En casos de esta naturaleza, se podrá aplicar penas de hasta 30 años de presidio.
El proyecto de Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, endurece las penas para quienes fueran encontrados culpables de estos delitos con hasta 30 años de presidio, cuando del delito derive la muerte de una persona. La norma fue aprobada en grande y en detalle por la Cámara de Diputados para que sea remitida al Senado, pero la revisión de las modificaciones posterga su remisión.
PROHIBIDO PUBLICAR EL COMERCIO SEXUAL. Se prohíbe además la publicación de avisos de comercio sexual en los medios de comunicación escritos, pues según la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado “porque son ofertas engañosas y, también, son un medio que se utiliza para la trata y el tráfico de personas”.
En la sesión, se establecieron los tipos penales de trata y tráfico de personas, pornografía y proxenetismo, y se incluyeron artículos al Código Penal, que establecen penas privativas de libertad de entre cinco y 20 años, de acuerdo con la gravedad del delito.
“Se aumentan las penas y se dan los mecanismos para concienciar sobre este flagelo”.
La norma tiene por objeto combatir la trata y tráfico y delitos conexos, garantiza los derechos fundamentales de las víctimas, a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal.
El documento también establece la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico, y consejos departamentales, instancias que tendrán las facultades de generar políticas, programas y estrategias de prevención, protección y reinserción social de las víctimas.
En lo que se refiere a los mecanismos de prevención, esta propuesta establece que éstos serán plasmados en el ámbito educativo, educacional, comunicacional, y en al ámbito de seguridad ciudadana.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, destacó la aprobación, en todas sus instancias, del proyecto de ley y dijo que se incluyen nuevos delitos, como el que cometen quienes ocultan este tipo de delitos y no sean denunciados.
Informó que el Estado garantizará la prestación del servicio integral a las víctimas, de manera eficaz y sin demoras.
30 años de cárcel será la pena máxima por la muerte a causa de trata y tráfico de personas, según el proyecto de ley.
DURANTE LA INVESTIGACIÓN, la FISCALÍA PUEDE SOLICITAR UN AGENTE ENCUBIERTO Y LA INTERCEPTACIÓN DE LLAMADAS
EL PROYECTO DE LEY PReSUME LA NACIONALIDAD BOLIVIANA HASTA QUE NO SE COMPRUEBE LO CONTRARIO, CUANDO EXISTA ALGUNA DUDA. Además establece la posibilidad de que la sociedad civil ejerza el control social.
El Ministerio de Educación aplicará programas, campañas y otros para prevenir estos hechos; las universidades deben aportar con investigaciones; y la escuela de jueces y fiscales deben diseñar cursos de capacitación e información respecto al modus operandi de los grupos delictivos.
El Ministerio de Trabajo debe implementar el control para el funcionamiento de las agfencias privadas de empleo para evitar que se cometan estos delitos y los casos de intermediación laboral que se originen en el país deben ser registrados en esta instancia. También se dispone que quienes contraten los servicios de personas extranjeras deben registrar los contratos.
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