Una demanda enreda la aprobación del POA edil

El Tribunal Constitucional admitió un recurso directo de nulidad en contra de los concejales Desirée Bravo, de Santa Cruz Para Todos (SPT), y Freddy Soruco, del MAS-ASIP, que deja en suspenso la elección de la nueva directiva del Concejo Municipal y de lo actuado hasta la fecha, incluyendo la aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de 2013.

Mientras Desirée Bravo sesionaba junto con los ediles suplentes del oficialismo y de la bancada del MAS, los concejales disidentes recibieron el Auto Constitucional 0729/2012-CA, del 30 de agosto, que notifica la admisión del recurso directo de nulidad interpuesto por Óscar Vargas.

Esta noticia la hicieron conocer públicamente en la plaza principal 24 de Septiembre. El abogado defensor de los disidentes, Otto Ritter, advirtió con iniciar procesos penales, porque para ellos todo lo actuado por Bravo, junto a los suplentes y los masistas, es ilegal.

Al respecto, Bravo, que ejerce como presidenta del organismo deliberante, dijo que no se pronunciará sobre el tema porque no ha sido notificada oficialmente sobre el auto constitucional. Mientras tanto, para hoy cursa una convocatoria a sesión.

Para los disidentes el panorama es distinto, porque señalan que la directiva estaba actuando de forma ilegal, por lo tanto, la suspensión de los siete concejales (Carlos Manuel Saavedra, Leonardo Roca, Óscar Vargas, Enrique Landívar, Yanine Parada y Sibele Ortiz, todos de SPT, además de la masista Arminda Velásquez) no es válida. Como tampoco reconocen la elección de la nueva directiva, conformada por los suplentes que asumieron el cargo y desde este lunes comenzaron con el tratamiento en el plenario el POA 2013, que tiene prevista su aprobación para hoy, luego de conformar las comisiones.

Esta es la segunda vez que una orden judicial anularía todo lo actuado en el Concejo Municipal. La primera se produjo a fines de julio, cuando el Tribunal de Garantías dejó sin efecto la conformación de la directiva de los disidentes y la suspensión de siete concejales titulares por una acusación formal de incumplimiento de deberes que hizo el fiscal Carlos Candia.

Este tribunal resolvió que continuara la sesión del 7 de junio, en el que el único punto del orden del día estaba referido a la conformación del directorio, porque la presidencia estaba ocupada interinamente por Freddy Soruco, MAS-ASIP. En esa oportunidad, Desirée Bravo estaba suspendida por un proceso judicial que enfrentaba por la supuesta falsificación de su libreta de notas.

Aunque después fue absuelta, los concejales disidentes sostienen que no se cumplieron los procedimientos ni el fallo del Tribunal de Garantías, por lo tanto, sostienen que todo lo que se hizo hasta el momento es ilegal.

Desirée Bravo y los suplentes, en la sesión que instalaron el viernes, convocaron a dos notarios de fe pública, con los que intentan demostrar que actuaron enmarcados en la ley y que tuvieron que llamar a suplentes por la inasistencia de los titulares.

Se puede permitir lo aprobado
Silvia Salame | Expresidenta del Tribunal Constitucional
El recurso directo de nulidad suspende la competencia de la autoridad demandada, una vez que reciba la notificación correspondiente.

En este caso, cuando los concejales Desirée Bravo y Freddy Soruco tomen conocimiento oficial del auto constitucional, queda en suspenso el ejercicio de sus actividades en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Después de la notificación de las partes, el Tribunal Constitucional tiene 30 días para pronunciarse, es decir, de emitir un fallo.

En el supuesto de que el Tribunal declare que las autoridades demandadas han ejercido el cargo de forma ilegal el cargo, puede emitir una sentencia previsoria para evitar un caos jurídico y con esto se convalidan los hechos para evitar un mal mayor al Estado o en este caso a la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra. Esto se ha hecho en anteriores oportunidades.

Si con la anulación de lo actuado hasta ahora se corre el riesgo de que congelen las cuentas municipales, por ejemplo, se aplicará una sentencia previsoria, aunque el mandato de las autoridades estén en suspenso.

El Tribunal Constitucional no emite pena ni sanciones en contra de los recurridos, pero dependiendo del resultado las partes están en condiciones de presentar diferentes recursos y demandas que emerjan de la sentencia constitucional.

EN LA SESIÓN



- Por dispensación de trámite. Ayer en el pleno del Concejo, en la sesión que asisten los suplentes y los masistas, a la cabeza de Desirée Bravo, se aprobó convenios que benefician con recursos a 22 albergues de la ciudad. También se aprobó la contratación de 14 asesores para las 9 comisiones que se conformaron. Hubo fuertes disputas en la elaboración del listado.

- Correspondencias. De un listado de 81 documentos introducidos en el organismo deliberante en la sesión de ayer, hubo algunas solicitudes de devolución de contratos porque venció el plazo para su tratamiento. Entre ellos está el centro de rehabilitación de drogodependientes que ha colocado la piedra fundamental.

Disposición



- Admite. El recurso directo de nulidad interpuesto por Óscar Vargas Ortiz contra Freddy Soruco y Desirée Bravo, todavía en calidad de suspendida. Sindica que Soruco usurpó funciones y violó la resolución del Tribunal de Garantías al traspasar la presidencia.

- Ordena. Que por Secretaría General se efectúe la citación a Soruco y Bravo, para que en el plazo de 24 horas remitan los antecedentes y respondan al recurso en el término de cinco días hábiles, de conformidad al acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional 54/2000 de 21 de junio.

- Dispone. Desde el momento de la citación queda suspendida la competencia de las autoridades municipales recurridas.