La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, se comprometió ayer a sancionar la Ley de Tratos Preferentes para las Personas con Capacidades Diferentes hasta el mes de febrero próximo, dando continuidad al trabajo que realizó la Comisión de Derechos Humanos la anterior legislatura.
Anunció que en los próximos días se concluirá la redacción y posterior tratamiento de una ley integral más amplia en beneficio de los discapacitados en la Cámara Baja, cuyo proyecto fue elaborado hace tres años y tendría el consenso del sector.
Según el presidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad, Mario Torrico, la ley debería establecer una regla sencilla para el pago del bono que pide este sector.
Indicó que a la fecha existe un poco más de 9 mil personas con capacidades especiales elevadas que serían las beneficiarias con el bono de 3.000 bolivianos, lo que haría un total de 27 millones de bolivianos.
Explicó que los restantes 13 millones, de los 40 que se tiene para el sector, debe ser empleado en otro tipo de proyectos como albergues, programas de rehabilitación, entre otros.
Torrico afirmó que el Gobierno simplemente debe dar cumplimiento al convenio firmado el pasado 21 de enero en Quillacollo, acuerdo que permitió que la marcha de discapacitados continúe hacia la Sede de Gobierno.
REUNIÓN Con el objetivo de elaborar el proyecto de ley en consenso, tal como establece el acuerdo, una comisión de representantes de las personas con discapacidad se reunirá hoy en La Paz con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
“Iremos a dialogar para que el convenio se cumpla, caso contrario, los marchistas, que están en vigilia en Quillacollo retomarán la camina”, advirtió el dirigente Torrico al recordar que el plazo para la elaboración, aprobación y promulgación de la norma vence el próximo 20 de febrero.
El convenio firmado con el Gobierno establece como contenido básico de la ley el pago de un subsidio para las personas con discapacidad muy grave en el primer año de vigencia de la ley (2012).
Asimismo, el pago de un bono o asistencia económica a partir del segundo año (2013) de aprobación de la ley, de acuerdo a los resultados del estudio y según las posibilidades financieras del Estado.
En tercer lugar está la reconsideración del porcentaje de contratación laboral en el sector público sobre la base del 4 por ciento ; la modificación de la seguridad social en la jubilación y el pago de la Renta Dignidad en un porcentaje mínimo, entre otros beneficios para el sector.
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