El delito consignado para la apertura de procesos en contra de estas personas es desacato, sedición y presuntos hechos de corrupción (ver infografía). Un elemento que no pasa desapercibido es que todas las personalidades notorias de la oposición política tienen procesos.
Para los parlamentarios de la oposición afectados con estas denuncias, el Gobierno ejerce una persecución sistemática a los opositores como el senador Róger Pinto, que recientemente consiguió asilo político en Brasil. Pero desde el partido oficialista responden que la oposición esgrime argumentos como “persecución” para escapar de la justicia que investiga las denuncias.
“No es el MAS, sino la justicia el que persigue a los corruptos”, sentenció el jefe de la bancada de senadores del partido oficialista, Eugenio Rojas.
El senador Pinto, precisamente, es el opositor que más juicios afronta junto a su colega Carmen Eva Gonzales, seguido por el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, este último también asilado en Paraguay por persecución política (ver infografía).
En el caso de la asambleísta Gonzales, ella presentó junto a Pinto y al senador Marcelo Antezana un audio en el que supuestamente se escucha la voz del fiscal del caso Rósza, Marcelo Soza; de la abogada del caso Porvenir, Mary Carrasco, y de un funcionario gubernamental y discuten el arreglo de polémicos casos judiciales y cómo controlar la administración de justicia.
En respuesta, el fiscal Soza presentó una denuncia por desacato contra los denunciantes. Pero no es la única denuncia que afrontan por esta figura legal, sino hay otros que fueron instaurados y que están vigentes.
Otros parlamentarios de la oposición también afrontan procesos por desacato y, según cuentan, deben repartir su tiempo entre su trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y su defensa legal en la Fiscalía.
“Somos convocados para declarar y debemos ir, en muchos casos tenemos policías que están rondando para notificarnos, no es una situación sencilla” relató la diputada Norma Piérola, quien también tiene denuncia por desacato y otros delitos.
En la lista de asambleístas que afrontan demandas judiciales además se encuentra la disidente del MAS y ahora parlamentaria por Convergencia Adriana Gil, quien es acusada por racismo y discriminación al presidente Evo Morales y se la pretende suspender del cargo porque afirmó que el Primer Mandatario tiene una actitud “desleal y mentirosa” con los indígenas.
Empero, la arremetida judicial no sólo es contra parlamentarios de la oposición, sino contra ciudadanos como el abogado de los familiares de los dos jóvenes que fallecieron durante una represión policial en Caranavi, Jorge Quiroz, y su esposa Claudia Lecoña. Ambos fueron acusados por el ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán de desacato y proxenetismo.
El hecho ocurrió después de que ambos juristas demandaran la imputación formal de importantes jefes policiales y personeros del Ministerio de Gobierno que autorizaron el operativo para despejar un bloqueo realizado por cocaleros de la zona.
Para el diputado opositor Roy Moroni, “antes, en el régimen de García Meza, decían que hay que andar con el testamento bajo el brazo; ahora, en este régimen, hay que andar con el abogado al lado” porque “quienes hacemos trabajo de fiscalización podemos esperarnos un proceso en cualquier momento”.
Lamentó que las autoridades judiciales actúen de manera parcializada con el Órgano Ejecutivo y no hagan prevalecer los principios y mandatos establecidos en la Constitución.
Punto de vista
Iván ariAS DURÁN Analista políticoTodos los opositores que osaron decir una protesta les arruinan la vida. Les hacen aparecer una y otra cosa. No sólo a autoridades políticas como senadores y diputados, sino también a alcaldes y gobernadores. La “judicialización” de la política es un hecho en el país. Hay mucha gente que gasta mucho tiempo, dinero y energía en estar en los juzgados y ésa es una forma que tiene el Gobierno de amedrentar y controlar las voces disidentes.
Además, parece que el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, decidieron retirar sus denuncias por desacato contra el senador Róger Pinto. Esta figura legal también es una forma de perseguir a cualquier persona que tenga la osadía de criticar, observar y denunciar.
Es una medida antidemocrática que sólo se aplica en Bolivia. En el resto de los países de América Latina no existe esa figura y lo que busca es meter miedo, atemorizar y acallar cualquier voz opositora. Por esta razón se iniciaron varios juicios a estas personas (opositores) con el desacato que es antidemocrático y hasta dictatorial.
Ahora debemos volver a los cauces democráticos. El Gobierno -durante estos años- se portó como el compañero de curso que es abusivo. Aprovechando la debilidad de otros impone sus propias leyes, procedimientos y viola los aspectos democráticos que deben regir. Lo único que nos queda es volver al cauce democrático, respetar la Constitución Política del Estado y las leyes que ellos mismos (el oficialismo) han jurado respetar y que lograron aprobar.
Por esta razón no nos queda otra esperanza que retornar a los cauces democráticos y al marco de institucionalidad que merece una democracia madura. Ése es el camino que debemos seguir.
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