16 octubre 2011

#judiciales2011 Habrá 470.554 causas por resolver

Los magistrados que serán elegidos este domingo tendrán la responsabilidad de aplicar una nueva justicia con códigos y procedimientos que entrarán en vigencia desde junio del 2012, pero también serán receptores de una herencia pesada, como es la retardación de justicia.

De acuerdo con proyecciones estadísticas elaboradas por el Consejo de la Judicatura para el diario La Razón, en base al comportamiento del movimiento de causas en el período 2004-2010, hasta el 31 de diciembre de este año habrá 470.554 causas en los juzgados y tribunales de Bolivia.

De esa cantidad de causas, el 82% corresponderá a juzgados y tribunales en las ciudades capitales y El Alto, y el 18% restante en provincias.

Mientras que en las salas de las nueve cortes superiores el Consejo de la Judicatura proyecta como pendientes al 31 de diciembre un total de 7.822 causas; de ellas, los mayores porcentajes estarán en la Corte Superior de La Paz, con un 31%.

Distritos. En cuanto a los distritos, se proyecta que los mayores porcentajes de causas pendientes en juzgados y tribunales corresponde a La Paz, con un 38%; seguida de Santa Cruz, con 28%; luego Cochabamba, con 20%; Oruro, con 5%; Potosí 2,6%; Chuquisaca, Tarija y Beni, con 2%, y, finalmente, Pando, con 1%.

Similar panorama se presenta en las instancias más altas del Poder Judicial con sede en Sucre. Según el ministro Ramiro Guerrero, en la Corte Suprema quedarán 6.500 causas; en el Tribunal Constitucional, 3.500 procesos; mientras que en el Tribunal Agrario Nacional se estima que hasta fin de año habrá unos 1.700 expedientes sin resolver.

A ello se deben sumar todos los procesos abiertos contra funcionarios administrativos y autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial que están siendo considerados por el actual Consejo de Judicatura, por casos de faltas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con un proyecto de Ley de Transición del Poder Judicial al Órgano Judicial, se prevé que todas esas causas deberán ser liquidadas en el lapso de tres años, es decir, hasta el 2014, y habrá un corte al 31 de diciembre, toda vez que se prevé que entre el 2 y 3 de enero del siguiente año sean posesionadas las nuevas autoridades, durante la inauguración del Año Judicial.

Para liquidar esas causas, en los casos del futuro Tribunal Supremo de Justicia como en el Tribunal Agroambiental, la resolución de estos procesos quedará en manos de los magistrados suplentes, quienes se constituirán en tribunos liquidadores, mientras que el panorama en el Tribunal Constitucional Plurinacional todavía no está claro.

Actualmente, en Bolivia trabajan 848 jueces en 776 juzgados, distribuidos en nueve cortes superiores, y cada uno de ellos recibe por día un promedio de dos casos y sólo resuelve uno.

Según el anuario estadístico del 2010 del Poder Judicial, hasta el 31 de diciembre del 2009 existían 275.912 procesos no resueltos, en la gestión 2010 fueron 356.622; sumadas ambas gestiones alcanzan a 653.779. De esta última cifra fueron resueltos 286.474 procesos. Es decir, la gestión 2011 comenzó con 367.305 procesos que no fueron resueltos.

Por otra parte, Guerrero dice que paralelamente al proceso de elección de nuevas autoridades judiciales, los poderes del Estado han conformado comisiones codificadoras encargadas de la redacción de nuevos códigos de procedimientos en las materias agroambiental, laboral, reformas al procedimiento civil, penal y familiar.

Leyes. Toda la nueva estructura jurídica debe ingresar en plena vigencia en el lapso de dos años, según establece la Ley del Órgano Judicial, es decir, desde el 24 de junio del 2012 debe comenzarse a aplicar los nuevos códigos y sus procedimientos.
El tema económico es otra herencia que recibirán las autoridades jerárquicas del Órgano Judicial elegidas el domingo.

Actualmente, el Poder Judicial tiene un presupuesto que alcanza a 528 millones de bolivianos anuales, de los cuales 238 millones son cubiertos por el Tesoro General de la Nación (TGN), 278 millones por ingresos propios y el resto proviene de créditos y donaciones. Es decir, el 53% se genera por la venta de valores.

A partir de la vigencia plena de la Ley 025, del Órgano Judicial, el Estado deberá cubrir otros gastos que demanda la aplicación de la justicia, la creación de nuevos juzgados para reducir la carga procesal y la creación de los conciliadores que formarán parte de la nueva estructura del Órgano Judicial. “Para ello se requieren de recursos, porque no puede funcionar por arte de magia”, expresa Guerrero.

Además, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) establece la gratuidad de la justicia, y para ello el Estado deberá otorgar un presupuesto adicional al futuro Órgano Judicial, teniendo en cuenta que se dejará de percibir el 53% de sus actuales ingresos por la venta de valores.

Según Guerrero, este tema fue incluido en el proyecto de transición del Poder Judicial al Órgano Judicial y se establece que el Estado, a través de las instancias que corresponden, deberá dotar de un presupuesto adicional.

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