26 julio 2011

Juez ordena la aprehensión del alcalde Edwin Castellanos

Un Juzgado de Cochabamba ordenó la aprehensión del alcalde de Cercado, Edwin Castellanos, a quien se le obliga a pagar cerca de 20 millones de bolivianos a los trabajadores municipales por concepto de incentivo funcional y otras reivindicaciones laborales.

La vocera de la Alcaldía de Cercado, Elva Morales confirmó que pesa en contra de la autoridad edil un mandamiento de aprehensión, emitido por el Juez que atiende la causa de los trabajadores de Obras Públicas.

“El alcalde Castellanos no es que se resista o desconozca los derechos de los trabajadores municipales, sino quiere evitar un daño económico a la población, pues las exigencias laborales se arrastran de pasadas gestiones. La autoridad está a la espera de una respuesta a un recurso judicial, con cuya decisión hará posible el pago que reclaman los trabajadores”, dijo.

Morales en respuesta a los dirigentes de Obras Públicas que denunciaron que Castellanos se encuentra en la “clandestinidad”, dijo que la autoridad se puso a buen recaudo sin descuidar sus obligaciones. “Pagar la deuda será un atentado económico al municipio pues obligará a usar la plata que está destinada a la ejecución de obras. La Alcaldía debe asumir la defensa de la institución ya que el anterior Alcalde no lo hizo y no se quiere incurrir en una ilegalidad”, dijo.

El secretario de Conflictos de Obras Públicas, Julián Rocha afirmó que la decisión del Juez que atiende la causa, hace justicia con los trabajadores que esperan desde 2005 que los sucesivos alcaldes les paguen una deuda de Bs 20 millones por concepto de bonos de incentivo funcional, té y de antigüedad.

Dijo que pese al compromiso del alcalde Castellanos, de pagarles la deuda, éste no lo hizo, por lo que ahora debe pagar las consecuencias judiciales, pues pende sobre su cabeza una orden de aprehensión.

Recordó que la orden de detención de Castellanos se debe a que incumplió una sentencia constitucional que ordenaba en octubre del pasado año, la devolución del bono de incentivo funcional, que el Alcalde no obedeció.

El alcalde castellanos les habría prometió pagar la deuda, una vez que salga la sentencia constitucional, pero luego se enteraron que los asesores legales de la Alcaldía presentaron un memorial para evitar el desembolso.

La reivindicación de los trabajadores se remonta a 1999, cuando los trabajadores de Obras Públicas interpusieron una demanda judicial en contra del ex alcalde Gonzalo Terceros. El proceso concluyó en favor de los trabajadores, ordenando a la Alcaldía pagar alrededor de Bs 20 millones.

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