La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, expresó esa posición consultada sobre versiones de medios estadounidenses replicadas en Bolivia que informaron que abogados de ese país preparan una denuncia contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar los derechos de Ostreicher.
Dávila sostuvo en rueda de prensa que el Gobierno de Evo Morales "ha expresado ya su decisión de contribuir a todo tipo de investigación", pero que el caso "está en manos de la Fiscalía" y del órgano judicial.
Agregó que ante cualquier demanda, "el Estado boliviano sabrá también defender su posición en torno a que ningún pedido de un actor como Sean Penn, que es muy querido por el Gobierno boliviano, (...) ni otra estrella u otra persona pueden influir en decisiones que competen al órgano judicial y no al Ejecutivo".
Las declaraciones de la ministra aluden a la petición que hizo Penn esta semana al presidente Morales en su nueva visita a Bolivia para la "inmediata liberación, exoneración y regreso seguro" a EE.UU. de Ostreicher.
Los congresistas estadounidenses Christopher Smith y Nydia Velázquez, que estuvieron en Bolivia la semana pasada para seguir el proceso, también han pedido la intervención de Morales para que tome las medidas necesarias para liberar a su compatriota.
Ostreicher llegó a Bolivia hace cuatro años para invertir en la producción de arroz y está detenido desde junio de 2011 en una prisión de la ciudad oriental de Santa Cruz acusado de blanqueo de capitales en un caso de narcotráfico, cargo que niega.
El proceso ha sufrido varios retrasos en la justicia boliviana, el más reciente ocurrió el pasado martes, cuando un tribunal volvió a negar la libertad condicional al empresario y devolvió su caso a una juez que ya se la había denegado en días pasados.
Su caso dio un giro en las últimas semanas al ser desarticulada una red de funcionarios gubernamentales que supuestamente extorsionaba a presos, entre ellos Ostreicher, a quienes exigía dinero a cambio de fallos favorables o beneficios penitenciarios.
Dávila insistió en que el Gobierno boliviano "ha hecho todos los esfuerzos para tratar de enmendar una situación que era condenable" y que su principal aporte fue "desvelar" la trama de las supuestas extorsiones para que el estadounidense pueda defenderse ante la justicia en "condiciones legítimas".
El estadounidense, de 53 años, ha pasado el último mes en una clínica cruceña a causa del deterioro de salud sufrido durante su encarcelamiento.
EFE
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