“La justicia en Bolivia atraviesa un problema estructural y adolece de muchas fallas”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz.
LA PAZ
Cambio
El gobierno del presidente Evo Morales Ayma calificó ayer como altamente favorable la situación de los derechos humanos en Bolivia y anunció mejoras en la justicia, a la luz del informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, destacó que el documento emitido por las Naciones Unidas muestra el avance en materia de derechos humanos en el país como resultado del proceso de reformas constitucionales emergentes de la Asamblea Constituyente.
“Muchos derechos, sobre todo de orden colectivo que se han insertado como parte del modelo de desarrollo económico social en Bolivia, están materializándose efectivamente”, afirmó Romero en rueda de prensa realizada en el Palacio Quemado.
El informe anual de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, fue presentado el martes en Ginebra (Suiza).
Según Romero, el informe destaca los avances de Bolivia en materia de discriminación racial, pues el país es una de las pocas naciones que cuenta con un marco jurídico completo en esa materia.
Explicó que el 8 de octubre de 2010 fue aprobada en Bolivia la Ley de Eliminación de la Discriminación Racial y su reglamentación el 5 de enero de 2011. Ayer precisamente se recordó la declaratoria del Día Internacional Contra el Racismo.
Un aspecto en que se ha traducido la lucha contra la eliminación del racismo es el proceso judicial contra quienes se vieron involucrados en los hechos de discriminación suscitados en Sucre, en mayo de 2008, explicó el titular de la cartera de Gobierno.
En mayo de ese año, un grupo de gente vulneró los derechos humanos de indígenas en la plaza principal de esa ciudad al calor de un intento de golpe cívico prefectural y de la denominada lucha por la capitalidad.
Otro aspecto que se desprende del informe y que está igualmente sustentado, según Romero, es el avance en materia de derechos colectivos, económicos y sociales, como los bonos y rentas que han creado mecanismos de redistribución y de acceso a la riqueza.
Se destaca, por ejemplo, el hecho de que el Bono Juancito Pinto benefició no solamente a una gran cantidad de niños y de familias, sino que mejoró los índices de acceso y estabilidad en el sistema educativo, explicó.
Asimismo, se destaca el Bono Juana Azurduy de Padilla, que beneficia a la madre, protege al niño y además está vinculado a un sistema de atención médica con programas específicos.
Romero aseguró que en el legajo también se resaltan varias iniciativas en materia de educación. Por ejemplo, se destaca no solamente la eliminación del analfabetismo, sino que se lo esté reforzando con programas complementarios, como el programa Yo Sí Puedo Seguir.
Sobre la justicia, el informe establece que los órganos jurisdiccionales en Bolivia por primera vez incluyeron una importante participación de operadores indígenas y mujeres. “Éste es un logro cualitativo, histórico, sin precedentes, muy poco contrastable en la experiencia de otros países”.
Sin embargo, se advierte que la carrera judicial, que obedece a su institucionalización, es todavía muy débil en Bolivia y sus resultados son insuficientes.
Por eso se propone que el Consejo de la Magistratura trabaje en una serie de tareas inherentes a reforzar el proceso de institucionalización de la carrera judicial.
Consolidar la independencia judicial
El informe de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa la crisis de la administración de justicia en Bolivia
En ese contexto, se sugiere a las nuevas autoridades judiciales que contribuyan “en la consolidación de la independencia judicial y coadyuven en la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de Administración de Justicia”.
Ante ello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, declaró que el pueblo boliviano es el que debe juzgar el trabajo de las nuevas autoridades en la administración de justicia.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el problema de la justicia en el país es estructural y adolece de muchas fallas, entre ellas procesos lentos y que no es completamente gratuita. “Las reformas judiciales nos darán un mejor panorama”, aseguró.
Para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas hay logros y avances importantes que se deben destacar en Bolivia, tal es el caso de la inclusión social y la lucha contra el racismo.
“Hay indicadores positivos en materia de políticas estatales en lo que hacen a los derechos económicos y sociales, como la salud, participación de las mujeres, educación y reducción de la pobreza”, explicó el representante de la oficina de DDHH de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot.
Asimismo, destacó la implementación de los bonos sociales, como el Bono Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla, entre otros.
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