La crisis en la administración de la justicia en Bolivia "se agravó" durante el último año y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la polémica elección popular de jueces y los altos niveles de violencia contra mujeres, según un informe presentado en Ginebra (Suiza) por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Pero este informe, según los opositores, no es completo porque está obviando otros temas mucho más delicados dentro el ámbito de la aplicación de la justicia y la diputada Norma Piérola recordó que no se dice nada sobre la persecución política a la que son sometidos los opositores del Gobierno y el grado de sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo.
En cambio, los asambleístas del MAS consideran que existe un trabajo que se realiza y que esos temas no fueron tomados en cuenta por los responsables de elaborar el documento sobre Bolivia; mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que en esos tres temas ya existe trabajo desarrollado.
El organismo multilateral hace referencia a las elecciones judiciales que se realizaron en octubre del año pasado y concluye que en la selección de los 56 candidatos para los cargos jerárquicos de la justicia debió incluirse “criterios meritocráticos con ponderaciones para un procedimiento de evaluación más completo” y observó el proceso de información al público sobre los aspirantes.
En este punto no solo la ONU, también la misión de observación de la OEA, que acudió a esas justas, dijo que no hubo suficiente información hacia la ciudadanía.
La ONU también señala en su documento que las autoridades electas y posesionadas deben contribuir “a la consolidación de la independencia judicial y coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de Justicia”.
Respecto de la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la Alta Comisionada critica la ausencia de un marco jurídico para la consulta a los pueblos originarios y reveló que hasta la finalización de la gestión 2011 ese mecanismo legal no había tenido avances.
El Gobierno convocó a sus aliados para elaborar una Ley Marco de Consulta Previa, iniciativa de la que fueron separados los grupos indígenas opositores al régimen y que está compuesto por indígenas aglutinados en la Cidob y del Conamaq, quienes protagonizaron una marcha en contra del Gobierno entre agosto y octubre del año pasado.
Finalmente, respecto de la violación de los derechos de las mujeres, el informe afirma que en ocho meses de 2011, un total de 226 mujeres fueron asesinadas, lo que significó un agravamiento de los hechos de violencia en contra de las mujeres.
La ONU, con organizaciones nacionales, impulsó una campaña en Bolivia para detener la violencia contra las mujeres sin mayores éxitos, porque la semana pasada una concejala de un pueblo del altiplano fue encontrada muerta con signos de violencia.
Gobierno afirma que hay avances
El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, aunque dijo desconocer el contenido del informe de la ONU sobre violación a los derechos, aseguró que existen avances en las tres áreas observadas y explicó que en el caso de la elección judicial existen tres mecanismos de legitimación del Órgano Judicial.
El primero es la valoración meritocrática de los aspirantes y que debería estar a cargo de la comisión seleccionadora; luego está la elección a cargo del Órgano Legislativo, lo que se cumplió, y finalmente está la elección a cargo de la población en su conjunto.
El mandato popular que tienen los jueces elegidos emerge de la propia CPE y por ello nadie debería oponerse a este sistema de elección.
Sobre la consulta previa, Romero explicó que el conflicto del Tipnis ensombrece los avances de este mecanismo de consulta y recordó que ya se trabaja una ley marco de consulta, que según la autoridad pondrá en la mesa de debates las visiones de desarrollo que existen entre las propias comunidades indígenas.
Respecto de la violencia contra las mujeres, afirmó que existen “avances” dentro del sistema general de Seguridad Ciudadana y que será puesto a consideración de la Asamblea dentro de poco tiempo; aunque admitió que las mujeres experimentan “grados de vulnerabilidad mayores”, que otros sectores.
REACCIONES
Wilman Cardozo (AS)
La justicia está manipulada
Desde que se hizo la elección de los jueces, la oposición denunció en la Asamblea esos hechos y prueba de lo que ocurre es lo que pasó con el magistrado Gualberto Cusi y sus declaraciones; entonces, creemos que ese informe no está alejado de la verdad, porque los ciudadanos palpamos que la justicia está totalmente deteriorada y está manipulada.
Marcela Revollo (MSM)
No hay resultados
El informe coincide con lo que fuimos denunciando, recién sabemos que el Gobierno designó a un ministro para que impulse desde el Tipnis una campaña de desprestigio en contra de la dirigencia. En el tema de la justicia, los operadores que fueron elegidos por el MAS no han resuelto ningún tema en los dos meses y medio que están trabajando.
Lucio Marca (MAS)
Habrá que evaluar informe
No conozco el contenido del informe, pero hay que establecer que en Bolivia estamos institucionalizando los diferentes órganos, entre ellos el Tribunal Constitucional, y en enero fue posesionado asumiendo una función efectiva de acuerdo con sus atribuciones. Evaluar a estas alturas no corresponde. Creo que habrá que valorar los fundamentos del informe.
Norma Piérola (CN)
No se respeta la CPE
Hay otras vulneraciones, como el debido proceso, porque no se respeta la CPE ni los tratados internacionales, hay procesos que ya llevan más de tres años y no hay sentencia. Entonces hemos vuelto al sistema inquisitorio que había antes de la reformas penales. No hay consulta previa, sino consulta póstuma. Sobre las mujeres vemos discriminación y una muestra son las coplas de Evo.
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