Si un ciudadano considera que se encuentra indebidamente dentro de la lista de la central de riesgos de una entidad financiera puede acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Mediante una acción tutelar ante esta institución, puede solicitar ser borrado de esa nómina, al sentirse afectado en su relación comercial. El Tribunal verificará la denuncia y luego se pronunciará. Esto se encuentra en el capítulo de Control de Datos sobre las atribuciones del TCP.
El ejemplo es ofrecido por el actual presidente del aún Tribunal Constitucional, Ernesto Félix Mur, cuya entidad que preside se denominará Tribunal Constitucional Plurinacional luego de las elecciones del 16 de octubre.
Ese órgano es el que garantiza que los actos y resoluciones de gobernantes y gobernados estén subordinados a la Constitución Política del Estado (CPE).
Sin embargo, por ahora sólo revisa las sentencias dictadas, las revoca o las ratifica. “Nuestro Tribunal Constitucional se limita ahora a la revisión de acciones tutelares y no tiene potestad para conocer lo esencial, que es el control de constitucionalidad, y estará reservado al Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Respecto de las atribuciones de la TCP, el artículo 196 de la CPE señala que “vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”, y que, además, en su función interpretativa, “el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”.
ACCIONES. En el momento, este Tribunal verifica las acciones de libertad —que antes era el Habeas Corpus—, el Amparo Constitucional, además de las nuevas acciones de Cumplimiento y Acción Popular.
En los últimos días, a raíz del conflicto por el TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure) se habló de la Acción Popular. Mur explica que este recurso puede ser presentado ante el TCP cuando una comunidad, un barrio o grupo se sienta afectado por una norma.
Este Tribunal también recibe demandas ante una carga impositiva “fuera de contexto” a raíz de alguna norma legislativa, departamental o municipal.
En la actualidad, el aún vigente Tribunal Constitucional tiene 891 diferentes casos, de acuerdo con Mur, y que ahora deberían ser resueltos por el próximo TCP.
El TCP es la única instancia que puede conocer y resolver los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y ordenanzas y resoluciones no judiciales.
Con cerca de 900 casos aún por resolver, el trabajo que espera al nuevo TCP le convierte en uno de los de mayor carga procesal.
UN POCO DE HISTORIA
Creación • El Tribunal Constitucional de Bolivia fue creado en 1994 e institucionalizado mediante la Ley 1836 de 1 de abril de 1998.
Autoridades • Los primeros magistrados fueron elegidos por dos tercios de votos del Congreso Nacional, el 24 de julio de 1998, y tomaron posesión el 5 de agosto de ese año.
Garante • Su apoyo a la democracia está documentado en casi 15.000 sentencias constitucionales, vinculadas a los derechos constitucionales.
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