Mediante un pronunciamiento, un grupo de analistas e intelectuales aseguró que la culminación del proceso de elección judicial, así como el bajo porcentaje de votos recibido por los nuevos magistrados del Órgano Judicial pondrá en riesgo la administración de la justicia boliviana.
Un grupo de 30 intelectuales y profesionales independientes hizo conocer un pronunciamiento en el que cuestiona la capacidad de las elecciones judiciales últimas para aumentar la legitimidad del poder judicial.
“Nuestro movimiento advirtió meses antes de las elecciones judiciales que el recurso al voto popular no mejoraría, sino, todo lo contrario, disminuiría la legitimidad judicial. Los hechos lo han probado”, señala el pronunciamiento.
También recuerda que “aproximadamente el 60% de la población ha rechazado el proceso electoral”, que se considera “diseñado y realizado para forzar la captura política de los órganos de justicia”.
BAJOS PORCENTAJES
Las elecciones judiciales, como ningún otro proceso democrático, dio la mayoría de votos a los sufragios no válidos con 60 por ciento frente a 40 por ciento de votos válidos. De este 40% existen candidatos que fueron electos con un rango de 26 a tan sólo 5 por ciento de los votos emitidos el 16 de octubre.
El argumento en que este “movimiento ciudadano por una justicia independiente” se apoya es que los candidatos que han recibido credenciales del Tribunal Electoral “apenas han sido votados por una minoría del electorado; la mayoría de ellos apenas llega al 1 por ciento del total de los votos emitidos”.
Sin embargo, y como el Gobierno procederá de todas formas a la conformación de los órganos judiciales, el manifiesto advierte que “los nuevos magistrados carecen de la experiencia y conocimiento profesionales para asegurar el funcionamiento” de los mismos.
Los intelectuales, entre los cuales se destacan Julio Aliaga, Gloria Ardaya, Jimena Costa, Loyola Guzmán, Carlos Hugo Molina, Juan Antonio Morales y Susana Seleme, entre otros, afirman por otra parte que “el proceso ha puesto en tela de juicio la corrección e imparcialidad de los tribunales electorales, lo que amenaza el pilar fundamental de la democracia”.
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