19 julio 2011

La oposición apunta al Tribunal Electoral

Desde distintos flancos, la oposición política inició ayer un ataque al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente encargado de realizar las inéditas elecciones judiciales del 16 de octubre.

Por un lado, el Movimiento Sin Miedo (MSM) sembró dudas sobre su credibilidad, sostuvo que violó la ley, pidió reformular la convocatoria para incluir indígenas y amenazó con un juicio a los vocales. Unidad Nacional (UN), por su lado, dijo que el ente electoral interpreta la norma respecto de la prohibición de la campaña por el voto nulo y un ejecutivo de la Gobernación cruceña dirigida por Rubén Costas, indicó que el proceso electoral está viciado de nulidad.

Ante estas observaciones, especialmente del MSM, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, pidió al jefe de ese partido, Juan Del Granado, “que primero lea la ley antes de lanzar amenazas” ya que el artículo 79 de la Ley del Régimen Electoral establece —respecto de los preseleccionados al Tribunal Supremo de Justicia— la participación de mujeres en un porcentaje similar al de los varones y de “al menos una persona de origen indígena originario campesino”.

“Y en la lista hay más de un indígena”, sostuvo el titular de la Cámara Baja en respuesta a las observaciones del MSM.

Por el contrario, Arce destacó el “proceso histórico” por el cual el pueblo elegirá a las autoridades judiciales frente a políticos que pretenden mantener aún la elección de autoridades entre cuatro paredes, seguir con el cuoteo partidario y con la elección de autoridades por parte de sectores minoritarios.

NUEVA CONVOCATORIA

La respuesta de Arce se produjo en referencia a las declaraciones de Del Granado quien sostuvo ayer que “un 60% de las candidaturas no le ofrece ninguna garantía al país, ni de idoneidad ni de imparcialidad; pero, además de ello y como resultado del afán de cuoteo y de copamiento masista, el MSM ha detectado una gravísima violación a la Ley de Régimen Electoral de parte ya no sólo de la Asamblea, sino también del Tribunal Supremo Electoral”.

Explicó que el artículo 79 indica que se debe garantizar la participación de un indígena en la listas del Tribunal Supremo de Justicia, pero eso no se cumplió, sostuvo.

En las listas, “no existe ninguna representación indígena originaria campesina ni en La Paz, ni en Tarija, ni en Beni, ni en Pando, en flagrante violación del artículo 79, inciso primero, de la Ley de Régimen Electoral”.

“Ésta es una violación del Tribunal Supremo Electoral porque debió realizar una rigurosa revisión”, dijo el jefe del MSM.

Por ello, exigió al TSE devolver las listas al Legislativo “para que la Asamblea declare desierta esta elección y haga una nueva convocatoria” para los comicios judiciales.

Dijo que si el Tribunal Electoral no hace caso a su exigencia, le iniciará un proceso penal por incumplimiento de deberes, ya que esa instancia genera dudas respecto de su accionar.


Rojas: Hay candidatos indígenas

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Eugenio Rojas (MAS), informó ayer que existe suficiente cantidad de candidatos autoidentificados como indígenas originario campesinos para la elección de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que están garantizadas las elecciones del 16 de octubre del presente año.

Rojas, en respuesta a las observaciones del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), señaló que la Ley del Régimen Electoral y el Reglamento Interno de Preselección de candidatas y candidatos para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional no hablan que deben ser incluidos en los nueve departamentos, sino en la lista general de mujeres y varones.

Por otro lado, el diputado de la opositora Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro presentó ayer una solicitud al Tribunal Supremo Electoral para que se pronuncie, vía resolución, sobre si hacer campaña electoral por el voto nulo es un delito electoral. En su criterio, no lo es, y los vocales del TSE interpretan la norma al condenar esa campaña.


Arce destaca proceso transparente

El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, rechazó el informe presentado por la Red de Participación y Justicia de Bolivia a los medios de difusión y recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su representante, Enrique Correa, certificó la transparencia del proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial.

“Como la OEA es una organización seria que cumple una misión de observación en este proceso, lo ha validado tras ver que se lo ha hecho de forma transparente. Y la prueba de ello fue que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, pidió la renuncia de una candidata al Consejo de la Magistratura cuando nos percatamos que era familiar de un funcionario de la Presidencia”, sostuvo a la agencia ABI.

Insistió en rechazar la acusación del líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, quien dijo que la selección de los candidatos no se cumplió en sujeción a la equidad de género ni respeto a la representación indígena.

Arce remarcó que éste es un “proceso limpio y transparente”, que ha cumplido “estrictamente con la ley y el reglamento”.

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