En dos años, 15 alcaldes fueron suspendidos en el país

En dos años, 15 alcaldes fueron suspendidos en el país debido a acusaciones formales que van desde racismo, pasando por incumplimiento de deberes, malversación de fondos, tráfico de carburantes y hasta violación.

Según datos del Ministerio de Autonomías -complementados con una revisión hemerográfica- desde que entró en vigencia la Ley Andrés Ibáñez, el 19 de julio de 2010, el Ministerio Público emitió acusaciones formales en contra de al menos 19 autoridades (ver infografía).

No obstante, en tres casos no se dio curso a la suspensión que prevé la regla; y en otro, se restituyó al munícipe procesado.

El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías establece que estas autoridades podrán ser alejadas de su cargo, de forma temporal, cuando se dicte una “acusación formal” en su contra.

El mecanismo debe empezar con la acusación formal de un fiscal, quien luego informa de su acción al Concejo Municipal, instancia que debe disponer “de manera sumaria y sin mayor trámite” la separación de la autoridad.

Carlos Hugo Molina, quien fue secretario nacional de Participación Popular entre 1994 y 1997, cree que esta situación debilita “la gobernabilidad democrática” en los municipios afectados, además de la paralización de la ejecución de inversión pública, debido al temor que provoca la situación en las autoridades electas.

Desde el oficialismo, la senadora Mirtha da Costa señala que más perjudicial para la gente es tener un alcalde que por atender los procesos en su contra descuide sus labores ediles.

Casos

De los ediles suspendidos, 11 pertenecen a partidos o siglas que en su mayoría actuaron en el ámbito local, y cuatro corresponden al partido gobernante. Mientras que de los 15 concejales que asumieron tras la suspensión de los alcaldes , nueve son del MAS.

La mayoría de las suspensiones fue en contra de ediles electos en Santa Cruz (seis). Siguen Cochabamba (tres), La Paz (dos) y Tarija, Beni, Sucre y Potosí (uno en cada municipio). “Incumplimientos de deberes” y “malversación de fondos” fueron las faltas que más se denunciaron.

En porcentaje, Santa Cruz concentra el 40% de los municipios en los que sus alcaldes fueron suspendidos por acusación formal. Le siguen Cochabamba con el 20% y La Paz con el 13%.

Además, según el Ministerio de Autonomías, en Camiri (Santa Cruz), Sapahaqui y Chacarilla (La Paz) pese a existir una acusación formal en contra de sus alcaldes, éstos siguen pues los concejos no se pronunciaron.

En el caso del alcalde de Mecapaca, de La Paz, sí fue marginado, pero fue restituido diez meses después, tras apelar a un juez, quien anuló la acusación formal por presunta corrupción.

Ante este panorama, Molina sostiene que la suspensión, “corresponde a una arbitrariedad legal boliviana”, que no tiene parangón en otros países.

La lectura de la oposición se centra en que el partido gobernante, en un afán de conseguir hegemonía en todos los niveles, avanza en una “actitud persecutoria”, según el senador Germán Antelo (CN).

El Ejecutivo “lleva a que decenas de autoridades electas sean destituidas por acusación formal de un fiscal, y no por sentencia ejecutoriada como dice la Constitución”, agrega.

La mirada del oficialismo se afinca en destacar el procedimiento por sus bondades para la población.

“Me parece que estas previsiones normativas son saludables. Las autoridades por ética no deberían continuar ejerciendo funciones”, sostiene la senadora Da Costa.

Óscar Montes, titular de la Asociación de Municipios de Bolivia, sostiene que si bien al principio los “más vulnerables” con este procedimiento fueron las autoridades desvinculadas al MAS, con el paso del tiempo hay una “lucha sin cuartel”, y ahora se vislumbran pugnas intrapartidarias del bando oficialista, lidias entre partidos que no son afines al Movimiento Al Socialismo y en sí son rencillas inmersas “en luchas de liderazgos personales”.