yaksic y Marcela Revollo.
El conflicto por la pretendida construcción del tramo II de la carretera, que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, originó problemas con los legisladores indígenas, quienes anunciaron que al menos cinco de sus miembros impedirían que el oficialismo logre los dos tercios para modificar la Ley 180, e incluso anunciaron que podrían llegar a obtener el apoyo de más legisladores, en procura de que el área protegida no sea afectada.

Plantean una Policía Binacional con Chile

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró que sería importante el establecimiento de una Policía Binacional en la frontera con Chile y que estas sean coordinadas entre ambos Estados con el fin de combatir contra los ilícitos que se cometan en las zonas fronterizas.

"Alguna vez se habló de la posibilidad de establecer policías binacionales y eso sería una buena idea de retomar cuando tengamos problemas comunes que tiene que ver con el contrabando con el narcotráfico delincuencia con el crimen organizado y en ese marco quisiéramos trabajar una agenda con Chile", expresó la autoridad de Estado a los medios de comunicación. Chile en los pasados días determinó asumir acciones directas contra los delitos de narcotráfico.

Vicepresidente pide acuerdo entre dirigentes del TIPNIS y Conisur

En conferencia de prensa en la Vicepresidencia, García Linera convocó al diputado indígena del MAS, Pedro Nuni, al dirigentes del TIPNIS, Fernando Vargas y al presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, para que lleguen hasta la ciudad de La Paz y dialoguen con la marcha del Conisur, que permanece en vigilia en la plaza Murillo en demanda de una Ley de Consulta y la abrogación de la Ley Corta.

"Hoy lo que les pido como presidente de la Asamblea es un criterio consensuado, a los corregidores como habitantes del Parque junto a sus dirigentes decidan y eso va a acatar la Asamblea, puede ser bajo la modalidad de proyecto de Ley (…), el método se lo puede discutir", dijo García Linera, quien considera que la marcha del Conisur debe ser escuchada y atendida tras un poco más de 40 días de caminata de indígenas, niños, mujeres embarazadas.

Asimismo, convocó a los dirigentes del TIPNIS y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia dejar las actitudes "soberbias" y acudir al diálogo de inmediato "y no esperar 20 días como anunciaron los dirigentes que se encuentran al interior del Parque socializando la Ley Corta".

El vicepresidente informó también que las presidentas de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño y de Diputados, Rebeca Delgado, recibirán a los marchistas del Conisur en esta jornada para escuchar sus pedidos, para luego en horas de la noche los dos titulares de ambas cámaras junto a García Linera establecerán un plan de trabajo para atender al sector movilizado.

En la oportunidad el vicepresidente reiteró su cuestionamiento a la incorporación del término intangible en la Ley Corta 180, la cual impide a los habitantes del TIPNIS utilizar los recursos naturales para subsistir, "sin embargo este puede ser eliminado si es un acuerdo de los marchistas y dirigentes" enfatizó.

"Mantengo mi criterio que el término intangible fue una metida de pata de algún dirigente de alguna ONG (Organización No Gubernamental), de gente que no conoce lo que es vivir allá (Parque Isiboro Sécure), los dirigentes plantearon eso y ahora que expliquen a sus bases", manifestó la autoridad de Estado.

El presidente Evo Morales se reunió la noche del lunes pasado a los indígenas del Conisur en Palacio de Gobierno para escuchar sus demandas, después de que este sector protagonizara un ingreso violencia al centro del político del país; rompiendo el cerco policial lo que dejó un saldo de 26 heridos entre policías y periodistas.

En el encuentro con el Jefe de Estado cada uno de los miembros de la delegación indígena, que estaba conformada por 35 corregidores, pidieron en un sólo discurso la anulación de la Ley Corta para posibilitar la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por el TIPNIS.

Concluida la reunión el jefe de Estado pidió a los indígenas del Conisur hacer conocer a la Asamblea Legislativa sus razones por las que debería modificarse, o, anularse esa norma, al considerar pues es atribución de esta instancia modificar o abrogar una determinada ley".

Senadora Gonzales pide intervención de la ONU

La senadora de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzales, solicitó un equipo de investigación a la directora ejecutiva de la ONU, Michelle Bachelet, para indagar los "atropellos, vulneración de sus derechos constitucionales y violencia de la que fue víctima; cuando fue aprehendida, por seis horas, la semana pasada por funcionarios de la Fiscalía y oficiales de la Policía, bajo el argumento del supuesto delito de "desacato" por haber denunciado corrupción en la gestión del gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores.

La legisladora considera que sus funciones de fiscalización, amparadas en el artículo 151 de la Constitución, fueron vulneradas por el fiscal Marco Antonio Vargas, oficiales de la Policía y efectivos de la FELCC, quienes no respetaron su investidura parlamentaria.

Marchistas del Conisur apelan a la violencia para entrar a la plaza Murillo

punta de palos y pedradas, los marchistas del Conisur lograron romper la barrera policial e ingresar a la plaza Murillo al finalizar la tarde de ayer. La policía había acordonado la plaza principal de la Sede de Gobierno, al ver esto los marchistas se molestaron y es cuando se desató la trifulca.

Informe de heridos. La Policía reporta 20 efectivos golpeados, que fueron remitidos a la clínica Virgen de Copacabana, según informó el comandante Aracena quien añadió que los manifestantes habían arrebatado un escudo a un uniformado, "Tenemos orden de hacer uso racional de la fuerza y controlar el uso de bebidas alcohólicas", añadió la autoridad.

Tres periodistas también resultaron heridos mientras cubrían el conflicto. Se trata de Helga Velasco, periodista de Gigavisión, Carlos Saavedra, camarógrafo de Bolivisión y Alejandro Estívariz , camarógrafo de Fides Tv.

Reunión con evo. El presidente Evo Morales convocó a los caciques de los pueblos indígenas, que participaron en la marcha, a una reunión en Palacio de Gobierno. Hasta el cierre de la edición, 19.00, se desconocen las conclusiones de la misma.

Acuerdan reunión. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció que la dirigencia de la Subcentral del Tipnis aceptó iniciar un proceso de diálogo con los representantes de la marcha del Conisur para buscar acercamientos entre ambos sectores respecto a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio.

La dirigencia indígena, en una nota dirigida al defensor del Pueblo, indica que la reunión podrá hacerse efectiva hasta dentro de 20 días.

CSUTCB propone ley de consulta

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Roberto Coraite, manifestó que se propondrá en las próximas horas a la Asamblea Legislativa la elaboración de una Ley de Consulta en las comunidades del Tipnis para permitir la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, además de la modificación de la Ley 180 “por inconstitucional, asimismo, vamos a proponer que se elabore una ley de consulta porque esta Ley Corta afecta a nuestros otros compañeros, mientras no exista carretera no habrá desarrollo de nuestros hermanos, por ello se debe considerar una Ley de consulta," dijo Coraite.

Agencias

30 enero 2012

Ingreso de marchistas a la plaza Murillo deja al menos 26 heridos

Al menos 26 heridos entre policías, indígenas y periodistas es el saldo del ingreso de los marchitas del Consejo Indígena del Sur (Conisur) a plaza Murillo, quienes con palos y piedras rebasaron la barrera policial que no actuó, como en otras ocasiones, con gases lacrimógenos para evitar estos excesos.

“Hemos sido rebasados, hemos tenido como veinte policías contusos que en este momento se han reportado al hospital de la Policía para su atención”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Alberto Aracena.

El oficial dijo que no se utilizó agentes químicos para apaciguar los ánimos de los indígenas por la cantidad de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad que se encontraban en la marcha. “El uso de la fuerza debe ser definitivamente racional”, mencionó.

Cuando la primera marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), liderada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), ingresó para hacer vigilia en la plaza Murillo, se destituyó al comandante departamental interino de la Policía, coronel Wenceslao Zea, pues había instrucciones de que esta marcha no se quede en kilómetro cero. No sucedió lo mismo en esta oportunidad.

Además de los efectivos del orden, periodistas que cubrieron el momento del ingreso de los marchistas también fueron afectados con las piedras que lanzaron los indígenas, las víctimas fueron la periodista de Gigavisión, Helga Velasco, y dos camarógrafos, uno de la red Bolivisión, Carlos Saavedra, y otro de Televisión Fides, Alejandro Estívariz.

“Me rompieron el tabique”, dijo Saavedra, luego de que los indígenas, con flechas y palos en mano, hicieran corretear a los policías una vez sobrepasada su barrera formada en la calle Comercio. Estívariz, por su lado, presentaba un corte en el pómulo derecho de al menos 2 centímetros, producto del impacto de una piedra. Velasco, de acuerdo a imágenes televisivas, habría recibido el impacto de una piedra en el rostro.

Asimismo, luego del ingreso de los indígenas, una ambulancia se hizo presente en plaza Murillo para transportar a los policías y a los tres indígenas que resultaron heridos.

“Tenemos tres heridos luego del ingreso”, informó el corregidor de la comunidad de San Antonio del Río Ichoa y miembro del Comité de Comunicación de la marcha del Conisur, Emilio Vilches.

De acuerdo al asambleísta departamental de Cochabamba, Juan Carlos Noe, que participó de la marcha, dijo que una de los tres heridos presentaba una herida en su pierna, por lo que fue trasladada a un centro médico. “Hay otros dos compañeros, un compañero tsiman que ha sido herido, golpeado por la Policía con sus escudos”, dijo.

Noe atribuyó estos enfrentamientos al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, quien se había comprometido a que la marcha ingrese a plaza Murillo una vez que llegue a sus inmediaciones.

“Él (Navarro) había dicho que nos iban a dejar pasar aquí a la plaza Murillo, pero llegado el momento nos encontramos con un cordón policial, y la gente se molestó bastante porque caminar de El Alto hasta acá (la ciudad de La Paz) no es fácil”, reclamó.

Luego de que los indígenas ingresaron a plaza Murillo, la Policía se limitó a resguardar el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa, juntamente las calles aledañas a centro político del país.

Posesionan a alcalde de Sucre y piden a Gobierno trabajar sin condiciones

La tarde de este lunes Moisés Torres Chivé fue posesionado como alcalde del municipio de Sucre tras su victoria en las elecciones del pasado 18 de diciembre de 2011. El flamante burgomaestre pidió al gobierno central a reunirse sin que existan condicionamientos en los temas de desarrollo de esta región.



Al acto de posesión asistieron líderes de oposición; el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Por otro lado, se notó la ausencia de las autoridades del Órgano Judicial, sólo se hizo presente y con retraso el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Jorge Von Borries.



“Al gobierno decirle con mucha firmeza que nuestra voluntad es de trabajo para luchar contra la pobreza y la postergación, para luchar por el desarrollo de toda la región, es por cuanto invitamos a coordinar y esta invitación la hacemos sin exigir condiciones, simplemente que respete a nuestro municipio. Como gobierno se debe gobernar para todos y con todos”, expresó la nueva autoridad municipal.



De igual manera, le pidió al Concejo municipal de Sucre a trabajar pensando en el desarrollo, no sólo de la ciudad sino en el conjunto del departamento, dejando de lado lo partidario.



“Al Concejo a quienes están presentes, a todos ellos no ver una gestión municipal desde una visión oficialista o desde una visión de oposición. Hay que trabajar en beneficio el todos en el municipio de Sucre ese es el reto”, acotó.

Desde la plaza saludó a los ex líderes de Sucre y Chuquisaca, Jaime Barrón, Savina Cuellar, Jhon Cava y otros estudiantes universitarios que cumplen medidas cautelares como la detención domiciliaria producto de procesos penales en su contra.



Samuel Doria Medina afirmó que la posesión del alcalde Torres Chivé es “un desafío para el presidente Evo Morales y para el Gobernador de Chuquisaca a que demuestren, que el primero es Presidente de todos los bolivianos y el segundo, Gobernador de todo el departamento, y coordinen adecuadamente con un Alcalde honesto, con un Alcalde que no es del mismo partido que ellos”, sostuvo Doria Medina a los medios de comunicación.

Por su parte, el alcalde de Tarija, Oscar Montes en representación de los alcaldes de capitales manifestó que Moisés Torres reivindica la democracia y es una autoridad legal y legítima y pidió a los sucrenses defender su voto.

Discapacitados reanudarán caravana hasta que aprueben Ley de Tratos Preferentes

La caravana de discapacitados que se encuentran en Quillacollo, Cochabamba reanudará su movilización hacia la ciudad de La Paz mientras no se apruebe la Ley de Tratos Preferentes que fue presentada este lunes a la Asamblea Legislativa, para que se inicie su debate en la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, Camilo Bianchi representante de la caravana de personas con capacidades diferentes manifestó que no confían en el acuerdo que firmaron con el gobierno, por lo que retomaran su medida de protesta desde este martes hasta que se promulgue la Ley que autoriza un bono para el sector.

"La Ley tiene que ser promulgada hasta el 20 de febrero, sin embargo ante la ausencia de los representantes del gobierno que hoy tenían que estar presentes acá, la caravana se reinicia este martes y continua hasta que sea aprobada esta ley que la estamos entregando a la comisión de política social",

El proyecto de ley establece que este año los casos muy graves de discapacitados accedan al bono gubernamental y el próximo año se sumaran los casos graves, por el momento no se definió el monto que se asignara a cada persona el cual se lo establecerá luego de realizar un censo del sector en una comisión que se conformará con la nueva Ley.

Otro de los beneficios que plantea el proyecto es la disminución de los años de vejez para poder acceder antes a la renta dignidad, además de facilidades en el ingreso laboral y facilidades en el pago de servicios básicos.

La marcha se inició el 15 de noviembre, en Trinidad, Beni. Un total de 47 personas emprendieron el camino, rumbo a la sede de Gobierno, en sillas de ruedas ayudados por algunos familiares.

Polémica en vísperas del diálogo Evo-alcaldes

Ante la morosidad y la “burocracia” que aseguran las autoridades municipales que hay antes de aprobar un proyecto de licitación determinado, piden a los legisladores nacionales hacer una modificación al proceso en sí que se desarrolla, ya que los únicos perjudicados por los retrasos son los mismos pobladores.

El alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui, dijo que una modificación a Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental (Safco), sería la solución para evitar la tardanza en los trámites que hay ocasiones que supera los 7 meses. "Nosotros tenemos que tener mayor flexibilidad. Esperamos que las autoridades nos escuchen", expresó Shiriqui. A su vez, señaló que anteriormente el presupuesto económico que quedaba en las cuentas de los municipios, podía ser utilizado de acuerdo al proyecto a ejecutar, sin embargo, ahora ya es prohibido el uso de estos recursos, justificando de esta manera, el retraso de las refacciones en las unidades educativas para esta gestión 2012, por ejemplo.

Aunque aún no ha lidiado con los procesos de aprobación, el alcalde electo recientemente en el municipio de Sucre, Moisés Torres, coincidió con Shiriqui al pedir a las autoridades nacionales, tomar otro tipo de proceso para aprobar obras, evitando así que los trámites sean tan “burocráticos”. "Realmente esperamos que los trabajos se desarrollen de la mejor manera, pero para eso necesitamos la ayuda de las autoridades nacionales. Es necesario que el tiempo se reduzca para esperar un desembolso económico", añadió.

Modificación a Ley 'Marcelo Quiroga Santa Cruz'. El pasado 1 de enero el presidente Evo Morales, criticó la baja ejecución presupuestaria en la mayoría de las alcaldías del país. Estas declaraciones fueron criticadas por los mismos funcionarios públicos, quienes aludieron el problema a la burocracia de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El concejal cruceño, Oscar Vargas, volvió a atribuir el problema a dicha ley, sin embargo, añadió a la Ley Marco de Autonomías, como otro de los factores principales para los retrasos de la aprobación de obras. Vargas indicó que la primera ley limita a los funcionarios que ejecuten su trabajo con tranquilidad, ya que el plasmar su firma en cualquier documento, podría ser la causa de que a futuro sean procesados por el delito de incumplimiento de deberes. Además, dijo que la Ley Marco de Autonomías, no otorga mayor independencia a las instituciones. "No hay autonomía, es como ir a pedir permiso al centralismo si podemos ocupar o no los recursos que tienen los municipios", explicó el edil.

Por su parte la presidente de la Asociación de Concejalas del departamento de Santa Cruz, Asunta Melgar, apuntó al Ministerio de Hacienda de retener los trámites e inclusive sin justa razón. "Algunas veces ocurren cosas inesperadas de urgencia, para lo que se necesita un desembolso rápido para poder ejecutar algún trabajo, pero no se puede hacer, porque tenemos que esperar todo el proceso moroso para que sea aprobado. Pedimos a las autoridades que no confundan los errores con delitos, porque con esta ley, la situación está así", añadió la concejala.

Procesos menos morosos. Pese a las críticas y sugerencias por parte de los alcaldes en minimizar el tiempo de un proceso para la aprobación de proyectos, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, reconoció que anteriormente la espera era mayor a los 7 meses, sin embargo, aseguró que hoy en día solo demora como máximo 3 meses. "Gracias a los reclamos de los alcaldes, se ha reducido el tiempo de espera", recalcó la autoridad ministerial, a tiempo de mencionar que las autoridades deben conocer las normas para acatarlas y evitar problemas posteriores.

Peña aseguró que no solo era un tema de contrato, sino de estricto cumplimiento con la misma empresa constructora que se encargará del proyecto. "Yo creo que lo que prima es el miedo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y creo que no debería ser así, porque el que no hace nada malo, no tiene que temer a nada", finalizó.

Traspaso de los años '90 hacia el siglo XXI

Oscar vargas pide a los alcaldes del país, pasar de los años '90 hacia el siglo xxi, para modernizar el modelo de participación de toda la población boliviana.

Evo llama a los alcaldes a un diálogo

Reunión. El presidente Evo Morales convocó a los 327 alcaldes de todo el país a un encuentro nacional para mañana, en la Casa Campestre, en Cochabamba, con el propósito de debatir la plataforma de los programas "Bolivia Cambia" y "Mi Agua", para ello sugiere que los burgomaestres propongan proyectos alternativos para mejorar la aplicación de estos programas gubernamentales en todas las regiones del país.

Durante el 2011 el programa “Mi Agua” ejecutó 1.010 proyectos, sin embargo, muchos de ellos fueron paralizados a media ejecución por falta de empresas o supervisores de obras civiles. Por ello, el Gobierno busca establecer un nuevo sistema para que el programa se ejecute a plenitud, no perjudique al municipio y beneficie a la población. Asimismo, en diferentes municipios del área rural y de Cochabamba se observó retrasos en la ejecución de obras financiadas por el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, por lo que ahora se tiene el objetivo de identificar las debilidades para un mejor vivir de los bolivianos.

Cartas orgánicas están estancadas

Trabajo. El proceso de elaboración de las cartas orgánicas, han avanzado de manera muy lenta en los municipios, e inclusive algunos no han avanzado ni en la cuarta parte de lo que es el proyecto en sí.

Uno de los ejemplos es la Alcaldía de Tarija, que se encuentra en la etapa de ejercer la potestad administrativa. Las cartas orgánicas han quedado estancadas por falta de recursos económicos dijo el alcalde Óscar Montes, quien dijo que la prueba está en la aprobación de tan solo 3 leyes en el año pasado.

En la Alcaldía de Trinidad, en el departamento del Beni, también quedó estancado el proceso de elaboración debido a la falta de recursos económicos.

El municipio de La Guardia, del departamento de Santa Cruz, considerado como uno de los mejores municipios del país, el proceso de elaboración de las cartas orgánicas ha avanzado a paso lento, informó uno de los miembros del Concejo Municipal de esta localidad.

La Guardia se ha abocado a la presentación de las cartas, con género equitativo, sin restar importancia a la mujer o al hombre.

En Sucre, el nuevo alcalde, ha plasmado la elaboración de las cartas orgánicas, bajo 3 puntos en específicos: El primero es la creación de una asamblea de la sociedad civil para el desarrollo; el segundo es conformar comisiones altamente representativas y no así de un sector en específico; y el último punto, se basará en la participación pública. "Cabe resaltar a los cabildos, para que los pobladores puedan opinar sobre los temas de coyuntura y necesidades que atraviesen", dijo el burgomaestre, Moisés Torres.

Punto de Vista

Óscar Montes
Pdte. Asociación de Municipios

"El problema licitatorio se debe a la ley Marcelo Quiroga"

El principal problema que hoy enfrentan los procesos licitatorios de las alcaldías municipales a la hora de lanzar un proyecto, es enfrentarse a la ley marcelo quiroga santa cruz. Lamentablemente han penalizado los actos públicos, sin oportunidad a explicaciones.

Voy a dar un ejemplo claro: si antes teníamos un plazo de 20 días para presentar algún informe de algún proyecto o el trabajo de una obra y no fue cumplido en el tiempo señaló, se podía presentar el informe a los días siguientes, justificando el retraso, sin embargo, hoy en día el retraso de tan solo una hora en cualquier presentación, ya es considerado un delito. Cada vez la situación se va poniendo más difícil, ahora los funcionarios públicos tienen miedo de plasmar su firma en cualquier documento, porque saben que después todo se les puede volcar y ser considerado como un delito, que los puede llevar a la cárcel y la situación es peor con los alcaldes, más aún si pertenecen a la oposición. Hasta los mismos empresarios han decidido ya no trabajar con el estado, porque ellos mismos saben que después pueden ser sujetos a procesos. Antes un error podría ser considerado solo un error, pero ahora se convierte en un delito. Yo considero que es necesario hacer varios ajustes en la ley marcelo quiroga santa cruz, para evitar temor y facilitar el trabajo de los funcionarios públicos.

Iván Arias
Analista Político

"Los gobiernos municipales necesitan más profesionalismo"

El cambio de normas o procesos para las licitaciones de proyectos no va solucionar los problemas que hay en el retraso y la burocracia.

Los gobiernos municipales necesitan más capacitación de su personal, para tener a profesionales trabajando de manera eficaz.

Las alcaldías se han vaciado de profesionales y están contratando a personas que no son capaces de poder hacer una licitación.

Aunque se modifiquen las normas de manera más fácil, no habrá cambios eficientes.

Sin embargo, considero que efectivamente la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz está privando a las alcaldías de ejecutar más trabajos. Estoy de acuerdo en señalar que esta norma es inconstitucional, pero tampoco podemos flexibilizar el trabajo de las alcaldías, porque de ser así, todos harán lo que quieran sin tener ningún control y los alcaldes manipularán a su antojo todo lo que quieran.

Las autoridades nacionales deben estudiar de una mejor manera esta situación.

Repito que esto es un problema de capacidad y no de eficiencia.

Uno de los ejemplos claros es la Alcaldía de La Paz. En este municipio hay profesionalismo, capacidad técnica que desarrolla de la mejor manera su trabajo, tengo entendido que se han aprobado muchas leyes en este municipio.

Hace falta profesionalismo en los municipios de Bolivia.

¿Corrupción en Pando?

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que encontraron irregularidades en un contrato que firmó el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, con una empresa que no cumplía con los requisitos de la convocatoria de licitación.

Documento. La autoridad dijo que un equipo de auditores y abogados del ministerio a su cargo descubrió que en el documento que firmó el gobernador pandino con la empresa Force para la construcción de un tramo carretero no se cumplía con el proceso de contratación.

“No habría dentro del proceso de contratación los plazos, no se cumplieron los plazos, la experiencia de la empresa no cumplía los términos de referencia que señalaba la convocatoria”, detalló Suxo, mientras indicaba las irregularidades en las que incurrió Flores.

Pedirán explicación sobre detención. La presidente de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, informó que el pleno de la Cámara Alta convocará a autoridades del Ministerio Público para que brinde un informe sobre la sorpresiva aprehensión de la legisladora Carmen Eva Gonzales.

“En la Cámara de Senadores se ha sugerido a la bancada de la oposición que se pueda presentar una petición de informe escrito para dirigirse al Ministerio Público y nosotros desde la presidencia del Senado viabilizaremos para verificar la situación exacta en la que está la senadora Carmen Eva Gonzales”, informó Montaño quien dijo lamentar el hecho.

Antecedente. Carmen Eva Gonzales, senadora pandina de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN), fue aprehendida el pasado jueves por órdenes del fiscal Marco Antonio Vargas. Es acusada de desacato ante las denuncias de corrupción que ella hizo en contra del actual gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores.

La misma, que fue liberada pocas horas después, aseguró que este accionar es una persecución y represión política.
La senadora dijo que la denuncia contra el gobernador por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la construcción de caminos fue presentada ante el Fiscal General y el Ministerio de Transparencia.

El fiscal Vargas informó que la senadora no se apersonó ante el suscrito a prestar sus declaraciones informativas sobre la denuncia que pesa en su contra. Y no descartó que se vaya a citar nuevamente a la asambleísta dependiendo el avance de las investigaciones, por el supuesto delito de desacato.

Agencias

Proyecto de Ley del Trato Preferente entra a Diputados

El proyecto de Ley de Trato Preferente para Personas con Discapacidad ingresó para su consideración en dos comisiones de la Cámara de Diputados y se prevé que el jueves 2 de febrero pase al pleno de la Cámara Baja para su debate.

El tratamiento de esta norma surge como consecuencia de la presión de los discapacitados que iniciaron una marcha desde Santa Cruz que pretendía llegar a La Paz pidiendo al Gobierno la aprobación de un bono anual de 3.000 bolivianos para ese sector.

En su pliego también demandó subsidios para leche, pañales y medicamentos para las personas en estado grave y muy grave, cuyo número, según la carnetización hecha por ellos, es de 9.000 en todo el país.

Después de marchar durante 68 días, el pasado 21 de enero llegaron a Quillacollo, Cochabamba, donde firmaron un acuerdo con el entonces ministro de la Presidencia Carlos Romero para que se realice el tratamiento de su pedido en la Asamblea Legislativa.

El diputado por Convergencia Nacional (CN) y representante del sector Jaime Estívariz detalló, en declaraciones a radio Panamericana, el cronograma para la aprobación de la ley que favorece a los discapacitados.

La primera de las tareas ya se cumplió el 27 de enero y consistía en aprobar el borrador el proyecto de ley. “Hemos trabajado por tres días con las comisiones hasta llegar a un acuerdo. El día sábado hemos elaborado un proyecto de ley que será tratado en la Cámara de Diputados”, detalló el diputado.

El documento fue firmado por representantes de los ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Salud, y los representantes de la caravana de marchistas denominada de integración.

Esta ley debe ser aprobada en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y el 2 de febrero ingresaría al pleno de la Cámara Baja para su debate.

El 6 de febrero se espera aprobar en la plenaria de Diputados, el 9 será remitida a la Cámara de Senadores para su revisión y hasta el 20 de este mes la ley debe ser promulgada por el Presidente.

“Creemos que si se cumple el cronograma, el 20 de febrero las personas con discapacidad de la marcha y las vigilias retornan a sus hogares”, declaró Estívariz, porque actualmente permanecen en Quillacollo en vigilia.

“Queremos dejar claro que en el convenio se estableció que la caravana no se disuelve, se detiene en Quillacollo hasta que no se apruebe la ley”, declaró.

Sin embargo, mostró su satisfacción y la de sus compañeros porque hasta el momento se está cumpliendo con el cronograma establecido y no lleva demoras.

El acuerdo establece también la ejecución de un estudio técnico-financiero sobre la viabilidad del pago de una asistencia económica de 3.000 bolivianos.

La marcha indígena del Conisur que pide carretera por el TIPNIS ya está en La Paz

La marcha de los indígenas del Consejo Indígena del Sur (Conisur) hizo su ingreso a la cuidad de La Paz luego de las 11:00 de hoy por la avenida Naciones Unidas rumbo a la plaza Murillo donde esperan llegar pasada las 14:00 de hoy e instalar una vigilia hasta que el Gobierno atienda sus demandas.

Los marchistas demandan la anulación de la Ley Corta que protege el Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Securé (TIPNIS) y exigen que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por esa área protegida.

Según reportes de Erbol, a primeras horas de hoy realizaron su caminata por la ciudad de El Alto donde fueron recibidos por el alcalde Edgar Patana; allí se unieron a su columna un grupo de los ponchos rojos y representantes alteños de las juntas vecinales, la Central Obrera Regional, mujeres y transportistas.

A su paso por la zona del Cementerio, los marchistas recibieron algunos alimentos de personas que se encontraban a la altura del mercado Calatayud.

Según los reportes de medios locales, en la mayoría de avenidas por las que pasaron en El Alto y La Paz primó la indiferencia de la población.

Morales recibirá en Palacio a marchistas del Conisur que piden carretera por el TIPNIS

Los indígenas del Conisur que exigen la anulación de la Ley Corta y que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por el esa área natural serán recibidos por el presidente Evo Morales hoy a las 18:00, informó la ministra Comunicación, Amanda Dávila, en conferencia de prensa.

Dávila señaló que Morales recibirá a los representantes de las comunidades que forman parte del Conisur con la "cordialidad" que caracteriza al Gobierno "Los marchistas del Conisur, como ha ocurrido también con la otra marcha que llegaron el año pasado a la ciudad de La Paz, serán bien recibidos por todas las autoridades para abrir los brazos a todos los sectores que tienen sus demandas", dijo.

En tanto, la Gobernación de La Paz habilitó el coliseo cerrado Julio Borelli y el de Villa Victoria para albergar a los indígenas marchistas que hoy llegaron a la sede de Gobierno luego de 38 días de caminata exigiendo que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por el TIPNIS.

28 enero 2012

Los padillenses invitan a disfrutar de su carnaval durante tres días

“Se caracteriza por la alegría, bastante agua, y, por supuesto, por la rica chicha que hay que tomarla con mucho cuidado, porque la chicha charque es traicionera”. Así describió ayer Melvi Coronado, miembro de la comparsa Náufragos, el Carnaval padillense. Ayer lanzaron el programa en la Gobernación, con una exhibición de danzas tradicionales de esa tierra.
Para los que quieran experimentar el carnaval de Padilla, este es el programa: el viernes 17 de febrero, actuará Orlando Pozo; el sábado 18, Enriqueta Ulloa, Los Canarios del Chaco y Ch’ilajatun, y el domingo 19, tendrá lugar el gran corso infantil de mayores, y habrá elección de la Reina del Carnaval de Padilla.
“Vamos a organizar diez comparsas de Sucre para ir a bailar a Padilla”, anticipó ayer Coronado, y dijo que los que se animen a ir a Padilla, disfrutarán, además, de la deliciosa gastronomía de ese municipio: chorizo, picante de pollo, freído, asado de cordero y de pato. “Y lo que generalmente se invita en todas las casas que se visita, en Carnaval, la tradicional zarza padillense”, añadió Coronado.

Sucre Moisés Torres compromete iniciar trabajo institucional

Tras recibir del Tribunal Electoral Departamental la credencial de alcalde, Moisés Torres Chivé, se comprometió a iniciar un trabajo institucional en favor de Sucre haciendo “respetar la legitimidad y dignidad” de sus pobladores.
Arropado por centenares de militantes, la tarde de ayer, Moisés Torres recibió el documento que le faculta para ser posesionado como Alcalde del municipio de Sucre. El acto de posesión por el Concejo Municipal está previsto para el próximo lunes a la 17:00, en el Salón Rojo de la Alcaldía e inmediatamente, dijo, hará un compromiso público ante la población.
Con la recepción de la credencial, Torres dijo que cierra la etapa electoral e inicia un trabajo institucional “de cara a una mayor reivindicación de Sucre y construir una identidad propia”.
“Voy a tomar un nuevo rumbo cual es el de trabajar fundamentalmente en exigencia y respeto a la institucionalidad, a la legalidad, enmarcados en la democracia, pero fundamentalmente siendo consecuente con lo que he manifestado en campaña”, dijo Torres al agradecer el apoyo de la población.


REUNIÓN CON
EVO MORALES
Una vez que sea posesionado, Torres dijo que buscará reunirse con el presidente Evo Morales y con otras autoridades tanto de oficialismo como de oposición.
“Voy a ser el primero en solicitar una reunión con la máxima autoridad del país, esto con el propósito de establecer nuevas formas de relacionamiento con el Gobierno Central, con el Gobierno Departamental, con la Brigada Parlamentaria, con los asambleístas y concejales de oposición u oficialismo que nos permitan comprometer un trabajo fundamentalmente por Sucre”, dijo.


TRIBUNAL
ELECTORAL
El acto de entrega de la credencial estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal Departamental Electoral, Norma Espinoza, quien en su discurso destacó el proceso electoral del pasado 18 de diciembre, por su imparcialidad e independencia, según sus palabras.
“En muchas etapas de este proceso electoral hemos visto que hemos tenido críticas, pero infundadas, pero ahí está el resultado; yo creo que todos los presentes están convencidos de que este Tribunal Electoral Departamental trabaja pues de manera imparcial”, aseguró.
Sobre firma de contratos
Mientras Moisés Torres Chivé se apresta para iniciar su gestión municipal, conformando un nuevo equipo de colaboradores, la alcaldesa interina de Sucre, Verónica Berríos, hasta la fecha, firmó 276 contratos de trabajo.
La cifra fue hecha pública ayer por la Alcaldesa interina a exigencia de los concejales en la sesión extraordinaria de informe de gestión y del proceso de transición que brindó Berríos junto a su equipo de trabajo.
“Ella ha firmado en uso estricto de sus competencias, dentro del marco de sus facultades y contando con el presupuesto correspondiente y con la certificación presupuestaria que consta en cada contrato”, justificó el asesor Jurídico de la Alcaldía, Ramiro Taboada.
El alcalde electo, Moisés Torres, criticó la decisión de Berríos y señaló que las firmas de contratos son “ilegales” porque fueron hace escasos días, y con fecha 3 de enero.

27 enero 2012

La Comisión se olvida de la “foja cero” y firma un confuso acuerdo

Todavía quedan dudas sobre la legalidad del acta y si se contratará una tercera empresa o habrá conciliación

Daniel Andrés Rodríguez/Tarija

El acuerdo firmado entre la Comisión Multisectorial y los ministros de Gobierno en la ciudad de Santa Cruz no convenció a todos los sectores del departamento de Tarija como el Autotransporte y asambleístas que se negaron a suspender las medidas de presión hasta no tener una explicación detallada del documento.
Todavía quedan dudas sobre los seis puntos el acta de entendimiento. Por ejemplo: ¿Es un documento constitucional? ¿Se congelarán las regalías a partir de abril? En caso de que el estudio de Tarija no coincida con el de YPFB ¿se realizará un tercero? o ¿se conciliará? Son interrogantes que deben responder las autoridades que viajaron a Santa Cruz, puesto que en las diferentes comunicaciones logradas con los representantes, las explicaciones brindadas son incoherentes o incluso contrarias entre sí.
El documento señala que el Gobierno Nacional facilitará las condiciones, mediante el instrumento jurídico que corresponda, para que la Gobernación de Tarija proceda a la contratación de una empresa para realizar un estudio paralelo al iniciado por YPFB sobre los campos Margarita y Huacaya.
Finalmente, si los estudios contratados por YPFB y por la Gobernación de Tarija arrojan resultados similares, estos serán aceptados por las partes. Sin embargo, si los estudios tienen resultados diferentes, entonces “las partes optarán por la vía conciliatoria”, pero no dice que se contratará una tercera empresa, tal como lo anunció el asambleísta de Camino al Cambio, Jhonny Torres, quien también firmó el acuerdo.
El diputado chaqueño, Willman Cardozo, quien abandonó la reunión y no firmó el acta, tras un cruce verbal con Walter Mogro porque no se ratificó la postura de Tarija de anular el proceso de contratación de YPFB, comentó que nunca había visto un Gobierno más duro. Además denunció que hay autoridades municipales que defendían el estudio de la Gaffney, Cline. Aunque no mencionó quién exactamente.
Según Cardozo los convenios entre partes tienen vigencia siempre y cuando estén adecuados al reglamento jurídico vigente. Además no dice el documento si el Gobierno aprobará un Decreto o Ley para darle la facultad a Tarija para que realice el estudio por cuenta propia.
En contraparte, el gobernador interino, Lino Condori, dijo que no se volvió a Tarija “con las manos vacías” ya que se logró firmar una propuesta con el Gobierno Nacional. El alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes, explicó que tenían el mandato para conseguir la anulación del estudio, pero en la medida que no se consiguió ese objetivo, Tarija presentó su contrapropuesta, para que el Gobierno reconozca el trabajo de la empresa contratada por Tarija mediante Decreto Supremo.
El presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge Arias Soto, aseveró que Tarija consiguió “algo más” de la anulación del proceso de contratación que inició de YPFB, ya que se logró introducir el estudio también sobre el campo Huacaya. El presidente cívico de Yacuiba, Ruddy Pantaleón, afirmó que los representantes que viajaron a Santa Cruz hicieron todo lo posible para lograr ese acuerdo.
El presidente de la Asamblea Departamental, Justino Zambrana, reconoció que el acuerdo es inconstitucional pero que el Gobierno se comprometió a delegar esa competencia. De todas maneras, afirmó que la entidad legislativa vigilará estrictamente el cumplimiento del acuerdo.
El asambleísta Jhonny Torres mencionó que hay falta de información sobre el acuerdo y que se necesita una disposición legal del Gobierno Nacional, ya sea Decreto o Ley, y una norma departamental para que la Gobernación destine recursos en la contratación de una empresa.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico, Mario Cavero, señaló que el acuerdo no es lo que Tarija deseaba y que “hay sabor a poco”, pero se logró “lo que se pudo y no había margen para más”. Reconoció que el acuerdo no es constitucional, sin embargo, dijo que hay que esperar “la buena fe” del Estado para que le den una figura legal.

EL APUNTE

Gobierno congelará regalías excedentes en abril

El acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las autoridades de tarijeña menciona el rechazo de Tarija de cualquier retención de sus regalías, sin embargo, no habla de un acuerdo. El alcalde Montes indicó que Tarija rechazó de manera contundente ese punto propuesto por el Gobierno Nacional, pero el presidente de la Asamblea, Justino Zambrana, reconoció que no hay un acuerdo en ese punto con los ministros porque firmaron otro documento con Chuquisaca que establece esa situación.
Según Cardozo lo que pretende hacer el Gobierno es arbitrario e inaceptable porque la distribución de regalías está constitucionalizada. “Dice que Tarija rechaza pero no dice que el Gobierno acepte”.

Tarija Indignación por el silencio de la Comisión Multisectorial

Desde “un desastre” hasta “la vergüenza más grande de la historia de Tarija” y “ocho días a la basura” fueron los comentarios escuchados en la plaza Luis de Fuentes y Vargas luego de conocer los resultados que tuvieron ocho días de paro por el campo Margarita.
A última hora, todavía algunos incrédulos esperaban en la puerta del Comité Cívico a que al menos uno de los más de veinte delegados que viajaron a Santa Cruz a negociar con el Gobierno y Chuquisaca una solución para el conflicto abierto en torno a la extensión y conectividad de Margarita, se presentara para dar una explicación. Pero vana fue la espera.
Y es que, al cierre de la edición de este diario, ninguna de las muchas autoridades con las que pudimos hablar a lo largo de la tarde y la noche, fue capaz de explicar si el paro se había suspendido. Mucho menos, alguien se apersonó en el Comité Cívico o en cualquier otro lugar para explicar el compromiso firmado por las autoridades en Santa Cruz. Además, el Presidente del Comité Cívico, Walter Mogro y el presidente de la Comisión Multisectorial, Normando Choque mantuvieron su celular apagado. Pero hubo más.
A su llegada al aeropuerto Oriel Lea Plaza, el asambleísta Jhonny Tórrez, defendió el acuerdo pero declinó pronunciarse sobre si las medidas se levantaban o si alguna autoridad iba a apersonarse en el Comité Cívico, indicando que los principales portavoces, Gobernador, Presidente del Comité Cívico, Presidente de la Comisión Multisectorial, entre otros, decidieron quedarse en Santa Cruz.
Eran las cinco de la tarde cuando el Gobernador Interino, Lino Condori, en comunicación telefónica, leyó el documento íntegro del acuerdo firmado, pero señaló inmediatamente después de leer el último punto en el que Tarija se comprometía a suspender las medidas que “las medidas no se levantan hasta que no se decida en Asamblea de la Comisión al retorno”. Apenas diez minutos después, una periodista de Cochabamba se comunicó con este diario para pedirnos un reporte de las pérdidas sufridas en el Departamento “una vez suspendido el paro”.
Pareciera que el fin de la movilización se decretó en La Paz vía Agencia Boliviana de Información. Una media hora después, compareció en el balcón de la casa cívica, Óscar Lazcano, asesor jurídico de la Comisión, atribuyéndose las competencias de portavoz, para decretar el fin de las medidas y la suspensión de la marcha prevista para hoy, sin esperar que la Comisión arribara a Tarija y entre el abucheo general de la población congregada, pues cuanto más se conocía del acuerdo, más se indignaba la gente, ¿ocho días de paro para hacer otro estudio que ni siquiera sabemos si es legal o tendrá validez? se preguntaba indignado Marcelino en la Plaza.
El autotransporte resiste, o no
Unos minutos después, Lazcano volvió a salir para decir que se esperaría a la Comisión para decidir. Casi al mismo tiempo, José Larrazabal, dirigente del autotransporte, visiblemente enojado, se comunicaba con la prensa para decir que las medidas de su sector se mantenían hasta que alguien viniera a dar la cara. “Se les encomendó foja cero, y lo que se ha firmado no se parece en nada”. El piquete de huelga de hambre del autotransporte, casi en paralelo, se levantó. El celular de Larrazábal, horas más tarde, también se encontró apagado.
El alcalde Municipal de Cercado, desde Santa Cruz, Óscar Montes señaló: “Ha habido más de 50 personas aquí, creemos que (el acuerdo) está bien y si a alguien no le gusta (en referencia al Autotransporte) debe respetar la decisión de la mayoría de la institucionalidad tarijeña”, y añadió que “se nos encomendó volver con una propuesta, esta es la propuesta, no volvemos con las manos vacías”.
Mientras, en Tarija, nuevos piquetes de huelga de hambre, 40 personas en el Rectorado de la UAJMS, se instalaban en rechazo al acuerdo firmado.
De los que atendieron a la prensa, como Jorge Arias Soto, presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Justino Zambrana, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Rudy Pantaleón, presidente del Comité Cívico de Yacuiba o Mario Cavero, vicepresidente del Comité Cívico, declinaron responsabilidades sobre la decisión de suspender las medidas de presión, señalando al Comité de Movilizaciones como responsable de tomar la decisión.

Tarija amaneció fracturada y anocheció más
JESÚS CANTÍN/TARIJA
El octavo día de paro inició tenso en Tarija, el jueves, la reunión de Santa Cruz se alargó y las informaciones emanadas desde el interior no generaban confianza en la población.
En horas de la mañana, un comunicado publicado en varios medios de comunicación impulsado por el dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas (FSUCCT) Elvio Díaz y firmado por organizaciones sociales afines, rompió la unidad departamental reclamando la suspensión de bloqueos y atender al diálogo. Díaz se nombró “portavoz de la gente que sufre en el departamento por el desabastecimiento y la imposibilidad de trabajar”.
También en horas de la mañana, el piquete de huelga instalado en la Asamblea Legislativa Departamental por miembros de Camino al Cambio, cargó contra los asambleístas del MAS. María Lourdes Vaca reclamó que no hubiera presencia de miembros de la fuerza gobernante, “no puede ser que asambleístas del MAS estén patrocinando la desmovilización”.
Poco después, dos secretarios de la Gobernación, el ejecutivo Roberto Ruiz y el de Medio Ambiente, José Félix Gutiérrez, comparecieron ante la prensa para declarar su apoyo a la propuesta gubernamental, que únicamente ponía plazos para abrir y mejorar el reglamento y seguir adelante con el mismo y la contrapropuesta tarijeña, que añadía la posibilidad de hacer un estudio paralelo. Ruiz fue abucheado por una turba en horas de la tarde en la plaza Luis de Fuentes y se vio obligado a refugiarse en la Gobernación.
En Santa Cruz, Wilman Cardozo y Walter Mogro estuvieron a punto de llegar a las manos, según confirmó el propio Cardozo, quien abandonó la reunión.
Finalmente se llegó a un acuerdo todavía incierto que hoy intentarán justificar los miembros de la Comisión que se desplazó hasta Santa Cruz, con indignación de algunos y celebración de otros muchos que reclamaban su derecho a trabajar o a desplazarse hasta sus lugares de origen.

Detienen por horas a senadora

Luego de haber sido aprehendida ayer por la mañana, la senadora opositora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, fue puesta en libertad pocas horas después. El motivo de la detención, es por el presunto delito de desacato interpuesto por el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, quien fue acusado por la legisladora de incurrir en supuestos actos de corrupción.

Liberada. Después, la senadora denunció que detrás de su detención hay una “persecución política”, organizada por el nuevo gabinete ministerial a la cabeza del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Gonzales ratificó sus denuncias contra el actual gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores; y aseguró que las presentó ante el fiscal general del Estado, al presidente Evo Morales y a todas las instancias correspondientes para que se investiguen los supuestos actos de corrupción.

Notificados. Oficiales del Ministerio Público aprovecharon la presencia de los legisladores de la fuerza opositora Convergencia Nacional en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) para repartir notificaciones al diputado Tomás Monasterios y el senador Germán Antelo, sobre quienes pesan procesos penales pendientes en su contra.

Los legisladores que acompañaron hasta las oficinas de la FELCC a la senadora pandina Carmen Eva Gonzales se vieron sorprendidos con las notificaciones a las que calificaron como una intención política para acabar con los opositores.

El caso. La senadora Gonzales aseguró que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción emitió un informe en el que confirma que la Gobernación de Pando contrató a una empresa de presuntos dueños narcotraficantes para la construcción y mantenimiento de la carretera Nacebe - Nueva América.

El 30 de agosto de 2011, la asambleísta denunció al gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, por haber contratado a la empresa Force para la construcción de este tramo carretero. Tiempo después, la representante legal de esta empresa, Magalí Barba, fue detenida por narcotráfico y enviada a la cárcel de Palmasola por la FELCN.

Por esta razón, la senadora pidió al gobernador pandino renunciar a su cargo, pues se trata de una empresa "dirigida por narcotraficantes", e incumplió "con la ejecución de la obra.

Agencias

26 enero 2012

Reck asume la segunda vicepresidencia del Senado

La senadora cruceña Centa Reck (CN) fue posesionada ayer como la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, luego de que su correligionario Marcelo Antezana retirara su postulación, al igual que el senador Gerald Ortiz, disidente de este partido. La senadora María Elena Méndez (CN) fue posesionada como segunda secretaria.

Tarija, aislada Escasez e incremento de precios de alimentos

Siete días de bloqueo en defensa de las regalías hidrocarburíferas que percibe el departamento de Tarija por el campo Margarita determinaron que en esta región empiecen a escasear los alimentos o a incrementar su precio.
La información proporcionada a este medio da cuenta de que el corte de rutas en más de 100 puntos en ese departamento ha empezado a mostrar sus primeras secuelas para los habitantes de la región.
“El precio de los alimentos se incrementó entre un 30 y un 40 por ciento”, detalló Ugarte, y agregó que “varios comerciantes sacan provecho de la situación al cobrar hasta Bs 30 por un almuerzo”.
Argentinos afectados. En puntos fronterizos de Bolivia y Argentina ubicados en el departamento, miles de personas son perjudicadas en sus actividades comerciales y también los turistas están imposibilitados de llegar a sus destinos. Según el diario argentino La Nación, los más perjudicados son los miles de ciudadanos argentinos que no pueden atravesar los bloqueos.

Gabriela Montaño se refiere a la agenda 2012 Asamblea priorizará la reforma judicial

También ingresarán en agenda las propuestas del encuentro plurinacional.

Con el propósito de dotar de herramientas de trabajo a los 56 magistrados electos el pasado 16 de octubre, la Cámara de Senadores impulsará desde el inicio de la gestión 2012 la aprobación de leyes sobre los procedimientos constitucionales de reforma del Órgano Judicial, según señaló la nueva presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, quien dijo además que también se procesarán las propuestas del llamado encuentro plurinacional.
Sin embargo, antes de iniciar el trabajo legislativo, los senadores deberán terminar de formar su directiva y designar las presidencias de las comisiones, tarea que se complica debido a la cada vez más profunda división que existe en Convergencia Nacional.
En el inicio de la Agenda 2012, también se debe terminar de elaborar los reglamentos internos y tratar normas pendientes, como la Ley del Ministerio Público.
El propósito del oficialismo es concluir la implementación del nuevo sistema judicial a partir de la posesión de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Agroambiental.
Las reformas judiciales se empezaron a sentir con mayor fuerza en la década de los 90, cuando fueron incluidas en el primer programa de gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en un trabajo conocido como el Plan de Todos.
Uno de los primeros pasos en ese momento fue la reforma de la Constitución Política del Estado, que se aprobó el 12 de agosto de 1994; posteriormente se sancionó la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley de la Corte Suprema y concluyó con la aprobación del Código de Procedimiento Penal en 1999, durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, y después fue continuado por su sucesor Jorge Tuto Quiroga.
PANORAMA CONFLICTIVO. La Presidenta de la Cámara de Senadores expresó su esperanza en que termine la división en la oposición, aunque dijo que avizora que este panorama conflictivo se mantendrá durante la designación de las presidencias para las comisiones y los comités del Senado, lo que dificultará el inicio del trabajo.

Gabriela Montaño es médico y fue delegada presidencial en Santa Cruz. Sucede en el cargo a René Martínez, es la segunda mujer que ocupa ese cargo bajo el Gobierno del MAS y puede convertirse también en la segunda en ocupar la silla presidencial en ausencia del Presidente y Vicepresidente.
Hace dos años, en enero de 2010, Ana María Romero de Campero fue elegida para ocupar la Presidencia de la Cámara de Senadores. Casi un mes después solicitó licencia de la Asamblea Legislativa debido a una operación gastroenterológica a la que fue sometida y falleció en octubre del mismo año a causa de complicaciones en su salud.

Debilidad opositora. “La división en la oposición lo único que provoca es que se debilite. esperamos madurez, esperamos propuestas durante este año y tenemos toda la disposición de trabajar con ellos”, dijo Gabriela Montaño.

Se profundiza la crisis en Convergencia

Convergencia es la alianza de sectores de NFR, Podemos y Plan Progreso para Bolivia.

La elección del jefe de bancada de Convergencia en la Cámara de Diputados y la elección de los representantes de la agrupación en la Directiva del Senado hundieron a la organización opositora en una profunda crisis, que dio lugar a que salgan a luz las tendencias contradictorias que se unieron en 2009 para enfrentar al MAS.
El viernes 20 de enero, la elección de las directivas camarales fue suspendida por las disputas entre los militantes de Convergencia, quienes presentaron listas paralelas con diferentes nombres para los cargos directivos y, de inmediato, en ambas instancias se decidió postergar sus respectivas sesiones hasta que los opositores se pongan de acuerdo.
Convergencia es la unidad de tres grupos conservadores: Poder Democrático y Social (Podemos), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y Plan Progreso para Bolivia (PPB), que recogía una fracción de militantes del desaparecido MIR. Los candidatos de Convergencia a la presidencia y vicepresidencia fueron Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández.
Martínez, tercera gestión. El miércoles pasado, el diputado Osney Martínez anunció que por tercer año consecutivo fue designado como jefe de bancada de Convergencia, con la diferencia de que en esta gestión habría un jefe de bancada alterno, cargo que sería asumido por Víctor Hugo Zamora.
De inmediato, un grupo de diputados liderado por la diputada Norma Piérola exigió que Martínez convoque a un ampliado de la bancada para definir “de manera democrática quién dirigirá a ésta”.
Incluso, mediante una carta firmada por 20 diputados, el legislador Felipe Dorado se acreditó ante el presidente saliente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, como el nuevo jefe de bancada de Convergencia.
En el Senado, Róger Pinto fue elegido como jefe de bancada, pero en la sesión preparatoria afloraron las diferencias cuando un senador del MAS propuso la reelección de Gerald Ortiz como segundo vicepresidente y la bancada de Convergencia presentó a Marcelo Antezana para ocupar ese cargo, que continúa en acefalía, en tanto que se busca un tercer asambleísta de consenso para evitar la división.

37 diputados titulares integran la bancada de Convergencia, de los cuales 21 apoyan a Dorado.

“A mí me apoyan 21 de los 37 diputados titulares. Tengo más de 50 por ciento del apoyo de la bancada”.
Luis Felipe Dorado / JEFE DE BANCADA DE CONVERGENCIA

“Osney Martínez Pactó con el MAS para ser favorecido con ítems fantasmas”, afirmó la diputada opositora Norma Piérola, quien desde la primera gestión de Osney Martínez lo acusó de ser un diputado “funcional al MAS” y que no aplicaba prácticas democráticas en la bancada de Convergencia.
Ella y otros diputados acusaron al legislador cruceño de nunca haber convocado a reuniones.
Según Piérola, durante los dos años anteriores, Martínez hizo designaciones en la directiva en acuerdo con el MAS.

Fiscalía ordena la aprehensión de la senadora pandina Gonzáles

Funcionarios de la Fiscalía de Distrito procedieron este jueves a la aprehensión de la senadora de Convergencia Nacional, Carmen Eva Gonzáles, por el presunto delito de desacato interpuesto por el Gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, quien fue acusado por la legisladora de incurrir en supuestos actos de corrupción.

La senadora pandina, quien fue sorprendida con la ejecución de esta orden de aprehensión, denunció el atropello de sus derechos constitucionales, abuso del poder de parte del Gobierno del MAS y la judicialización de la política para evitar que los legisladores opositores se atrevan a fiscalizar a las autoridades oficialistas en función de pública, tal es el caso del Gobernador Flores.

“Esta orden de aprehensión ilegal en mi contra se da por la denuncia pública que hice contra el Gobernador Lucho Flores sobre la creación de tres empresas fantasmas, el encubrimiento al contrato de un tramo carretero que firmó el Gobernador de Pando y la empresa FORCE que no fue cumplido y que esa empresa está implicada con los delitos de narcotráfico… No voy a retroceder porque el que tiene que estar con mandamiento de aprehensión es Lucho Flores, no me van a intimidar”, dijo la legisladora opositora.

“Quiero que el país separa como se viola el debido proceso, los derechos humanos para acallar la fiscalización y quiero que el país conozca este hecho abusivo de parte del gobierno”, manifestó Carmen Eva González a los diferentes medios de prensa que presenciaron su detención. Los agentes del Ministerio Público, una vez que la abordaron y cerraron el paso, no le permitieron ni siquiera subirse a su vehículo para dirigirse a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

“Estoy cumpliendo con mi trabajo por favor camine… No puede subirme a su vehículo, estamos a una cuadra”, le dijo uno de los agentes de la Fiscalía a la legisladora pandina, quien denunció que el Gobernador Flores interpuso dos demandas penales por desacato en el Ministerio Público de Pando y la Fiscalía de Distrito de La Paz.

EMPRESA FORCE: La senadora Carmen Eva González informó que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción emitió un informe en el que confirma que la Gobernación de Pando contrató a una empresa de presuntos dueños narcotraficantes para la construcción y mantenimiento de la carretera Nacebe – Nueva América.

El 30 de agosto de 2011, la asambleísta denunció al gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, por haber contratado a la empresa FORCE para la construcción de este tramo carretero. Tiempo después, la representante legal de esta empresa, Magali Barba, fue detenida por narcotráfico y enviada a la cárcel de Palmasola por Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Dentro del informe se ratificó, dijo González, que esta empresa radicaba en Santa Cruz y que los dueños de las mismas, que se encuentran prófugos, eran cabecillas de “un clan de narcotraficantes a nivel nacional”, del cual no precisó el nombre.

Por esta razón, la senadora pidió al gobernador pandino renunciar a su cargo, pues se trata de una empresa “dirigida por narcotraficantes”, e incumplió “con la ejecución de la obra.

Tarija abandona diálogo y Gobierno amenaza con firmar la consultoría

Luego de diez horas de diálogo, la delegación de Tarija abandonó la reunión con la representación de Chuquisaca y la delegación gubernamental en rechazo al acta que plantea la creación de una cuenta especial para ambos departamentos mientras se determine si las regalías del campo gasífero Margarita debe ser compartidas, esto provocó la molestia de los tarijeños que advirtieron con radicalizar el paro indefinido que cumple su octavo día consecutivo.

En tanto la representación de Gobierno otorgó un plazo hasta el mediodía de este jueves para que los tarijeños presenten sus observaciones al punto diez y planteen una alternativa, caso contrario se procederá a la firma de contrato con la empresa Gaffney Cline & Associates para que inicie el estudio del campo gasífero.

“No hay firma por parte de Tarija, acabamos de sostener una reunión con su delegación y les pedimos que nos formalicen la observación a ese punto, de manera que hagamos las gestiones con Chuquisaca y buscar un acercamiento, si no se da el acuerdo tendríamos que retornar al cronograma original que significaría avanzar con la suscripción del contrato con la empresa”, sostuvo el ministro de gobierno Carlos Romero al salir de la reunión con los tarijeños.

La delegación tarijeña reiteró nuevamente su rechazo a la empresa que pretende contratar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que exigen que todo vuelva a foja cero para licitar a una nueva empresa que realice el estudio.

“Ellos han puesto un plazo hasta el 9 de febrero que es una suspensión por un par de días nada más y en segundo lugar dicen que si hasta el 31 de abril no se lograría cuantificar si el campo Margarita es compartido o no, ellos están determinado en el punto diez de que lo que generen las regalías del campo deben ser colocadas en una cuenta especial lo cual rechazamos”, manifestó el diputado de Alianza Social, Wilman Cardozo.

MALESTAR: En tanto, la representación chuquisaqueña manifestó su molestia por la actitud de los tarijeños Y advirtieron con exigir a la estatal petrolera, acelerar la contratación de la empresa para que dé inicio al estudio del campo Margarita Y Huacaya.

“Si el departamento de Tarija no reflexiona y no firma, desde el departamento de Chuquisaca vamos a exigir que el presidente de YPFB Carlos Villegas de inicio en la firma de contrato con la empresa que ha ganado la licitación”, manifestó por su parte el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo.

PARO DESABASTECIMIENTO: Un total de 26 personas son las que ingresaron en huelga de hambre el miércoles en diversos piquetes instalados en Tarija. Durante la noche se instaló un nuevo piquete de huelga con seis personas del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane) en las puertas de la Gobernación del departamento.

En la ciudad de Tarija el paro en su octavo día es invariable y la capital del departamento está totalmente incomunicada y desabastecida de alimentos. Los estudiantes de la Universidad estatal Misael Saracho volverán a salir a las calles en protesta contra el gobierno y en demanda de la anulación del proceso de contratación de la empresa que debe determinar el porcentaje de participación de los departamentos en las regalías del mega-campo.

PREOCUPACIÓN EN ARGENTINA: De acuerdo con el diario La Nación de Argentina, en los puntos fronterizos con Bolivia, miles de ciudadanos argentinos están siendo perjudicados en sus actividades comerciales y también muchos turistas imposibilitados de llegar a sus destinos.

El cónsul de Argentina en Santa Cruz, Ricardo Di Lelle, informó que su despacho recibió al menos 200 denuncias, pero el diplomático estima que son muchos más los afectados que incluso están pernoctando en la terminal bimodal de Santa Cruz.
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Cochabamba encabeza la lista de las ciudades más inseguras del país

Según los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, entre los meses de septiembre y octubre del 2011 a 2072 hogares, en las cuatro principales ciudades del país, Cochabamba y El Alto serían las ciudades de mayor inseguridad ciudadana.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez informó que la encuesta realizada dio como resultado que cuatro de cada diez hogares fueron víctimas de un delito en los últimos doce meses.

“Todos pensábamos que Santa Cruz tenía esta problemática desde el punto de vista de lo que ha acontecido en el último tiempo, pero ahí están los números estadísticos por una encuesta técnica y científicamente elaborada. Hogares victimizados en un tipo de delito y violencia en las cuatro ciudades”, sostuvo la autoridad en la presentación de los primeros resultados de la encuesta de victimización.

Los resultados de este trabajo reflejan que La Paz tiene un 37,8 por ciento, Santa Cruz 38,7 por ciento, Cochabamba 55, 4 por ciento y El Alto con 48,5 por ciento, tomando un promedio de nivel de inseguridad de 43,6 por ciento.

Las cuatro ciudades presentan niveles de victimización. En Cochabamba en cinco de cada diez hogares se registró un delito o un hecho de violencia. Sin embargo, si se une a las principales ciudades del departamento de La Paz el índice sería mucho más alto.

Estas cifras concuerdan con las estadísticas que maneja la policía sobre la base de los registros estadísticos que a través de la dirección nacional de planeamiento que trabaja todos los días en el tema de las estadísticas.

Robo, hurto, robo de autopartes, robo de viviendas, violencia física, robo de bicicleta, robo de vehículos y robo de motocicletas fueron las respuestas que brindaron los encuestados.

Investigan denuncias contra quince fiscales

Dos autoridades fueron procesadas y destituidas por presuntos actos de corrupción.

El fiscal inspector e investigador del Ministerio Público de La Paz, Mirko Borda, informó que en los primeros 25 días del año se presentaron 15 denuncias en contra de fiscales por la presunta comisión de irregularidades durante las investigaciones de diversos casos.
El año pasado, dos fiscales fueron suspendidos y sometidos a proceso, mientras que las 15 denuncias son procesadas actualmente, sin que se hubiese logrado aún conclusiones.
Entre los 15 casos, “las causas principales son por incumplimiento de plazo”.
Borda dijo que cuando se determina que efectivamente un fiscal cometió alguna falta, es sancionado con una multa hasta la suspensión de sus funciones.
Agregó que cuando las faltas son dolosas, se procede a la destitución definitiva del cargo y el retiro del denunciado.
También se contemplan otras faltas por cumplimiento de los instructivos dentro de los plazos establecidos o denuncias por acciones irregulares que perjudican al desarrollo normal de una investigación.
Desde agosto de 2011, los fiscales inspectores Marco Antonio Rodríguez y Mirko Borda atendieron más de 50 casos de denuncias en contra de los fiscales que presuntamente cometieron alguna irregularidad, y emitieron 15 informes conclusivos.
PROCEDIMIENTOs DiSCIPLINARIOs. Según el procedimiento disciplinario, las denuncias y los informes de los fiscales son remitidos a la Inspectoría General de Sucre, donde las autoridades competentes resuelven la apertura de la investigación disciplinaria o el rechazo de la denuncia. En el primer caso, la investigación se abre en 60 días.
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, calculó que por día se presentan entre cuatro y cinco denuncias contra representantes del Ministerio Público.
OFICINA de control interno ANTICORRUPCIÓN. Esta dependencia fue creada para identificar no sólo a los fiscales que incumplen sus deberes o que hagan cobros indebidos, sino también a cualquier funcionario de la entidad.
La fiscal Betty Yaníquez explicó que otro de sus objetivos es velar por los derechos de los litigantes, a fin de que, en su caso, presenten quejas contra los fiscales que frenan los procesos. “Tenemos la esperanza de que vayamos luchando de a poco contra la corrupción, y limpiar la imagen del Ministerio Público” en todos sus niveles.
Afirmó que con esta innovación se simplifica la forma en la que el público litigante hace quejas y denuncias a fin de que los procesos concluyan en término.

INVESTIGACIones. cada gestión, los fiscales inspectores investigan entre 180 y 200 denuncias relacionadas con fiscales parcializados, incumplimiento de plazos procesales y otros.

Presidenta de Diputados promete ley de discapacitados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, se comprometió ayer a sancionar la Ley de Tratos Preferentes para las Personas con Capacidades Diferentes hasta el mes de febrero próximo, dando continuidad al trabajo que realizó la Comisión de Derechos Humanos la anterior legislatura.

Anunció que en los próximos días se concluirá la redacción y posterior tratamiento de una ley integral más amplia en beneficio de los discapacitados en la Cámara Baja, cuyo proyecto fue elaborado hace tres años y tendría el consenso del sector.

Según el presidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad, Mario Torrico, la ley debería establecer una regla sencilla para el pago del bono que pide este sector.

Indicó que a la fecha existe un poco más de 9 mil personas con capacidades especiales elevadas que serían las beneficiarias con el bono de 3.000 bolivianos, lo que haría un total de 27 millones de bolivianos.

Explicó que los restantes 13 millones, de los 40 que se tiene para el sector, debe ser empleado en otro tipo de proyectos como albergues, programas de rehabilitación, entre otros.

Torrico afirmó que el Gobierno simplemente debe dar cumplimiento al convenio firmado el pasado 21 de enero en Quillacollo, acuerdo que permitió que la marcha de discapacitados continúe hacia la Sede de Gobierno.

REUNIÓN Con el objetivo de elaborar el proyecto de ley en consenso, tal como establece el acuerdo, una comisión de representantes de las personas con discapacidad se reunirá hoy en La Paz con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

“Iremos a dialogar para que el convenio se cumpla, caso contrario, los marchistas, que están en vigilia en Quillacollo retomarán la camina”, advirtió el dirigente Torrico al recordar que el plazo para la elaboración, aprobación y promulgación de la norma vence el próximo 20 de febrero.

El convenio firmado con el Gobierno establece como contenido básico de la ley el pago de un subsidio para las personas con discapacidad muy grave en el primer año de vigencia de la ley (2012).

Asimismo, el pago de un bono o asistencia económica a partir del segundo año (2013) de aprobación de la ley, de acuerdo a los resultados del estudio y según las posibilidades financieras del Estado.

En tercer lugar está la reconsideración del porcentaje de contratación laboral en el sector público sobre la base del 4 por ciento ; la modificación de la seguridad social en la jubilación y el pago de la Renta Dignidad en un porcentaje mínimo, entre otros beneficios para el sector.