11 mayo 2012

Ministra Dávila justifica caso de espionaje

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo ayer que el derecho a la privacidad de una persona que ocupa un cargo público sólo es válido en su hogar. Esta afirmación fue realizada en respuesta a la diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (MSM), quien acusó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de espionaje.

El miércoles, Revollo presentó una querella contra Romero, que un día antes había hecho público un audio grabado sin conocimiento de la parlamentaria, en el que se devela que ella coordina el apoyo a la IX marcha indígena que se dirige hacia La Paz.

Revollo denunció que el Órgano Ejecutivo violó su privacidad como persona, además lo acusó de un acto de espionaje, por el que solicitó al Ministerio Público hacer las investigaciones correspondientes.

La cúpula del MSM calificó ayer a la ministra Dávila de “fascista” por defender esa práctica.

Revollo calificó las declaraciones de la Ministra de Comunicación como "una apología del delito", al haber defendido la difusión de una grabación que "violó" el Artículo 151 de la Constitución Política del Estado.

Los diputados del MSM así como el jefe nacional de esa tienda política, Juan del Granado, descalificaron a la Ministra por defender prácticas "fascistas", haciendo mención a la grabación que el Gobierno presentó de la diputada Revollo, donde gestiona ayuda para la IX marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

"Nos sorprende de gente como Carlos (Romero, ministro de Gobierno) a quien lo conocemos, de gente como Amanda Dávila, la ministra de Comunicación, ha salido en defensa de este método, yo diría como en las viejas prácticas fascistoides, utilizar grabaciones que definitivamente violan lo que establece la Constitución Política del Estado", dijo el diputado Fabián Yaksic (MSM).

En conferencia de prensa, Dávila dijo que las acusaciones sobre una supuesta persecución política por parte de la diputada Revollo son infundadas, descartando de esta manera que se hayan introducido grabadoras en su oficina.

"Creo que cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa, fuera de la casa cualquier tipo de escenario es público y una autoridad tiene que saber eso y sobre todo cuando no estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra familia, sino estamos hablando como hace la diputada Revollo, acerca de temas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con movilizaciones que en este momento se están llevando a cabo, cuando tiene que ver con intentos de soborno a dirigentes indígenas", dijo Dávila en el Palacio Quemado.

Asimismo, la autoridad señaló que las grabaciones que la involucran en una supuesta conversación con un dirigente indígena y que llegaron anónimamente a oficinas del ministro Romero, son de conocimiento público.

De igual manera, calificó de “absurda” la denuncia de Revollo, quien no descartó que el Gobierno haya instalado en su oficina legislativa un micrófono escondido o haber infiltrado a una persona, porque el audio difundido por el Gobierno no se trata de una escucha telefónica, sino de una grabación en ambiente cerrado, según Dávila.

Al respecto, la Ministra de Comunicación indicó que no es posible introducir micrófonos o utilizar mecanismos de presunto espionaje porque supone que las oficinas del MSM cuentan con custodia de su militancia. “Creo que el MSM es un movimiento como todos, que tiene compañeros y no traidores”.

Dávila indicó que al tratarse de un tema de seguridad del Estado debe tomarse acciones. "Estas grabaciones están circulando por todas partes, no es una que sólo la tiene el Ministro y no es la única grabación tampoco".

Revollo, quien anunció el miércoles que presentó una querella penal ante el Ministerio Público en contra del ministro de Gobierno Carlos Romero, para que revele cómo obtuvo las grabaciones que la implicarían en esa conversación, ayer ratificó su acusación y aseguró que continuará con las acciones.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, restó importancia a la denuncia de espionaje de Revollo, y manifestó su preocupación por el financiamiento "abierto" del MSM a la marcha indígena.

"Nos preocupa desde la Cámara de Diputados el hecho de que se esté, de esta manera abierta, financiando una movilización política en contra del Gobierno. Eso está clarísimo", argumentó.

Sostuvo que la justificación del financiamiento argumentada por Revollo deberá ser "probada", en la vía judicial.

El diputado Roy Moroni Cornejo (CN), presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución camaral para "repudiar" el actuar del ministro Romero y sentar un precedente, pero la misma fue rechazada por los asambleístas oficialistas.

A criterio del diputado Jorge Medina (MAS), las declaraciones de Revollo, que hacen alusión a la venta de tarjetas destinadas a apoyar la marcha del Tipnis, es una forma de "encubrir" sus verdaderas intenciones que tienen con esta movilización.

QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 25 I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación de equipos que las controle o centralice.

Artículo 151, I Los asambleístas “gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente".

Parágrafo II: El domicilio, la residencia, o la habitación de los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y las oficinas de uso legislativo”.

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