El alcalde de Quillacollo, Charles Becerra, y los concejales de la agrupación ciudadana Unidad Nueva Esperanza (UNE), Cinthia Fernández y Julio Santos, enfrentan procesos judiciales que de proseguir podrían derivar en la suspensión de sus cargos.
Según antecedentes hechos públicos, Becerra tiene cuatro procesos por nombramientos ilegales, encubrimiento y protección a funcionarios presuntamente vinculados a hechos de corrupción y por desvío de prediarios cuando ejercía el cargo de Director Departamental de Régimen Penitenciario en 2003.
La vicepresidenta del Concejo Municipal, Cinthia Fernández, tiene una imputación formal dictada por la fiscal María Anawella Tórrez por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones contemplados en los artículos 159 y 161 del Código Penal.
Por su parte, el concejal Julio Santos enfrenta un proceso penal por conducta arbitraria. Según abogados municipalistas, las denuncias y procesos judiciales de prosperar, por la Ley de Municipalidades y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y en caso de existir acusación formal o dos imputaciones, determinarían la separación de sus cargos.
En el caso de Charles Becerra, el pasado 4 de julio fue notificado para que preste su declaración el próximo 18 por el caso “desvío de prediarios”, investigado en la gestión 2003 por la entonces “zarina” anticorrupción Lupe Cajías. Becerra respondió que se trata de un ataque político dirigido a desestabilizar la gestión municipal, y afirmó que asistirá a la audiencia para responder con altura.
En todos los casos, según el presidente del Concejo Municipal, Gilmar Terrazas, se solicitó un informe detallado y que el alcalde asuma decisiones radicales en contra de los presuntos hechos de corrupción: “Hasta ahora no se pronuncia sobre los casos denunciados, lo que nos hace sospechar de actitudes de protección y encubrimiento, cuando él juró cero tolerancia a la corrupción venga de donde venga”.
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