El candidato promedio a ocupar un cargo en el nuevo Órgano Judicial, tiene entre 30 y 40 años de edad, alrededor de 10 años de experiencia laboral, una licenciatura y un diplomado en Derecho, es o fue catedrático, juez, funcionario público o asesor de los movimientos sociales y aún no ha publicado ningún libro. Este es el perfil de la persona promedio que llegará a los 56 cargos judiciales disponibles (mitad titular y mitad suplente) para los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional y Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
A eso habrá que acotar que pese a resultar electo, la mayor parte de la población no lo conocerá. Eso, para Reymi Ferreira, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, será un factor de confusión en la votación de hoy; sin embargo, Ferreira no ve demasiada diferencia entre esta elección o la votación por diputados uninominales, asambleístas departamentales o concejales, ya que la mayor parte de la población desconoce quiénes son pese a que hay campaña. En esos casos, el elector termina votando por el partido.
El abogado y exprefecto Carlos Hugo Molina le suma un factor más a la confusión imperante. Explica que anular el voto es relativamente fácil, mientras que los que tienen la voluntad de votar válido tendrán que enfrentarse primero a las cinco columnas de posibilidad de sufragio y luego a la incertidumbre de no conocer a la mayoría de las 75 caras que aparecerán en las papeletas.
Ferreira suma a esto que la agenda informativa nacional no ha estado precisamente centrada en las elecciones. En el último mes y medio, la atención estuvo más centrada en lo que sucedía con la marcha indígena y, tras la represión policial del 25 de septiembre en Yucumo, la elección judicial pasó casi al olvido, reactivándose recién en esta última semana.
Esto se agravó más por lo que considera pobres compañas a favor del voto efectivo y del voto nulo. Ferreira considera que estos se enfrentarán en las ciudades, mientras que en el campo dominarán las adhesiones de las organizaciones campesinas e indígenas hacia determinado candidato.
Para Molina, la incertidumbre o el desconocimiento de los candidatos demuestra por qué en ninguna parte del mundo se elige a jueces por voto directo. Las autoridades judiciales deberían tener, en su opinión, más cercanías con un ingeniero que diseña un puente que con un político.
Para él, lo que menos importa es si tiene gracia, simpatía y carisma para llegar a la población y lo que se debe buscar es que cuente con los conocimientos adecuados para impartir justicia.
Si se trata de credenciales, hay muchos que esgrimen títulos profesionales que demuestran preparación. Hay 52 que ya han sido jueces, entre ellos tres exministros de la Suprema y un expresidente de la máxima corte del país. También hay 33 exfuncionarios judiciales y 13 exfiscales.
Ferreira cree, sin embargo, que de ello solo están enterados los que han sido empleados de juzgados o los abogados litigantes. Esta es una información ajena a la población en general.
Molina acota que lo más probable es que los partidos manejen listas de números que servirán como ‘ayudamemorias’ para sus militantes en el momento de sufragar.
En detalle
El eliminado. La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionó a 116 postulantes para las elecciones judiciales; sin embargo, Ángel Aruquipa Chui fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral para participar de los comicios. En reunión de sala plena el TSE constató que el postulante por La Paz al Tribunal Supremo de Justicia había sido designado juez de instrucción por decreto durante la dictadura militar.
Todo vale. Para demostrar experiencia laboral sirvieron por igual años como juez que como secretaria ejecutiva o como maestro de primaria.
De vuelta. Hay expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Agrario Nacional y del Tribunal Constitucional que postulan para regresar a los tribunales que reemplazan a esas instituciones.
Originarios. Menos de un tercio de los postulantes habla un idioma nativo. La mayoría de los bilingües son quechuas. Solo uno de los que se presentaron sabe inglés.
No escriben. Menos del 10% de los candidatos ha publicado un libro y la mayoría anotó como producción intelectual artículos periodísticos, ensayos y hasta tesis de grado. Más del 50% no produce obras.
Casi sin doctores. Pese a que la mayoría de los abogados se acostumbró a que le digan ‘doctor’, solo tres de los 115 postulantes tiene título de doctorado. A ellos hay que sumar 52 que tienen una maestría. Dos tercios tienen diplomados.
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