El juez Sexto de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinó solicitar al Ministerio Público el envío de los actuados y evidencias contra el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien es investigado por la realización del Referéndum Autonómico el año 2008, para determinar en los próximos días la acusación formal.
El secretario del juzgado informó que en las próximas horas se procederá a notificar a las partes, considerando que son diez imputados dentro los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
"Ha solicitado y ha requerido mediante decreto que el fiscal remita los actuados y las evidencias reunidas dentro de la investigación. El señor juez previamente a considerar ha ordenado que se resuelva eso. Es el caso por los delitos de resoluciones contrarias, es el caso en el cual el señor gobernador viene siendo procesado", expresó el secretario a la Red Gigavisión.
Entre los imputados por la realización del referéndum, están Rubén Costas, José Luis Parada y otras ocho personas que fueron los responsables de llevar adelante la consulta del Eeferéndum.
En tanto, el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Muñoz, manifestó que aguardarán la notificación de las autoridades judiciales y las determinaciones de las mismas, para convocar a sesión y elegir a un gobernador interino como señala las normas vigentes cuando existe una acusación formal contra una autoridad. "Una vez que ingrese la acusación formal al pleno no hay discusión alguna, no hay debate alguno, y se debe dar cumplimiento a la ley y la ley señala que cuando una autoridad electa tenga una acusación formal sin duda alguna es la suspensión inmediata para que él pueda defenderse en los estrados judiciales sobre la acusación que se le haya hecho", dijo el asambleísta.
En diciembre de 2009 la Ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, presentó denuncia contra Rubén Costas, ex Prefecto de Santa Cruz quien presumiblemente provocó un daño económico de más de 10 millones de bolivianos con la convocatoria al referendo autonómico, que fue desconocido por el Ejecutivo boliviano.
De igual manera la Fiscalía General también abrió un proceso contra las principales autoridades de ese Departamento por haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales la consulta sobre el estatuto autonómico.
En 2010 los bienes del gobernador Rubén Costas fueron anotados de manera preventiva por la Fiscalía del Distrito, medida que se suma al arraigo y a la fianza de Bs 100.000 que pagó la autoridad departamental para defenderse en libertad por el juicio que enfrenta por instruir la realización del referéndum del 4 de mayo de 2008.
ANF
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