Los concejales Óscar Vargas y Arminda Velásquez, el primero del partido oficial y el segundo del MAS fueron aprehendidos tras su declaración en el Ministerio Público. Ambos legisladores, junto a otros cinco son acusados por la exconcejal Desirée Bravo, por delito de incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
Óscar Vargas antes de ingresar en la Fiscalía señaló que votó a favor de la suspensión de Bravo. “Al haber hecho cumplir una resolución del Tribunal Constitucional, habríamos vulnerado sus derechos. Estas son las consecuencias de la judicialización de la política, tengan en cuenta lo que sucedió antes en Porongo y así sucesivamente”, expresó el concejal
El fiscal Pérez indicó que los concejales deben justificar por qué suspendieron a la ex presidenta del Concejo, que enfrenta un proceso por falsificación de su libreta de notas para obtener su título de bachiller.
Tras conocerse la decisión en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, que ordenó la aprehensión de los dos concejales al no presentar documentación, hasta que regularicen la misma, Vargas señaló que “lamentablemente se está judicializando la política. Inmediatamente, los legisladores fueron trasladados a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras los medios intentaban tomar las declaraciones de ambos.
“Estoy viviendo la injusticia más grande, no existe justicia en Bolivia”, fueron las palabras de Vargas a la prensa, a tiempo de pedir a la población que se mantenga firma “porque no hay mal que dure 100 años”.
Vargas y Velásquez votaron para que Bravo sea suspendida de sus funciones el pasado 19 de marzo.
En tanto, los concejales Manuel Saavedra, Yanine Parada, Sibele Ortiz, Leonardo Roca y Enrique Landívar, quienes votaron a favor de la salida de Bravo, podrían seguir el mismo camino, aunque por el momento no existen órdenes de aprehensión en contra de ellos.
ANTECEDENTES
La polémica se inició porque se acusó a la ex concejala Desirée Bravo por la falsificación de las notas de su título de bachiller, por lo que la ex edil inicio una demanda penal contra los siete concejales, alegando actos ilegales durante el proceso en el que fue separada del cargo, como la supuesta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
En anteriores declaraciones, el diputado Tomás Monasterio, de Convergencia Nacional, CN, explicó que en el caso de Bravo se aplicó la Ley Marco de Autonomías, pero la demanda se interpuso porque fue vulnerada la Ley Municipal 01, que establece los mecanismos para suspender a un concejal. Además, se vulneró la Constitución porque los concejales no contemplaron el recurso de reposición que se encuentra en el Tribunal Constitucional.
DATOS
- La exconcejal Bravo enfrenta un proceso por falsificación de su libreta de notas para obtener su título de bachiller
- El ministerio Público ordenó la aprensión de los concejales Oscar Óscar Vargas y la masista Arminda Velásquez.
- El fiscal Pérez indicó que los concejales deben justificar por qué suspendieron a la expresidenta del Concejo
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