13 febrero 2012

Dos personas cobraron Bs774.800 de la Renta Dignidad con carnets falsos

El sistema biométrico implementado en el pago de la Renta Dignidad detectó que una persona de la tercera edad cobró en los últimos ocho años 445.800 bolivianos de este beneficio social y su antecesor, el BonoSol, con cédulas de identidad fraguados; y a otra que recogió 329.000, también con documentos falsos.

La Vitalicia suspendió de manera definitiva el pago de la Renta Dignidad a ambas personas, quienes deberán afrontar el proceso penal que se extenderá a los presuntos cómplices de esas acciones delictivas, que se concretaron mediante un modus operandi parecido.

De acuerdo con la información proporcionada por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para el cobro de los 445.800 bolivianos se utilizó 27 cédulas de identidad con una misma fotografía y huella digital, sin embargo, contenían nombres, apellidos, fechas y lugares de nacimientos y otros datos falsos.

Por ejemplo, uno de estos documentos lleva el nombre de Vicente Quisbert, el número de identidad 7000790 y esta fecha de nacimiento: 27/03/1937; otro documento lleva el nombre de Calixto Quispe, el número 6831051 y esta fecha de nacimiento: 12/02/1938. Ambos llevan la fotografía y huella digital de la misma persona de sexo masculino, quien presuntamente cobró el Bonosol entre 2003 y 2007 y la Renta Dignidad entre 2008 y 2011.

En el cobro de los 329.000 bolivianos se utilizaron 20 cédulas de identidad, todos con la misma fotografía y huella digital de una mujer de la tercera edad, pero con nombres como Estela Katari Choque (nacida el 21/01/1936), Justina Cuevas Yana (nacida el 23/03/1936) o Vicenta Sajama Aguilar (nacida el 15/01/1939) y con otros datos fraguados. La persona que aparece en la fotografía habría cobrado de forma ilegal el Bonosol entre 2003 y 2007 y la Renta Dignidad desde el 2008 al 2011.

En el contrato suscrito por La Vitalicia para el pago de la Renta Dignidad se incluyó la obligación de la institución gestora de levantar un registro biométrico (de al menos el 80% de los beneficiarios del pago), que incluía un archivo fotográfico de los rostros, más sus huellas dactilares.

Esta tarea se realizó hasta finales del 2011, lo que permitió el inicio del pago de la Renta Dignidad a través de la lectura de la huella digital del beneficiario.

El Viceministerio de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y la APS coordinaron la implementación del sistema biométrico con el propósito de evitar pagos duplicados y suplantación de identidad, además de identificar a las personas que cobran varias veces el bono con distintas cédulas de identidad, como en los dos casos expuestos líneas arriba.

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