04 mayo 2012

Allanan tienda donde vendían uniformes a cadetes aplazados

El Ministerio Público allanó ayer una tienda policial donde se vendían uniformes a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) que habían reprobado en el examen de admisión en 2011, como condición para asegurar su incorporación inmediata.

La fiscal Patricia Santos, acompañada por efectivos policiales, llegó a la tienda policial “Confecciones Piscis”, ubicada en la calle Felipe Bravo, casi esquina León de la Barra. El allanamiento duró al menos dos horas en el que se secuestraron documentos y se tomó una muestra de las prendas que se vendían.

El Ministerio Público inició de oficio la investigación sobre el ingreso irregular y supuestos cobros ilegales en la Anapol en la gestión 2011, tras la denuncia del viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, en la que se revelaron irregularidades en el ingreso de cadetes con la participación de abogados y una mujer que presuntamente se hizo pasar como hija de la autoridad.

“Se habrían vendido uniformes a los postulantes reprobados en altos montos de dinero (teniendo) un previo contacto con la abogada Betzabé P.”, informó la fiscal tras el allanamiento.

De acuerdo con la investigación preliminar hay cinco personas detenidas preventivamente. Los postulantes que reprobaron, en 2011, declararon ante la fiscal y denunciaron haber sido estafados. “Tomaron contacto con las personas que ahora están detenidas y éstas a su vez enviaron a los postulantes a estas dependencias para recoger los uniformes con la promesa de que su ingreso (a la Anapol) estaría asegurado tras el pago de varios miles de dólares al margen del uniforme que costaba al menos 4.000 bolivianos”, relató Santos.

Recalcó que si el postulante compraba en esa tienda el uniforme en el monto señalado, un grupo de abogados le garantizaba su ingreso a la Academia aun si el joven había reprobado el examen de ingreso. La negociación con las personas ahora detenidas le costaba al postulante al menos 7.000 dólares.

Informó que el propietario de la tienda es civil; sin embargo, no fue encontrado durante el allanamiento. La fiscal señaló que se investiga actualmente si el bazar policial tiene la autorización de la Policía Boliviana.

“Lo que se está haciendo es verificar la licitud del funcionamiento de este local puesto que el uniforme tiene resguardos legales y no es de venta libre. No hay un contrato con la Anapol ni con la Policía para elaborar estos uniformes”, explicó. Santos reveló que en el allanamiento se secuestraron documentos con los nombres de al menos diez postulantes que habrían comprado sus uniformes como condición para ingresar en la Anapol.

El bazar policial
Prendas En la tienda allanada se pudo observar uniformes de la Policía Boliviana entre pantalones, chamarras, gorras, todos como parte del uniforme de los efectivos.


Policía Los efectivos policiales de Inteligencia que llegaron a la tienda secuestraron parte de las prendas, documentos y otros materiales encontrados en el lugar para fines investigativos.



Padres de cadetes anuncian amparo
Los padres de familia de los 54 cadetes que fueron expulsados de la Academia Nacional de Policías (Anapol) tras ser observados por su ingreso presuntamente irregular determinaron oficializar la presentación de un amparo constitucional como única alternativa para la reincorporación de los jóvenes.

La abogada de los familiares, Lourdes Solares, manifestó que la noche del miércoles cinco padres de familia y ella se reunieron con el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, quien les manifestó que lamenta lo que sucedió con los jóvenes y que él obró de buena fe.

Señaló que fue presionado por los medios de comunicación y la decisión de la expulsión ya fue asumida sin poder volver atrás.

“La única vía es el amparo constitucional y lo estamos realizando para presentar ante la Corte Superior de Distrito lo antes posible”, afirmó Solares.

La noche del miércoles, los padres de familia de algunos de los cadetes expulsados llegaron hasta las puertas del Comando General de la Policía con el fin de pedir que los jóvenes sean reincorporados a la Anapol. Santiesteban recibió a cinco padres y a la abogada en su despacho y en el lugar lamentó que la decisión ya esté tomada.

El miércoles, 15 padres de familia debían iniciar un primer piquete de huelga de hambre como medida de presión tras la expulsión de los 54 cadetes; sin embargo, no se instaló hasta hoy para precautelar la integridad y la situación actual de los afectados.

Esperan la declaración del comandante policial ante el Ministerio Público para asumir otras medidas y presentar la querella que alistan desde el retiro de sus hijos.

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