Las elecciones judiciales ingresarán esta semana a una fase crucial, con la selección de candidatos que hará el Movimiento Al Socialismo mediante los dos tercios de votos con los que controla la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los postulantes que sean seleccionados irán a sufragio el 16 de octubre próximo.
Las comisiones legislativas encargadas del proceso de preselección desde el viernes empezaron a entregar sus informes al presidente de la Asamblea y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que éste convoque a sesión de Congreso con la finalidad de seleccionar a los candidatos y candidatas.
De más de 500 candidatos y candidatas que respondieron a la convocatoria de la Asamblea y presentaron su postulación, tras la etapa de impugnación, quedaron 352 y de éstos llegarán al voto por dos tercios de los asambleístas cerca de 340. En la etapa de entrevistas públicas a los postulantes varios no se presentaron para cumplir con esa formalidad y otros renunciaron.
De los más de 340 en carrera, la Asamblea seleccionará a 125, quienes irán a sufragio el 16 de octubre. De esos 125, un total de 56 resultarán elegidos. Quienes obtengan más votos serán titulares de las cuatro instituciones del poder judicial, y quienes obtengan menos votos serán suplentes.
El reglamento para la selección de candidatos, aprobado por la propia Asamblea, señala que, “concluida la evaluación la Comisión Mixta correspondiente elaborará un informe de la evaluación de méritos y la entrevista que deberá incluir los antecedentes generales del proceso, el listado en orden alfabético y por departamento cuando corresponda por cada cargo convocado de las y los postulantes. El informe de evaluación deberá ser remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo máximo de 4 horas de concluido el trabajo”.
Agrega que una vez recibido el informe de evaluación de las comisiones mixtas, la presidencia de la Asamblea convocará a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional para seleccionar a cada uno de los y las postulantes por voto de dos tercios de los asambleístas presentes.
La preselección se hará en votación por separado para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, en papeletas mediante listados en orden alfabético con identificación de género, autoidentificación indígena, originario campesino y departamento según corresponda, de todas las personas habilitadas.
Añade que, si en la primera votación de la sesión plenaria no se obtiene el número de preseleccionadas y preseleccionados continuará la votación cuantas veces sea necesario.
También dispone que la Asamblea seleccionará para: “1. El Tribunal Constitucional Plurinacional 28 postulantes, de los cuales la mitad serán mujeres. De esos 28 postulantes, al menos 8 serán indígenas originario campesino por identificación personal y la mitad mujeres.
2. El Tribunal Supremo de Justicia hasta seis por cada departamento en dos listas separadas de mujeres y de hombres, garantizando que el 50 por ciento de las preseleccionadas sean mujeres y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista.
3. El Tribunal Agroambiental hasta un número de 2 postulantes, garantizando que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
4. El Consejo de la Magistratura, hasta un número máximo de 15 postulantes, garantizando que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino”.
Agrega que “concluida la preselección de las y los postulantes se elaborarán las listas que contengan las nóminas de las y los preseleccionados para su remisión al Órgano Electoral Plurinacional”.
El inicio de las sesiones de la Asamblea Legislativa para esta selección, está previsto para este martes.
OPOSICIÓN El diputado Fabián Yaksic (MSM) manifestó que al menos un 50 por ciento de los postulantes al Órgano Judicial no están aptos para asumir un cargo en la justicia boliviana. "Hay de todo, el grueso quizá es relleno, más del 50 por ciento reúne las condiciones para sumar", dijo el legislador, quien detalló que existen varios universos de postulantes que se presentaron a esta convocatoria.
Entre los universos, mencionó que una gran parte de postulantes están entre aquellos que se presentaron para probar suerte en el proceso, otro universo refleja aquellos postulantes que no presentan carrera judicial, otros entre los que fueron y son funcionarios públicos y una última parte los que sí hicieron carrera judicial, como ser jueces, fiscales u otros.
Entrevistas: ejercicio agobiante
Las entrevistas a casi 350 postulantes a los máximos cargos del poder judicial resultó un ejercicio agobiante.
Durante toda la semana, en cinco salas de exposición, se tuvo la siguiente rutina: una especie de tribunal que integraban unos seis legisladores, hombres y mujeres de la comisión respectiva, desde donde uno leía el nombre del entrevistado, éste se ponía de pie, se adelantaba y entregaba su carnet de identidad a los legisladores, para demostrar que era efectivamente el postulante.
Se le concedían tres minutos para que hable de su hoja de vida. Luego sacaba un sobre con la pregunta respectiva que entrega a los legisladores, quienes la leían y el postulante exponía, luego la segunda pregunta, se le comunicaba desde la mesa que había terminado su tiempo y fin del ejercicio.
Se pudo verificar que muchos postulantes no se atuvieron a responder la pregunta que les había tocado en suerte sino que exponían lo que querían, para llenar su tiempo. También muchos postulantes recordaban con su actitud las épocas de la escuela y el colegio y, en algunos casos, de la universidad: mientras esperaban su turno y otro exponía, ellos continuaban repasando gacetas judiciales, Constitución, códigos, apuntes y otros.
Dejaron sabor a poco las 116 horas de entrevistas
Siete mil minutos de entrevistas a 352 candidatos y candidatas a los máximos cargos de las cuatro instituciones del Poder Judicial dejaron sabor a poco y no cumplieron el objetivo que se habían trazado los parlamentarios, de que ese ejercicio ponga en contacto a postulantes y electores.
La idea inicial era que éste sería el único contacto que tendría el elector con los candidatos, para escucharlos, conocerlos y verlos. Sin embargo, durante toda la semana que duró el ejercicio, fue casi nula la asistencia de ciudadanos y ciudadanas.
Sólo asistieron a las sesiones los postulantes, hombres y mujeres, algunos acompañados por una amistad o familiar.
Asignados los 20 minutos del reglamento a cada exposición, suman 7.000 minutos, lo que es igual a 116 horas o 4,8 días, si las exposiciones se hubiesen realizado de corrido, sin descanso, durante las 24 horas del día.
La difusión masiva por medios de comunicación resultó un fracaso total que fue reconocido por los legisladores del oficialismo y la oposición.
Según el reglamento respectivo, en su artículo 15, la evaluación de méritos y las entrevistas debían llevarse adelante “en sesiones de carácter público, ampliamente difundidas y con registro videográfico”. Además dice el reglamento que “se garantiza la amplia difusión del proceso de evaluación y entrevistas por medios de comunicación privados incluyendo la transmisión por el canal estatal”.
Agrega que las entrevistas serán insertadas in extenso en la página oficial de internet de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
De esa disposición sólo se cumplió, según se pudo constatar, el registro videográfico, porque en cada una de las salas se instaló una cámara de televisión que grabó todas las participaciones. El resto de las normas a que obliga el reglamento no se cumplieron.
Se constató que el canal estatal de televisión (Canal 7), no difundió la participación de los 352 postulantes. Según funcionarios de ese canal no se divulgó ni la participación completa de uno solo, debido a que se debía destinar demasiado tiempo para ese fin y el canal tiene compromisos económicos con anunciadores y con su público. En consecuencia, se dijo, no se podía destinar toda la semana a difundir las participaciones, in extensas, de postulantes.
Ya hay reglamento para la promoción de postulantes
Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral hizo conocer el reglamento para la promoción de los méritos de los postulantes a los máximos cargos de las cuatro instituciones del poder judicial.
Ese reglamento dice que el Tribunal Supremo electoral es la única instancia autorizada para gestionar, elaborar y difundir información oficial de los datos personales y méritos de candidatos durante los 45 días previos a la votación.
Esos datos serán divulgados por espacios televisivos, radiales, material impreso, en separata, en periódicos de alcance nacional, departamental y local en formato único. También se tomarán en cuenta medios de comunicación alternativos.
Sólo el Tribunal Supremo Electoral puede contratar espacios en medios de comunicación y lo hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria (de 48 millones que había presupuestado para ese propósito, el Ministerio de Hacienda le redujo a 23 millones de bolivianos).
También dispone el reglamento que “el Tribunal Supremo Electoral coordinará con los medios de comunicación del Estado Plurinacional la disposición de espacios para la difusión de los datos personales y méritos de las y los candidatos, y cubrirá los costos de la difusión”.
Está prohibido que personas o instituciones realicen campaña o propaganda a favor o en contra de candidatos.
Los candidatos tienen derecho a acceder a entrevistas en medios de comunicación hasta 72 horas antes del día de la votación y a
denunciar a los medios de comunicación que los discriminen o no cumplan con el reglamento.
Se prohíbe a los candidatos realizar toda forma de campaña o propaganda por cualquier medio, solicitar el voto, elogiar o resaltar cualidades propias o de otro postulante, desmerecer o denostar a otro candidato, dirigir o producir programas radiales o televisivos y tener espacios de opinión en medios escritos.
Para entrevistar candidatos, los medios de comunicación deben indicarles día y hora con por lo menos 48 horas de anticipación y el Tribunal Supremo Electoral solicitará el material grabado de esas entrevistas en caso de existir denuncias de inhabilitación contra postulantes.
El reglamento además dice que “los medios de comunicación podrán hacer entrevistas e informar libremente… sin ingresar en campaña o propaganda electoral, pero no pueden generar espacios televisivos, radiales, escritos, vía llamada telefónica, micrófono abierto o mensajes de texto sobre las y los candidatos destinados a calificar o descalificarlos.
También está prohibido difundir resultados de encuestas o sondeos preelectorales sobre la intención de voto. Cualquier persona puede denunciar a un medio de comunicación y en 24 horas el Tribunal Supremo Electoral se pronunciará.
Además, para controlar a los medios, se instituye el “monitoreo” a cargo de los Servicios Intercultural de Fortalecimiento Democrático -SIFDE- (antes conocido como educación ciudadana).
No hay comentarios:
Publicar un comentario