A siete años de la promulgación del Decreto Supremo 28168 de Transparencia en la Gestión Pública del Poder Ejecutivo, la transparencia en el manejo de la información de las instituciones del Estado en las páginas web avanzó muy poco.
Los contratos de bienes y obras, el presupuesto designado, los sueldos, los viajes y gastos que realizan las autoridades del Ejecutivo, entre otros, todavía es un “secreto” y que la población no tiene posibilidad de conocer ingresando a las páginas web, que por norma deben tener los ministerios y hasta la propia Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
Salvo algunas excepciones, hay ministerios como el de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que expone en su web al visitante los cargos disponibles que hay en la institución y las convocatorias de los mismos, los sueldos, el presupuesto y las fuentes de financiamiento, entre otros.
Así como el anterior, el Ministerio de Comunicación exhibe los informes de rendición de cuentas, la nómina de la escala salarial, entre otros. Sin embargo no detalla los viajes que ha realizado la ministra ni los gastos que realizó en cada uno de ellos.
En el caso de la Vicepresidencia, la web de ésta pone énfasis en las publicaciones de libros, proyectos, el marco legal del Estado boliviano, auditorías internas, entre otros.
El Decreto 28168 de 17 de mayo de 2005 “se propone garantizar el derecho a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en el Poder Ejecutivo”.
Tomando en cuenta este precepto, algunas instituciones del Ejecutivo no cumplen a cabalidad en la información que publican en sus portales electrónicos.
Si bien no existe una normativa que obligue a los municipios y sus entidades descentralizadas a transparentar su información como deben hacer los del Ejecutivo, algunas como el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), una unidad descentralizada de la Alcaldía de Cercado, ha avanzado en la transparencia de la información. Es así que en su portal publica su Plan Operativo Anual (POA), la rendición de cuentas, las licitaciones, los requerimientos de compra, entre otras. Cosa muy distinta sucede con la Alcaldía de Cercado, que da prioridad a notas informativas de las actividades del burgomaestre.
En el caso de la Gobernación de Cochabamba, simplemente no existe un portal donde el cochabambino pueda acceder a las contrataciones que realiza, el presupuesto, las obras, la ejecución, los salarios, o simplemente las actividades que realiza el Gobernador. Lo único que tiene son dos cuentas en la red social del Facebook.
Todo esto muestra cómo las instituciones del Ejecutivo e instituciones de la región todavía se limitan a transparentar la información al ciudadano, quien tiene todo el derecho de conocer lo que hacen las autoridades electas gracias al voto de los bolivianos.
Pese a que contar con un portal en internet no es tan complicado ni costoso, como aseguran los expertos, apenas 44,6 por ciento de las instituciones públicas del país tienen un sitio para informar a la ciudadanía del manejo de la cosa pública.
INFORMACIÓN
EN CAMINO
Los responsables del área de comunicación de las instituciones públicas analizadas reconocen que todavía falta mucho por hacer para transparentar la información a través del internet.
Aseguran que las instancias respectivas están trabajando en aquello y prometen que en unas semanas la información estará al alcance de la población, quien con solo entrar al portal y hacer un click encontrará la información requerida.
Entre tanto, el ciudadano deberá conformarse con la poca información que se publica o verse obligado a recurrir personalmente a las instituciones para solicitar la información.
Según el artículo 24 de la nueva Constitución Política del Estado, “toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para tal ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
Las instituciones analizadas afirman que cumplen con lo que dispone la Carta Magna, por lo que a sola solicitud extienden la información requerida. Lo que no dicen es el tiempo que puede demorar la respuesta que vayan a dar al ciudadano, lo cual hace que éste no tenga los datos demandados en el momento que desee. Si esa información estaría en la web, el beneficio sería mayor para el usuario.
Lo que llama la atención, es que hay informes que demoran semanas en ser proporcionados. Todo depende del material informativo que demanda el usuario, dicen las instituciones consultadas.
Sin embargo hay denuncias que señalan que no cumplen con las normas legales de acceso a la información y petición de informe, por lo que algunos ciudadanos se ven obligados a acudir a las oficinas del Ministerio de Transparencia para que éste intervenga.
¿Cuánto más los bolivianos deberán esperar que las instituciones transparenten su información en la web? es la pregunta del millón.
Dice el dicho: “el que nada tiene nada teme”, pero en algunas instituciones parecen no comprender aquello y hasta ahora mantienen en secreto la información que debe ser de conocimiento público, salvo aquel, como dice la norma, que sea parte de la seguridad nacional.
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