— ¿Qué cambiará en el Tribunal Constitucional con la primera elección judicial?
— Se va a aplicar la Constitución Política del Estado con la intencionalidad de acelerar los procesos que hay, para evitar retardación de justicia.
— ¿Cómo se resolverán los conflictos de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria y agroambiental?
— Conforme a la Constitución, éstas tienen que resolverse en el marco de una concertación y también interpretando las leyes. Además, se tiene que dar un apoyo especializado en el tema agroambiental.
— Entre la anterior legislación y las nuevas disposiciones legales promulgadas existen vacíos jurídicos, ¿cómo se los resolverá?
— Las comunidades deben hacer sus declaraciones de principios para llevar adelante su justicia, pero la ley es clara en ese sentido, en la comisión de delitos debe ser sancionada con la justicia ordinaria.
— ¿Cómo se garantizará la independencia del Tribunal Constitucional?
— Va por dos líneas. Uno por los principios y valores para cumplir la Constitución y esta norma establece la independencia con la que debemos apegarnos a las leyes y a los derechos humanos. Dos, no estamos siendo electos como en el pasado, el soberano va a poder pedir el revocatorio de las autoridades judiciales.
— ¿Quién controlará el Tribunal Constitucional?
— El control social debe venir del soberano, no creo en otra instancia.
— ¿Qué problemas ha podido identificar en la administración de justicia y qué soluciones plantearía?
— La retardación de justicia y la corrupción son los principales problemas, se debe hacer un ordenamiento jurídico y crear más juzgados para mejorar la atención. Y la corrupción debe ser erradicada con participación de toda la población.
— ¿Qué problemas ha identificado antes de las elecciones?
— Los conflictos sociales están debilitando las elecciones y el Tribunal Electoral no ha difundido nuestros méritos.

Perfil

Nombre: Miriam Argandoña Quino
Nació: 18-07-1957
Profesión: Abogada

Candidata

La postulante es abogada titulada de la Universidad Autónoma Tomás Frías, tiene posgrados en Derechos Humanos y Formación de Líderes para la Transformación. Fue docente en educación superior y formación basada en competencias. Asesora legal de personas de la tercera edad del Consejo de Adultos Mayores de Potosí.

El sistema de aprobación de decretos, leyes y otras normas es similar al que usa actualmente el Órgano Legislativo.

El Concejo Municipal aprobó ayer la Ley de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal que, en sus 34 artículos y seis capítulos, determina el marco legal para el accionar del municipio paceño y la emisión de sus normas.
Debido a que la Ley de Autonomías faculta a los municipios para que emitan sus propias normas, era necesaria la elaboración de esa ley, que establece los pasos para redactarlas y ponerlas en vigencia.
Las diferentes normas. La Ley de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal permite a la Alcaldía emitir leyes, decretos, resoluciones ejecutivas, decretos macrodistritales, directivas administrativas, ordenanzas y resoluciones, en el ámbito edil.
La ley también permitirá realizar contratos administrativos municipales, convenios, acuerdos intergubernativos, pronunciamientos definitivos —resultantes del control de legalidad de las normas municipales—, dictámenes y decisiones administrativas.
En el artículo séptimo de la ley se explica que el espíritu de ésta “es la expresión material y formal de la cualidad normativa del Gobierno Autonómico Municipal de La Paz, emergente de su capacidad autonómica de crear su propio derecho, mediante la emisión de sus propias normas jurídicas y administrativas dentro de los límites establecidos por la Constitución, a efecto de organizar la convivencia pacífica y armonía de sus habitantes, y cumplir con los fines públicos encomendados por el Estado Plurinacional”.
La presidenta del órgano deliberante, Gabriela Niño de Guzmán, destacó que la aprobación se realizó “con la participación de todos los concejales”.
Omar Rocha, concejal secretario, agradeció la participación de todos los legisladores ediles en el aporte de la construcción de esta ley municipal.
Las leyes del municipio podrán ser derogadas, abrogadas o declaradas inconstitucionales sólo por sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La frase

“La ley es siempre perfectible, pero raya nuestra cancha en el ámbito del ordenamiento jurídico y, con ello, los concejales podemos socializarla, ya que todas las próximas ordenanzas tendrán el formato de ley si el caso corresponde”.

Gabriela Niño de Guzmán / PRESIDENTA DEL CONCEJO

Atribuciones de la norma

La Ley de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal está vigente desde ayer.

DISPOSICIONES
El Alcalde promulgará las leyes si es que no tiene observaciones a su contenido.
El Ejecutivo edil puede hacer recomendaciones de cambio.
En todo caso, las observaciones deberán ser justificadas.
El Concejo promulgará la ley si el Alcalde no puede hacerlo.

— ¿Qué cambiará en el Tribunal Constitucional con estas elecciones?
— Se trata de una reingeniería judicial, todo debe estar adecuado a la Constitución y por ello es importante el trabajo del Tribunal Constitucional. Es quien debe determinar cuáles son las líneas jurisprudenciales que se van a mantener y se adecúan a la Carta Magna, cuáles van a ser cambiadas o modificadas.
— ¿Cómo se resolverán los conflictos de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria y la agroambiental?
— La ley de deslinde jurisdiccional es limitativa de la jurisdicción originaria indígena. Esa ley debe ser revisada inmediatamente porque limita las competencias que tiene esta jurisdicción, sabiendo que la Constitución establece igualdad y paridad entre todas las jurisdicciones.
— Entre la anterior legislación y las nuevas disposiciones existen vacíos jurídicos, ¿cómo se los resolverá?
— Se debe resolver estos vacíos utilizando la analogía y los principios generales del derecho y cuáles son los puntos de vista que el legislador quiso interpretar en la norma para que estos vacíos no se produzcan.
— ¿Cómo se garantizará la independencia del Tribunal Constitucional?
— Lo importante es el respeto a la Constitución y a las leyes, pero sobre todo el accionar de las personas, un jurisconsulto debe aplicar no sólo la ley, sino también la razón, pero con ética. El derecho es sinónimo de paz y de tranquilidad y los juristas no aplican ello.
— ¿Quién controlará el Tribunal Constitucional?
— El control está dado por la Constitución; si los miembros del Tribunal Constitucional se salen de lo establecido por las normas, éstos pueden ser enjuiciados y destituidos.
— ¿Qué problemas ha identificado en la administración de justicia y qué soluciones plantearía?
— La retardación de justicia, la misma que puede ser resuelta a través de la construcción de una cultura de paz y de la conciliación.

Perfil

Nombre: Vladimir Gutiérrez Pérez
Nació: 4-03-1952
Profesión: Abogado

Postulante

El candidato fue director general del Instituto de la Judicatura de Bolivia y viceministro de Educación. Tiene
cursos de especialización judicial en España, además del curso “La Calidad de la Justicia” de Ecole Nationale de la Magistrature de Francia y la materia de actualización en Derechos Humanos y Ciudadanía Colombia. Fue docente de la USFXC.

La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz inició la mañana del viernes una marcha de apoyo al Gobierno y al proceso de cambio, junto a otras organizaciones que se concentraron en la Ceja de El Alto, constató un periodista de la ABI.

"Esta movilización es para expresar nuestro apoyo al hermano presidente Evo Morales, al proceso de cambio y en defensa de la democracia", subrayó el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz, Julio Salinas.

Anunció que en la multitudinaria movilización participan campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz, de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y de otras organizaciones gremiales y vecinales

ERBOL.- Un cabildo, convocado por mujeres, fue instalado la mañana de este viernes en la plaza principal de San Ignacio de Moxos, departamento del Beni, en demanda de la continuidad de la construcción de la carretera entre esta región y Villa Tunari, Cochabamba, impulsado por el gobierno de Evo Morales.

La presidenta del Comité por el Desarrollo de la Provincia Moxos, Mireya Rosel, en declaraciones exclusivas a la radio Mátire de la Red Erbol, manifestó que las ignacianas están de pie y defenderán la construcción de los tres tramos de esta polémica carretera entre San Ignacio y Villa Tunari.

"Decir a todo el pueblo de Bolivia que aquí siempre hemos querido nuestra carretera y no es posible que otros levanten la voz para decir que no quieren esta carretera a San Ignacio de Moxos, las mujeres ignacianas nos hemos parado a una sola fuerza, para poder llevar nuestra voz de apoyo al Gobierno, que se acordó de este pueblo, que años de años ha sido abandonado", aseveró.

Condenó el hecho de que dirigentes o representantes de Santa Cruz de la Sierra, Trinidad y pueblos indígenas de otras regiones del país estén expresando su desacuerdo para que no se construya el segundo tramo de esta carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro Sécure (Tipnis).

"Esas otras poblaciones hablan con conocer cómo viven los mojeños, es así que las mujeres y varones unidos en este Comité de Defensa y Desarrollo de Moxos estamos presentes en nuestra plaza principal de San Ignacio de Moxos para apoyar y respaldar al Gobierno de Evo Morales que nos ha traído esta carretera tan importante, que va beneficiar a propios y extraños", aseveró.

Agregó que en época de lluvia, los habitantes de esta región nunca pueden salir de San Ignacio de Moxos a Trinidad porque la vía que existe es inundada completamente por el agua.

"Nunca hemos podido salir en tiempos de lluvia de aquí, sino tenemos plata para viajar en avioneta, pues no hay modo de salir de San Iganacio de Moxos, por eso en la tarde de hoy vamos a pedir al Ministro de Obras Públicas (Walter Delgadillo, que tiene previsto arribar) que la consulta de referendo sólo se haga en San Ignacio de Moxos, porque es la provincia afectada, la dueña de esta tierra, no queremos que participe Trinidad, que quiere que la carretera pase por Loreto", sostuvo.

Otra de las dirigentas del Comité agregó que no es posible que Trinidad y otras regiones ajenas a esta zona realmente interesada en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos quieran quitarles este ansiado proyecto.

El presidente Evo Morales denunció hoy que detrás de la marcha de los indígenas que defienden el TIPNIS se esconde la intención de la derecha de perjudicar las elecciones judiciales del 16 de octubre, que no se postergarán por determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Jefe de Estado señaló que a pesar de todas las movilizaciones que se presenten en contra de su gestión gubernamental, los opositores a su Gobierno fracasarán en su plan de desestabilización.

"Que sigan marchando, pero también nosotros seguiremos marchando para garantizar nuestras elecciones, es una forma para garantizar la elección de nuevas autoridades", sostuvo.

"Un compañero me dijo que esa marcha desde el primer momento estaba orientada para perjudicar y para hacer fracasar la elección del 16 de octubre, yo recién me estoy dando cuenta, la derecha y los opositores traen conflictos, ahora todos son tipnistas, todos tipnólogos y sin saber comentan cualquier cosa. Cómo inventan problemas para perjudicar la elección de los miembros del Órgano Judicial", dijo Morales, quien participó del 70 aniversario del municipio de Tacopaya, provincia Arque.

El 15 de agosto indígenas comenzaron en Trinidad una marcha hacia La Paz en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure y en contra de que la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese esta zona. Además, el sector tiene otros 15 pedidos.

Habla Ovando

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, aseguró que no se postergarán las elecciones judiciales del 16 de octubre.

"El Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy ni siquiera ha considerado alguna posibilidad de postergar o suspender el proceso electoral de elección de autoridades al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Lo que significa que el acto eleccionario del 16 de octubre, hasta este momento no se mueve de ninguna manera", afirmó.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través del presidente de las Cámara de Diputados, Héctor Arce, sostuvo que el derecho a la consulta indígena expresado en la Constitución Política del Estado no se refiere a la eventual construcción de una carretera, por lo que no prosperaría un referendo sobre la edificación de una vía que atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Sin embargo, aseguró que se dará curso a una consulta “no vinculante” a las comunidades indígenas que habitan esa área protegida.
Arce anunció que esta consulta puede derivar en un referendo en los departamentos de Beni y Cochabamba, que son los directos involucrados en la construcción de esta vía.
“La consulta previa es un instrumento que está en la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral, específicamente reservada para el tema de la explotación de recursos naturales, y la construcción de una carretera no es un explotación de recursos naturales, no hay una correcta interpretación” de las disposiciones legales.
El artículo 39 de la Ley Electoral establece que “la consulta previa es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada”.
Arce ofreció ayer una conferencia de prensa para dar a conocer la posición oficial de la bancada oficialista en torno a este tema.

La embajada de Estados Unidos en La Paz, a través de su Sección Consular, informó que a partir de este lunes 3 de octubre implementará nuevos procedimientos para la solicitud de visas. Una de las principales reformas es la de eliminar costos adicionales de algunos de los servicios.

"A partir de esa fecha, todos los servicios tales como: la devolución de pasaporte, el procesamiento de visa, las llamadas para concretar una cita, la información incluyendo la programación de la cita, serán proporcionados sin costo adicional. Esto significa que los solicitantes ya no deberán incurrir en gastos por llamadas o números de PIN para acceder a los servicios enumerados", señala el comunicado.

Asimismo a partir del próximo lunes, la información acerca de cómo iniciar su solicitud de visa a EE.UU estará disponible mediante el sistema electrónico y mediante la habilitación de una línea telefónica que facilitará estos servicios.

"En ese sentido, el público podrá acceder de manera directa a la dirección web del SERVICIO DE INFORMACION DE VISA: http://bolivia.usvisa-info.com. Y también podrá hacerlo a través de la vía telefónica dentro de Bolivia marcando al número 591-3-3871544 y desde los Estados Unidos marcando al 703-439-2335. Adicionalmente la información estará disponible a través de la página web de la Embajada de los EE.UU. en Bolivia http://bolivia.usembassy.gov", acota el comunicado.

BREVE DETALLE DE LOS PASOS PARA SOLICITAR LA VISA:

Paso 1 Obtenga una foto 5x5 cm con fondo blanco de frente, impresa y en formato electrónico.
Paso 2 Complete el formulario electrónico de aplicación a visa electrónico en http://ceac.state.gov/genniv/ e imprima la hoja de confirmación cuando termine de llenarlo.
Paso 3 Ingrese a la página web del SERVICIO DE INFORMACION DE VISA regístrese y recabe la hoja de confirmación del monto a pagar de acuerdo al tipo de visa.
Paso 4 Pague la tarifa de procesamiento de visa (MRV Fee) en cualquier sucursal del Banco BISA. Lleve una fotocopia de su pasaporte y la hoja de confirmación de pago que deberá recabar de la página web del SERVICIO DE INFORMACION DE VISA.
Paso 5 Ingrese a la siguiente página web: http://bolivia.usvisa-info.com o llame al teléfono número 591-3-3871544 para programar su fecha de entrevista y para registrar la información de donde preferiría que su pasaporte le sea devuelto si la visa es aprobada.
Paso 6 Preséntese en la Embajada en la fecha programada para su entrevista. Planifique llegar media hora antes de la hora asignada.
Paso7 Los pasaportes visados serán devueltos via DHL a la ciudad que usted especificó al momento de marcar su entrevista en el paso 4.

DEPOSITOS EN EL BANCO BISA

Los recibos de depósitos realizados en el Banco Bisa hasta el 30 de septiembre de 2011 serán válidos solamente hasta el 1ro de noviembre de 2011. Si el depósito fue hecho antes del 3 de octubre y no fue usado para marcar la entrevista en el período de gracia mencionado (hasta el 1ro de Noviembre), perderá su validez y el solicitante deberá proceder a hacer un nuevo pago bajo el nuevo sistema.

Para coordinar la entrevista con estos recibos, los solicitantes deberán contactarse al teléfono número 591-3-3871544. Los solicitantes de visa con citas marcadas con anterioridad a esta fase de transición no se verán afectados y sus aplicaciones serán procesadas como de costumbre.

La marcha de la Federación de Trabajadores Campesinos "Tupac Katari" en apoyo al gobierno de Evo Morales en su política hacia el TIPNIS recibió insultos y silbidos de parte de transeúntes. Incluso hubo hasta amagues de enfrentamiento, durante su recorrido por el centro de la ciudad de La Paz.

Algunos manifestantes, que marcharon desde El Alto hasta el coliseo Julio Borelli respondieron a los insultos y silbidos y chicotazos.

La marcha convocó a cientos de campesinos que llegaron de diferentes poblaciones del departamento. Vestían sus atuendos tradicionales y portaban chicotes con los que agredieron a varios ciudadanos.

Desde el edificio de la Caja Nacional de Salud algunos funcionarios echaron agua a los manifestantes mostrando así su malestar por esta movilización.

Los marchistas aseguran que las declaraciones de Álvaro García Linera son otra “metida de pata”.

Después de que ayer aparecieran documentos, cuya autenticidad no fue verificada, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que algunos medios son parte de un “complot mediático en contra las autoridades, para mostrar al mundo que en Bolivia mataron a niños” el domingo y lunes.
Las autoridades, incluido el presidente Evo Morales, acusaron a algunos medios de comunicación de ser instrumentos de la oposición política, cuyo objetivo es desestabilizar al Gobierno.
García Linera apoyó sus afirmaciones en ejemplares impresos de algunos medios.
“No soy abogado, pero ese hecho es un delito. No se puede abusar de esa manera de algo noble como es la labor periodística”.
La marcha debería concluir. En criterio de García Linera, al anunciarse la suspensión de las obras de la carretera y la convocatoria a una consulta, la marcha indígena ya no debiera continuar, y en caso de hacerlo, sería “por motivos políticos”.
El presidente de la Subcentral indígena del TIPNIS, Fernando Vargas, sostuvo que “mientras no tengamos una ley que suspenda en forma definitiva la construcción de la carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), nosotros seguiremos nuestra marcha hacia La Paz”.
Volver a dialogar. El Vicepresidente reiteró que el Gobierno tiene la voluntad de reanudar el diálogo inmediatamente.
“El Gobierno nunca ha roto el diálogo y seguirá en ese empeño, porque su interés es adoptar las decisiones que solucionen las demandas. La opinión pública debe juzgar”.
Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), afirmó que el diálogo se rompió cuando se llevó adelante la intervención policial del domingo.
“Lo que hemos considerado es que ya no hay diálogo, en el camino no va a haber. Tienen que quitar su orgullo, su prepotencia, su soberbia”.
Reanudación de la marcha. Entretanto, Fernando Vargas dijo que la marcha volverá al camino después de que se encuentre a los tres indígenas que continúan desaparecidos en la región de Yucumo, como consecuencia de la represión policial.
“Volveremos a marchar todos los que estábamos el domingo antes de la represión”.
Al menos dos de los tres desaparecidos son indígenas de tierras altas.

El dirigente adolfo chávez presentó documentos que, se supone, son de la Policía. En esos papeles se describen algunas partes de la operación que ejecutaron los uniformados para dispersar la movilización de los indígenas de tierras bajas el domingo. Contienen referencias a la acción que debería desarrollarse en el operativo, que adelantó su hora de ejecución en 30 minutos.

El documento Plan de Desconcentración prevé el nombre, grado y número de policías que estarán a cargo de los vehículos a los que se llevará a los marchistas, además fija para las 17.40 el operativo y refiere que cuentan con requerimiento fiscal y que deben restringir el trabajo de la prensa.

“En cumplimiento a misión constitucional el contingente policial del Comando Departamental del Beni, ejecutará el traslado de 350 a 400 indígenas marchistas”, desde Yucumo a Trinidad, para desplazarlos a Loreto, Casarave, San Pedro Nuevo, San Pablo, refiere el documento.

El dirigente indígena Adolfo Chávez informó que el documento fue encontrado mientras realizaban un rastrillaje en busca de indígenas desaparecidos en San Miguel de Chaparina, lugar del operativo.

Diez buses de servicio público con escolta de seis camionetas formaban el convoy de motorizados que trasladaría a los indígenas. Un segundo documento facilitado por la dirigencia muestra que una representante del Ministerio de Gobierno, C.V., contrató buses por Bs 3.800 de M.V.

Ninguno de los dos documentos revela el o los nombres de quiénes estarían a cargo del operativo que el domingo intervino la marcha. Sometieron a golpes a los marchistas, los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.

García, en conferencia de prensa, afirmó que “no hubo una instrucción política” desde Palacio o el Ministerio de Gobierno para la intervención. Además señaló que seguirán apareciendo documentos como los revelados, aunque considera que lo que ahora importa es conocer quién dio la orden para la intervención.

Añadió que conocen lo sucedido ese día, pero consideró que la comisión de alto nivel será la encargada de establecer los niveles de responsabilidad.

“Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos hecho internamente un conjunto de averiguaciones”, respondió cuando se le preguntó quiénes fueron los que ordenaron la acción policial. El dirigente Rafael Quispe aseguró que la documentación es prueba de que el Ministerio de Gobierno participó en el operativo de intervención policial.

El Vicepresidente insistió en que la Policía tiene que estar preparada para cualquier eventualidad de enfrentamiento, en alusión al documento revelado. El Gobierno plantea que una comisión de alto nivel, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue con rapidez y establezca las responsabilidades.

El plan de traslado de los indígenas también refiere que harán paradas técnicas en diferentes puntos de la carretera
Tras la intervención policial al campamento de la marcha, los indígenas fueron trasladados en vehículos hasta San Borja, pero ante la resistencia local retornaron a Yucumo y desde ahí fueron a Rurrenabaque.

Desde esta zona debían ser trasladados en avión a Trinidad. Entonces también intervino la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y debe ser parte de la investigación, dijo el exmayor David Vargas, que participó en los hechos de violencia derivados del impuestazo en febrero del 2003.

Los policías encargados de los buses

-Bus 1 Cnel. E. T.
-Bus 2 Cnel. J. T.
-Bus 3 Tte. J. A.
-Bus 4 Subtte. O. C.
-Bus 5 Subtte. V. P.
-Bus 6 My. M. V.
-Bus7 Tte. C. M.
-Bus 8 Nombre no legible
-Bus 9 Nombre no legible
-Bus 10 Nombre no legible. Cada uno tenía cinco policías a su cargo

Copa niega solicitud de intervención

La ministra de Justicia, Nilda Copa, negó ayer que haya solicitado a la Fiscalía la intervención de la fuerza pública en la marcha indígena. “Yo presenté una denuncia de defensa a los derechos humanos por el secuestro a nuestro canciller David Choquehuanca. Se está tergiversando la información de que yo instruí al Alto Mando Policial (el operativo)”, afirmó.

La Razón accedió al memorial presentado por Copa, junto al viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno. En el documento denuncian precisamente las agresiones al Canciller y solicitan “requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”.

La denuncia fue recibida por el fiscal asistente adscrito al despacho de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Facundo Coronel, a las 20.35 del sábado 24 de septiembre, según se registra en la parte superior derecha del memorial.

El Gobierno, en reiteradas oportunidades, aseguró que la actuación policial contó con requerimiento fiscal, aunque no presentó el documento. Este medio accedió a un requerimiento fiscal que instruye de oficio la investigación de la violencia ejercida contra el Canciller, pero no ordena intervenir.

En el marco de la campaña “A limpiar el mundo”, inició esta semana la limpieza del río Rocha, desde el puente Tupuraya, en el barrio de Muyurina, hasta la zona oeste de esa capital departamental. La jefa de Educación Ambiental de la Secretaría Municipal Ambiental, Lizette Álvarez, informó que la campaña permitirá que organizaciones de diverso tipo y ciudadanos en general encuentren un punto común para trabajar por la salud de la población y tomar conciencia de la importancia del saneamiento.

4 millones de dólares será la inversión que se ejecutará en la nueva ala de felinos del zoológico de Santa Cruz.

— ¿Qué cambiará en el Tribunal Constitucional (TC) con esta primera elección judicial?
— Cambiará la estructura y las funciones. Existe una gran falta de credibilidad por parte de la población y estas elecciones dan la oportunidad al soberano para que decida y transforme la administración de justicia para que sea más cercana a la población.
— ¿Cómo se resolverán en el Tribunal los conflictos de competencias entre la jurisdicción indígena, la ordinaria y la agroambiental?
— El Tribunal tiene la facultad de establecer y conocer todos los fallos, a pesar de que cada jurisdicción tiene sus propias normas y reglas. Estas atribuciones son conferidas para evaluar cada caso, haciendo uso de técnicas y métodos, sobre todo referidas a la interpretación constitucional.
— Entre la anterior legislación y las nuevas disposiciones legales existen vacíos jurídicos, ¿cómo se los resolverá en el Tribunal?
— Esto debe ser resuelto por los legisladores, pero pueden subsanarse a través de la interpretación. No se puede especular sobre algunos vacíos existentes en las leyes, el Tribunal debe trabajar sobre casos concretos, para que podamos pronunciarnos.
— ¿Cómo se garantizará la independencia del Tribunal Constitucional?
— Está garantizada por la Constitución. El Tribunal no pertenece a ningún poder, es un órgano independiente que tiene como funciones velar por la supremacía de la Constitución, el control de la constitucionalidad y el respeto de los derechos humanos.
— ¿Qué problemas ha podido identificar en la administración de justicia y qué soluciones plantearía?
— La corrupción y la retardación han lacerado la justicia al punto de hacerla no creíble. La retardación es un problema sistémico, esto tiene que cambiar desde la capacitación de los funcionarios, la corrupción tiene que ser erradicada.
— ¿Qué problemas ha identificado antes de las elecciones?
— Se está poniendo un enfoque más político en estas elecciones, espero que no lleguen a mezclarse ambos aspectos.

Perfil

Nombre: William Josué Ayala Baldelomar
Nació: 1-04-1975
Profesión: Abogado

Candidato

El postulante tiene un doctorado en nuevas tendencias del Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Es máster en Derecho de la Energía; experto en desarrollo de sistemas para el comercio electrónico. Fue abogado asistente en el Tribunal Constitucional de Bolivia, ademas de Consultor en temas constitucionales.

La Cancillería boliviana desmintió el viernes las acusaciones en contra de su embajadora en España, María del Carmen Almendras Camargo, y reiteró su confianza en la tarea que cumple en ese país.

En un comunicado de prensa, el Gobierno y la Cancillería valoran "en alto grado" los resultados obtenidos en la gestión de la Embajadora Almendras, que ha permitido un importante desarrollo y ampliación de la cooperación española hacia Bolivia, que se expresa en el incremento de la cooperación financiera y técnica de España, y en la apertura de nuevos campos de acción.

"Ante las falsas acusaciones y difamaciones que vienen haciendo personas interesadas en contra de la señora María del Carmen Almendras Camargo, el Gobierno y la Cancillería respaldan plenamente la labor que viene realizando en beneficio del país y de nuestros compatriotas", remarca el comunicado oficial.

De igual manera, el Ejecutivo boliviano destaca el trabajo en defensa de los ciudadanos de este país andino amázónico, y respalda los cambios efectuados, "para lograr una adecuada y transparente atención a la ciudadanía boliviana", que coadyuva al incremento exponencial del número de regularizaciones de los ciudadanos bolivianos, al avance en el reconocimiento de derechos de ciudadanía así como en los de seguridad social.

La Cancillería boliviana asegura que esas medidas han sido puestas en conocimiento de las instancias competentes y de la comunidad boliviana, a partir de la rendición pública de resultados que hacen anualmente la Embajada y los Consulados rentados en España, mecanismo de transparencia de su gestión.

Agrega que todas estas acciones aportan al fortalecimiento de la institucionalidad del Estado boliviano en España, y están basadas en la acción firme del Gobierno en la lucha contra la corrupción, que ejecuta consecuentemente Almendras "y que, sin duda, afecta a personas faltas de escrúpulos que actúan en detrimento de la comunidad boliviana".

"Es por ello que la Embajada en Madrid puso en conocimiento del colectivo boliviano en España, mediante un Comunicado de Prensa de fecha 12 de septiembre del presente año, que se registraron algunos supuestos hechos irregulares de corrupción", complementa el comunicado de prensa.

Según la Cancillería boliviana, esos antecedentes, en cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, fueron entregados a la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, que ha promovido el inicio de la investigación de supuestos actos de corrupción de ex autoridades consulares y sus conexiones.

"Por todo lo anterior, el Gobierno y la Cancillería reiteran su confianza en la Embajadora Almendras Camargo, y destacan su labor en defensa de los intereses del Estado boliviano y de sus ciudadanos", subraya el documento.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, no descartó la posibilidad de que esta institución analice los efectos que tendrían los conflictos sociales que atraviesa el país en el proceso eleccionario, especialmente con la crisis por el camino por el TIPNIS.

“El lunes nos reuniremos en Santa Cruz para considerar puntos del proceso y otras actividades administrativas. Y es posible que en esa reunión toquemos el tema de los problemas sociales”, dijo.

En los últimos días, aprovechando la violenta intervención policial de la marcha de originarios que defiende el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), sectores políticos y sociales aumentaron campañas por el voto nulo para los comicios judiciales del 16 de octubre.

Dos candidatos, entrevistados por este diario, dijeron que vieron afectada su participación en medios y se quejan de que el interés de la población gira en torno al TIPNIS y no a sus candidaturas. Miembros de la Policía anunciaron que un 90% de sus camaradas votará nulo en estos comicios, como reacción a la intervención policial en la marcha por el TIPNIS.

En Beni, dirigentes indígenas también anunciaron que sus bases no votarán en estas elecciones judiciales, porque en la intervención policial del domingo les quitaron sus pertenencias, entre ellas sus documentos de identidad. “No hemos pensado ni se ha tomado en cuenta ninguna posibilidad de suspender o postergar el proceso electoral”, aclaró Ovando

El dirigente gremial del Distrito Yucumo del departamento del Beni, Luis Choque, denunció que colonizadores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) los presionaron para hostigar y bloquear a los nativos que marchaban en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Iisiboro Sécuere (TIPNIS).

"Ellos prácticamente querían obligarnos a que nosotros participemos de forma masiva todos los día en el bloqueo, sin embargo, hay muchos compañeros que tienen sus propiedades en sectores rurales y ellos sí fueron obligados", manifestó.

Según Choque, dirigentes de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) obligaron a algunos pobladores del lugar a participar de la protesta contra los marchistas, bajo una multa de 100 bolivianos. Contó que los colonizadores llegaron de otras regiones y que actualmente ya no están en Yucumo.

"Una vez terminado el conflicto el domingo, esos dirigentes que eran una parte de Caranavi, Ixiamas y de Rurrenabaque, ya se dispersaron y ya se fueron", declaró.

Aseguró que el representante de los colonizadores de Yucumo también se marchó a la ciudad de La Paz y aclaró que su sector en ningún momento participó de las movilizaciones contra los indígenas.

"En ningún momento nosotros hemos estado apoyando ese bloqueo que han hecho los colonizadores (…) ellos tenían sus demandas que eran ajenas a Yucumo, más bien nos han hecho quedar mal", dijo.

Añadió que su sector resolvió solidarizarse con las mujeres y niños de la movilización indígena si ésta hubiera llegado a Yucumo e indicó que el bloqueo de los colonos sólo les afectó, puesto que se quedaron sin gasolina, ni carne para el comercio y consumo.

ERBOL.- Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), fue internado de emergencia al medio día de este viernes en la clínica Incor de la ciudad de Santa Cruz, tras llegar en un vuelo procedente de Trinidad, capital del departamento del Beni.

El dirigente indígena, según un parte médico preliminar, presenta hematomas en las piernas y la cabeza producto de la golpiza que recibió durante la violenta represión policial a la marcha indígena en el sector de San Lorenzo, muy cerca de la población de Yucumo, provincia Ballivián del departamento del Beni.

Al igual que Padilla, otros cuarenta indígenas también resultaron heridos el pasado domingo durante la intervención a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por parte de decenas de efectivos de la institución policial ordenada por el gobierno de Evo Morales.

El presidente de la APG, a su llegada al aeropuerto de El Trompillo en un vuelo comercial y acompañado del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Rodolfo López, dijo que lo ocurrido lo fortalece como persona y motiva a sus compañeros a seguir con sus medidas de presión.

Padilla, apenas descendió de la aeronave que lo transportó desde la capital beniana, fue subido a una ambulancia de la Clínica Incor que lo trasladó hasta ese nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral TSE, Ramiro Paredes, descartó este viernes la eventual postergación de las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo, al afirmar que el proceso continúa vigente y que la sala plena del organismo no ha considerado posponer el evento electoral.

"No está en la agenda la postergación de las elecciones", dijo Paredes, aunque admitió que "la realidad es dinámica". "Veremos qué pasa, la marcha es un elemento que en su momento se evaluará", agregó.

El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, abrió este miércoles la posibilidad de postergar los comicios para el 18 de diciembre próximo, fecha en la que se realizarán las elecciones municipales de Sucre, Pazña en Oruro, Quillacollo en Cochabamba y Potosí, comicios que a su vez serían suspendidos para el mes de marzo para evitar confusiones.

"El tema, tenemos que debatirlo en la Sala Plena, pero sí existe la posibilidad legal de postergarlos", dijo Ovando, al tiempo de señalar que la postergación requiere de una causal de "fuerza mayor".

Paredes anunció que, ante las renuncias registradas en Oruro, el Tribunal ha designado a los notarios electorales respectivos y que también se está capacitando a la gente en Beni.

Se teme que la marcha de indígenas del TIPNIS llegue a La Paz el 15 de octubre, un día antes de las elecciones judiciales, por lo que el TSE confía en que el auto de buen gobierno que deberán dictar las gobernaciones 48 horas antes de los comicios frene la movilización y posibles disturbios.

Mientras tanto las actividades electorales se desarrollan con normalidad. El vocal Paredes informó que ya se está concluyendo con la capacitación de notarios electorales y que con eso se terminan las actividades electorales.

Asímismo ya se cuenta con todo el material electoral, el cual será repartido a los tribunales departamentales, los cuales los enviaran a los notarios 48 horas antes de la elección y en el caso de provincias 72 horas antes para que se distribuya en los recintos electorales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicará el fin de semana las listas con los recintos de votación de las elecciones judiciales del 16 de octubre, informó la vocal Dina Chuquimia.

"Este fin de semana se van a publicar las listas de los puntos electorales donde la población en su conjunto va a ir a emitir su voto este 16 de octubre para elegir a las máximas autoridades del Órgano Judicial", explicó a la ABI.

Los bolivianos concurrirán a las urnas el próximo 16 de octubre para elegir a las autoridades de los Tribunales Supremo Electoral, Constitucional y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocerá por primera vez anulaciones parciales en una misma papeleta en los comicios judiciales de octubre, al establecer que la invalidación total de una boleta requiere de la anulación expresa de todas y cada una de las columnas asignadas a las cuatro elecciones del Órgano Judicial, según anticipó ayer el presidente de la institución, Wilfredo Ovando Rojas.

“Si se invalida una sola columna, no se invalidan las tres columnas restantes”, afirmó la autoridad, quien, sin embargo, negó que esta decisión suponga la adopción de un criterio de “anulaciones parciales” en una misma papeleta, ya que, dijo, la boleta electoral incluye “cuatro elecciones diferentes”, que “deben ser computadas de manera independiente”.
Reiteró que para anular una papeleta en su totalidad, la inscripción de anulación debe abarcar a las cuatro columnas.

“Una papeleta podría incluir uno o más votos válidos, blancos o nulos”, porque “si una columna no tiene causal de anulación, no se la puede anular, es válida”, subrayó.

Ovando respondió a preguntas durante un acto en el que se difundió el trabajo que realiza el Tribunal para socializar el proceso electoral del 16 de octubre y difundir los méritos de los candidatos a las cuatro instituciones judiciales. El 16 de octubre se elegirá a los miembros del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia.

Los indígenas del TIPNIS tienen en sus manos el "plan de desconcentración" que ejecutó la Policía para intervenir el campamento de los marchistas la tarde del domingo 25 de septiembre, informó este jueves, Rafael Quispe dirigente de del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq).

"Nosotros también tenemos nuestra inteligencia, nuestra KGB (ex Servicio Federal de Seguridad de Rusia). Todo esto ha sido planificado desde el gobierno, acá esta un plan de desconcentración planificado que estaba a la cabeza del subcomandante de la Policía Nacional", informó Quispe desde San Borja.

Entre algunos detalles, informó que del documento está que los buses, contratados por el Ministerio de Gobierno, debían llegar hasta San Ignacio de Moxos. "Ahí está como debía emplearse la velocidad de los vehículos a 80 kilómetros por hora. Un bus estaba a la cabeza del coronel Edgar Téllez con cinco efectivos; el teniente Moisés Méndez con cinco policías. Tenemos todo el plan de operaciones, no fue un exceso, la represión fue planificada para capturar a los dirigentes y llevarlos a un proceso penal, somos perseguidos políticos del gobierno de Evo Morales", denunció el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, dijo que este plan de operaciones incluso hacía referencia a la manera como se perjudicaría la labor de los medios de prensa, para evitar que se registren las imágenes de violencia contra mujeres, niños y ancianos.

"No cabe duda, las principales autoridades del gobierno ordenaron la intervención policial que violó los derechos humanos de los hermanos indígenas, y esto debe ser de conocimiento del pueblo boliviano y de la comunidad internacional", dijo Chávez, al señalar que esa orden fue encontrado en el lugar de la intervención.

INVITACIÓN Y PALO: De acuerdo con Quispe, el gobierno había invitado a los dirigentes del Tipnis a una reunión a las 20.00 del domingo, "pero optaron por la intervención a las 17.00 te invita y te masacra. Ahora no le creemos nada, la decisión es marchar hasta La Paz y nadie nos va detener", sostuvo.

En todo caso los marchistas pedirán la mediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de Derechos Humanos para garantizar la movilización a la sede de gobierno, donde denunciarán a la población la represión del gobierno que fue planificada con anterioridad y fue ordenada por las principales autoridades del Estado. "Así nomás ya no vamos a aceptar el diálogo", sostuvo el dirigente.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, se pronunció este jueves por la suspensión de las elecciones judiciales del próximo mes de octubre, al argumentar que "no existen condiciones" para llevar adelante ese proceso electoral.

Saleme advirtió que la elección de altas autoridades judiciales merece un mayor consenso nacional, sobre todo en la etapa de pre-selección de candidatos, y sugirió que el Gobierno, y en especial el presidente Evo Morales, debe aceptar "retrotraer" dicho proceso a su punto inicial, es decir, a la misma convocatoria.

"Hay condiciones extras al proceso electoral que hacen imposible su realización", manifestó Salame, quien ocupara el cargo de magistrada del Tribunal Constitucional.

Sostuvo que una vez suspendido el actual proceso, el gobierno debe impulsar una etapa de consenso entre los colegios de abogados, las universidades y otras organizaciones de carácter nacional para recoger sugerencias y enriquecer la convocatoria a los comicios.

Por su parte, la diputada de oposición, Eva Gonzalez (Plan Progreso) pidió a la ciudadanía "ejercer su derecho al voto nulo", al señalar que "no puede haber sanción" para quienes decidan invalidar su opción en esos comicios o para quienes públicamente convoquen a los ciudadanos a rechazar el proceso.

"No quiero ser cómplice de este proceso engañoso; no conocemos a los candidatos "invisibles" y no sabemos a qué manos va a ir a parar la justicia", dijo González, quien, al mismo tiempo, advirtió que el Gobierno, una vez "copado" el Poder Judicial, tiene previsto preparar una ley mediante la cual se estaría buscando perpetuar la gestión del presidente Evo Morales.

Añadió que al contar el gobierno con un Tribunal Constitucional a su favor, el mismo validará sin "ningún control" todas las leyes que el Legislativo, de mayoría oficialista, vaya aprobando en el futuro inmediato. "Los bolivianos nos quedaremos con un dictador a perpetuidad", acotó.

Por su parte, el principal ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Roberto Pardo, reiteró su convocatoria al "voto protesta y al voto castigo" en las próximas elecciones judiciales, y aseguró que esa decisión fue asumida con carácter nacional en un reciente ampliado de la Central Obrera Boliviana.

"No estamos de acuerdo en la pre-selección (de candidatos); nos preguntamos ¿qué podrá pasar en las provincias?", sostuvo Pardo al expresar su desconfianza en la realización de esos comicios, y recordar asimismo que la ley no contempla el referéndum revocatorio para las autoridades judiciales que resultarán elegidas en este proceso.

Leopoldo Fernández, quien se encontraba internado en la clínica policial Virgen de Copacabana de La Paz, desde el pasado 14 de septiembre, retornó a la cárcel de San Pedro este jueves.

El exprefecto de Pando, manifestó que los médicos de este nosocomio dieron el alta correspondiente por la mejora de su salud, después de sufrir una descompensación en una audiencia cautelar en Chonchocoro, la que trató su detención preventiva por otro proceso en su contra.

"Ya está definido que estoy volviendo a San Pedro, a partir de hoy", sostuvo a ANF Fernández, después de concluida la audiencia por el caso Porvenir .

Desde el pasado mes de febrero, Leopoldo Fernández, se encontraba recluido en la cárcel de Chonchocoro por determinación del director de régimen penitenciario, pero el pasado 14 de este mes sufrió una hipertensión arterial lo que ocasionó que sea internado en la clínica policial.

Sin embargo el presidente del tribunal sexto de sentencia determinó el pasado 22 de septiembre, el traslado del exprefecto a San Pedro, por sugerencia de los médicos y los peritos.

Fernández estuvo internado en la clínica Virgen de Copacabana 15 días, donde recibió atención médica para restablecer su salud.

Para el analista político Iván Arias el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) buscan postergar los comicios judiciales, para evitar el rechazo de la población y el voto castigo, a causa de la violenta intervención policial contra los marchistas del TIPNIS, lo cual fue reprobado por la población boliviana.

"Creo que el gobierno más que temor a la marcha indígena tiene miedo por las elecciones ante el crecimiento del voto nulo, o el voto por el No que sea mayoritario y esto esta expresado en las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral", dijo Arias a la ANF.

Esta posibilidad que se abre desde el Tribunal Supremo Electoral trae bastantes repercusiones en el ámbito político, pues para el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, tendría que haber un buen argumento legal para postergar los comicios del 16 de octubre próximo.

"La autoridad tendría que señalar la base legal en la medida de que hay una ley emitida para la elección de autoridades judiciales", manifestó Martínez en conferencia de prensa.

Por su parte, la Jefa de Bancada del Movimiento al Socialismo en Diputados, Emeliana Aiza, rechazó rotundamente cualquier postergación de las elecciones, calificando la intención como discriminatoria en contra de las mujeres y los indígenas.

"Quienes quieren suspender están contra las mujeres y los indígenas, nosotros por primera vez vamos a participar en la parte de la administración de la justicia", dijo Aiza.

Por último el cuarto secretario de la Cámara de Diputados, David Cortez, sostuvo que una posible postergación de los comicios de octubre está en manos del Órgano Electoral, que tiene que garantizar una elección libre de convulsiones sociales.

"Si es que se tiene que darse una suspensión o postergación, hay los mecanismos y está el órgano electoral quien puede definir si las condiciones están dadas hay que proseguir y si no ameritan, una postergación será una atribución del órgano electoral", Dijo Cortez a la ANF.

El juicio por la masacre de Porvenir se reanudó el jueves con la declaración del quinto testigo, Sergio Cortéz Mogro, quien inició su testimonio ante el Tribunal Sexto de Sentencia para esclarecer los sucesos registrados en septiembre de 2008 en esa población del departamento de Pando.

Freddy Panique, miembro del comité impulsor del juicio contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, principal acusado de la masacre de más de una decena de campesinos en Porvenir, aclaró que Cortéz Mogro fue una de la víctimas de los sucesos registrados en esa localidad.

"Él es la persona que junto con 35 familias se trasladó desde ese lugar, pasando por Riberalta. Ha sido claro y enfático al indicar que la única vía para trasladarse de su comunidad hacia Puerto Rico, departamento de Pando, es cruzando por Riberalta. Ha quedado descartada la posibilidad de que personas del Beni, concretamente de Riberalta, hayan tenido participación en esta marcha", indicó a los medios.

La investigación se refiere a la emboscada que sufrió una marcha de campesinos de diversas poblaciones pandinas que se dirigían a un ampliado para analizar sus reivindicaciones de tierras.

Los marchistas fueron atacados por grupos paramilitares que pertenecían a la Prefectura de Pando, que estaba en poder en ese entonces de Leopoldo Fernández, quien es imputado como el principal responsable de esos hechos.

Fernández está recluido en una cárcel de La Paz desde septiembre de 2008, junto a varias personas en el marco del proceso iniciado en su contra.

El hasta el martes pasado, ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, entregó ayer su despacho a su sucesor, Wilfredo Chávez Serrano, y dijo que deja el Gobierno "con la conciencia tranquila y el espíritu intacto", minimizando críticas sobre su actuación y responsabilidad en la intervención policial a indígenas del Isiboro-Sécure el domingo.

"La verdad va a triunfar, hemos afrontado distintas situaciones y seguiremos enfrentando. En lo particular, yo me voy con la conciencia tranquila, con el espíritu intacto y el compromiso también intacto. Creo que en estas pocas horas he rejuvenecido.

Hay una sensación de que hemos cumplido algunas de nuestras metas", dijo Llorenti, quien renunció el martes pasado.

El ahora exministro afirmó que serán las investigaciones las que determinen las responsabilidades en las órdenes del operativo policial y negó contradicciones con el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán.

Chávez, quien juró el martes al cargo mediante Decreto 991, participó ayer de la habitual reunión de Gabinete. Después, recibió sus nuevas oficinas con el compromiso de dar continuidad a las estrategias, planes y proyectos que encaró su antecesor.

Llorenti dijo que deja su despacho concluyendo proyectos relacionado a seguridad ciudadana, sobre todo para La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Dijo que en su gestión hubo avances en la transformación estructural de la Policía con cambios al reglamento de ingreso a institutos policiales para eliminar una fuente de corrupción.

Agregó que a ello se suma la aprobación de la Ley 1001 del Régimen Disciplinario de la Policía que devuelve la disciplina policial respetando los derechos de los funcionarios.

Mencionó que, con el anterior reglamento disciplinario, un proceso demoraba dos años. La nueva Ley establece que cuando hay un hecho infraganti, el sumario dura un día y el policía es suspendido sin goce de haberes, lo que antes no sucedía.

Llorenti indicó que la otorgación de cédulas de identidad y licencias de conducir pasó bajo control civil para terminar la corrupción, en un hecho histórico impulsado por el Presidente.

Anunció además que se entregarán dos helicópteros a principios de 2012, para seguridad ciudadana en Santa Cruz.

Asimismo, aseguró la entrega a finales de este año de 20 retenes policiales móviles, 500 cámaras de vigilancia y 2.000 sistemas de posicionamiento global (GPS) para ser instalados en flotas interdepartamentales.

Varios cargos en acefalía

Las renuncias de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, de la directora Nacional de Migración, María René Quiroga, de la coordinadora General del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, Roxana Liendo, del viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como consecuencia de la violenta intervención policial a los marchistas el fin de semana, dejaron varias acefalías en el Ejecutivo.


El presidente Evo Morales posesionó la noche del martes como nuevos titulares de Defensa y Gobierno, a Rubén Saavedra y Wilfredo Chávez, los que dejaron en acefalía la Dirección de Reivindicación Marítima y el Viceministerio de Coordinación Gubernamental, respectivamente.


Hasta ayer, ninguno de los cargos todavía vacantes fue cubierto.


El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, dijo ayer que no hay una rotación de ministros dentro del Gobierno y que las nuevas designaciones se realizó tomando en cuenta la experiencia de las personas y su conocimiento de la estructura gubernamental.


"El cambio de ministros producido esta semana, tras la renuncia de algunas autoridades, es un ajuste para que se fortalezca el Gobierno", indicó Rojas.

Un oficial de la Policía, que estuvo al frente de la violenta intervención de la marcha de los indígenas del TIPNIS, reveló este jueves que cumplieron órdenes superiores emanadas de las primeras autoridades del Gobierno, para reprimir el pasado domingo. Denunció, también que pasaron momentos difíciles en Yucumo, debido a que no tenían agua ni comida.

"Cada gobierno que nos manda nos ordena algo en específico, de acuerdo a eso nosotros cumplimos, esas órdenes tienen que salir específicamente del Ministerio de Gobierno y lo que sabemos es que sale del mismo presidente, o, vicepresidente, ahora están queriendo procesar a mis camaradas es lamentable porque el gobierno nos manda y de paso nos tratan mal los coroneles", relató el oficial a radio Laser 98, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

El policía contó que ellos financiaron de sus bolsillos su alimentación y que por esa situación habían exigido un lote de alimentación. "El coronel nos dijo: Esto siempre pasará camaradas, tienen que aguantarse y no puede haber más".

"No teníamos ni agua, teníamos que ir al río como animales, este gobierno nos odia, dormíamos en el suelo, comiendo galletas y con esta Ley (de Régimen Disciplinario de la Policía) no podemos decir nada ni reclamar lo que nos corresponde como uniformados públicos al servicio de la población", sostuvo.

Finamente dijo que el contingente fue "obligado" a reprimir a los indígenas del TIPNIS, "todo viene por órdenes del gobierno". Señaló que la intervención a los marchistas estaba planificado. "No tenían que pasar y debían volver donde vivían", sostuvo.

MALESTAR

El ex mayor de la Policía, David Vargas, quien lideró el motín de la institución verde olivo en febrero de 2003, lamentó que el gobierno haya usado una vez más a la entidad del orden para resolver por la fuerza un conflicto que debía ser superado mediante el diálogo, "al estilo de las administraciones neoliberales".

"La Policía no actúa de manera voluntaria y oficiosa, la Policía recibe órdenes del ministro de Gobierno y de Palacio de Gobierno. Lo que han hecho con la institución no tiene perdón y esto ha generado un profundo malestar en las filas verde olivo, por el manoseo político del gobierno de Evo Morales", dijo el ex jefe policial.

Señaló que la orden de intervención a los indígenas la dio el ministro de Gobierno, bajo el conocimiento del presidente Evo Morales.

"Los aviones que partieron de La Paz a Rurrenabaque el lunes pasado se movieron con órdenes escrita de Palacio de Gobierno, cuya orden escrita llega al Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que dispone el movimiento, entonces quien ha ordenado mover los aviones es el mismo que ordenó la represión contra los indígenas", sostuvo

El descontento entre candidatos cruceños que consideran que hay una escasa difusión de los méritos de los aspirantes a autoridades judiciales y las denuncias sobre favoritismo con algunos postulantes empañan la recta final de la propaganda que realiza el Tribunal Electoral Departamental (TED).

La vocal electoral de Santa Cruz, Ida Olender, negó que el TED excluya a algunos postulantes en las presentaciones o talleres de capacitación con los sectores sociales y en los distritos. Reiteró que a partir del viernes se llevarán a cabo más eventos para la presentación de los aspirantes a magistrados.

El candidato Carlos Eduardo Vargas Vaca, que en la papeleta de votación está con el número 69, denunció que el Tribunal Departamental Electoral, presentó sólo a sus adversarios Jorge Isaac von Borries, que es el número 71; José Antonio Ramírez Reynaga, que está en el puesto 70, y Mirna Amparo Belaúnde, con la numeración 74.

“Hice los reclamos, pero nadie me dio respuesta”, afirmó Vargas Vaca, y aseguró que en una oportunidad fue convocado a una presentación, pero cuando le avisaron ya había empezado el evento.

Al respecto, la vocal Ida Olender explicó que la molestia del candidato se debe a que en los días de la Expocruz algunos postulantes cruceños asistieron a un acto en el stand del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que organizó el Servicio de Registro Civil (Sereci). Aseveró que la asistencia o inasistencia de los aspirantes a magistrados no es responsabilidad del TED, sino del Sereci, que organizó esa actividad.

Al margen de la denuncia de favoritismo, otros candidatos, como María Arminda Ríos García, que está en el puesto 72 en la papeleta de votación, observan ciertas debilidades en la etapa de difusión de méritos que se difunde en los medios de comunicación.

El ex embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, le envió una carta al presidente Evo Morales donde le pide que suspenda "definitivamente" la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que provocó una crisis que alertó a varios países del mundo.

"Aún es posible resolver esta crisis si se suspende definitivamente la construcción de la carretera a través del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), llevamos a la justicia a los responsables de la represión a la marcha indígena e iniciamos un amplio proceso participativo de debate nacional para definir una nueva agenda de acciones en el marco del Vivir Bien", pidió.

Solón, que hace aproximadamente tres meses dejó el cargo de embajador ante la ONU, observó las contradicciones del discurso del gobierno que propugna la defensa de la Madre Tierra ante la comunidad internacional, pero que no la hace efectiva en la práctica.

"Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera ‘imperdonable’ los derechos humanos", expresó.

Para Solón, "es incomprensible" promover la realización de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para el 2014 "si no somos vanguardia en la aplicación de la ‘consulta previa, libre e informada’ a los pueblos indígenas dentro de nuestro propio país".

Sostuvo que Bolivia debería ser el ejemplo ante el mundo de defensa a la Madre Tierra, más aún como país impulsor del Día Internacional de la Madre Tierra.

"Miles de delegados de los cinco continentes que participaron en la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra (en Tiquipaya, Cochabamba) están profundamente contrariados por la posición del gobierno de Bolivia", mencionó el ex diplomático.

Sobre la marcha de los pueblos del TIPNIS, el ex embajador indicó que la misma tiene incoherencias en sus demandas sobre hidrocarburos y la venta de bonos de carbono de los bosques que mercantilizan la Madre Tierra, pero enfatizó que su "preocupación por la construcción de la carretera es justa".

Sin duda será más costoso construir la carretera por otro lugar que no sea el TIPNIS, mencionó Solón, pero ahorrar "200 o 300 millones de dólares sin tomar cuenta los costos socio ambientales es ir en contra de los principios del Vivir Bien".

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y el SEGIP, sostuvieron la firma de un acuerdo para la entrega de un edificio confiscado por la Ley 1008, donde comenzarían a funcionar las nuevas oficinas para el proceso de solicitudes, renovaciones y entrega de los documentos de identidad y licencias de conducir.

El contrato firmado concede al SEGIP el edificio por un año, con la posibilidad de renovarlo cuantas veces sea necesario, informó Antonio Costas, director nacional del Servicio General de Identificación Personal. Costas notificó también que las nuevas instalaciones, ubicadas en el cuatro anillo y avenida Beni, Uv.66 Mza. 22, comenzarán a funcionar desde el mes de noviembre.

"Desde ese edificio, más amplio y nuevo, se podrá brindar a la población un mejor servicio en la solicitud de sus documentos personales", aseguró Costas.

De la firma del convenio participaron el director de Dircabi, Moises Aguilera, el director nacional del Segip, Antonio Costas y William Padilla, director regional del Segip.

Nuevamente el país volvió a protestar en una sola voz. Las marchas y manifestaciones en ocho departamentos se hicieron sentir en apoyo a los indígenas que fueron intervenidos de forma violenta por la policía el pasado 25 de septiembre. Muchos de los manifestantes se disfrazaron de animales, representando lo que se mataría con la construcción de la carretera por el Tipnis. Los mensajes contra el Gobierno fueron duros.

Calles del eje troncal colapsaron. Las principales calles de las capitales se convirtieron en mareas humanas con las marchas.

La 'pachamama' llora, titula un editorial del periódico español El País que parece resumir la crisis que vive Bolivia después de la represión indígena del pasado domingo que ya se ha arrastrado a dos ministros de Estado y un viceministro.Mientras, la BBC de Londres dice que el presidente Evo Morales encontró la horma de sus zapatos y tocó fondo con su propio discurso indigenista que lo llevó al poder. Enfoques en el marco de una espiral de convulsión con paros, marchas y huelgas de hambre en todo el país y amenazas de juicios, mientras los indígenas se reagrupan en Rurrenabaque, Beni.

Ni siquiera la posesión de los ministros Wilfredo Chávez en reemplazo de Sacha Llorentty y Rubén Saavedra en vez de Cecilia Chacón en Defensa ha calmado la ola de protestas. "Es la misma chola con otra pollera", dijo el líder de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, otrora aliado de Morales y quien encabezó una multitudinaria marcha ayer en La Paz.

Octubre II. Dos analistas, Carlos Cordero y Gustavo Pedraza, dicen que "este es un tema estructural" que no pasa por el cambio de uno o dos ministros y que si el Gobierno no actúa en forma inteligente, "el conflicto se le puede ir de las manos".

'Estamos en el umbral de un octubre II", refiere Cordero al recordar el episodio de 2003 que acabó con el gobierno de Goni, impulsado por el ahora presidente Morales.

Gobierno acude a la ONU. El presidente Morales amaneció ayer con su bancada en la Asamblea Legislativa promoviendo la constitucionalización de una ley corta que posibilite el referéndum en los departamentos de Cochabamba y Beni. Esta iniciativa es considerada ilegal por los expertos, quienes aseguran que sólo puede realizarse entre los indígenas dueños de las tierra originarias.

En el otro frente los ministros Carlos Romero y Nardi Suxo trataron de poner paños frios visitando al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, y la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, para investigar la represión del domingo.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, convocado también, decidió retirarse del encuentro por considerar que debe hacer ese trabajo en forma independiente.

Retoman la marcha. Mientras tanto en Rurrenabaque, unos 300 indígenas se reagruparon y tienen planificado partir entre hoy o mañana a las proximidades de Yucumo y retomar la marcha a La Paz, interrumpida por la represión policial, informó el periodista Andrés Titiboco del periódico La Palabra del Beni.

Revocatorio y juicios. A la convulsión se agrega el pedido de la COD potosina de iniciar una revocatoria de mandato de Evo y Alvaro García Linera. Por su parte, Convergencia impulsa un juicio de responsabilidades y el Movimiento Sin Miedo otro de carácter penal.

Un alto jefe policial renunció

El vice-ministro de seguridad ciudadana, Miguel Vasquez, dijo ayer a la red gigavisión que 'ya cumplió su ciclo' y que presentó su renuncia al cargo por segunda vez.

37% Aprobación
La de Evo Morales en septiembre. Lejos del 67% con el que ganó las elecciones en su segundo período

45 Días
Tiempo transcurrido desde el inicio de la marcha indígena por la defensa del Tipnis

REPRESIÓN:
Nilda Copa, Sacha y dos abogados

La intervención. A la marcha fue pedida por la ministra de Justicia Nilda Copa junto a los abogados Denis Roda y Fernando Rivera mediante un testimonio firmado por el exministro de Gobierno Sacha Llorentty en un escrito dirigido a la fiscal paceña Betty Yáñiquez, según La Razón.

Los focos encendidos por el Tipnis

Revocatorio. El dirigente de la COD potosina, Jorge Solares, anunció una movilización para pedir el revocatorio de Evo Morales y Álvaro García Linera porque incumplieron con los compromisos con Potosí y por la represión indígena.

Peleas internas Tres diputados masistas a la cabeza de Eduardo Maldonado han pedido la interpelación de los ministros que ordenaron la represión a los indígenas, incluyendo a Nilda Copa de Justicia y Carlos Romero de la Presidencia.

Asamblea sin 2/3. Los 10 diputados indígenas amenazaron con desmarcarse dejando en aprietos al MAS que necesita 2/3 para aprobar leyes. Ayer el diputado indígena Bienvenido Sacu denunció que no lo dejaron entrar a una reunión con Evo.

Procesos. La represión ha desencadenado al menos tres juicios: uno contra Sacha y los altos jefes policiales, otro de responsabilidades contra Evo Morales y el tercero contra Sacha organizado por el mismo fiscal general Mario Uribe.

Tema marítimo. Con la vuelta de Rubén Saavedra como ministro de Defensa quedó vacía la oficina estratégica creada para la reinvindicación marítima pues nadie ha sido posesionado en ese puesto.

Tras la última crisis de gabinete del órgano ejecutivo del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), a consecuencia de la violenta represión a la marcha en defensa del Tipnis el diputado opositor Franz Choque Ulloa señaló que el cambio de ministros es una muestra de cómo un círculo pequeño administra el poder, pues son contadas las personas que rotan de Ministerio en Ministerio.

Este análisis radica en el accionar del Gobierno, que se consolida con la renuncia del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, figura que no soluciona nada, pues los hechos violentos contra indígenas del Tipnis, ya están consumados.

Recordó que desde el 2006, con una serie de escenarios de confrontación, las órdenes de represión en Arani, Plaza de las Banderas, La Calancha, Porvenir, Caranavi y Yucumo fue dada por el Capitán General de las FF.AA. (Fuerzas Armadas), es decir el presidente Evo Morales.

"Hoy el fusible es Llorenti, como ayer fueron Alicia Muñoz o Alfredo Rada. Más allá de su imperdonable responsabilidad penal, la decisión final de usar violencia de Estado fue de Evo Morales, no hay suficientes cabezas que cortar en su gabinete para liberarlo de la acumulación de responsabilidad política, por eso anunciamos un Juicio de responsabilidades contra Evo Morales y si es más consciente consideramos que el Presidente debe renunciar".

Calificando de represión cobarde, uso violento de la fuerza y abuso de poder, el diputado Franz Choque Ulloa, a tiempo de censurar el trato cruel e inhumano en contra de su colega Pedro Nuni (diputado indígena), anunció que el bloque de oposición, no descansará hasta que los autores materiales e intelectuales de la brutal represión sean drásticamente sancionados.

VOTO TIPNIS

En este sentido el diputado por Oruro convocó a la ciudadanía a manifestar su rechazo a lo acontecido en Yucumo, asistiendo a las urnas inscribiendo "Tipnis" en toda la papeleta, como una forma de repudio a la cobarde represión y uso abusivo del poder: "Los bolivianos debemos marcar así en todo lo largo y ancho de la papeleta para anular nuestro voto este 16 de octubre, debemos rechazar la brutalidad policial", dijo Choque.

JUSTICIA SERVIL AL MAS

"Los Masistas no sólo quieren tomar el Poder Judicial para anular y perseguir a sus oponentes políticos, sino pretenden tomar la justicia para salir limpios de los juicios que se sumarán en su contra, quieren magistrados azules para encubrirse de la administración arbitraria e ilegal del poder. En este Gobierno se han generado varios muertos y nunca se hallan a los responsables, por que cuando se trata de los oficialistas la justicia es lenta y negligente", puntualizó el diputado opositor.

Hablar de derecha o izquierda es un falso debate, aquí debemos saber quién dio la orden para que intervenga la marcha pacífica, exigimos la destitución inmediata y juicio a los autores intelectuales y materiales de la violenta y cobarde agresión a los indígenas del Tipnis, no sabemos por qué hasta la fecha el Ministerio Público no actúa de oficio, como lo hace con los opositores, añadió.

CONCIENCIA DE CLASE

"Yo cuestiono a los parlamentarios del MAS que se llenan la boca hablando de indígenas, que se visten como indígenas pero a la hora de defender los derechos de los indígenas se vuelven mudos, son simples impostores, sin embargo los maestros, los mineros y los trabajadores en general tienen más conciencia de clase que los masistas", concluyó Franz Choque Ulloa.

En conferencia de prensa brindada esta tarde, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que la orden de intervención policial a la marcha indígena no partió del presidente Evo Morales, ni de altas instancias del Ejecutivo.

"El Presidente ha convocado a la conformación de una Comisión de Alto Nivel con la presencia de representantes de organismos internacionales, de la Defensoría del Pueblo y del propio Gobierno para establecer las responsabilidades del caso", anotó.

El Mandatario expresó que estos días han aparecido una serie de documentos en el lugar de los hechos, como una nueva "sonajera con la que algunos medios de comunicación van a entretener los siguientes días".

"Hay que establecer quién dio la orden, y cómo se ejecuta el operativo", dijo el vicepresidente quien asuguró que se van a revelar muchas cosas en la investigación, pero no se va a encontrar en ningún lado que haya sido el Presidente o el Ministro los que hayan emitido esa orden la tarde del domingo pasado.

Subrayó que cuando se dan órdenes en otros niveles jamás se puede manifestar que se proceda a "arrastrar a mujeres y amarrarlas o colocarles cintas masquin. Eso es algo imperdonable que merece sanción".

Agregó que cuando el canciller fue tomado como rehén por los marchistas, la instrucción dada por el Ejecutivo a la Policía es que proceda a actuar con serenidad y mesura y velando por la seguridad de todos.

"En otras partes del mundo, ante semejante secuestro de un canciller ya hubiesen actuado grupos especiales, como el swat, hubiesen mandado hasta aviones", indicó el Vicepresidente.


Reiteró la suspensión de las obras en la carretera


Enfatizó que la propuesta es que se instale un diálogo entre dirigentes sociales, opinión pública, instituciones académicas y sectores sociales y políticos para definir qué es lo que conviene hacer y a quién hay que consultar sobre el tramo II de la mencionada carretera.

"Será el fruto de este diálogo el que definirá si se suspende un año la obra, si se va a un referéndum o si se suspende en forma indefinida", remarcó.

Agregó que no se ha definido si esa consulta va a ser nacional, entre los habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en los Municipios de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, o en los departamentos de Cochabamba y el Beni.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría analizar la postergación de las elecciones judiciales del 16 de octubre si días antes de esa fecha los indígenas del Tipnis llegan a La Paz con su marcha de protesta, dijo a El Día el presidente de esa institución, Wilfredo Ovando.

"El tema tenemos que debatirlo en la sala plena, pero si existe la posibilidad legal de postergarlo, la mayoría de estos casos se da, por temas de fuerza mayor", afirmó la máxima autoridad electoral.

Explicó que las actividades electorales ya se han visto afectadas, principalmente en el Beni, por el paro. La capacitación a jurados no se lleva a cabo con normalidad.

Según las circunstancias, las elecciones se postergarían una semana o más.

Estimaciones. Según el analista político Carlos Cordero, si los indígenas vuelven a salir de Yucumo rumbo a la sede de Gobierno, la marcha estaría llegando entre el 14 y el 16 de octubre a La Paz.

Según el reglamento electoral, 72 horas antes del día de elecciones no puede existir ningún tipo de manifestaciones, para que la jornada de sufragio se desarrolle con tranquilidad. Esto no sucedería si los indígenas que defienden el Tipnis llegaran a la sede de Gobierno.

Marcha traerá crisis a elecciones. Las elecciones judiciales pueden ser otra muestra de rechazo a las acciones del Gobierno, dice Cordero.

Asegura que la llegada de la marcha a La Paz agravará la crisis del país y traerá efectos más negativos para el presidente Evo Morales. "Lamentablemente es un proceso malo que se llevará a cabo en dos semanas", expresó el politólogo.

Muestra de un error. Para la diputada opositora, Elizabeth Reyes, la posible postergación de las elecciones evidenciaría el error que cometió el presidente Evo Morales al convocarlas.

El diputado Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo (MSM), coincidió con la parlamentaria de Unidad Nacional, pero propuso que en vez de analizar la postergación, se vuelva a preseleccionar a los candidatos, ya que considera que fueron seleccionados bajo el criterio político y los intereses del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Votar Tipnis en elecciones judiciales

El politólogo Emilio Martínez, dice que la mejor votación para las elecciones judiciales de octubre será marcar 'voto tipnis' en la megapapeleta electoral.

PUNTO DE VISTA

Jorge Lazarte
Ex vocal electoral

"Ahora, a nadie le interesa el proceso de las elecciones"

Con todo lo que está pasando en el país, ya a nadie le interesa lo que es el proceso electoral. La atención de la población está centrada en las movilizaciones por el TIPNIS.

El Órgano electoral no puede modificar la fecha de votación a su antojo, hay una resolucion legal que se debe cumplir. Aún en el supuesto caso que decidan postergar las elecciones, será un proceso despreciado por la población. El hecho de que no se tome en cuenta las campañas es una muestra de que la población ha preferido las movilización y no el proceso de los comicios de octubre. Ni el Gobierno mismo se da cuenta de que el país se está levantando en su contra

Un sondeo de opinión realizado por el periódico EL NACIONAL mostró que cuatro de diez entrevistados conocen los cargos judiciales que serán llenados mediante una elección el 16 de octubre. Una mayoría de los encuestados todavía no entiende de qué realmente se trata el acto eleccionario que se llevará a cabo en menos de tres semanas.

La pregunta del sondeo fue: ¿conoce los cargos judiciales a votar el 16 de octubre? El sondeo se efectuó a 30 personas elegidas al azar en la capital chapaca, de las cuales sólo 12 respondieron que se elegirán autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Lo que llama la atención es que de estas 12 personas que sí respondieron correctamente a la consulta, la mitad dudó al momento de citar los cargos judiciales, lo que muestra cierto grado de confusión. La otra mitad que respondió con seguridad es gente relacionada con la carrera de derecho y por ende está informada sobre los cargos judiciales.

Mientras tanto, 18 de las 30 personas entrevistadas no tienen una idea de lo que pasará el 16 de octubre. Un par de los encuestados solicitó al Tribunal Electoral masificar las campañas de difusión sobre los cargos judiciales que serán llenados mediante una elección popular, sobre los candidatos y formas de votación.

“Lo que pasa es que no veo televisión porque estoy abocado a mi trabajo todo el día, por eso no ví la publicidad del Tribunal. La verdad es que no sé muy bien (sobre) los cargos judiciales, sólo sé que son jueces nacionales”, mencionó Carmen, gremialista chapaca.

Esa es una de las tantas opiniones que ha expresado la población sobre el proceso electoral que se aproxima. Ante este panorama, el Tribunal Electoral hace lo posible para masificar la difusión de mensajes propagandísticos para que la población conozca los detalles del proceso eleccionario.

El Tribunal Electoral reparte cartillas gratuitas a la gente para que se informe sobre los cargos judiciales, sobre candidatos, méritos profesionales y formas de votación. En los mensajes se hace saber también que por primera vez se elegirá a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que se divide en cuatro sectores ya mencionados.

Para el Tribunal Agroambiental hay 26 postulantes, y se elegirá a 7 titulares y 7 suplentes. Las autoridades electas protegerán el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y libre de contaminación, velarán por la biodiversidad, la fauna, la flora y los recursos naturales.

El Consejo de la Magistratura tiene 14 postulantes y se elegirá a cinco titulares y cinco suplentes. Son los que elaborarán políticas orientadas a mejorar la administración de justicia. Para el Tribunal Constitucional se habilitaron 28 postulantes y se elegirá a siete titulares y siete suplentes. Estas autoridades deben vigilar los actos y decisiones de gobernantes y legisladores para que sus actos se ajusten a lo que manda Constitución.

Para el Tribunal Supremo de Justicia hay cuatro candidatos, y se debe elegir a un titular y su suplente. Es el máximo nivel de autoridad de la justicia ordinaria y está encargado de conocer y resolver las demandas de revisión de las decisiones judiciales tomadas por los Tribunales Departamentales de Justicia.



losDATOS

De 30 consultados, sólo 12 personas conocían acerca de los cargos judiciales a elegir
De las 12 personas que respondieron correctamente, la mitad lo hizo con cierta duda



elAPUNTE

Tribunal Electoral hará el lunes un simulacro

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental, Betzabé Zegarra, informó a los medios de comunicación que el lunes 3 de octubre, a partir de las 08:00, llevarán adelante un simulacro de las elecciones judiciales en el departamento de Tarija, principalmente en las capitales de las seis provincias.

Según Zagarra, esta actividad ayudará a elaborar un diagnóstico para saber el conocimiento que tiene la población sobre las elecciones.

En la ciudad de Tarija los simulacros se llevarán a cabo en la plaza principal Luís de Fuentes, la plazuela Sucre y la Terminal de Buses. Se prevé tener más puntos de votación, pero eso lo confirmarán en los siguientes días. Una vez terminados los simulacros se desarrollarán las etapas de conteo de votos y cómputo.

El ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, precisó que la comisión conformada por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo; el ministro de la Presidencia, Carlos Romero; el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo; la ministra de Medio Ambiente y Aguas, Mabel Monje, además de una representación de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) fue recibida en un "ambiente de cordialidad".

Detalló que en primera instancia los dirigentes del pueblo Guaraní pidieron el repliegue del contingente policial situado en la localidad amazónica de Yucumo, además del traslado de los marchistas del TIPNIS, que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de la localidad de Rurrenabaque y San Borja a Camiri.

La reunión fue pactada después de que el Ejecutivo recibió una nueva invitación de la APG para abrir el diálogo con varios temas y demandas, entre las cuales, está abierta la posibilidad de hablar de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), tramo al que se oponen pobladores de ese parque nacional.

Por su parte Celso Padilla, representante máximo de la Asamblea del Pueblo Guaraní, desde el hospital donde se recupera de sus heridas tras la represión, afirmó que el gobierno pretende separar a los indígenas con acudir al diálogo a Camiri. "El ministro Carlos Romero pretende dividir al pueblo guaraní", dijo Padilla y aseguró que el no autorizó el encuentro con el gobierno.

El Presidente lamentó las agresiones a los marchistas del Tipnis y pidió disculpas a las familias afectadas. Insistió en la necesidad de gestar un debate o diálogo nacional, regional e interdepartamental.

REDACCIÓN CENTRAL

Cambio

El presidente Evo Morales reiteró ayer la disposición del Gobierno para restablecer el diálogo con los indígenas marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Manifestó su indignación por los excesos policiales cometidos contra los marchistas y reiteró que en ningún momento él dio una orden para que se realice una intervención violenta, como la ocurrida el domingo cerca de la localidad de Yucumo, en el Beni.

Durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones del Palacio de Gobierno, Morales pidió a los dirigentes de las zonas amazónicas que retomen el diálogo con el Gobierno para definir cómo se realizará el segundo tramo de la carretera San Ignacio de Moxos (Beni)-Villa Tunari (Cochabamba).

“Quisiéramos, a los hermanos dirigentes de las zonas indígenas, de las zonas amazónicas, convocar al diálogo. Estamos aquí para seguir dialogando y juntos acordar el debate, el diálogo nacional, regional, interdepartamental”, aseveró el Primer Mandatario.

Morales inició el domingo, con su viaje a las poblaciones de Santo Domingo y San Antonio, las visitas correspondientes a las comunidades del Tipnis para conocer su opinión respecto a la carretera y también las necesidades que tienen los pobladores de esa región.

Relató que en su visita a esas regiones se sintió dolido al ver las condiciones en que viven los indígenas de la zona. “Esos hermanos me dijeron: ‘los marchistas marchan sin saber cómo vivimos’”, dijo.

Indignación y disculpas

El Presidente reiteró su indignación por el actuar de algunos policías que intervinieron el domingo la marcha de los indígenas por el Tipnis y ofreció disculpas a las familias que fueron afectadas por ese hecho.

“Compartimos esta indignación del pueblo boliviano, todos rechazamos y repudiamos (la intervención). Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas que nos disculpen y que me perdonen, no ha habido ninguna instrucción y jamás había pensado que podía ocurrir de esa manera”, aseveró Morales.

Reiteró que el operativo no fue por alguna instrucción presidencial.

Recordó que él mismo fue víctima de la violencia en los años ‘80 y ‘90.


FTC desaloja a 30 colonos del Tipnis

Al menos 30 colonos que estaban instalados dentro del Parque Isiboro Sécure fueron desalojados por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), según informó ayer el presidente Evo Morales.

“He sido informado que el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, encabeza esas operaciones al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta y ha desalojado hoy a 30 personas que habían ingresado ilegalmente a esa región”, dijo.

Por otro lado, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), según ABI, ingresó al Parque para erradicar coca que plantaron los colonos que ingresaron ilegalmente al área protegida, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

Dos ministros recibieron ayer a la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, para hablar sobre el conflicto indígena.

25 de septiembre, la Policía intervino la marcha indígena ante el peligro de posibles enfrentamientos con pobladores de Yucumo.

REDACCIÓN CENTRAL

Cambio

La coordinadora residente del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, destacó ayer la voluntad política del Gobierno de solucionar el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) de manera pacífica.

La afirmación de la representante del organismo multilateral se dio luego de la reunión de ayer con autoridades del Gobierno con la finalidad de conformar una comisión de investigación de alto nivel en la intervención policial a la marcha por el Tipnis, el domingo en Yucumo.

“Nos parece un paso muy positivo para que este conflicto se resuelva pacífica y democráticamente a través del diálogo y de una consulta como estipulan las normas”, dijo Yasukawa.

Yasukawa, en ese contexto, destacó la decisión del presidente Evo Morales de convocar a una investigación independiente de los hechos de violencia en el punto de la marcha indígena y también sobre la suspensión de la carretera entre Cochabamba y Beni hasta que se realice un proceso de consulta.

Yasukawa y el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot, acudieron ayer al Palacio de Gobierno para reunirse con los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

En la oportunidad, según Yasukawa, se analizó la marcha indígena y la posterior intervención policial, la cual generó airadas reacciones.

“El Gobierno ha invitado a representantes de la ONU a formar parte de una comisión para investigar los hechos del fin de semana pasado”, señaló Yasukawa.

Consulta a la sede

Yasukawa aclaró que su representación hará las consultas respectivas con la sede central de la ONU respecto a la invitación del Gobierno boliviano de conformar la comisión investigadora. “Al respecto, tenemos que consultar a nuestra sede y veremos qué medidas tomar y cuál es la mejor manera de colaborar”, señaló.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, según una nota de prensa, no participará en la comisión porque realiza investigaciones aparte.


Representación tarijeña ve que derecha aprovecha

La representación de la Gobernación de Tarija en La Paz lamentó que los últimos acontecimiento generados el fin de semana en las proximidades de Yucumo, con la intervención de la marcha, sean utilizados por la “derecha para desestabilizar el Gobierno” del presidente Evo Morales.

El criterio fue expresado por Concepción Sánchez, representante de la entidad departamental en la sede de Gobierno, quien sin embargo reprochó los hechos producidos durante la intervención.

“El movimiento en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) está instrumentalizado por los partidos de derecha con la finalidad de entorpecer las profundas transformaciones que se llevan adelante en el país”, dijo.

La intervención al Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO) por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aduciendo supuesto incumplimiento de funciones de cinco vocales titulares, tiene el objetivo de sembrar un fraude de proporciones en ese departamento, para atenuar los resultados catastróficos que el MAS sufrirá las elecciones judiciales el 16 de octubre.

La advertencia fue lanzada este miércoles por el diputado orureño opositor (Convergencia Nacional), Franz Choque, quien indicó que la supuesta demora en la designación de Jueces Electorales, Jurados de las Mesas Electorales y Notarios Electorales -motivo de la suspensión- es parte de una estrategia para la manipulación de los resultados electorales.

Según, el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, se suspendió por quince días a los vocales, Benjamín Moya Uño, Carlos Morales, Tania Zamorano Tórrez, Jacqueline Ramírez Choque y Basilia Morochi, por incumplimiento de deberes al no haber designado de manera oportuna de notarios electorales, que debía cumplirse hasta el 15 de septiembre.

Sin embargo, el diputado Choque considera que la principal razón para la "intervención y suspensión entre vocales oficialistas desde La Paz a Oruro" es la existencia de "una competencia interna entre los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los vocales electorales departamentales de Oruro de quién manipula mejor los resultados".

"Nosotros queremos denunciar que el proceso de cómputo y escrutinio de votos no será transparente, estará desprovisto de control social, no existirán delegados electorales, el organismo electoral hasta la fecha no ha presentado mecanismos para transparentar el voto y contrastar los resultados", manifestó.

"VOCALES SUPLENTES DE PALO"

Lamentó que la Asamblea Legislativa haya perdido su tiempo en elegir vocales electorales suplentes porque tras la intervención, se constató que habían sido "vocales suplentes de palo" debido a que no fueron tomados en cuenta para ejercer funciones y se delegaron atribuciones de coordinadores a funcionarios de rango administrativo inferior (Francisco Terán, secretario de Cámara y Marco Antonio Cossío, director del Servicio de Registro Civil (Sereci).

"Estas personas no fueron elegidas por la Asamblea Legislativa, entonces eso muestra un signo de desesperación del oficialismo, algo están tramando", declaró al precisar que esa intención está tipificada en el Art. 91 de la Ley 018 Ley del Órgano Electoral como falta muy grave, sancionada con la destitución de los vocales.

Dijo que el Art. 87 de la misma ley manifiesta que los delitos de omisiones e incumplimiento de deberes necesariamente deben ser de conocimiento de la justicia ordinaria, pero hasta la fecha no se conoce de ninguna denuncia.

Choque dio más ejemplos sobre la preparación del fraude, citando que las columnas de colores, los números en la papeleta, el "voto de dos en dos", son ejemplos de que el Órgano Electoral, está preparando el terreno para que el MAS ejercite el voto consigna, en este caso la mayoría de los Jueces Electorales, los Jurados de Mesas y los Notarios Electorales se prestarán a estas manipulaciones también, por ello se debería auditar la forma de selección de estos funcionarios.

El fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres, aseguró ayer que no existe ninguna denuncia sobre la muerte o desaparición de personas como consecuencia de la intervención policial al campamento de marchistas indígenas en las cercanías de Yucumo, el domingo.

“No se tiene ningún informe al respecto (sobre la muerte de algún marchista indígena) ni denuncia específica de ningún ciudadano presentada ante los fiscales del Distrito del Beni o ante el fiscal Orlando Riveros, con quien nos hemos comunicado y quien está en Rurrenabaque”, explicó.

La autoridad del Ministerio Público informó que una comisión compuesta de fiscales y peritos forenses, encabezada por el fiscal de Recursos Orlando Riveros, se encuentra en el lugar de los hechos para realizar las investigaciones preliminares sobre la represión violenta de la Policía a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), quienes se oponen a la construcción de una carretera por esa área protegida.

“Precisamente la investigación determinará si hay o no hay desaparecidos, quiénes son. Esta investigación preliminar ha comenzado su trabajo justamente con la comisión del Ministerio Público que se ha trasladado hasta el lugar de los hechos”, mencionó Uribe.

La máxima autoridad del Ministerio Publico instruyó el martes a los especialistas Jorge Melgarejo, Leonardo Flores Pita y los médicos forenses Guillermo Humeres, Franklin Vargas, peritos especializados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), constituirse en Beni y ponerse bajo la dirección funcional del Fiscal de Distrito de ese departamento y los fiscales de Materia asignados al caso.

El objetivo de la comisión especial de fiscales y peritos del IDIF es realizar labores periciales de registro fotográfico, planimetría y otros, que se les sea encomendados, en el marco de las normas que rigen la labor del Ministerio Público y, de manera especial, comprobar el estado de salud de las posibles víctimas de los hechos de violencia.

El Fiscal General aseguró que la investigación, en el marco del proceso penal abierto por los hechos violentos del 25 de septiembre, implicará a todos los funcionarios policiales y de Gobierno que hayan tenido que ver con la represión y vejación de los derechos humanos de los indígenas marchistas.

Uribe señaló que las acciones asumidas por la Fiscalía General del Estado se enmarcan en el firme compromiso de la defensa del Estado constitucional de derecho y la protección a los derechos y garantías de todos los bolivianos y bolivianas, con el único afán de contribuir a la estabilidad democrática en el país.

La intervención policial al campamento de los marchistas indígenas provocó el rechazo de la ciudadanía y los partidos políticos de oposición se apropiaron de ello.

El Jefe de Estado, tras la violenta represión policial, decidió suspender la construcción del tramo II de la carretera.


DATOS

• Medios de comunicación informaban el domingo de la existencia de un bebé y un anciano muertos tras la intervención policial a la marcha de los indígenas de tierras bajas.

• El presidente Morales pidió a los medios que hablaron de fallecidos que presenten los cuerpos.

• Una comisión especial de la Fiscalía General del Estado se encuentra en el lugar de los hechos para investigar lo sucedido.


Pueblo chiquitano niega que haya algún fallecido

Lázaro Tacoo, dirigente del pueblo chiquitano, descartó ayer la existencia de marchistas indígenas de tierras bajas muertos o desaparecidos.

“No tenemos confirmación de que haya muerto algún compañero marchista o haya desaparecidos, yo quiero pedirles a los medios de comunicación que no pueden mentir de esa manera, no pueden desprestigiar autoridades de esa manera”, expresó.

El dirigente chiquitano manifestó que los medios de comunicación que incurrieron en mentiras de esa naturaleza “tengan la valentía de hacer el desmentido correspondiente y asuman sus responsabilidades”.

Por su parte, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Mario Vidal, pidió a los medios no emitir informaciones irresponsables que confunden a la población.