23 marzo 2012

Concejal denuncia que hay 160 funcionarios sin títulos

Más denuncias. A raíz de la demanda que interpuso el ejecutivo municipal, en contra de la concejala Sibele Ortiz, por no tener su título profesional, el concejal suplente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Hugo Siles, afirmó ayer que en el interior de la Alcaldía y el Concejo Municipal hay 160 funcionarios que no cuentan con este mismo documento.

"Me pregunto, ¿por qué el señor Negrete no investiga a los 160 funcionarios y solo saca a la luz pública el caso de Sibele?", dijo Siles, al indicar que en la base de registro que mantiene la Alcaldía, estas personas no demuestran tener título profesional.

Ante esta declaración, el secretario de Gestión, Ronald Méndez, dijo que al concejal le corresponde realizar los trámites respectivos para obtener una información oficial. "Todos los funcionarios tienen sus expedientes con la documentación requerida para que comience a correr su contrato y convalidarlo, mientras no se entregue esos documentos no tiene vigencia el contrato. Si él conoce de algunas irregularidades, como concejal, debe enviar toda la información a la auditora y solicitar a la Alcaldía que proceda a una investigación sobre los títulos de cada uno de los funcionarios", añadió.

Denuncia de suplente. El concejal Siles también denunció que hay nepotismo en la Alcaldía, señalando que la hija del asesor jurídico de la Alcaldía, José Negrete, trabaja en el interior del Gobierno Municipal. "Si vemos apellidos, aquí todos terminaríamos siendo parientes unos con otros, como el caso del camarógrafo Jorge Negrete que trabaja hace 20 años y no tiene ningún parentesco con el Dr. José Negrete", fueron las palabras de Méndez al responder a la denuncia planteada.

El ejecutivo municipal interpuso una demanda en contra de Ortiz el pasado martes, porque supuestamente la concejal había fingido ser arquitecta, sin tener el respectivo título, acción que la edil desmintió, asegurando que todas las autoridades sabían que ella solo era egresada de la carrera.

Ortiz, junto a 6 de sus colegas de la agrupación que lidera el alcalde Percy Fernández, Santa Cruz Para Todos (SPT), y la masista, Arminda Velásquez, fueron denunciados por incumplimiento de deberes, cuando estos no aprobaron el informe financiero del Ejecutivo en el tiempo fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto ocasionó la congelación temporal de las cuentas municipales.

Limar asperezas. Sin embargo, después de varias declaraciones de ambos lados, Óscar Vargas, concejal de SPT, llamó el miércoles al alcalde por vía telefónica.En la comunicación, Vargas, pidió una reunión al burgomaestre para dialogar sobre la crisis que afecta al municipio.
Pero hasta la fecha el burgomaestre no ha respondido, aunque Méndez, confirmó que la reunión sí se realizará. La respuesta llegará en las próximas horas, afirmó.

Reunión abierta. Para el concejal del MAS, Saúl Ávalos, la reunión que entablarán el burgomaestre junto a sus aliados políticos, debe ser abierta y no a puertas cerradas. "Hemos vivido tiempos de angustia y no es correcto que ahora de la noche a la mañana, se reúnan después de tantas peleas y luego salgan a picos, besos, abrazos y aquí no pasó nada", manifestó el concejal, a tiempo pedir que "salgan más trapitos al sol, como el caso de Sibele Ortiz".

Juicio de pie. Pese a este primer paso para solucionar la crisis municipal, el asesor legal de la Alcaldía, José Negrete, afirmó que la denuncia en contra de los 6 oficialistas que suspendieron a la concejal presidente, Desirée Bravo, seguirá firme y continuará su curso.

Respecto a la suspensión, los abogados defensores de Bravo, Richard Cardozo y Roberto Capobianco, desmintieron que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recursos de reposición que llevaron días atrás".

Concejo tomado. Entre tanto, las instalaciones del Concejo Municipal permanece siendo el escenario de una vigilia que organizaron los vecinos en apoyo a Desirée Bravo.

Ayer por la mañana los concejales del MAS, Saúl Ávalos y José Quiroz, no lograron entrar a sus oficinas por "temor a ser agredidos" por los manifestantes.

Las instalaciones se encuentran ocupadas desde el martes.

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