El proceso contra del alcalde, Percy Fernández, por presunta malversación de fondos, podría quedar estancando, debido a que ha sido derivado a la Comisión de Constitución del Concejo Municipal, conformado por dos concejales oficialistas y un opositor.
Javier Cordero, fiscal anticorrupción, envió una carta al Órgano Legislativo, para que éste se convierta en querellante de la acusación que inició el concejal masista Hugo Siles en contra del burgomaestre.
El documento fue remitido a la Comisión de Constitución, que deberá analizarlo, para luego enviar un informe en un lapso de 15 días.
Sillón municipal a salvo. Leonardo Roca, concejal oficialista por la agrupación Santa Cruz Para Todos y miembro de la Comisión de Constitución, manifestó, que "el documento no es una imputación formal, sino una acusación".
Por su parte, la presidente del legislativo, Desirée Bravo, no ha dado alguna declaración referente al tema.
Ayer no se presentó a la sesión ordinaria que organizó el Plenario en el Hospital de Niños, justificando su ausencia con una baja médica.
Otro de los concejales que también forma parte de esta comisión es el opositor por la alianza MAS- ASIP, Freddy Soruco, quien anunció que elaborará su informe de manera personal.
"En caso de que esto fuera aprobado, todos los concejales tienen la obligación de querellarse, pero al no ser, todo va quedar igual" explicó Soruco.
Impulsor de la denuncia. Para evitar acusaciones, el concejal masista, Saúl Ávalos, dijo que los fiscalizadores del burgomaestre, no tuvieron vínculo alguno. Remarcó que "no es un tema político, es un hecho netamente jurídico y en ese ambiente se debe resolver esa imputación".
La diferencia entre el ejecutivo municipal y el legislativo aún no ha quedado solucionada.
Esta circunstancia se evidenció en la sesión ordinaria de ayer, donde los legisladores acusaron al ejecutivo municipal por retrasar los proyectos que después pasan al Concejo, ocasionando molestias en la sociedad.
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