Casos como el referido al fallecido político Guillermo Fortún o el Porvenir, donde se implica al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, habrían tenido la participación de los abogados de la descubierta red de extorsión. Tanto Gustavo Torrico como Marcos Farfán, ambos exviceministros de Régimen Interior, dieron estas señales, mientras los familiares y allegados políticos de los encausados exigen investigar los alcances e injerencia de este grupo, dentro de los que se ha venido a denominar la “judicialización de la política”.
La hija del extinto dirigente de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Guillermo Fortún, ya anticipaba una “venganza” desde círculos del poder por la labor que cumplió el exministro de Gobierno en la erradicación de cocales. Tras conocerse la implicación de los asesores Fernando Rivera y Dennis Rodas, entre otros, con los hechos de extorsión, Ximena Fortún, reveló que gente allegada a estos abogados le pidieron dinero “para que mi padre salga de la cárcel por el delicado estado de salud”, contó.
“Quiero pedir que se investigue a estos sujetos, sé que no le devolverán la vida a mi padre, pero se hará justicia con su nombre”, declaró. Guillermo Fortún fue detenido en la cárcel de San Pedro por supuesto enriquecimiento ilícito al manejar los denominados “gastos reservados”. Falleció sin condena, el 15 de octubre.
Sobre estos casos, se podrían sumar otros como los enfrentamientos de Porvenir.
El exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, a tiempo de negar cualquier nexo con esta red, dijo a Gigavisión: “tengo entendido que tenían participación en casos como Porvenir, pero luego el Gobierno decidió darles otras atribuciones. Nunca tuve informes de ellos porque respondían a los sucesivos ministros del Ministerio de Gobierno”.
El caso que implica al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por la muerte de una docena de campesinos y cívicos el 11 de septiembre de 2008, no tiene avance procesal y el exhombre fuerte de ADN lleva 51 meses detenido en la cárcel de San Pedro.
El Ministerio de Gobierno tuvo cuatro gestiones con Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero. Aún no se ha establecido cuál de estas autoridades contrató o recomendó a Rivera y Rodas, pero en criterio del exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, hubo algún aval político.
Respecto a la gestión de Llorenti, fueron los asesores sindicados quienes interpusieron la querella contra las mujeres marchistas indígenas del Tipnis, por el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca el 24 de septiembre de 2011, un día antes de la represión de Chaparina. Aunque la demanda fue presentada en la gestión posterior, la oposición advierte que podría haber alguna presión sobre las autoridades judiciales para avanzar en ese proceso y postergar la investigación de la represión policial, dejando exonerando de responsabilidad al actual Embajador de Bolivia ante la ONU.
Un abogado dijo a Bolivisión que efectivamente había temor entre los jueces por las llamadas de los asesores del Ministerio de Gobierno, un despacho que fue querellante en muchos casos donde se debía actuar entre privados.
El diputado de Convergencia Nacional (CN) Andrés Ortega, se refirió al particular y explicó que este grupo empezó organizando acciones de persecución política “y se dieron cuenta del poder que les había dado el Gobierno para romper el debido proceso. Ya lo habíamos denunciado antes, nuestra acción se defensa de los políticos de oposición no era sólo por y para la oposición sino que defendíamos el derecho de todos los ciudadanos bolivianos”.
En Santa Cruz, el concejal Oscar Vargas denunió que “extrañamente” los fiscales Piérola y Pérez actuaron “ilegalmente” deteniendo a los concejales denominados rebeldes, por no haber suspendido a la edil Desiré Bravo, mientras no se actuaba contra el alcalde Percy Fernández. “Extrañamente, los hijos de Piérola y Pérez ahora trabajan en la administración del alcalde Fernández”, arguyó.
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