Los comerciantes de Cochabamba respaldan el motín policial entregando víveres y frazadas a los efectivos policiales que se replegaron en dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP), donde se declararon en huelga de hambre.
La dirigente de la Federación de Comerciantes Minoristas de Cochabamba, Enriqueta Imaca, afirmó que se trata de una actitud de solidaridad con los policías de bajo rango, quienes por sus salarios de hambre no pueden cumplir a cabalidad con su misión de garantizar seguridad ciudadana.
Dijo que el apoyo de este sector se trataba de una retribución a la labor de vigilancia que realizan los policías de los mercados que existen en Cochabamba.
"Respaldamos sus justas demandas de un incremento salarial y la anulación de la Ley 101, que les impide a los policías el derecho a la defensa y el debido proceso que garantiza la Constitución. La Ley 101 no va más", dijo Imaca ante los gritos de júbilo de los policías amotinados en la UTOP a donde llegó junto a otros dirigentes de comerciantes.
Imaca sostuvo que la visita y la entrega de alimentos de ninguna manera es una injerencia en asuntos policiales, sino de un acto de solidaridad con los policías de bajo rango que enfrentan bajos salarios y actos de discriminación e injusticia.
Justificó el apoyo porque debido al conflicto policial la ciudadanía se encuentra en estado de indefensión de delincuentes y malhechores, especialmente en los mercados y calles de Cochabamba. Anunció para el lunes una movilización en apoyo de los policías.
Por su parte los policías agradecieron el gesto de los comerciantes, a quienes comprometieron trabajar para brindarles mayor seguridad ciudadana con profesionalismo y solidaridad.
Un grupo de policías de Quillacollo se unió al motín que lideran efectivos del Comando Departamental, en apoyo a la demanda de nivelación salarial que exigen al Gobierno central.
Los que dirigen a los amotinados han explicado que un policía de bajo rango gana 178 dólares mensuales (o su equivalente en bolivianos 1.246, aproximadamente) y un oficial con 39 años de servicio, 402 dólares (Bs 2.814, aproximadamente), frente a un salario mínimo nacional de 144 dólares (Bs 1.008).
Los sublevados reclaman un salario mínimo de Bs 2.000 (unos 287 dólares, casi el 70% más de lo que reciben), la jubilación con el 100% de sus salarios y la anulación de la Ley 101 que les prohíbe opinar públicamente, mientras el Gobierno dijo que no tiene fondos suficientes para satisfacer el reclamo porque implicaría un gasto adicional de 14 millones de dólares.
Hay "injusticias" y "discriminación" en el trato de la Policía porque en el Ejército, el que menos salario gana recibe el doble que un agente policial e incluso los guardias municipales tienen mejores ingresos, dijo uno de los policías.
También reclaman la creación de una Defensoría del Policía que vele por los derechos de los agentes y la anulación de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía porque consideran que aplica sanciones fuertes por faltas leves.
En coincidencia con estas declaraciones el comandante de la Policía Provincial de Quillacollo, coronel Gualberto Albornoz, dijo que las medidas asumidas por los policías de bajo rango tienen consistencia y datan de años.
"Los policías cumplen dos funciones, la social que es velar por la seguridad de la población y la que está referida a brindar protección a las autoridades cuando lo solicitan", refirió Albornoz, a tiempo de comparar la profesión policial, con la militar.
Finalmente, aclaró que las tareas que atañen al Comando Provincial no se paralizarán por completo, más por el contrario mantienen sus funciones en las diferentes unidades policiales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario